En esta ocasión, el país invitado fue Corea del Sur.

Con la participación de más de mil estudiantes, que representan a más de 70 instituciones de todo el país, el rector de la UACH, maestro Luis Rivera Campos presidió la ceremonia de inauguración del “XXXVII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales”, del cual fue sede la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Desde Chiapas hasta Baja California Sur, alumnos de las carreras afines a la Licenciatura de Relaciones Internacionales, se dieron cita en Chihuahua para continuar con su desarrollo académico, a través de la participación de más de 600 ponentes procedentes de países de Europa y América Latina, a la vez que se contó con Corea del Sur como país invitado.

En este congreso, que se desarrolla en el marco del 55 aniversario de la facultad y el 70 aniversario de la UACH, que aborda temas cruciales de la gobernanza global, el rector Rivera Campos destacó que el mundo enfrenta cambios y desafíos sin precedentes. Afirmó que este encuentro no solo es un espacio para el análisis académico, sino también un foro para debatir y proponer soluciones a los problemas más apremiantes de nuestro tiempo: “Es urgente un abordaje de paz y estabilidad”, subrayó.

El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mario Duarte Bustillos, enfatizó la importancia de explorar nuevas ideas y enfoques que ayuden a enfrentar los retos actuales. El objetivo principal de este congreso es contribuir al análisis de la dinámica del mundo contemporáneo, buscando que las actividades y debates aquí desarrollados lleven a una profunda reflexión sobre la realidad actual y fomenten la educación de la más alta calidad.

A lo largo de 38 años, el congreso ha reunido a más de 40 mil congresistas de más de 300 instituciones, tanto nacionales como internacionales. Con más de 50 mil ponencias impartidas por académicos, diplomáticos y estudiantes, la AMEI se ha consolidado como un espacio esencial para el encuentro de especialistas en Relaciones Internacionales.

En esta inauguración estuvieron presentes, además de autoridades y directivos universitarios, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el embajador de la república de Corea del Sur en México, Huh Tae-Wan; así como los Embajadores Eduardo Roldán Acosta y Hermann Aschentrupp Toledo, en representación del Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores.

Cuarto para la hora del cambio de Poderes en Yucatán se encienden los focos de alerta entre morenistas que ven con preocupación el arribo de enemigos declarados de Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, de quien el nuevo mandatario presume una gran amistad, e incluso, durante campaña acudió a ella para que esta le defendiera de su rival Renán Barrera, y utilizara los Martes del Jaguar, para exhibir las corruptelas del ex aspirante a gobernador panista.

Y es que ha trascendido el nombramiento en la estructura de gobierno de Joaquín Díaz Mena (Huacho), los nombres de Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, experto en derecho electoral, y salido de las filas del PRI, pero identificado plenamente como MCista, Ivonnista, anti 4T, pero sobre todo anti Layda Sansores, y quien presuntamente sería el titular de la Consejería Jurídica.

Otro nombre es el hermano de Víctor Manuel Sánchez Álvarez quien presuntamente sería designado como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Este hermano de Víctor Manuel, mejor conocido como (Vitocho) y quien esta plenamente identificado con la ex gobernador Ivonne Ortega Pacheco, es ahora también vinculado al partido Naranja, Movimiento Ciudadano.

De manera particular, Alemañy Ortiz comparte sociedad con un despacho legal Ortiz y Asociados, el cual ha implementado estrategias jurídicas en contra de las políticas de gobierno de Layda Sansores San Román, actual mandataria estatal del estado de Campeche, por lo que este nombramiento al interior del gabinete de Huacho, representaría una declaratoria de guerra del mandatario aun por tomar posesión contra quien no ha hecho otra cosa que ayudarle en su candidatura al Poder de Yucatán.

MC sería el Poder oculto en el gabinete de Huacho

La historia no termina ahí, el peligro que mas alarma a los morenistas de base es el hecho de que el despacho en el que Alemañy Ortiz es socio tiene nómina en el gobierno de Bibe Rabelo, otra rival declara de la Morenista Sansores. Además de que desde siempre ha sido evidente en sus redes sociales personales del experto legal, ha contribuido directamente en favor del expanista y ahora emecista Eliseo Fernández Montufar. Otro enemigo declarado de Layda.

