Una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) identificó a una organización dedicada al tráfico de metanfetaminas que, presuntamente, operó desde Campeche hacia territorio estadounidense entre octubre de 2020 y marzo de 2025.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de Juan Carlos González Pérez, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización y acusado de asociación delictuosa para poseer y distribuir metanfetaminas.
El sospechoso fue detenido el pasado 27 de mayo en Campeche por elementos de Interpol-México en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. Posteriormente fue ingresado al Reclusorio Oriente, donde manifestó ante una jueza federal su decisión de allanarse al proceso de extradición.
Según el expediente citado por Reforma, las investigaciones de la DEA, apoyadas en testimonios de colaboradores y en la intervención legal de comunicaciones, permitieron identificar a González Pérez como uno de los responsables del envío de grandes cantidades de metanfetaminas desde México hacia Estados Unidos, con destino principal a las zonas metropolitanas de Omaha, Nebraska, y Council Bluffs, Iowa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización utilizaba diversos mecanismos para coordinar las operaciones de compraventa y posteriormente trasladar las ganancias obtenidas por el narcotráfico de regreso a México.
El expediente judicial refiere que la estructura criminal habría mantenido operaciones continuas desde octubre de 2020 hasta marzo de 2025, periodo en el que presuntamente importó y distribuyó importantes cargamentos de droga en la región centro-norte de Estados Unidos.
Tras darse a conocer estos hechos, han surgido señalamientos políticos que relacionan la presunta operación de este grupo con el periodo del actual gobierno estatal en Campeche. No obstante, hasta el momento las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial que confirme dichos señalamientos ni existe una determinación judicial que establezca responsabilidades para funcionarios públicos en relación con este caso.