Lo que durante meses —o quizá años— funcionó como un auténtico polvorín ambiental finalmente fue clausurado por autoridades federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total temporal del Centro Ébano para el Tratamiento y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial tras comprobar que operaba sin autorización para manejar residuos peligrosos y bajo condiciones que ponen en riesgo directo a la población.

El sitio, con una extensión aproximada de 15 hectáreas, almacenaba sustancias altamente contaminantes directamente sobre suelo natural, sin contención ni medidas de seguridad, como si se tratara de un tiradero cualquiera y no de materiales potencialmente tóxicos.

Denuncias ignoradas… hasta que hubo incendios

La intervención ocurrió el 16 de febrero de 2026 luego de múltiples denuncias ciudadanas por incendios registrados los días 5 y 12 de febrero dentro del predio. Es decir, el problema no se atendió cuando empezó a contaminar, sino cuando comenzó a arder.

Durante la inspección, personal federal detectó dos celdas de confinamiento operando con residuos peligrosos:

• Celda 1: acumulación de líquido negro, viscoso y con fuerte olor a hidrocarburo; tambos, latas de pintura, aerosoles, filtros automotrices, acumuladores usados y lodos contaminados colocados directamente sobre tierra.
• Celda 2: recipientes impregnados con aceites y grasas, envases de agroquímicos, sacos con sosa cáustica y lodos con olor a combustible.

En ambos casos, los materiales estaban sin protección, sin impermeabilización y en contacto directo con el subsuelo, lo que implica riesgo de contaminación de mantos freáticos, aire y suelo.

Operaba sin permiso para manejar residuos peligrosos

Al solicitar la documentación correspondiente, el responsable admitió no contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para recolectar, almacenar, tratar o disponer residuos peligrosos de terceros.

En otras palabras: el lugar funcionaba como un centro de confinamiento tóxico… sin permiso para serlo.

Ante ello, Profepa colocó sellos de clausura en los accesos y ordenó medidas urgentes:

• Suspender de inmediato la recepción de residuos peligrosos
• Presentar la autorización oficial correspondiente (si existe)
• Entregar en cinco días un plan para controlar definitivamente los incendios y emisiones de humo

Un riesgo ambiental y sanitario de alto impacto

La presencia de hidrocarburos, químicos industriales, agroquímicos y sustancias corrosivas almacenadas sin control representa una amenaza grave para las comunidades cercanas, especialmente si se filtran al subsuelo o si continúan los incendios.

Expertos advierten que este tipo de sitios pueden generar contaminación persistente durante décadas, afectando agua, aire y salud pública.

Posible proceso penal

La Procuraduría informó que iniciará un procedimiento administrativo y evaluará presentar una denuncia penal para determinar responsabilidades. Los hechos podrían constituir delitos ambientales graves.

Autoridades federales y estatales confirmaron la detención de un cuarto presunto implicado en el homicidio del empresario regiomontano José Ángel Dávila, dedicado a la venta de autos de lujo en un establecimiento ubicado frente a una plaza comercial al norte de la ciudad. El crimen, ocurrido en septiembre de 2024, vuelve a ocupar titulares mientras el discurso oficial insiste en que Yucatán es un oasis de seguridad… siempre y cuando no se revisen demasiado los archivos recientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y las fiscalías de Yucatán y Chihuahua, se cumplimentó una orden de aprehensión por colaboración contra Luis David “N”, de 37 años y originario de Ciudad Juárez, por su probable participación en homicidio calificado.

Un asesinato que sacudió la “paz yucateca”

Las investigaciones señalan que el ataque ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial del fraccionamiento Las Américas, una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de Mérida. La víctima fue ejecutada a balazos a plena luz pública, un detalle incómodo para la narrativa de tranquilidad que suele presumirse en conferencias y campañas.

Según las indagatorias, el crimen habría sido planeado con antelación y ejecutado mediante una distribución de funciones entre varios participantes, lo que apunta a un ataque coordinado más cercano a métodos del crimen organizado que a un hecho aislado. Tras la agresión, los responsables huyeron en un vehículo que posteriormente fue localizado en otro punto de la ciudad, donde intentaron incendiarlo para borrar rastros, una práctica que, por cierto, tampoco suele aparecer en los folletos turísticos.

Cuatro detenidos… y contando los meses

Por estos hechos ya habían sido detenidos Joel “N”, Edgar Paul “N” y Shamir “N”. Con la captura de Luis David “N” en Chihuahua, suman cuatro personas arrestadas en relación con el caso.

El detenido fue trasladado a Yucatán y puesto a disposición del juez de control correspondiente para continuar con el proceso penal. La detención se logró fuera del estado, lo que fue presentado como ejemplo de coordinación interinstitucional. No faltó quien se preguntara si esa misma eficiencia podría aplicarse también a la prevención, y no solo a la persecución tardía.

El mensaje oficial: “no habrá impunidad”

En su comunicado, las autoridades subrayaron que la captura demuestra que quienes cometan delitos en Yucatán serán perseguidos donde se encuentren. Un mensaje contundente… aunque llega más de un año después del asesinato y tras la detención escalonada de los presuntos implicados.

La narrativa institucional insiste en que la justicia avanza con paso firme. Los críticos, en cambio, señalan que el caso exhibe grietas en el discurso de seguridad absoluta que durante años ha sido bandera política en el estado.

Porque, al final, la pregunta incómoda persiste: si la seguridad es tan ejemplar como se presume, ¿cómo se ejecuta a un empresario en una zona comercial concurrida y los responsables logran huir?

Mientras el proceso judicial continúa, el caso se convierte en recordatorio de que la realidad —esa que no cabe en slogans— suele ser menos pulida que la propaganda. Y que, en materia de seguridad, los discursos triunfalistas pueden durar menos que una conferencia… pero los expedientes permanecen abiertos.

La calentura política por el regreso de Liborio Vidal Aguilar, mejor conocido como “El Amigo Libo”, sigue más viva que nunca, aunque no necesariamente por entusiasmo ciudadano, sino por la insistencia de su círculo cercano en reinsertarlo —como sea— en el escenario público.

Versiones que circulan en corrillos políticos apuntan a que operadores y simpatizantes del empresario-político empujan discretamente la narrativa de que “hace falta” su experiencia. Otros, menos románticos, se preguntan si ese regreso sería dentro de Morena, lo que implicaría un nuevo cambio de camiseta… uno más para la colección.

🧭 De partido en partido, como si fueran estaciones

Si finalmente decide sumarse al partido guinda, sería su quinta filiación política, un récord que algunos interpretan como pragmatismo y otros como evidencia de que, en la política mexicana, las convicciones caben perfectamente en una maleta de mano. El mensaje para sus fieles seguidores —los llamados “Libolovers”— sería contundente: hoy la lealtad ideológica es opcional, pero la supervivencia política no.

A sus 62 años, Vidal Aguilar —quien suele recordar que trabaja desde los 12— representa el arquetipo del político tradicional: el que disfruta las giras con porras, las manos estrechadas hasta el cansancio, los abrazos estratégicos y el inconfundible coro de aduladores profesionales que convierten cualquier acto público en festival de aplausos pregrabados.

💸 Política con presupuesto incluido

Fuentes críticas señalan que el empresario vallisoletano no solo aspira a un cargo, sino a todo lo que viene con él: salario robusto, prestaciones generosas y, sobre todo, control del presupuesto, esa herramienta mágica que convierte la gestión pública en plataforma de relaciones y favores. Tampoco faltaría —dicen— el séquito de operadores y aplaudidores encargados de mantener viva la marca personal del “Amigo Libo”, aunque fuera a base de nostalgia y marketing político.

🎭 ¿Regreso necesario o reciclaje oportunista?

Para algunos observadores, el intento de retorno responde menos a una demanda social y más a la lógica de supervivencia de una vieja guardia que se resiste a abandonar el ring. Para otros, se trata simplemente de la demostración de que en política no hay jubilación obligatoria, solo pausas estratégicas.

Por ahora, la moneda sigue en el aire. Lo único claro es que, si el empresario decide abrazar a Morena, no será precisamente un romance inesperado, sino más bien una relación por conveniencia mutua: el partido gana un operador con experiencia y el político obtiene una nueva plataforma desde donde volver a pedir —con sonrisa incluida— otra ronda de aplausos.

En lo que algunos ya califican como una “gesta histórica” digna de figurar junto a los grandes proyectos nacionales, jóvenes vinculados a Morena celebraron públicamente haber pintado de color guinda… una banca de parque. Sí, una sola. 🎨

La escena, difundida en redes sociales, fue presentada como un acto de activismo político y de presencia territorial en la capital yucateca rumbo a las elecciones de 2027. Un gesto que, según sus promotores, marca el inicio de la “reconquista” de Mérida, actualmente gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Mientras tanto, del otro lado del espectro político, difícilmente alguien habría confundido el momento con un terremoto electoral; a lo mucho, con un temblor… pero de carcajadas.

