La alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida la noche del viernes durante un operativo para retirar comercio ambulante en la zona de San Cosme, en Ciudad de México.

De acuerdo con la funcionaria, los hechos ocurrieron en el cruce de Ribera de San Cosme e Insurgentes, donde personal de la alcaldía llevaba a cabo acciones para retirar puestos semifijos que —según la autoridad local— no contaban con permisos vigentes al momento de la revisión.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento entre comerciantes y autoridades, situación que escaló rápidamente en medio de empujones, gritos y forcejeos. Rojo de la Vega aseguró que en el altercado recibió golpes y rasguños, además de amenazas de muerte por parte de algunos participantes.

Tras lo ocurrido, la edil acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer la denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan deslindar responsabilidades.

La alcaldesa sostuvo que su administración continuará con los operativos para recuperar el espacio público en zonas con presencia de comercio irregular, al considerar que se trata de una demanda recurrente de vecinos y transeúntes. No obstante, adelantó que también buscará abrir mesas de diálogo con el Gobierno capitalino y representantes del comercio informal para encontrar soluciones que eviten nuevos episodios de violencia.

Hasta el momento, las autoridades de la capital del país no han emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente, mientras se espera que las investigaciones determinen el alcance de los hechos y la posible participación de los involucrados.

El conflicto entre autoridades y vendedores ambulantes en corredores de alta afluencia como San Cosme ha sido recurrente en los últimos años, debido a la disputa por el uso del espacio público, la regulación del comercio informal y las condiciones económicas que empujan a miles de personas a esta actividad.

La noche de este sábado, las calles de Kanasín se transformaron en un escenario vibrante de color, música y entusiasmo durante el tradicional Sábado de Fantasía del Carnaval 2026 “Elementalia”, una celebración que congregó a decenas de miles de personas y consolidó a esta fiesta como una de las más concurridas del oriente de Yucatán.

El derrotero, que inició en el Arco de Bienvenida y se extendió por poco más de tres kilómetros a lo largo de más de dos horas, se convirtió en una auténtica fiesta popular donde familias enteras, jóvenes y visitantes se volcaron a las calles para disfrutar del espectáculo. Desde temprana hora, miles de asistentes buscaron el mejor sitio para presenciar el desfile, que posteriormente derivó en una enorme pista de baile improvisada al aire libre.

Uno de los momentos más eufóricos ocurrió con la aparición de Abelito, figura mediática surgida del reality La Casa de los Famosos, así como del exfutbolista y personalidad televisiva Aldo de Nigris. Ambos desataron gritos, aplausos y una intensa lluvia de fotografías, particularmente entre el público femenino, que no dejó de corear y bailar a su paso.

El desfile también contó con la presencia de los influencers Mau Vizgarra y Ulises Ronces, quienes aportaron su energía juvenil y conectaron con el público a lo largo de todo el recorrido.

En el corazón de la celebración destacaron Nicté Ha I y Amaury I, soberanos del Carnaval, quienes encabezaron el contingente con carisma y cercanía, repartiendo dulces y regalos mientras saludaban a los asistentes. Tras ellos, un nutrido grupo de bailarines desplegó coreografías llenas de ritmo, coordinación y espectacularidad.

La diversidad y la inclusión fueron sellos distintivos del evento. Brillaron los Reyes Juveniles Sofía I y Ángel I, los Reyes Infantiles Scarlett I y Rubén I, los Reyes de la Discapacidad Kelly I y Lalito I, los Reyes de los Adultos Mayores Teresa I y Ramón I, así como la Soberana LGBT+ Dakota Drag I, cuya participación destacó por su colorido, talento y mensaje de orgullo.

Más que espectadores, los asistentes se convirtieron en protagonistas de la fiesta: bailaron, cantaron y celebraron una tradición que año con año gana relevancia dentro del calendario festivo yucateco.

Durante el recorrido también se observó la presencia de la presidenta del DIF de Kanasín, Raquel Balam Rocha de Bojórquez, quien convivió con numerosas familias y atendió personalmente a los asistentes. El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez no pudo participar debido a cuestiones de salud, según se informó.

Con una asistencia multitudinaria, un ambiente seguro y un despliegue artístico de gran escala, el Sábado de Fantasía del Carnaval “Elementalia” 2026 reafirmó que Kanasín no solo celebra, sino que late con fuerza propia al ritmo de su gente y sus tradiciones.