En 2021, participó activamente en la elección para la gobernatura de Campeche como miembro del despacho Legal Mid, dirigido por su amigo y socio Ángel Herrera Villanueva, quien es también abogado y cercano colaborador de Eliseo Fernández. Dicho despacho se encargó del reclutamiento de los operadores políticos y electorales que supervisaron el recuento total de votos durante la fase postelectoral.
Además, durante las recientes protestas de policías, Legal Mid asumió la defensa legal de los integrantes de las fuerzas del orden.

Los morenistas se preguntan ¿Qué harán esos auténticos caballos de Troya en la administración de Huacho?, ¿A caso no sabe que son rivales de quien le ayudó en su camino al Poder, o es el clásico que muerde la mano de quien le da de comer?, el horno no está para bollos, y cuarto para la hora, Huacho derrapa por error o con intención.

Cuarto para la hora del cambio de Poderes en Yucatán se encienden los focos de alerta entre morenistas que ven con preocupación el arribo de enemigos declarados de Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, de quien el nuevo mandatario presume una gran amistad, e incluso, durante campaña acudió a ella para que esta le defendiera de su rival Renán Barrera, y utilizara los Martes del Jaguar, para exhibir las corruptelas del ex aspirante a gobernador panista.

Y es que ha trascendido el nombramiento en la estructura de gobierno de Joaquín Díaz Mena (Huacho), los nombres de Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, experto en derecho electoral, y salido de las filas del PRI, pero identificado plenamente como MCista, Ivonnista, anti 4T, pero sobre todo anti Layda Sansores, y quien presuntamente sería el titular de la Consejería Jurídica.

Otro nombre es el hermano de Víctor Manuel Sánchez Álvarez quien presuntamente sería designado como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Este hermano de Víctor Manuel, mejor conocido como (Vitocho) y quien esta plenamente identificado con la ex gobernador Ivonne Ortega Pacheco, es ahora también vinculado al partido Naranja, Movimiento Ciudadano.

De manera particular, Alemañy Ortiz comparte sociedad con un despacho legal Ortiz y Asociados, el cual ha implementado estrategias jurídicas en contra de las políticas de gobierno de Layda Sansores San Román, actual mandataria estatal del estado de Campeche, por lo que este nombramiento al interior del gabinete de Huacho, representaría una declaratoria de guerra del mandatario aun por tomar posesión contra quien no ha hecho otra cosa que ayudarle en su candidatura al Poder de Yucatán.

MC sería el Poder oculto en el gabinete de Huacho

La historia no termina ahí, el peligro que mas alarma a los morenistas de base es el hecho de que el despacho en el que Alemañy Ortiz es socio tiene nómina en el gobierno de Bibe Rabelo, otra rival declara de la Morenista Sansores. Además de que desde siempre ha sido evidente en sus redes sociales personales del experto legal, ha contribuido directamente en favor del expanista y ahora emecista Eliseo Fernández Montufar. Otro enemigo declarado de Layda.

En 2021, participó activamente en la elección para la gobernatura de Campeche como miembro del despacho Legal Mid, dirigido por su amigo y socio Ángel Herrera Villanueva, quien es también abogado y cercano colaborador de Eliseo Fernández. Dicho despacho se encargó del reclutamiento de los operadores políticos y electorales que supervisaron el recuento total de votos durante la fase postelectoral.
Además, durante las recientes protestas de policías, Legal Mid asumió la defensa legal de los integrantes de las fuerzas del orden.

Los morenistas se preguntan ¿Qué harán esos auténticos caballos de Troya en la administración de Huacho?, ¿A caso no sabe que son rivales de quien le ayudó en su camino al Poder, o es el clásico que muerde la mano de quien le da de comer?, el horno no está para bollos, y cuarto para la hora, Huacho derrapa por error o con intención.

