El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán inició este sábado la salida de los paquetes electorales que contienen las boletas que se utilizarán en las 2 mil 964 casillas que se instalarán el próximo domingo, 2 de junio.

Los paquetes van custodiados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y serán depositados en los Consejos Municipales Electorales, de donde los asistentes electorales del Iepac y del INE, a partir de mañana lunes iniciarán la distribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

Las boletas electorales para el municipio de Valladolid que, por una inexactitud técnica fue necesario reimprimir, ya están en camino al Estado y deberán llegar mañana por la mañana, por lo que se procederá a su sellado y empaquetado y mañana mismo serán trasladadas al Consejo Municipal de ese municipio. A más tardar, el miércoles toda la paquetería estará en manos de los funcionarios de casilla para estar listos para la jornada.

Ese mismo día, el 29, será el cierre de campañas e iniciará la etapa de silencio en la cual ni los partidos ni sus candidaturas podrán hacer proselitismo ni solicitar el voto, sino que será una etapa para que la ciudadanía reflexione por quién votará el próximo domingo.

La reimpresión de las boletas para Valladolid no tendrá ningún costo adicional para el Instituto y llegarán a tiempo a las casillas electorales.

Ayer, el Iepac aprobó el Modelo Operativo para la Remisión y Recepción de los Paquetes Electorales de las elecciones de la Gubernatura y Diputaciones Locales; la respuesta del propio Consejo a las solicitudes formuladas por la ciudadanía en materia de debates entre candidaturas y una serie de sustituciones en planillas de regidurías solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Nueva Alianza Yucatán, con la salvedad de que no podrán realizarse las sustituciones en las boletas, por lo que los votos contarán para los partidos y candidaturas legalmente registrados al momento de la elección.

Entre otras cosas se aprobaron unas medidas excepcionales para realizar actividades de asistencia electoral en las 47 vacantes de Capacitadores Asistentes Electorales Locales. El Instituto emitió de manera oportuna cuatro convocatorias para allegarse del personal suficiente para cumplir con la tarea de distribuir la paquetería electoral, así como implementar el mecanismo de recolección que se hará el día de la jornada electoral y finalmente apoyar en el esquema de cómputos y recuentos; sin embargo, no fue posible cubrir las 743 asistencias electorales que se requieren.

Por lo anterior, el Instituto habilitará a su personal de base, tanto de la rama del servicio profesional como de la rama administrativa, para que sean ellos quienes hagan el trabajo de campo y garanticen que se cumpla plenamente y satisfactoriamente las encomiendas establecidas en la legislación y normativa electoral y que el proceso electoral sea totalmente exitoso.

En una determinación apegada a la leyes y la Constitución, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán negó este sábado, por unanimidad, sendas peticiones de cancelación y sustitución de la candidatura de Bayardo Ojeda Marrufo como diputado local del Distrito 8 solicitadas por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La resolución de la autoridad se ajusta al marco legal, toda vez que la legislación determina que en esta etapa del proceso electoral sólo se puede sustituir a un candidato por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia del mismo y, en su caso, Ojeda nunca manifestó de manera expresa renuncia alguna, por el contrario, sigue en campaña.

“Esa ilegítima solicitud se trató de un intento más del candidato a gobernador morenista Joaquín Díaz Mena y de la camarilla de los peores expriistas que lo rodean, por silenciar a los que pensamos diferente, a quienes hemos alzado la voz para revelar sus intereses personales y de grupo, y por denunciar sus actos ilegales y hasta delictivos”, recalcó Bayardo Ojeda.

Recordó que hasta el momento ha interpuesto denuncias penales por enriquecimiento ilícito y posibles delitos fiscales contra Díaz Mena; por coacción al voto contra Rebeca Buenfil Méndez, Adrián Gorocica Rojas (coordinador de campaña de Rommel Pacheco Marrufo, candidato a la alcaldía de Mérida por Morena, PVEM y PT), y María Fernanda Vivas (candidata a diputada local por el Distrito 2 por Morena, PVEM y PT), así como contra quien resulte responsable por amenazas e intimidaciones contra mi persona y de mi equipo, y por lo cual se le otorgaron medidas de protección.

De igual manera, ha solicitado procedimientos sancionadores ante el Iepac contra Díaz Mena, Morena y las empresas encuestadoras De las Heras, Demotecnia, MetricsMx, Indemerc, Gerencia del Poder, Enkoll, Electoralia, Covarruvias y Asociados y Gobernante por la publicación de encuestas que incumplen con las normas electorales y de fiscalización; así como contra Óscar Brito Zapata, candidato a diputado federal por el Distrito 3 por Morena, PVEM y PT por publicaciones calumniosas.

También, una denuncia ente la Auditoría Superior de la Federación contra Rogerio Castro Vázquez (secretario general y Jurídico del Infonavit e activo integrante de la campaña de “Huacho”), entre otros servidores y ex servidores públicos del Infonavit, por el posible desvío de $87 millones.

De esta manera, vuelven a fallar los expriístas asesores de “Huacho”, como Luis Hevia Jiménez, Mauricio Sahuí Rivero, Francisco Torres Rivas, Pablo Castro, entre otros, y hacen cómplices a Harry Botello, presidente estatal del PVEM; a Francisco Rosas, presidente del PT Yucatán; así como a la dirigencia nacional de Morena, por conducto de Mario Delgado, quienes avalaron la ilegal intentona.

“Todo esto sólo confirma que tomar distancia de ese grupo ha sido la mejor decisión personal, para mi equipo y para el bien de Yucatán, y que hoy, con el apoyo ciudadano y con la ley de frente , lograremos un Congreso estatal diferente en beneficio de todos”, finalizó.

