En un operativo coordinado para frenar el deterioro ambiental en la costa yucateca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó predios previamente clausurados en la comisaría de Chelem, municipio de Progreso, donde repuso sellos de suspensión, aseguró maquinaria pesada y ordenó la clausura temporal total de un nuevo terreno afectado por actividades ilegales.

Las acciones se realizaron con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mediante un doble operativo desplegado en las zonas oriente y poniente de Chelem, área que forma parte de la zona de influencia de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.

Objetivo: frenar ocupaciones ilegales y daños al humedal

De acuerdo con la autoridad ambiental, el operativo tuvo como propósito dimensionar la problemática generada por desarrollos inmobiliarios irregulares, relleno de humedales, ocupación ilegal de terrenos y obras ejecutadas sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El municipio de Progreso se ubica dentro de la Zona Crítica Forestal denominada “Costa Norte”, donde persiste el cambio ilegal de uso de suelo y la degradación de manglares para la expansión urbana y turística.

Cabe recordar que la Profepa ya había intervenido en el área: el pasado 23 de enero clausuró obras ilegales, desmontes y lotificaciones que afectaban más de 18 mil metros cuadrados de manglar.

Operativo simultáneo en Manglar Chelem 1 y 2

El despliegue más reciente se efectuó el 10 de febrero en dos puntos estratégicos: Manglar Chelem 1 y Manglar Chelem 2, con la participación de 10 elementos de la Guardia Nacional, 13 policías estatales y dos brigadas de inspectores federales.

Manglar Chelem 1: retiro de sellos y continuidad de obras

En esta zona se realizaron dos inspecciones derivadas de denuncias ambientales:

• Un depósito de desechos urbanos sobre 262 m²
• Daño al manglar para instalar un taller de fibra de vidrio para lanchas en 400 m²

Además, durante una visita de verificación se detectó que habían sido retirados los sellos de clausura previamente colocados y que las obras continuaban en un desarrollo inmobiliario que afectó una ciénaga en más de 10 mil m².

Ante ello, la Profepa:

• Impuso nuevamente la clausura temporal total
• Aseguró tres equipos de trabajo: una pipa de agua, una aplanadora y una motoconformadora
• Dejó la maquinaria bajo resguardo del responsable del sitio

Manglar Chelem 2: desmontes, rellenos y asentamientos irregulares

En el segundo punto, brigadas recorrieron sectores oriente y poniente para verificar el estado de áreas previamente intervenidas. Se confirmó la existencia de sellos de clausura, pero también se detectaron nuevas afectaciones:

• Remoción de vegetación
• Apertura de caminos
• Acumulación de escombros
• Delimitación de terrenos para ganar superficie al humedal

Con apoyo de un dron, se identificó una zona de 2,986 m² donde se retiraron estructuras improvisadas —maderas, tubos, plásticos y láminas— utilizadas para facilitar asentamientos ilegales.

Asimismo, se desarmaron construcciones rústicas y se inspeccionó un lote de 4,465 m² de manglar donde se observaron:

• Desmonte reciente
• Relleno de suelo
• Construcción de viviendas
• Instalación de corrales para actividades pecuarias

Estas acciones, señaló la dependencia, provocan un severo impacto al ecosistema costero.

La instalación de las nuevas oficinas del director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) en la zona norte de la ciudad ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la accesibilidad ciudadana y las prioridades institucionales en medio de los persistentes problemas de presión y abasto del agua en distintos sectores de la capital yucateca.

El inmueble que ahora alberga al titular del organismo fue durante varios años sede oficial de la ASEY (Auditoría Superior del Estado de Yucatán), lo que añade un componente simbólico al cambio de uso del edificio, anteriormente vinculado a la fiscalización del gasto público.

Señalamientos por renta de oficinas pese a patrimonio propio

Diversas voces han cuestionado la decisión de rentar un espacio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cuando la propia JAPAY dispone de varios inmuebles en operación, principalmente en el centro histórico y en la Colonia Alemán.

La crítica se centra en el posible impacto financiero de la renta, especialmente en un contexto donde usuarios reportan baja presión, cortes intermitentes y deficiencias en el suministro del agua potable en diversas colonias.

“¿Por qué destinar recursos a oficinas de alto costo cuando la infraestructura hidráulica enfrenta rezagos?”, es una de las preguntas que circula entre ciudadanos y observadores del sector.

Prioridades bajo escrutinio

El traslado de las oficinas ocurre en un momento en que el servicio de agua potable se mantiene como una de las principales demandas urbanas. Colonias enteras han denunciado dificultades para contar con presión suficiente, sobre todo en horarios pico o en zonas de crecimiento reciente.

Para críticos de la medida, la inversión en un inmueble de alto perfil proyecta una imagen de desconexión con las necesidades cotidianas de la población.

