En una denuncia que sacude los cimientos de la administración estatal de Vila, el reconocido abogado Gerardo Ostos, representante del empresario Fernando Barbachano, expuso en el programa de Ciro Gómez Leyva graves acusaciones de corrupción, desacato judicial y vínculos turbios entre el gobernador Mauricio Vila Dosal y el empresario Rodolfo Rosas Moya, en torno al caso del hotel Mayaland.
El caso, calificado como un problema de seguridad pública, se centra en la ocupación irregular de un hotel que pertenece a Barbachano por parte de la empresa R4, propiedad de Rodolfo Rosas. Según Ostos, la invasión no solo es ilegal, sino que está respaldada por grupos armados que continúan operando con total impunidad, mientras las autoridades estatales parecen mirar hacia otro lado.
16 meses de desacato judicial
La denuncia pública destacó que la Fiscalía General del Estado de Yucatán lleva 16 meses incumpliendo órdenes judiciales que exigen el desalojo de los invasores. Este prolongado desacato refleja, según el abogado, una preocupante inacción por parte de las autoridades estatales, lo que pone en entredicho la capacidad de impartición de justicia en la entidad.
“El señor Barbachano está enfrentando una situación alarmante, donde no solo se ignoran las resoluciones judiciales, sino que parece haber un encubrimiento deliberado por parte del gobierno estatal”, afirmó Ostos en la entrevista.
Presunción de vínculos entre Vila y Rosas
Uno de los señalamientos más graves apunta a la posible complicidad del gobernador Mauricio Vila Dosal en este caso. Según el abogado, existen indicios de que Rodolfo Rosas Moya podría ser un prestanombres del mandatario estatal, lo que explicaría la falta de acción de las autoridades yucatecas frente al conflicto.
El abogado también reveló que la carpeta de investigación del caso incluye pruebas que sugieren actos de corrupción y lavado de dinero. Estas pruebas apuntarían a que empresas relacionadas con Rosas están operando los hoteles de manera ilegal, sin facultades legales para hacerlo, mientras continúan beneficiándose económicamente de esta situación irregular.
Exigen intervención de la FGR y el gobierno federal
Ante la ineficacia de las autoridades estatales, Ostos solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejerza su facultad de atracción del caso. Además, destacó que tanto la presidencia de la República como la Secretaría de Gobernación ya han sostenido reuniones con la parte afectada, lo que genera expectativas de una pronta resolución.
“Es momento de que el gobierno del estado y la federación actúen de manera contundente para restablecer la propiedad a su legítimo dueño y poner fin a este vergonzoso episodio de corrupción y abuso de poder”, declaró Ostos.
Una prueba más de la fragilidad del estado de derecho en Yucatán
El caso Mayaland es un ejemplo más de cómo las instituciones de justicia en Yucatán parecen estar supeditadas a intereses particulares. Mientras tanto, la sociedad yucateca observa con escepticismo cómo las denuncias de corrupción y complicidad gubernamental quedan sin consecuencias claras.
La pregunta que resuena en el ambiente es: ¿se atreverán las autoridades federales a actuar contra los intereses de un gobernador y un empresario tan influyentes? O, como tantos otros casos en México, ¿este también quedará enterrado bajo el manto de la impunidad?
