Lo que debía ser un símbolo de modernización en los servicios de salud terminó convertido en una noche de caos y miedo. El recién puesto en operación Hospital Gineco-Pediátrico No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo que ser evacuado de urgencia luego de la explosión e incendio de un transformador eléctrico dentro de sus instalaciones.

Pacientes —incluidos menores y mujeres en atención médica—, así como médicos, enfermeras y personal administrativo, abandonaron el edificio en medio de la emergencia, mientras se registraban fallas de energía, parpadeo de luces y variaciones bruscas de voltaje en distintas áreas del nosocomio.

Un hospital nuevo con fallas desde el inicio

El centro hospitalario, ubicado en Ciudad del Carmen, apenas había comenzado a operar de manera gradual a inicios de febrero, cuatro meses después de la fecha anunciada para su inauguración.

Hace siete meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó la obra del entonces llamado Hospital del Niño y la Mujer, asegurando que entraría en funcionamiento el 30 de octubre. Sin embargo, la apertura se retrasó y, aun así, el inmueble fue inaugurado en más de una ocasión por autoridades estatales y federales antes de brindar servicio pleno.

La contingencia de anoche reavivó las críticas sobre las condiciones del hospital, considerado “nuevo” y con una inversión cercana a mil millones de pesos tras ampliaciones presupuestales.

Explosión, fuego y evacuación

De acuerdo con testimonios del personal y usuarios, la falla eléctrica comenzó con fluctuaciones en el suministro: luces intermitentes, caídas de voltaje y anomalías en los sistemas internos. Minutos después, se registró la explosión del transformador, seguida de un incendio que obligó a activar protocolos de evacuación.

La evacuación se realizó en condiciones de tensión, mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar daños mayores.

Denuncias previas e irregularidades

Desde su etapa de construcción, el hospital había sido señalado por presuntas anomalías e irregularidades, según reportes y denuncias que cuestionaban tanto la calidad de la obra como los retrasos en su conclusión.

El incidente ocurre apenas días después de su apertura operativa, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad de las instalaciones y la capacidad del inmueble para brindar atención médica continua.

Pese a la vigilancia epidemiológica activa por la presencia de casos de sarampión, autoridades de salud informaron que, por el momento, no se considera necesario establecer el uso obligatorio de cubrebocas en el estado.

El subdirector de Salud del Ayuntamiento de Mérida, Dr. Alfonso Ávila Avilés, detalló que hasta el martes 10 de febrero se han confirmado tres casos de sarampión en lo que va de 2026, todos en personas adultas. A estos se suman dos contagios detectados durante 2025, lo que eleva a cinco el total reciente bajo seguimiento sanitario.

“Si comparamos los casos de este año con el arrastre del anterior, hablamos de cinco en total: dos en 2025 y tres en 2026”, precisó el funcionario.

Actualmente también permanecen bajo vigilancia ocho casos sospechosos, por lo que se exhorta a la población a acudir a su unidad médica para verificar su esquema de vacunación y, en caso necesario, solicitar la dosis correspondiente contra el sarampión.

El especialista subrayó que la recomendación es particularmente importante para quienes no cuentan con un esquema completo, no recuerdan haber sido vacunados o presentan enfermedades crónicas.

“Si no se tiene la vacuna, no se recuerda su aplicación o el esquema está incompleto, es importante solicitar un refuerzo. Y si existe alguna comorbilidad, debe manifestarse para valorar cada situación”, explicó.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea mediante gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Ante la confirmación de casos positivos, se activan protocolos de contención como cercos sanitarios y barridos de vacunación en las zonas afectadas para cortar cadenas de transmisión.

El riesgo principal, advirtió el funcionario, radica en las posibles complicaciones graves, entre ellas neumonía y encefalitis, que pueden resultar fatales en personas vulnerables, como adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos o menores sin inmunización.

Una joven identificada con las iniciales B.P. denunció desde junio de 2025 a un elemento activo de la Policía Estatal de Investigación (PEI) por presunto acoso e intimidación, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación AI/115/2025.

El señalado, identificado como Pedro Pablo, pertenece a la PEI, corporación adscrita a la Secretaría de seguridad pública de Yucatán (SSP). De acuerdo con la denunciante, el agente habría utilizado su posición dentro de la institución para acceder a sistemas de videovigilancia y vigilarla, con el objetivo de hostigarla.

Presunto uso indebido de recursos institucionales

Según la versión presentada ante las autoridades, el funcionario habría abusado de su cargo para monitorear a la joven mediante cámaras de seguridad, lo que ella considera una forma de intimidación. Estos hechos quedaron asentados formalmente en el expediente correspondiente.

Hasta ahora, la Policía Estatal de Investigación de Yucatán no ha informado si el elemento ha sido separado de sus funciones mientras se realizan las indagatorias, ni ha emitido un posicionamiento público sobre el caso.

Inquietud social y antecedentes

El señalamiento ha generado preocupación entre sectores de la ciudadanía, ya que no sería un caso aislado. En diversas ocasiones se han documentado denuncias en las que servidores públicos presuntamente utilizan su investidura para ejercer presión, intimidación o acoso, particularmente cuando existe algún vínculo personal previo con la víctima.

Especialistas advierten que estas situaciones pueden afectar tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones.

Investigación en curso

Las autoridades competentes serán las encargadas de determinar si existieron conductas ilícitas y, en su caso, fincar responsabilidades conforme a la ley. Mientras tanto, se deberá garantizar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del elemento señalado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de La Paz, Blanca Estéla Álvarez Chávez, fue víctima de tortura antes de morir, de acuerdo con los resultados de la necropsia oficial.

El dictamen forense estableció que la funcionaria falleció por estrangulamiento, además de presentar múltiples marcas de agujas en distintas partes del cuerpo, indicios que apuntan al posible uso de sustancias o métodos de sometimiento previos al homicidio.

Contradicción con versiones preliminares

El hallazgo contradice las primeras declaraciones públicas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro y del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quienes inicialmente señalaron que el cuerpo no mostraba lesiones externas evidentes a simple vista.

Sin embargo, los estudios periciales detallados revelaron signos claros de violencia, lo que reorientó la investigación hacia un probable asesinato con tortura.

Hallazgo en zona rural

El cuerpo de la regidora fue localizado por policías del municipio de Teouitatlán de Corona en una brecha cercana a la comunidad de San José de Gracia.

La funcionaria se encontraba dentro de su propia camioneta, sentada en uno de los asientos. Sus pertenencias personales estaban intactas, circunstancia que en un primer momento dificultó determinar si se trataba de un homicidio o de otra causa de muerte.

Investigación en curso

Las autoridades no han informado aún sobre posibles responsables ni sobre el móvil del crimen. No obstante, la presencia de signos de tortura ha elevado la gravedad del caso y ha generado preocupación por la violencia contra funcionarios municipales en la región.

El asesinato de Álvarez Chávez ha causado conmoción política y social, particularmente por la brutalidad de los hechos y por tratarse de una representante electa.

Un video que se viralizó en redes sociales desató una ola de indignación pública al mostrar a la regidora de Cultura de Ocotlán, Silvia Iliana Villarreal, portando a un mono araña sujeto por el cuello con collar y correa durante un evento público. La escena, difundida ampliamente en plataformas digitales, encendió alertas entre ambientalistas y ciudadanos por el presunto maltrato y la posesión ilegal de una especie protegida.

Tras la polémica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó que interpuso una denuncia penal, al tratarse de un ejemplar considerado en riesgo según la normatividad ambiental mexicana. El organismo subrayó que la tenencia de fauna silvestre protegida sin autorización constituye un delito federal.

Inspección oficial y versión de la funcionaria

De acuerdo con la dependencia, inspectores federales acudieron el pasado 10 de febrero al Ayuntamiento de Jalisco  para verificar la situación. Durante la diligencia localizaron a la funcionaria, quien aseguró que el mono no es de su propiedad.

Según su declaración, el animal “pertenece a otra persona” cuya identidad dijo desconocer y que únicamente se lo pidió “prestado” para la ocasión. PROFEPA indicó que se le explicó la legislación aplicable y se le requirió información que permita ubicar al presunto dueño, quien podría enfrentar responsabilidades penales por posesión ilícita de fauna silvestre.