 A más de 70 horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara su remoción como director general de Materiales Educativos, el funcionario Marx Arriaga Navarro permanece dentro de sus oficinas, negándose a abandonar el puesto hasta recibir una notificación formal de su destitución. La situación ha derivado en un inusual episodio de tensión administrativa al interior de la dependencia federal.

Durante este fin de semana, Arriaga Navarro realizó transmisiones en vivo desde el inmueble, donde aseguró estar encabezando una segunda jornada consecutiva de 24 horas de diálogo y reflexión sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos, proyectos emblemáticos que coordinó durante su gestión.

A través de redes sociales, el funcionario difundió la convocatoria titulada “Protesta con propuesta”, impulsada —según afirmó— por comités de defensa de los materiales educativos.

“Nuestros Comités de Defensa decidieron resistir en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. No lo haremos con los brazos caídos”, publicó.

Asimismo, sostuvo que su permanencia responde a una defensa del proyecto educativo vigente:

“Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la NEM… o luchamos juntos o nos derrotarán por separado”.

La SEP ratifica su salida

Pese a estas acciones, la dependencia federal reiteró públicamente que la remoción es definitiva. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que Arriaga Navarro rechazó las alternativas planteadas tras su cese, entre ellas un cambio de área dentro de la institución o una representación de México en el extranjero.

De acuerdo con Delgado, la intención era facilitar una transición ordenada; sin embargo, el exdirector optó por mantenerse en las oficinas.

Rechaza embajada ofrecida

Posteriormente, el propio Arriaga confirmó que entre las propuestas figuraba un cargo diplomático —presuntamente una embajada— con el objetivo de que dejara la dirección. No obstante, afirmó haber declinado la oferta por lealtad al magisterio.

“Es verdad, la ofrecieron y no la quise tomar porque no iba a traicionar al magisterio”, declaró durante una de sus transmisiones.

El funcionario incluso reconoció que su decisión podría parecer irracional para algunos, ya que implicaba renunciar a un puesto diplomático con mejores condiciones salariales y fuera de las restricciones de austeridad republicana.

Defensa de los libros de texto y la NEM

Arriaga Navarro ha sido una de las figuras más visibles en la elaboración de los libros de texto gratuitos y en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, proyectos que han generado respaldo entre sectores del magisterio, pero también fuertes críticas políticas, académicas y sociales.

Su permanencia en las oficinas —convertida en una especie de protesta interna— busca, según sus declaraciones, defender ese modelo educativo y evitar lo que considera un retroceso.

Incertidumbre institucional

Mientras tanto, la SEP mantiene su postura de que el funcionario ya no forma parte de la estructura directiva, lo que abre un escenario inédito en el que un exfuncionario continúa ocupando físicamente un espacio administrativo tras su cese.

Hasta el momento, no se ha informado si se recurrirá a mecanismos legales o administrativos para concretar la entrega-recepción del cargo ni cuándo se nombrará a su sustituto definitivo.

Lejos de los estereotipos de ciudad tradicional, jarana y guayaberas, la capital yucateca también alberga subculturas juveniles y creativas que pasan desapercibidas para la mayoría. Entre ellas destacan los llamados furries y therians, comunidades distintas pero a menudo confundidas, que han encontrado en Yucatán un espacio para convivir, expresarse y construir identidad.

Uno de los colectivos más visibles es Mayafur, integrado por jóvenes —y también adultos— que adoptan personajes animales antropomorfos como forma de expresión artística y recreativa. Su dinámica es sencilla pero llamativa: diseñan su propia “fursona” (personaje animal que los representa), confeccionan o adquieren un “fursuit” (traje completo) y organizan reuniones para convivir, tomar fotografías y compartir contenido en redes sociales.

Para sus integrantes, se trata de un pasatiempo creativo que mezcla ilustración, diseño, actuación y comunidad. No hay, aseguran, ninguna intención de escandalizar ni de romper normas sociales: simplemente buscan un espacio donde puedan “ser algo más” por unas horas.

Furry vs. Therian: dos mundos distintos

Aunque a menudo se meten en el mismo saco, especialistas en cultura digital y miembros de estas comunidades subrayan que furry y therian no son lo mismo.

• Furry: participación lúdica y artística. Se trata de interpretar o encarnar personajes animales ficticios, similar a un cosplay enfocado en criaturas antropomorfas.
• Therian: vivencia identitaria. Las personas therian afirman sentir una conexión interna profunda —psicológica, espiritual o identitaria— con un animal específico. No lo consideran un juego ni un disfraz.

Mientras el furry “interpreta” a un lobo, zorro o dragón por diversión o creatividad, el therian sostiene que esa animalidad forma parte de su identidad personal. Muchos no usan trajes ni buscan visibilidad pública; su vivencia suele ser privada o compartida solo en círculos de confianza.

Presencia discreta en espacios públicos

En parques, plazas o eventos alternativos de la ciudad no es raro encontrar pequeños grupos con orejas, colas o accesorios inspirados en animales. Sin embargo, la mayoría opta por mantener un perfil bajo para evitar burlas, estigmatización o malentendidos.

Sociólogos locales señalan que este tipo de subculturas florecen especialmente en ciudades con población estudiantil y acceso a internet, donde las comunidades globales encuentran eco a nivel local. Las redes sociales han sido clave para que jóvenes meridanos descubran que no están solos en sus intereses.

Más allá del estereotipo

Contrario a ideas difundidas en línea, no todos los furries poseen trajes completos —que pueden costar miles de pesos— ni todos los therians realizan conductas “animales” en público. Para muchos, la participación se limita al arte digital, la escritura, los videojuegos o la convivencia.

Además, expertos en psicología advierten que no se trata de trastornos ni de fenómenos peligrosos por sí mismos, sino de formas contemporáneas de identidad y pertenencia que surgen en la era digital.

Durante más de 16 meses, miles de familias de Mérida han enfrentado una situación que describen como una auténtica pesadilla: la falta de presión en el suministro de agua potable en amplias zonas de la ciudad, acompañada de interrupciones constantes, fugas sin reparar oportunamente y recibos bimestrales cada vez más elevados.

El problema se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la capital yucateca, donde colonias completas reportan días enteros sin servicio o con un flujo insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Señalamientos a la JAPAY y explicaciones oficiales

La responsabilidad directa recae en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), cuyo director, Pancho Torres, ha enfrentado críticas por la persistencia del problema y por las explicaciones ofrecidas ante los cortes del servicio.

En repetidas ocasiones, se ha señalado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como responsable indirecta, argumentando fallas eléctricas que afectan los sistemas de bombeo. Sin embargo, estas justificaciones no han logrado disminuir el malestar ciudadano. Incluso, en un episodio que generó polémica, se mencionó a un zopilote como causa de interrupción en un fraccionamiento, lo que fue ampliamente cuestionado en redes sociales.

Trayectoria política y cambio de partido

El actual titular de la dependencia tiene una larga carrera política. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de dos décadas, ocupando cargos como secretario de Obras Públicas, diputado local y federal, además de dirigente municipal y estatal.

Tras distanciarse de ese partido, fue expulsado en diciembre de 2023 en medio de tensiones internas. Posteriormente se afilió a Morena en octubre del año pasado, consolidando su incorporación al movimiento gobernante a nivel federal.

La “era del tinaco seco”

Entre los habitantes de la ciudad ha surgido una expresión popular para describir la situación actual: “la era del tinaco seco”, reflejo del desabasto persistente en numerosos hogares.

No obstante, algunos ciudadanos señalan que los problemas comenzaron a notarse desde el último año de la administración estatal anterior, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), cuando ya se registraban caídas de presión y aumentos en los cobros.

Con el cambio de dirección en la JAPAY, muchos usuarios esperaban mejoras, pero aseguran que el servicio no solo no se ha normalizado, sino que en varios sectores se ha deteriorado.

Controversias administrativas y distanciamiento

Además de los problemas operativos, la gestión ha estado rodeada de polémicas internas. Se cuestiona el traslado de oficinas a un inmueble privado con un costo mensual cercano a los 270 mil pesos, lo que ha sido interpretado por críticos como un gasto excesivo con recursos públicos.

También se han señalado decisiones administrativas como reajustes de personal y eventos institucionales costosos, lo que ha incrementado la percepción de distanciamiento entre la dependencia y la ciudadanía.

Un organismo en momento crítico

Especialistas y usuarios coinciden en que la JAPAY atraviesa una etapa delicada. El deterioro del servicio, las quejas por cobros elevados y la falta de soluciones estructurales han colocado al organismo bajo escrutinio público.
Mientras tanto, miles de meridanos continúan adaptándose a la escasez mediante la compra de pipas, almacenamiento en tinacos y ajustes en sus rutinas diarias.

A través de redes sociales, un ciudadano denunció un presunto caso de irregularidad ocurrido el pasado 14 de febrero en la Joyería Los Tres Reyes, ubicada en esta ciudad, donde asegura haber comprado un regalo que resultó no contener el artículo adquirido.

El usuario identificado como Eduardo “Lalo” relató que acudió al establecimiento alrededor de las 17:30 horas para comprar unos pendientes de oro como obsequio por el Día del Amor y la Amistad. Según su testimonio, fue atendido por dos empleadas y un guardia de seguridad, quienes le mostraron unos aretes tipo moño que posteriormente fueron colocados en una caja de regalo.