El señor Miguel Barón, habitante de la colonia Delio Moreno, al sur de Mérida, hizo un llamado público al diputado Óscar Brito para que cumpla la promesa de apoyarlo en el conflicto legal que enfrenta y que pone en riesgo su vivienda, presuntamente derivado de irregularidades cometidas por un antiguo patrón.

De acuerdo con su testimonio, durante la campaña electoral de 2024 brindó respaldo a Morena e incluso colaboró movilizando votantes a las casillas, confiando en que los representantes de la llamada Cuarta Transformación lo ayudarían a resolver su situación jurídica.

Sin embargo, asegura que ocurrió lo contrario, pues quienes buscan despojarlo de su casa tendrían vínculos con actores políticos afines al mismo partido. El expediente, señala, se reactivó recientemente en los juzgados y una orden de desalojo fue autorizada con inusual rapidez por instancias de alto nivel gubernamental.

El intento de ejecución fue frenado en agosto pasado gracias a la intervención de vecinos de la zona, quienes impidieron que se consumara el desalojo. No obstante, don Miguel continúa viviendo bajo la incertidumbre de que la orden pueda cumplirse en cualquier momento.

Ante la falta de respaldo institucional, actualmente realiza colectas, bazares y rifas con el fin de reunir 600 mil pesos, cantidad que —afirma— le exigen para poder “recuperar” su propiedad. Sostiene que los legisladores que prometieron ayudarlo no volvieron a contactarlo.Por ello, el afectado reiteró su llamado directo al diputado Óscar Brito para que intervenga en su caso y cumpla el compromiso asumido durante el proceso electoral, recordando que su apoyo contribuyó a que hoy ocupe un cargo público remunerado.

Un Tribunal Colegiado determinó que las obras del Tren Maya en los tramos 5 y 7 deben suspenderse de manera definitiva tras concluir que sí provocaron afectaciones ambientales y que se ejecutaron sin cumplir plenamente con la normatividad vigente. La resolución obliga además a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a reconocer formalmente los daños ocasionados.

La medida impacta especialmente al Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum a lo largo de 111.3 kilómetros, dividido en las secciones Norte (Cancún–Playa del Carmen) y Sur (Playa del Carmen–Tulum). Asimismo, se suspenden trabajos en el Tramo 7, que enlaza Chetumal con Escárcega en un recorrido aproximado de 256 kilómetros a través de Quintana Roo y Campeche.

Fundamento jurídico: protección ambiental prioritaria

El tribunal sustentó su decisión en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales obligan a aplicar los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura —es decir, ante la duda, privilegiar la protección de la naturaleza.

De acuerdo con la sentencia, las suspensiones obedecen principalmente a:

• Falta de estudios ambientales completos
• Ausencia de permisos definitivos de cambio de uso de suelo
• Riesgo de daño irreversible a cenotes, cavernas y acuíferos
• Violación al derecho constitucional a un medio ambiente sano
• Falta de consulta adecuada a comunidades afectadas

Irregularidades señaladas en las obras

El fallo judicial también documenta diversas irregularidades atribuidas al personal del Ejército Mexicano encargado de la construcción:

Falta de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Se iniciaron trabajos sin contar con todos los estudios exigidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ni con autorizaciones completas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Daños al subsuelo kárstico.

En el Tramo 5 se documentó afectación directa a ríos subterráneos, cenotes y cavernas debido a la colocación de pilotes para viaductos elevados.

Permisos provisionales insuficientes.

Las autorizaciones temporales no sustituyen evaluaciones técnicas definitivas.

Cambios sustanciales al proyecto original.

El trazo pasó de nivel superficial a estructuras elevadas sin nuevas evaluaciones ambientales integrales.

Derechos indígenas vulnerados.

Comunidades locales promovieron amparos por falta de consulta previa, libre e informada.

También se señalaron tala irregular, fragmentación de ecosistemas y daños a sistemas cavernarios como la zona conocida como Garra de Jaguar, considerada de alta fragilidad ecológica.

Riesgo al sistema kárstico de la península

Especialistas han advertido que la península de Yucatán posee uno de los sistemas kársticos más complejos del planeta, donde el suelo poroso alberga extensas redes de agua subterránea. La perforación y carga estructural en estas áreas podría provocar colapsos, contaminación de acuíferos y pérdida irreversible de biodiversidad.