A una semana de las elecciones, militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Kanasín anunciaron su adhesión a la candidatura de Renán Barrera Concha, abanderado del PAN, PRI y Nueva Alianza, a la gubernatura de Yucatán.

Esta masiva adhesión fortalece la unión en torno al proyecto de Renán Barrera para defender a Yucatán ante una autollamada 4T que no ha cumplido con los mexicanos y cuyo gobierno se caracteriza por la división, la inseguridad y la ruptura de la paz.

Orlando Casanova, hasta ahora presidente del PT en Kanasín, encabezó el anuncio de esta decisión y expresó su respaldo a Renán Barrera al considerarlo “una persona honesta en la que se puede confiar” y a quien quieren como próximo gobernador.

En una actividad matutina en este municipio conurbado a Mérida, Casanova señaló que se sintió traicionado por la dirigencia estatal del PT, encabezada por Francisco Rosas, quien los habría abandonado sin brindar apoyos ni recursos para trabajar en el municipio. “Mi partido PT aquí en Kanasín solo está engañando a la gente. Nos traicionó el dirigente estatal y también Masha, el candidato de Morena en este municipio”, sostuvo.

Renán Barrera agradeció esta adhesión y los convocó a trabajar juntos para cuidar y defender a Yucatán, dejando de lado colores partidistas e ideologías. El candidato prometió impulsar acciones de vivienda, una tarjeta de apoyos para madres, facilidades de crédito para pequeños negocios y la reactivación del campo, entre otras propuestas.

“Voy a trabajar por Kanasín para que estos niños y niñas tengan un mejor futuro y para que nos vaya mejor a todos, que ganemos más y podamos ser felices”, afirmó Barrera Concha ante los militantes del PT que se sumaron a su proyecto.

“Al darnos cuenta de las carencias, vemos que la promesa de «primero los pobres» no se ha cumplido. A cinco años de distancia, los resultados muestran que los más afectados son los pobres debido a la cancelación de programas, el cobro de medicamentos, la falta de acceso a la salud, el aumento en las tarifas de electricidad y el encarecimiento de la canasta básica, la más alta de todo México”.

Poco después, cuando a Barrera Concha le preguntaron sobre la adhesión de algunas figuras priistas a la campaña del partido guinda, dijo que más que priistas o morenistas, son “oportunistas”.

Adelantó, por otra parte, que el martes 28 será el cierre de campaña en Yucatán y, para no colapsar la ciudad, se llevará a cabo en el malecón de Pensiones, cerca de la avenida Canek, a partir de las 6:30 de la tarde, nos acompañará Paleto, autor del tema «Renancito». Lo encabezará Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata presidencial, y todos los candidatos municipales, al congreso de la unión y locales.

México requiere una mayor participación de su sociedad civil organizada para detener los crecientes niveles de corrupción e impunidad en el país, en especial con una mayor incidencia en las decisiones que se toman en los congresos.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, afirmó que en el México actual ya no basta con sólo emitir una opinión o un posicionamiento, sino que es necesario que organismos como cámaras empresariales, colegios de profesionistas, diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso universidades echen mano de herramientas legales para denunciar y castigar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.

Asimismo, es necesario que este tipo de organizaciones, apoyadas en sus conocimientos y experiencia, integren propuestas para que sus miembros puedan llegar a los congresos e incidir en las decisiones de interés nacional en favor de la sociedad.

En el marco de la presentación del libro ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune, editado por México Justo, en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, Pérez Góngora dijo que las opiniones fundadas de estos organismos, así como una creciente vigilancia de la sociedad organizada al Congreso, será vital para México en los próximos años.

Al denunciar que los niveles de corrupción en México se han incrementado en los años recientes, dijo que es necesario que organizadamente todos exijamos una mayor capacidad a los legisladores del país, “ya que las organizaciones empresariales, profesionistas e incluso las universidades del país son entes apartidistas pero no apolíticos y deberían ser más participativos”.

Por su parte, Tania Edith Reyes García, secretaria ejecutiva de México Justo, coordinadora de la publicación presentada y autora de uno de los capítulos, manifestó que la aplicación del estado de derecho en México continúa siendo un asunto de cultura de la población en la que los 14 grupos vulnerables del país tienen incluso mayores desventajas frente a la población en general.

Un considerable reto para los impartidores de justicia en México será, agregó, el cambio de procedimientos y las condiciones para que todos los grupos sociales, por igual, tengan acceso a la correcta aplicación de la ley y consecutivamente a la justicia.

En tanto, Luis Fernando Flores, catedrático del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y autor de uno de los capítulos de ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune, aseveró que diversos especialistas y organizaciones internacionales consideran que en México es necesario dar inicio de un proceso para desmilitarizar al país, como una condición para poder configurar una exitosa estrategia integral de seguridad.

Mientras en organizaciones internacionales se considera que México efectivamente ha vivido un proceso de militarizaciones de su seguridad pública y advierte sobre sus riesgos, a nivel nacional el sistema judicial ha sido más complaciente con esta idea.

El especialista dijo que el proceso de militarización, según organismos especializados, ha propiciado un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos en actos de justicia.

Finalmente Dulce Albarrán Macías, doctora por la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de otro capítulo de la obra, externó que el aumento de la corrupción no es un problema exclusivo de México sino realmente un fenómeno internacional.

Destacó el uso de la tecnología para establecer estrategias que han reducido los niveles de corrupción en el sector público.

La presentación del libro corrió a cargo de Genaro Góngora Pimentel, presidente del Consejo Académico de México Justo, quien aseguró que la participación de la sociedad civil en la procuración de justicia debe ser un fenómeno más intenso y cuyo estudio debe quedar consignado con base en obras como ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune.