— Un caso que ha sacudido a la comunidad religiosa del sur del estado se encuentra bajo investigación, luego de que un ministro identificado como Moisés N. fuera denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos graves en agravio de mujeres integrantes de una congregación cristiana. De acuerdo con información confirmada por fuentes cercanas al proceso, las denuncias fueron presentadas en la sede ministerial de Tekax, donde actualmente se integra la carpeta de investigación con base en testimonios, pruebas periciales y documentación recabada por las autoridades. Declaraciones y proceso en curso Como parte de las diligencias, varias mujeres han acudido a rendir su declaración formal, mientras que otras posibles afectadas no han interpuesto denuncias hasta el momento. Debido a la sensibilidad del caso, la autoridad ha mantenido bajo reserva los detalles específicos. Ruptura interna y salida del ministro El señalado se desempeñó durante años como pastor principal de una iglesia local. Sin embargo, versiones internas apuntan a que líderes de la propia congregación detectaron presuntas irregularidades en su conducta, lo que derivó en un proceso de confrontación durante el periodo reciente de Pascua. Tras estos hechos, Moisés N. abandonó sus funciones y salió de Tekax. Testimonios indican que se habría trasladado a Ticul, donde presuntamente buscaría mantenerse activo en actividades religiosas. Señalamientos adicionales Paralelamente, integrantes de la congregación han señalado la presunta sustracción de equipos del templo, como sistemas de audio y cámaras. Estos señalamientos, sin embargo, no han sido confirmados oficialmente como parte central de la investigación. Comunidad dividida El caso ha generado un fuerte impacto al interior de la iglesia: mientras algunos fieles han decidido alejarse, familiares del ministro han salido en su defensa, negando las acusaciones y cuestionando su difusión pública. Investigación abierta La Fiscalía estatal mantiene abiertas las líneas de investigación y reiteró que el proceso continúa en fase de integración. Como establece la ley, el señalado cuenta con presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad. El avance de este caso será clave para esclarecer los hechos y responder a una creciente exigencia social de justicia y transparencia en una comunidad profundamente afectada.