Fotografía previa contradice su versión

El caso se agravó cuando usuarios detectaron que en la página de Facebook de la regidora existía —hasta hace poco— una fotografía fechada el 25 de julio de 2025 en la que aparece abrazando al mismo mono araña junto a un grupo de amigas. La imagen, que posteriormente fue eliminada, pone en duda la versión de un préstamo ocasional.

Este detalle ha intensificado las críticas, pues sugiere que el contacto con el animal no habría sido aislado ni reciente, sino repetido en el tiempo.

Especie en riesgo y posible delito ambiental

Especialistas recuerdan que los monos araña son primates altamente sensibles, cuya captura y comercialización están vinculadas al tráfico ilegal de fauna, una de las actividades ilícitas más lucrativas en América Latina. Además del daño al ejemplar, su extracción impacta directamente a poblaciones silvestres ya disminuidas.

La investigación ahora busca esclarecer tres puntos clave: quién posee legalmente —o de forma clandestina— al animal, cómo llegó al evento público y quién autorizó su exhibición.

Escándalo político y presión social

El incidente también ha generado cuestionamientos hacia el partido al que pertenece la funcionaria, Movimiento Ciudadano, así como demandas de sanciones ejemplares por parte de organizaciones defensoras de animales.

En redes sociales, miles de usuarios han condenado el acto, señalando que no se trata de una “anécdota” ni de un simple error, sino de un caso que involucra bienestar animal, legalidad y responsabilidad pública

La Secretaria de Educación Pública (SEP) confirmó la destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos, cargo desde el cual encabezó la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos y la implementación de la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), proyecto educativo impulsado por el gobierno federal en los últimos años.

La salida del funcionario fue confirmada por el titular de la dependencia, Mario Delgado, quien no ofreció mayores detalles públicos sobre las causas específicas del relevo, aunque el cambio ocurre en medio de fuertes cuestionamientos políticos, académicos y sociales hacia el contenido de los materiales educativos distribuidos a nivel nacional.

Un perfil marcado por la controversia

Arriaga Navarro se convirtió en una de las figuras más visibles —y también más polémicas— dentro del sistema educativo mexicano, debido al enfoque pedagógico y discursivo que imprimió a los libros de texto. Diversos sectores lo acusaron de incorporar una visión ideológica en los contenidos, mientras que autoridades federales defendieron el proyecto como una transformación profunda del modelo educativo.

Los manuales escolares fueron objeto de debates públicos, recursos legales, pronunciamientos de especialistas y críticas de organizaciones civiles, lo que colocó al funcionario en el centro de una discusión nacional sobre el papel del Estado en la formación académica y cívica de la niñez.

Tensiones internas y con la Presidencia

En días recientes, el exdirector también había generado fricciones dentro del propio gobierno federal. Sus declaraciones públicas sobre la política educativa y sobre posibles cambios en los materiales didácticos obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a pronunciarse para aclarar la postura oficial, en un intento por contener la controversia.

Fuentes cercanas al sector educativo señalan que la relación entre Arriaga y sus superiores se había vuelto tensa, en un contexto de ajustes administrativos y redefiniciones estratégicas para el sistema educativo nacional.

Impacto en la Nueva Escuela Mexicana

La destitución ocurre en un momento clave para la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, modelo que busca transformar los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la visión formativa en las aulas públicas del país.

Especialistas consideran que el relevo podría anticipar cambios en la orientación de los materiales educativos o en la forma en que se implementará el proyecto en los próximos ciclos escolares, aunque hasta ahora la SEP no ha anunciado modificaciones sustanciales.

Incertidumbre sobre el rumbo educativo

Mientras tanto, la salida de Arriaga Navarro abre interrogantes sobre quién asumirá la conducción de los contenidos educativos y si el gobierno federal mantendrá intacta la línea pedagógica que generó intensos debates en los últimos años.

A tan solo 22 días de haber solicitado licencia a su cargo, el regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hunucmá retomó el pasado 12 de febrero sus funciones dentro del Cabildo, en medio de inconformidades internas y ausencia de información oficial.