Mérida, Yucatán – La reciente acción de la administración de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada para reubicar a los comerciantes ambulantes que ocupaban aceras y banquetas del centro de la ciudad ha recibido un fuerte apoyo por parte de los ciudadanos. Consideran que esta medida es crucial para mejorar la seguridad de los peatones y la movilidad en la zona.

Durante años, diversas áreas del centro histórico de Mérida han visto sus aceras invadidas por puestos de vendedores ambulantes, lo que ha obligado a muchos peatones a caminar por la calle, exponiéndose a riesgos de accidentes. En varias ocasiones, estos desplazamientos peligrosos han resultado en atropellamientos, generando preocupación entre los habitantes.

“Es peligroso cuando uno tiene que bajarse de la banqueta porque no hay espacio. Ya hemos visto accidentes”, declaró María Hernández, vecina del centro. “Es necesario que se reubiquen a los ambulantes para que podamos caminar seguros”.

La alcaldesa informó que en la calle 63-A entre 58 y 56 del centro histórico se retiraron más de 37 vendedores ambulantes, fijos y semifijos, una de las zonas más afectadas. Además, se reorganizó a comerciantes establecidos que también invadían las banquetas, dificultando el paso peatonal.

Esta acción no solo responde a las demandas de los vecinos, sino que también se ajusta al reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, cuyo artículo 55 prohíbe el comercio ambulante fijo y semifijo en el Centro Histórico. El objetivo de esta medida es claro: garantizar el libre tránsito y la seguridad de los peatones, que hasta ahora han enfrentado riesgos constantes.

Javier Martínez, comerciante de la zona, expresó su apoyo: “Es una excelente medida. Entendemos que los vendedores ambulantes también necesitan trabajar, pero deben hacerlo en lugares que no pongan en peligro a los peatones”.

El Ayuntamiento ya está en conversaciones con los vendedores afectados para buscar alternativas de reubicación en áreas donde puedan continuar sus actividades sin afectar la seguridad y movilidad en el centro. Esta medida es parte de un plan integral para mejorar la movilidad y seguridad en las calles del centro de Mérida.

Con esta decisión, la administración de Cecilia Patrón Laviada da un paso importante hacia la construcción de una ciudad más ordenada y segura, fortaleciendo la convivencia entre comerciantes y peatones.

Mérida, Yucatán – La reciente acción de la administración de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada para reubicar a los comerciantes ambulantes que ocupaban aceras y banquetas del centro de la ciudad ha recibido un fuerte apoyo por parte de los ciudadanos. Consideran que esta medida es crucial para mejorar la seguridad de los peatones y la movilidad en la zona.

Durante años, diversas áreas del centro histórico de Mérida han visto sus aceras invadidas por puestos de vendedores ambulantes, lo que ha obligado a muchos peatones a caminar por la calle, exponiéndose a riesgos de accidentes. En varias ocasiones, estos desplazamientos peligrosos han resultado en atropellamientos, generando preocupación entre los habitantes.

“Es peligroso cuando uno tiene que bajarse de la banqueta porque no hay espacio. Ya hemos visto accidentes”, declaró María Hernández, vecina del centro. “Es necesario que se reubiquen a los ambulantes para que podamos caminar seguros”.

La alcaldesa informó que en la calle 63-A entre 58 y 56 del centro histórico se retiraron más de 37 vendedores ambulantes, fijos y semifijos, una de las zonas más afectadas. Además, se reorganizó a comerciantes establecidos que también invadían las banquetas, dificultando el paso peatonal.

Esta acción no solo responde a las demandas de los vecinos, sino que también se ajusta al reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, cuyo artículo 55 prohíbe el comercio ambulante fijo y semifijo en el Centro Histórico. El objetivo de esta medida es claro: garantizar el libre tránsito y la seguridad de los peatones, que hasta ahora han enfrentado riesgos constantes.

Javier Martínez, comerciante de la zona, expresó su apoyo: “Es una excelente medida. Entendemos que los vendedores ambulantes también necesitan trabajar, pero deben hacerlo en lugares que no pongan en peligro a los peatones”.

El Ayuntamiento ya está en conversaciones con los vendedores afectados para buscar alternativas de reubicación en áreas donde puedan continuar sus actividades sin afectar la seguridad y movilidad en el centro. Esta medida es parte de un plan integral para mejorar la movilidad y seguridad en las calles del centro de Mérida.

Con esta decisión, la administración de Cecilia Patrón Laviada da un paso importante hacia la construcción de una ciudad más ordenada y segura, fortaleciendo la convivencia entre comerciantes y peatones.

Progreso, Yucatán.- Erik Rihani asumió oficialmente el cargo de Alcalde de Progreso para el periodo 2024-2027 en una ceremonia que reunió a los 11 regidores del Cabildo, representando diversas fuerzas políticas. También se destacó la elección de José Efraín Escalante como Secretario Municipal.

Durante su discurso, Rihani reafirmó su dedicación al progreso del municipio, expresando su agradecimiento a su familia por su apoyo constante. Subrayó el crecimiento y transformación que Progreso está experimentando, con la visión de convertirlo en un referente mundial en conectividad y desarrollo económico.

“El verdadero corazón de Progreso está en su gente trabajadora, que ha hecho de este puerto un orgullo para Yucatán y para el país”, afirmó el alcalde. Reiteró su compromiso de gobernar con transparencia y sin divisiones partidistas, buscando un Progreso más seguro y con mayores oportunidades para todos.

Rihani concluyó con un mensaje de unidad y esperanza, destacando que Progreso se levanta más fuerte y unido, invitando a todos los ciudadanos a aprovechar esta nueva etapa de crecimiento. Con este inicio, se marca un nuevo capítulo en el desarrollo de Progreso, con el objetivo de hacerlo el mejor lugar para vivir en Yucatán.

Un grave caso de corrupción ha salido a la luz en Yucatán, implicando a funcionarios del Catastro de Dzidzantún y a poderosos intereses privados que han invadido terrenos pertenecientes al municipio de Dzilam de Bravo. Este conflicto territorial tiene su origen en una serie de irregularidades que comenzaron en el puerto de Santa Clara, donde Miriam de Jesús Álvarez Duarte, propietaria de una parcela de tierra conocida como “Mina de Oro”, habría utilizado su influencia para recuperar ilegalmente terrenos que el mar había reclamado, en detrimento de otras propiedades circundantes.

comenzó en 2006, cuando Álvarez Duarte, con la ayuda de funcionarios del Catastro de Dzidzantún, logró rectificar los límites de su propiedad hacia el oriente, recuperando así una superficie de 83.89 hectáreas que había perdido ante el avance de la zona marítima federal. Sin embargo, esta recuperación se realizó a costa de invadir terrenos adyacentes pertenecientes al municipio de Dzilam de Bravo, lo que desató una serie de denuncias y tensiones en la región.

Según un dictamen técnico emitido por la Dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán en mayo de 2019, se comprobó que la rectificación realizada por Álvarez Duarte fue indebida, ya que invadió terrenos fuera de su jurisdicción legal. Este informe técnico detalló cómo el tablaje catastral número 4586, perteneciente a Álvarez Duarte, fue extendido de manera ilícita, afectando a propiedades vecinas y generando un serio conflicto territorial.

Carlos López Bolaños, uno de los propietarios afectados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, abriendo la carpeta de investigación C2/52/2022. No obstante, la fiscalía determinó que no existía corrupción, una decisión que contradice el dictamen técnico del Catastro del Estado. Esta aparente contradicción ha generado sospechas de que Álvarez Duarte habría corrompido a funcionarios de la fiscalía para evadir la justicia.

Además, se señala la participación de abogados como Gabriel Abdala Berzunza y Armin Peraza, quienes, según informes, habrían utilizado su influencia y sobornos para facilitar las acciones de Álvarez Duarte. Se les acusa de traficar influencias entre diversas autoridades, asegurando que las irregularidades catastrales quedaran sin sanción.

El conflicto no solo ha afectado a los propietarios de terrenos en Dzilam de Bravo, sino que también ha tenido un impacto ambiental significativo. En su afán por desarrollar los terrenos invadidos, los responsables han utilizado maquinaria pesada para destruir manglares y rellenar corrientes de agua, causando un daño irreversible al ecosistema local. Estas acciones han generado una fuerte indignación entre los habitantes de la región, quienes exigen justicia y la restauración de los terrenos afectados.

A pesar de las evidencias presentadas y las recomendaciones del Catastro del Estado, el director del Catastro de Dzidzantún, Juan Argimiro Vivas Lizama, hizo caso omiso de las indicaciones para replantear los límites del municipio y la propiedad de Álvarez Duarte. Esta desobediencia ha perpetuado la injusticia, permitiendo que el conflicto territorial continúe sin solución.

Este caso de corrupción en Dzilam Bravo representa un claro ejemplo de cómo los intereses privados y la corrupción pueden socavar el estado de derecho y afectar tanto a propietarios legítimos como al medio ambiente. Los ciudadanos de Dzilam de Bravo exigen una investigación exhaustiva y la intervención de las autoridades estatales para corregir las irregularidades catastrales, sancionar a los responsables y restaurar la legalidad en la región.

El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión territorial y catastral en Yucatán, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

-El Ayuntamiento de Mérida transitará de manera clara, ordenada y transparente sin detener sus servicios públicos.

-La entrega-recepción es un importante proceso para que el Ayuntamiento entrante pueda conocer el estado de la administración pública y hacerse cargo de manera eficiente de la gestión municipal.

Con el objetivo de realizar una transición municipal clara, ordenada y transparente que garantice a las y los ciudadanos que los servicios continúen sin contratiempos, Cecilia Patrón Laviada y Alejandro Ruz Castro, alcaldes entrante y saliente, encabezaron la instalación de la Comisión de Entrega-Recepción en el Ayuntamiento de Mérida.

“Quienes participamos del servicio público sabemos que los gobernantes cambian, pero el gobierno y sus servicios deben continuar sin afectaciones a la gente. Esa será nuestra prioridad, durante este proceso y durante toda nuestra administración”, resaltó Cecilia Patrón.

“Venimos con mucho entusiasmo y responsabilidad. Estamos a cinco días de nuestra toma de protesta y a seis días del inicio de la nueva administración que trabajará con energía y dedicación en beneficio de todas y todos los meridanos”, añadió.

Por su parte, el alcalde Alejandro Ruz Castro destacó la importancia de esta comisión para el futuro de la ciudad, porque garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y, lo más importante, la continuación de los servicios, los programas y la atención a las y los meridanos en el proceso de transición.

“Cada uno de nosotros tiene el honroso compromiso de representar los más altos intereses de Mérida para seguir siendo una ciudad que marca la pauta en diversos aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales nos han hecho un municipio innovador y próspero”, expresó.

Asimismo, señaló que la comisión trabajará de manera conjunta para asegurar una transición exitosa y pacífica, beneficiando a la ciudad y sus habitantes, asegurando que la administración entrante tendrá toda la información necesaria para cumplir con la encomienda que recibieron.

La actual contralora Martha Elena Gómez Néchar explicó que el proceso tuvo tres etapas que comenzaron con el momento de preparación que incluyó la integración, revisión y registro de la información.

En la segunda fase, que es la informativa, se nombró un equipo de transición por ambas partes para conocer el estado de la administración.

Finalmente, en esta sesión comienza la formalización en la que se suscriben las actas de entrega-recepción de los servidores públicos obligados y que culminará el próximo 30 de agosto con la firma del documento constitucional a cargo de los alcaldes entrante y saliente.

Forman parte de la Comisión de Entrega-Recepción representantes de la sociedad civil, así como integrantes del actual y del próximo Cabildo, y funcionarios del Ayuntamiento 2021-2024.