Estas preocupaciones han sido respaldadas por ambientalistas nacionales e internacionales, quienes previamente denunciaron los posibles impactos. Durante el sexenio anterior, el gobierno federal desestimó dichas críticas.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e innovación (Secihti) atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación, tras darse a conocer —aunque sin confirmación oficial— la presunta renuncia de su titular, Geovanna Campos Vázquez  La posible salida se suma a una serie de dimisiones recientes dentro de la dependencia, configurando un escenario de parálisis institucional a pocos meses del inicio de la actual administración estatal.

Antes de esta crisis, la estructura interna ya mostraba señales de debilitamiento con la renuncia de dos funcionarias clave: Carmen Díaz Novelo y Alpha Tavera, quienes se desempeñaban como subsecretarias. Estas bajas consecutivas han encendido alertas sobre una posible desbandada en la cúpula de la institución encargada de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en Yucatán.

Activismo político y cuestionamientos al perfil técnico

El desgaste político de Campos Vázquez habría escalado tras su participación en la llamada “Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional”, un evento vinculado a posturas del partido Morena. De acuerdo con reportes periodísticos, su presencia en dicho foro detonó críticas por considerar que su actuación pública cruzó la línea entre la función técnica y el activismo ideológico.

Diversas voces señalaron que los discursos pronunciados durante esa jornada —incluidos posicionamientos contra la política exterior de Estados Unidos— contrastan con la neutralidad institucional que se espera de una dependencia dedicada a la ciencia y la innovación, ámbitos donde la cooperación internacional suele ser estratégica.

Silencio oficial y proceso opaco

Mientras tanto, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento claro sobre la situación, lo que ha alimentado la incertidumbre dentro del sector académico, empresarial y científico. De manera extraoficial, trascendió que un proceso de entrega-recepción estaría avanzando discretamente, sin información pública sobre posibles sustitutos ni sobre el rumbo inmediato de la dependencia.

La falta de comunicación oficial ha provocado preocupación entre investigadores, universidades y centros tecnológicos, que dependen de programas, financiamiento y coordinación institucional para el desarrollo de proyectos estratégicos.

Una fractura más allá de los cargos

Más que un simple cambio administrativo, la eventual salida de la titular de la Secihti se interpreta como un síntoma de tensiones internas dentro del gabinete estatal. Analistas advierten que el choque entre lealtades políticas, agendas ideológicas y necesidades técnicas podría estar debilitando la capacidad del gobierno para impulsar políticas públicas basadas en evidencia científica.

En un estado que apuesta por la economía del conocimiento, la innovación y la atracción de inversión tecnológica, la inestabilidad en la dependencia responsable de estos temas representa un riesgo significativo. La incertidumbre no solo afecta la operatividad interna, sino también la confianza de actores nacionales e internacionales interesados en colaborar con Yucatán.

Representantes de organizaciones indígenas mayas demandaron este 13 de febrero que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) cumpla con una sentencia judicial firme y ponga en funcionamiento la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, cuya creación —afirman— cuenta con presupuesto aprobado desde 2023 pero sigue sin operar.

Durante una concurrida rueda de prensa, líderes comunitarios calificaron la inacción como una “omisión autoritaria” y exigieron acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán que ordenó establecer este organismo para garantizar el acceso efectivo a la justicia electoral de los pueblos originarios.

Un reclamo surgido de procesos electorales pasados

La exigencia deriva del juicio ciudadano identificado como expediente JDC-059/2025, promovido por 21 integrantes de comunidades mayas tras los procesos electorales de 2018 y 2021. En dichos comicios denunciaron exclusión sistemática, simulación de candidaturas indígenas y presunta usurpación de identidades por parte de partidos políticos.

Entre las personas promoventes figuran Juan Efraín Miranda Ontiveros, Silvia Engracia Chan Nieves, Juan Alberto Baas Tec y Hilda Mirna Díaz Caballero, quienes subrayaron que la Defensoría es clave para garantizar que los derechos político-electorales de los pueblos originarios no queden en el papel.

“No queremos una Defensoría de papel”

Durante la conferencia se leyó un pliego de 15 puntos, del cual destacaron cuatro exigencias centrales para asegurar que el organismo tenga impacto real:

Representación auténtica. Que la persona titular y el personal defensor sean de origen maya y preferentemente hablantes de la lengua, para garantizar comunicación directa con las comunidades.

Transparencia y vigilancia ciudadana. Creación de una comisión con participación social que supervise el funcionamiento de la Defensoría.