El documento original, fechado el 21 de enero de 2026, establecía una licencia “por tiempo indefinido” y sin goce de sueldo. No obstante, durante una sesión extraordinaria, el Cabildo modificó la solicitud y aprobó finalmente un periodo concreto de 30 días, lo que transformó la naturaleza de la separación temporal.

Cambio de términos y regreso anticipado

Aunque el oficio inicial planteaba una ausencia indefinida, el acuerdo formal dejó asentado un plazo específico. Bajo ese marco, el funcionario habría concluido su licencia y se reincorporó a sus labores, retomando actividades administrativas y decisiones internas en el área de Obras Públicas.

Su regreso trascendió principalmente por vías internas, a través de distintos departamentos del Ayuntamiento, ya que no se emitió un posicionamiento público oficial que informara a la ciudadanía sobre su reincorporación.

Inconformidad entre trabajadores

Personal del área expresó malestar ante el retorno del regidor, al considerar que el escándalo que motivó su salida temporal no fue esclarecido públicamente. Según versiones internas, una vez que el tema disminuyó en la agenda mediática, el funcionario comenzó a presentarse nuevamente en oficinas y a asumir responsabilidades.

Interrogantes abiertas

La situación ha dejado varias dudas dentro del propio Ayuntamiento y entre trabajadores municipales:

• ¿Se cumplirá estrictamente el plazo de 30 días aprobado por el Cabildo?
• ¿Se dio por concluido el episodio que originó la licencia?
• ¿Habrá una explicación oficial sobre lo ocurrido y su retorno?

Contexto aún sensible

Por ahora, el regidor permanece nuevamente en funciones en un ambiente donde el tema continúa generando comentarios y tensiones internas. La falta de comunicación institucional mantiene la incertidumbre sobre el alcance real de su licencia y las razones detrás de su rápida reincorporación.

Mientras tanto, el Cabildo no ha dado a conocer si existe alguna investigación en curso o medidas adicionales relacionadas con el caso, lo que mantiene el asunto como un tema latente dentro de la administración municipal.

Indignación y alerta entre víctimas de una presunta red de fraude relacionada con vehículos robados y facturas clonadas, luego de que se programara de última hora una audiencia que podría beneficiar a la imputada Llany Nery con un cambio en sus medidas cautelares.

De acuerdo con los denunciantes, la diligencia judicial fue fijada para las 15:00 horas en la sala 8 de los juzgados, y la notificación llegó apenas una hora antes a través de mensajes en sus teléfonos celulares, lo que calificaron como un procedimiento “exprés” que los dejó sin margen de preparación.

Según la información difundida por los afectados, la audiencia analizaría sustituir la prisión preventiva por otras medidas, entre ellas el uso de un brazalete electrónico, lo que permitiría a la mujer continuar su proceso en libertad fuera del penal.

Temor por posible fuga e impunidad

Las víctimas, quienes acusan a la señalada de fraude, abuso de confianza y comercialización de automóviles con documentación apócrifa, consideran que esta decisión representaría un riesgo de evasión de la justicia y una revictimización.

“Es una injusticia”, señalaron algunos afectados, al asegurar que el caso involucra múltiples denuncias por operaciones presuntamente irregulares vinculadas a la venta de unidades con reporte de robo o papeles falsificados.

Advierten movilizaciones si se concreta la liberación

Ante el escenario de que la imputada abandone la prisión preventiva, los denunciantes advirtieron que no permanecerán pasivos y anunciaron la posibilidad de retomar protestas públicas.

Entre las acciones contempladas se encuentra la instalación de un plantón en un punto estratégico de la ciudad, con el objetivo de presionar a las autoridades para que, aseguran, no cedan ante la defensa de la presunta estafadora.

La resolución que adopte el juez en esta audiencia será determinante para el rumbo del caso, que ha generado preocupación entre las víctimas y mantiene en expectativa a quienes exigen justicia y garantías de que no habrá impunidad.

El Dr. Hilario Leoncio Vélez Merino presentó su renuncia como director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”, con efecto a partir del 11 de febrero, argumentando la imposibilidad de continuar con un proyecto de transformación institucional ante múltiples irregularidades internas.

La dimisión fue formalizada mediante un oficio dirigido al gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, en el que el ahora exdirector expuso una serie de problemáticas que, según afirmó, afectan el funcionamiento académico y administrativo del plantel formador de docentes.