🟣 Activismo de bajo presupuesto

Para un movimiento que encabeza el poder federal y controla la mayoría de las entidades del país, la escena resultó, para críticos y usuarios en redes, cuando menos desconcertante. No hubo inauguración de obras, programas sociales nuevos ni anuncios de infraestructura: hubo una brocha, pintura guinda y una banca pública.

El acto evocó, con ironía inevitable, la retórica grandilocuente que suele acompañar a los proyectos de la llamada Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Solo que esta vez, la “obra emblemática” cabía perfectamente en un parque de barrio… y sin necesidad de licitación.

🤏 “Músculo político” versión mini

La acción también fue interpretada como un intento de marcar territorio simbólico en una ciudad que históricamente ha sido bastión panista. Sin embargo, la escala del gesto llevó a muchos a preguntarse si se trata de una estrategia política o de un ejercicio de manualidades con fines partidistas.

Porque si pintar una banca es el punto de partida de la campaña rumbo a 2027, cabe preguntarse cuál será el siguiente paso: ¿pintar un bote de basura?, ¿apropiarse cromáticamente de una jardinera?, ¿o quizá declarar zona liberada un columpio?

👔 Funcionarios bajo la lupa

Entre los nombres señalados por críticos como promotores o simpatizantes de la actividad aparecen el regidor Adrián Gorocica y el secretario de la Juventud, Alan Padrón Albornoz, a quienes se les atribuye —con sarcasmo— haber aportado la famosa “latita de pintura” para guindar el mobiliario urbano.

Más allá de la anécdota, el episodio abre un debate incómodo para el partido oficialista: si con todo el aparato gubernamental detrás, su presencia juvenil en Mérida se traduce en una banca repintada, el camino hacia la alcaldía podría requerir algo más que brochas y entusiasmo cromático.

🗳️ Una batalla que apenas comienza

Mérida representa una plaza estratégica en el mapa político nacional yucateco. Ganarla implicaría romper décadas de dominio panista; perderla nuevamente confirmaría que no basta con el color para conquistar a un electorado exigente.

Por ahora, la banca guinda permanece como símbolo involuntario de esta etapa temprana: para unos, señal de activismo; para otros, prueba de que la maquinaria política más poderosa del país puede, al menos por ahora, reducirse a una cubeta de pintura y una foto para redes.

Las alarmas no solo suenan en los pasillos de Palacio Nacional, sino —según versiones difundidas en medios políticos— también al otro lado de la frontera. Fuentes citadas por portales especializados aseguran que el gobierno de Estados Unidos mantiene bajo la lupa a figuras clave del círculo cercano al obradorismo, entre ellas Jesús Ramírez Cuevas, el dirigente partidista Andrés Manuel López Beltrán —conocido como “Andy”— y el exjefe de inteligencia Audomaro Martínez, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La supuesta lista habría sido elaborada por autoridades estadounidenses y, según estas versiones, ya habría sido planteada al gobierno mexicano para que “tome cartas en el asunto”. De confirmarse, se trataría de una presión diplomática poco sutil: investigar a personajes del propio movimiento gobernante o enfrentar consecuencias políticas y de seguridad en la relación bilateral.

Entre la soberanía y la incomodidad

El tema resulta especialmente delicado porque los señalados forman parte del núcleo duro del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, no se trata de actores secundarios, sino de operadores estratégicos del poder.

Analistas señalan que, de existir tal lista, el gobierno mexicano se encontraría ante una disyuntiva incómoda: defender a sus cuadros o demostrar cooperación con Washington. Traducido al lenguaje político cotidiano: elegir entre la narrativa de soberanía o el pragmatismo que impone la realidad geopolítica.

La “rebelión” en la SEP y el ruido mediático

En paralelo, otra polémica sacudió a la Secretaría de Educación Pública. Versiones periodísticas sostienen que la crisis interna no habría surgido espontáneamente, sino que habría sido alentada para desviar la atención de señalamientos contenidos en el libro Ni Venganza, Ni Perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, donde se menciona a Ramírez Cuevas como presunto facilitador de redes de huachicol.

Aunque estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente, el simple hecho de que circulen en el debate público evidencia la fragilidad de la narrativa oficial de combate frontal a la corrupción.