Autonomía de gestión. Rechazo a que el propio IEPAC designe a sus funcionarios como defensores, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar independencia.

Criterios de idoneidad. Que los cargos recaigan en perfiles con trayectoria en la defensa de derechos y no se conviertan en recompensas políticas para exfuncionarios.

Cuestionamientos al Congreso y a las acciones afirmativas

Los voceros también dirigieron críticas al Poder Legislativo estatal. Señalaron que, aunque existen diputados que se identifican como indígenas, dicha representación no se ha traducido en reformas permanentes que garanticen derechos constitucionales para los pueblos mayas.

Asimismo, calificaron las acciones afirmativas como medidas temporales que caducan cada tres años y no solucionan la exclusión estructural. También reclamaron falta de claridad sobre posibles casos de ocupación irregular de curules destinadas a representación indígena.

“¿Dónde está el dinero?”

El IEPAC ha argumentado que los recortes presupuestales han impedido la puesta en marcha del organismo. Sin embargo, los representantes mayas rechazaron esa explicación y recordaron que el Decreto 655-2023 asignó recursos específicos para la Defensoría.

“Si el dinero ya fue aprobado, ¿dónde está ese dinero?”, cuestionaron públicamente.

Recordaron además que la sentencia del tribunal electoral, emitida el 29 de agosto de 2025, determinó que la ausencia de esta institución vulnera los derechos políticos de la población maya, que representa alrededor del 62 % de los habitantes de Yucatán  y enfrenta una histórica situación de desventaja.

Presión legal y social continuará

Los pueblos mayas advirtieron que mantendrán la presión jurídica y social hasta que la Defensoría sea una institución real, con sede física, personal capacitado y operación efectiva antes del próximo proceso electoral.

 Lo que debía ser un símbolo de modernización en los servicios de salud terminó convertido en una noche de caos y miedo. El recién puesto en operación Hospital Gineco-Pediátrico No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo que ser evacuado de urgencia luego de la explosión e incendio de un transformador eléctrico dentro de sus instalaciones.

Pacientes —incluidos menores y mujeres en atención médica—, así como médicos, enfermeras y personal administrativo, abandonaron el edificio en medio de la emergencia, mientras se registraban fallas de energía, parpadeo de luces y variaciones bruscas de voltaje en distintas áreas del nosocomio.

Un hospital nuevo con fallas desde el inicio

El centro hospitalario, ubicado en Ciudad del Carmen, apenas había comenzado a operar de manera gradual a inicios de febrero, cuatro meses después de la fecha anunciada para su inauguración.

Hace siete meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó la obra del entonces llamado Hospital del Niño y la Mujer, asegurando que entraría en funcionamiento el 30 de octubre. Sin embargo, la apertura se retrasó y, aun así, el inmueble fue inaugurado en más de una ocasión por autoridades estatales y federales antes de brindar servicio pleno.

La contingencia de anoche reavivó las críticas sobre las condiciones del hospital, considerado “nuevo” y con una inversión cercana a mil millones de pesos tras ampliaciones presupuestales.

Explosión, fuego y evacuación

De acuerdo con testimonios del personal y usuarios, la falla eléctrica comenzó con fluctuaciones en el suministro: luces intermitentes, caídas de voltaje y anomalías en los sistemas internos. Minutos después, se registró la explosión del transformador, seguida de un incendio que obligó a activar protocolos de evacuación.

La evacuación se realizó en condiciones de tensión, mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar daños mayores.

Denuncias previas e irregularidades

Desde su etapa de construcción, el hospital había sido señalado por presuntas anomalías e irregularidades, según reportes y denuncias que cuestionaban tanto la calidad de la obra como los retrasos en su conclusión.

El incidente ocurre apenas días después de su apertura operativa, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad de las instalaciones y la capacidad del inmueble para brindar atención médica continua.

Pese a la vigilancia epidemiológica activa por la presencia de casos de sarampión, autoridades de salud informaron que, por el momento, no se considera necesario establecer el uso obligatorio de cubrebocas en el estado.

El subdirector de Salud del Ayuntamiento de Mérida, Dr. Alfonso Ávila Avilés, detalló que hasta el martes 10 de febrero se han confirmado tres casos de sarampión en lo que va de 2026, todos en personas adultas. A estos se suman dos contagios detectados durante 2025, lo que eleva a cinco el total reciente bajo seguimiento sanitario.

“Si comparamos los casos de este año con el arrastre del anterior, hablamos de cinco en total: dos en 2025 y tres en 2026”, precisó el funcionario.

Actualmente también permanecen bajo vigilancia ocho casos sospechosos, por lo que se exhorta a la población a acudir a su unidad médica para verificar su esquema de vacunación y, en caso necesario, solicitar la dosis correspondiente contra el sarampión.

El especialista subrayó que la recomendación es particularmente importante para quienes no cuentan con un esquema completo, no recuerdan haber sido vacunados o presentan enfermedades crónicas.

“Si no se tiene la vacuna, no se recuerda su aplicación o el esquema está incompleto, es importante solicitar un refuerzo. Y si existe alguna comorbilidad, debe manifestarse para valorar cada situación”, explicó.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea mediante gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Ante la confirmación de casos positivos, se activan protocolos de contención como cercos sanitarios y barridos de vacunación en las zonas afectadas para cortar cadenas de transmisión.

El riesgo principal, advirtió el funcionario, radica en las posibles complicaciones graves, entre ellas neumonía y encefalitis, que pueden resultar fatales en personas vulnerables, como adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos o menores sin inmunización.

Una joven identificada con las iniciales B.P. denunció desde junio de 2025 a un elemento activo de la Policía Estatal de Investigación (PEI) por presunto acoso e intimidación, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación AI/115/2025.

El señalado, identificado como Pedro Pablo, pertenece a la PEI, corporación adscrita a la Secretaría de seguridad pública de Yucatán (SSP). De acuerdo con la denunciante, el agente habría utilizado su posición dentro de la institución para acceder a sistemas de videovigilancia y vigilarla, con el objetivo de hostigarla.

Presunto uso indebido de recursos institucionales

Según la versión presentada ante las autoridades, el funcionario habría abusado de su cargo para monitorear a la joven mediante cámaras de seguridad, lo que ella considera una forma de intimidación. Estos hechos quedaron asentados formalmente en el expediente correspondiente.

Hasta ahora, la Policía Estatal de Investigación de Yucatán no ha informado si el elemento ha sido separado de sus funciones mientras se realizan las indagatorias, ni ha emitido un posicionamiento público sobre el caso.

Inquietud social y antecedentes

El señalamiento ha generado preocupación entre sectores de la ciudadanía, ya que no sería un caso aislado. En diversas ocasiones se han documentado denuncias en las que servidores públicos presuntamente utilizan su investidura para ejercer presión, intimidación o acoso, particularmente cuando existe algún vínculo personal previo con la víctima.

Especialistas advierten que estas situaciones pueden afectar tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones.

Investigación en curso

Las autoridades competentes serán las encargadas de determinar si existieron conductas ilícitas y, en su caso, fincar responsabilidades conforme a la ley. Mientras tanto, se deberá garantizar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del elemento señalado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de La Paz, Blanca Estéla Álvarez Chávez, fue víctima de tortura antes de morir, de acuerdo con los resultados de la necropsia oficial.

El dictamen forense estableció que la funcionaria falleció por estrangulamiento, además de presentar múltiples marcas de agujas en distintas partes del cuerpo, indicios que apuntan al posible uso de sustancias o métodos de sometimiento previos al homicidio.

Contradicción con versiones preliminares

El hallazgo contradice las primeras declaraciones públicas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro y del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quienes inicialmente señalaron que el cuerpo no mostraba lesiones externas evidentes a simple vista.

Sin embargo, los estudios periciales detallados revelaron signos claros de violencia, lo que reorientó la investigación hacia un probable asesinato con tortura.

Hallazgo en zona rural

El cuerpo de la regidora fue localizado por policías del municipio de Teouitatlán de Corona en una brecha cercana a la comunidad de San José de Gracia.

La funcionaria se encontraba dentro de su propia camioneta, sentada en uno de los asientos. Sus pertenencias personales estaban intactas, circunstancia que en un primer momento dificultó determinar si se trataba de un homicidio o de otra causa de muerte.

Investigación en curso

Las autoridades no han informado aún sobre posibles responsables ni sobre el móvil del crimen. No obstante, la presencia de signos de tortura ha elevado la gravedad del caso y ha generado preocupación por la violencia contra funcionarios municipales en la región.

El asesinato de Álvarez Chávez ha causado conmoción política y social, particularmente por la brutalidad de los hechos y por tratarse de una representante electa.