Señalamientos de corrupción y conflictos de interés

Entre las razones principales, Vélez Merino denunció presuntos actos de corrupción en la asignación de plazas docentes, incluyendo posibles conflictos de interés y adjudicaciones a familiares, lo que —aseguró— vulnera la transparencia y la equidad en el acceso a los puestos académicos.

Asimismo, señaló la existencia de “simulación académica y laboral”, al sostener que algunos profesores con nombramientos de tiempo completo no estarían cumpliendo con los resultados ni las responsabilidades que su función exige.

Impacto en la formación de estudiantes

El exdirector también alertó sobre lo que calificó como un abandono educativo derivado de interrupciones prolongadas del servicio escolar, situación que, dijo, deja a los alumnos sin clases durante periodos considerables.

En materia curricular, denunció incumplimientos en áreas especializadas, particularmente en programas de STEAM y Robótica, donde —según su versión— se asigna personal sin la preparación técnica necesaria para impartir dichas materias.

Resistencia interna a cambios

Otro de los factores que motivaron su salida fue la supuesta resistencia de un grupo reducido de docentes a las medidas de reorganización y mejora institucional impulsadas durante su gestión.

De acuerdo con el documento, estas acciones habrían obstaculizado la implementación de controles administrativos y académicos orientados a elevar la calidad educativa y el orden interno.

Renuncia por principios éticos

Vélez Merino sostuvo que su decisión responde a razones éticas, al considerar que no puede permanecer al frente de una institución donde —afirmó— se toleran prácticas que afectan la formación de futuros maestros y el desarrollo institucional.

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos, ni se ha informado quién asumirá la dirección del plantel de manera definitiva.

 Un tenso momento se vivió durante las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso del Estado de Yucatán, cuando el titular de la Secretaría de Economía, Ermilo Barrera Novelo, fue severamente cuestionado por legisladores de oposición tras presentar como novedoso el proyecto del puerto de altura.

El señalamiento más directo provino del diputado panista Roger Torres Peniche, quien reprochó que la iniciativa no es reciente, sino resultado de gestiones y planeaciones realizadas desde administraciones anteriores. Durante su intervención, el legislador subrayó que el proyecto tiene antecedentes históricos vinculados a diversas autoridades estatales y federales.

“Señor secretario, usted no había nacido cuando el padre del señor que está cerca de usted ya había pensado y realizado el puerto de altura”, expresó desde tribuna, en referencia al diputado Felipe Cervera Hernández. El comentario generó aplausos entre la bancada del PAN y marcó uno de los momentos más álgidos de la sesión.

Torres Peniche también afirmó que los gobiernos posteriores han contribuido a consolidar la infraestructura portuaria, incluyendo la administración encabezada por Mauricio Vila Dosal, de la cual él formó parte como funcionario estatal.

Comparecencias por el Primer Informe

El intercambio ocurrió durante la glosa del Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal Joaquín Díaz Mena, proceso en el que secretarios comparecen ante el Poder Legislativo para detallar avances, resultados y planes de sus dependencias.

De acuerdo con asistentes, la tensión aumentó cuando legisladores cuestionaron la falta de resultados concretos en materia económica y el énfasis en proyectos considerados continuaciones de administraciones previas. Mientras la oposición insistía en precisar la autoría histórica de las obras, legisladores oficialistas mantuvieron una postura más reservada.

Debate sobre continuidad vs. novedad

El episodio puso sobre la mesa un debate recurrente en la política estatal: si los grandes proyectos deben presentarse como iniciativas nuevas o como continuidad de políticas públicas de largo plazo. Especialistas señalan que obras de gran escala, como la ampliación portuaria, suelen requerir décadas de planeación, inversión y ejecución a través de distintos gobiernos.

Hasta el momento, la Secretaría de Economía no ha emitido una postura adicional sobre el señalamiento, mientras que legisladores de oposición anticiparon que continuarán cuestionando la narrativa oficial durante las siguientes comparecencias.

El incidente reflejó el clima político polarizado en el Congreso local y evidenció que la discusión sobre infraestructura estratégica seguirá siendo uno de los temas centrales del actual sexenio en Yucatán.