A la par, el funcionario educativo Marx Arriaga Navarro —impulsor de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”— fue denunciado por trabajadores por presuntamente cobrar cuotas para evitar despidos, lo que derivó en su salida del cargo. Una coincidencia temporal que alimenta especulaciones sobre luchas internas y control de daños.

El fantasma del huachicol político

Otro elemento que conecta a los nombres señalados es su presunta relación con el empresario Sergio Carmona, identificado en diversas investigaciones periodísticas como operador financiero ligado al tráfico ilegal de combustibles. Carmona fue asesinado en 2021, pero su figura continúa apareciendo en señalamientos sobre financiamiento político irregular.

Según estas versiones, su acceso a Palacio Nacional habría sido facilitado por figuras del entorno presidencial, lo que refuerza las sospechas de una red más amplia de intereses.

Silencio oficial y ruido creciente

Hasta el momento no existe confirmación pública del gobierno mexicano ni de autoridades estadounidenses sobre la supuesta lista. Sin embargo, el silencio oficial no ha frenado la especulación; al contrario, la ha alimentado.

Para críticos, la situación expone una contradicción incómoda: un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción ahora enfrenta acusaciones que, de provenir de gobiernos anteriores, habría utilizado como bandera política durante meses.

La justicia fiscal finalmente alcanzó a una de las figuras más polémicas del sindicalismo mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la exlideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, deberá pagar 19 millones 269 mil 323 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivados de irregularidades detectadas en sus finanzas de 2008 y 2009.

La resolución del máximo tribunal fue aprobada por unanimidad y sin debate, como si el caso no dejara espacio a interpretaciones… o como si la evidencia hablara por sí sola. Con ello, la Corte cerró definitivamente el litigio y dio la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sepultando el último intento legal de la exdirigente para evitar el pago.

El origen del dinero “sin explicación”

El conflicto comenzó en 2016, cuando el SAT detectó depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito que no correspondían al régimen de sueldos y salarios que Gordillo reportaba ante el fisco. En otras palabras: el dinero llegaba, pero no quedaba claro de dónde ni por qué.

La autoridad fiscal concluyó que dichos recursos incrementaron su patrimonio y debían considerarse ingresos acumulables sujetos a impuestos. La defensa argumentó que se trataba de fondos para gastos de representación del sindicato —congresos, reuniones y actividades institucionales—, aunque no presentó documentación que respaldara esa versión, como órdenes de comisión o comprobantes oficiales.

Un detalle menor, dirían algunos: justificar millones de pesos.

El último intento… y el portazo final

En su recurso final, la exlideresa sostuvo que se vulneraron sus derechos al exigirle pruebas que, según su defensa, no estaba obligada a generar al no llevar contabilidad formal. Sin embargo, la ponencia presentada por la ministra Lenia Batres determinó que el caso no versaba sobre la constitucionalidad de las leyes, sino sobre la legalidad y la valoración de las pruebas aportadas.

Al no acreditarse el origen ni el destino de los recursos, la Corte dejó firme el crédito fiscal y ordenó el pago total.

Una factura tardía para una figura poderosa

El fallo revive el debate sobre la histórica influencia política de Gordillo y la percepción de impunidad que la rodeó durante décadas. Para críticos, el hecho de que el caso se resuelva casi dos décadas después de los ejercicios fiscales cuestionados ilustra la lentitud —o selectividad— con la que operan las instituciones cuando se trata de personajes de alto perfil.

Otros señalan que la resolución demuestra que, aunque tarde, el sistema puede terminar cobrando facturas incluso a quienes parecían intocables.

¿Castigo ejemplar o trámite administrativo?

Los más escépticos apuntan que, frente a los montos y escándalos asociados a la trayectoria pública de la exlideresa, la cifra de 19 millones de pesos podría parecer más un ajuste contable que una sanción ejemplar. Para el ciudadano promedio, sin embargo, la decisión envía un mensaje claro: el SAT no olvida… aunque a veces tarde años en recordar.

El caso que estremeció a la sociedad yucateca por el brutal ataque contra la perrita “Sicilia” dio un giro que ha encendido nuevamente la indignación ciudadana. Ferdinando L.E., ex presidente de la Asociación de Tiro Deportivo, acusado de agredir violentamente al animal y arrojarlo a un contenedor de basura en la colonia Plan de Ayala Norte, dejó la cárcel tras obtener un amparo y ahora continuará su proceso en libertad.

La decisión judicial modificó las medidas cautelares que previamente lo mantenían en prisión preventiva. A partir de ahora, el imputado enfrentará las siguientes etapas del proceso penal fuera del penal, aunque bajo vigilancia, pues deberá portar un brazalete electrónico que permitirá su monitoreo las 24 horas del día.

Si bien las autoridades han precisado que el acusado no está exonerado y que el juicio sigue su curso, para amplios sectores de la ciudadanía el mensaje resulta preocupante: un caso de presunto maltrato animal con pruebas contundentes y alto impacto social termina con el señalado fuera de la cárcel en cuestión de semanas.

El ataque contra “Sicilia” generó protestas, movilizaciones y una ola de condena en redes sociales. Activistas y ciudadanos exigieron justicia ejemplar ante un hecho que calificaron como cruel e inhumano. Ahora, tras conocerse que el agresor llevará el proceso en libertad, la percepción pública apunta a un sistema que, una vez más, parece ceder ante recursos legales que pocos pueden costear.

A la polémica se suma un elemento que ha avivado aún más el debate: en su momento, el propio acusado presumió públicamente su cercanía con el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, insinuando que contaba con respaldo para evitar consecuencias legales. Aunque no existe evidencia oficial de que dicha relación haya influido en el proceso, la sola mención ha alimentado sospechas y cuestionamientos sobre posibles redes de protección.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la aplicación real de las leyes contra el maltrato animal en Yucatán. ¿Son suficientes las sanciones? ¿Se están aplicando con firmeza? ¿O el acceso a recursos legales y presuntas influencias termina marcando la diferencia?

Mientras el proceso judicial continúa, la sociedad observa con lupa. Para muchos, el brazalete electrónico no compensa la gravedad del acto que se le imputa. La exigencia es clara: que no haya privilegios ni trato preferencial, y que el caso de “Sicilia” no se diluya entre tecnicismos legales.

Ejidatarios del municipio de Baca denuncian haber sido presuntamente engañados y presionados para aprobar la entrega en renta de 133 hectáreas de uso común a favor del empresario Pedro Solís Millet, en un proceso que señalan como irregular y marcado por ofrecimientos económicos, reuniones privadas y ausencia de información clara.

De acuerdo con testimonios recabados entre los campesinos, el pasado 2 de febrero se les habría prometido un convivio como gesto de agradecimiento; sin embargo, aseguran que el empresario no volvió a presentarse ni a dar explicaciones tras la controversia generada por el acuerdo agrario.

Los hechos se remontan, según los inconformes, al 27 de diciembre, cuando un grupo de ejidatarios fue convocado a una reunión en un predio particular. Ahí, presuntamente un colaborador cercano del empresario ofreció tres mil pesos a cada asistente a cambio de aprobar la asamblea programada para el día siguiente, en la que se discutiría la cesión de tierras comunales.

Al día siguiente, 28 de diciembre, se llevó a cabo la asamblea ejidal. Aunque algunos campesinos interpretaron la reunión previa como un simple convivio, otros aseguran que el objetivo real era asegurar votos favorables. Como muestra de agradecimiento, señalan, se habría entregado un apoyo de 500 pesos a cada asistente.

Los denunciantes afirman que antes de retirarse, se les insistió en la importancia de respaldar la renta de las 133 hectáreas por un periodo de hasta 30 años, bajo la promesa de recibir tres mil pesos por su aprobación. Para varios ejidatarios, la cifra resulta mínima frente al valor y la duración del acuerdo.

La controversia se intensificó cuando maquinaria pesada comenzó a trabajar en la zona, realizando labores de limpieza, trazo y desmonte en terrenos donde existen distintos posesionarios. Algunos habitantes aseguran que estas acciones se llevaron a cabo sin consenso total y que incluso hubo presión para desalojar áreas utilizadas por campesinos.

Especialistas en temas agrarios advierten que la renta de tierras de uso común por periodos prolongados puede comprometer el patrimonio colectivo de las comunidades, especialmente cuando los acuerdos se realizan en contextos de marginación o sin asesoría legal adecuada.

Hasta el momento, el empresario señalado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. Mientras tanto, crece la inconformidad entre ejidatarios que cuestionan si, al término del contrato, las tierras realmente regresarán a la comunidad o si el acuerdo marcará el inicio de una pérdida irreversible del patrimonio ejidal.

El caso vuelve a poner en la agenda pública el debate sobre la vulnerabilidad de los núcleos agrarios frente a intereses económicos y la necesidad de supervisión institucional para evitar posibles abusos en la gestión de tierras comunales.

La disputa por posiciones políticas en el sur del estado ha escalado a un escenario de confrontación interna que evidencia fracturas, acuerdos incumplidos y una intensa lucha por el control territorial. En el centro del conflicto se encuentra Carlos Esteban Solís García, identificado como el principal operador enviado por Eliseo Fernández Montufar para frenar las aspiraciones de Bebé Farías en esa región.

De acuerdo con versiones políticas locales, Solís García busca persuadir a Farías para que desista de competir por una posición que, según se afirma, habría sido pactada desde un inicio para el exalcalde campechano. No obstante, el aspirante habría decidido mantenerse en la contienda, generando una confrontación directa entre ambos grupos.

El trabajo del operador se desarrolla principalmente en el municipio de Candelaria, en el sur de Campeche, una zona caracterizada por altos niveles de marginación, dispersión poblacional y estructuras políticas locales consolidadas. Diversas fuentes señalan que en esa región la influencia del grupo de Farías se sostiene mediante redes territoriales construidas durante años, lo que dificulta la penetración de otros actores políticos.

En contraste, la presencia de Eliseo Fernández en esa zona sería limitada, lo que obligaría a su equipo a desplegar operadores con capacidad de negociación directa en comunidades apartadas, incluso en áreas de difícil acceso donde la política se decide más por liderazgos locales que por estructuras partidistas formales.

El conflicto habría trascendido el ámbito estatal y alcanzado a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenecen los involucrados. Según versiones internas, el caso fue planteado ante Dante Delgado, figura central del movimiento, quien habría solicitado mediciones y acuerdos antes de definir cualquier candidatura o posición.

Analistas consideran que esta disputa refleja no solo una pugna personal, sino una lucha por el control político del sur de Campeche, donde las candidaturas representan la posibilidad de consolidar estructuras electorales de largo plazo.

Mientras tanto, Carlos Solís García continúa su labor en campo intentando reorganizar apoyos y debilitar la influencia del grupo rival, sin que hasta el momento exista una resolución clara. El desenlace de este conflicto interno podría redefinir el equilibrio de fuerzas dentro del movimiento naranja en la entidad y anticipar nuevas fracturas rumbo a futuros procesos electorales.

La imprudencia y el presunto consumo de alcohol al volante volvieron a encender las alertas sobre la seguridad vial en carreteras estatales, luego de que cinco estudiantes resultaran lesionados tras ser embestido el mototaxi en el que viajaban por un automóvil conducido aparentemente por personas en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, alrededor de las 20:30 horas, en la carretera que conecta los municipios de Yobaín y Cansahcab, cuando los jóvenes —dos mujeres y tres hombres— regresaban a su comunidad tras concluir sus actividades escolares en la Preparatoria Número 4.

Choque frontal por invasión de carril

De acuerdo con los primeros reportes, a aproximadamente un kilómetro del plantel, el vehículo particular que circulaba de norte a sur invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el mototaxi, una unidad comúnmente utilizada por estudiantes y habitantes de la zona como medio de transporte.

La violencia del choque dejó a los cinco ocupantes con diversas lesiones, lo que obligó a la intervención inmediata de servicios de emergencia.

Respuesta tardía ante una tragedia evitable

Testigos del siniestro realizaron llamadas al número de emergencias 911 para solicitar auxilio. Paramédicos arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para una valoración médica más completa.

Elementos policiales detuvieron al conductor presuntamente responsable, quien presentaba evidente aliento alcohólico, lo que refuerza la hipótesis de que el accidente pudo haber sido provocado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Señales de alarma sobre seguridad en carreteras rurales

El caso ha generado preocupación entre habitantes de la región, quienes señalan que la combinación de alcohol, exceso de velocidad y falta de vigilancia constante convierte a estas vías en puntos de alto riesgo, especialmente para estudiantes que dependen del transporte local para regresar a casa durante la noche.

Aunque no se reportan víctimas mortales, el incidente pone nuevamente en evidencia las consecuencias de la conducción irresponsable y la vulnerabilidad de los usuarios de transporte ligero frente a vehículos particulares.

Autoridades no han informado aún sobre la situación legal del conductor ni sobre posibles sanciones, mientras familiares y comunidad educativa permanecen atentos a la evolución de los jóvenes lesionados.