De acuerdo con su versión, tras efectuar el pago con una segunda empleada, recibió el producto dentro de una bolsa roja decorada con corazones y abandonó el local con la mercancía en sus manos en todo momento.

El problema surgió minutos después, cuando ya en su vehículo entregó el obsequio a su esposa. Al abrir cuidadosamente la caja, ambos descubrieron que se encontraba vacía.

Solicitan revisión de cámaras

Ante lo ocurrido, la pareja regresó de inmediato al negocio para solicitar una aclaración. El denunciante aseguró que pidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de descartar cualquier malentendido; sin embargo, afirma que el personal se negó a mostrarle los videos y tampoco logró comunicarse con el propietario en ese momento.

Según su relato, al insistir en la revisión, empleados del establecimiento optaron por solicitar la presencia de la policía municipal.

Intervención policial y molestia del cliente

Elementos policiacos acudieron al lugar y, de acuerdo con la versión del afectado, realizaron una revisión corporal y le indicaron que debía interponer una denuncia formal si consideraba que se había cometido un delito.

El ciudadano expresó que se sintió tratado como sospechoso, pese a que —según afirma— únicamente buscaba esclarecer la situación mediante la revisión de las grabaciones del establecimiento.

Al no obtener una solución inmediata, decidió retirarse del sitio.

Presenta denuncia formal

En su publicación, Eduardo “Lalo” indicó que posteriormente presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y que su intención al hacer público el caso es alertar a otros consumidores para que verifiquen sus compras antes de abandonar el local.

Hasta el momento, la Joyería Los Tres Reyes no ha emitido una postura oficial respecto a los señalamientos difundidos en redes sociales.

Este medio informativo permanece abierto a recibir la versión del establecimiento con el fin de ofrecer a la ciudadanía una cobertura equilibrada de los hechos.

Habitantes y ejidatarios de la comisaría de Sierra Papacal suspendieron este día las labores relacionadas con el proyecto del Tren Maya, en señal de protesta por presuntos desacuerdos con el desarrollo de la obra en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la inconformidad surge por temas aún no resueltos vinculados al impacto del proyecto en tierras ejidales y a compromisos que, aseguran, no han sido cumplidos. La movilización derivó en la paralización temporal de los trabajos, generando tensión entre pobladores y responsables de la construcción.

Posible cierre carretero

Los ejidatarios advirtieron que, de no existir diálogo con las autoridades correspondientes, en las próximas horas podrían bloquear la carretera estatal que conecta Sierra Papacal con Chuburná Puerto, una vía clave para el tránsito local y turístico hacia la costa yucateca.

Ante esta situación, se emitió un llamado urgente a los conductores para extremar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas, ya que la circulación podría verse seriamente afectada si el cierre se concreta.

Impacto potencial en la región

El eventual bloqueo no solo afectaría a habitantes de la zona, sino también a proveedores, trabajadores y visitantes que utilizan este tramo carretero como acceso hacia comunidades costeras. Además, la suspensión de actividades en la obra podría retrasar el avance del proyecto ferroviario en esta parte del estado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre enfrentamientos ni incidentes mayores, aunque la situación permanece en desarrollo y se mantiene la expectativa de que autoridades federales o estatales establezcan una mesa de diálogo con los inconformes para evitar un cierre total de la vía.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y reportes de tránsito antes de circular por esta zona.

La posibilidad de una huelga en la industria de la radio y la televisión se mantiene latente y podría estallar en los últimos minutos del 27 de febrero. De no alcanzarse acuerdos, el paro laboral iniciaría formalmente el 28 de febrero a las 12:01 de la madrugada, generando un impacto inmediato en estaciones de todo el país y colocando a la delegación estatal en una posición particularmente sensible.

En Yucatán, la situación adquiere un matiz político y laboral complejo para el STIRT Yucatán, cuya dirigencia enfrenta el reto de conciliar la estabilidad local con un conflicto de alcance nacional.

La secretaria general, Natalia López, ha señalado en reiteradas ocasiones que la relación con el gobierno estatal y con los concesionarios de medios en la entidad es positiva. Sin embargo, el proceso de negociación nacional ha puesto a prueba esa cercanía institucional y abre cuestionamientos sobre la postura que adoptará la organización en caso de que el paro se concrete.

Impacto inmediato en medios de comunicación

Si la huelga estalla, los efectos serían visibles desde el primer minuto. Los trabajadores sindicalizados tendrían que suspender actividades, lo que implicaría dejar de operar consolas, cabinas y equipos de transmisión. Esto paralizaría la programación habitual tanto en radio como en televisión, afectando noticieros, contenidos de entretenimiento y transmisiones en vivo.

Aunque la fecha límite se mantiene, el emplazamiento ha sido diferido previamente con el objetivo de sostener negociaciones entre sindicatos y concesionarios a nivel nacional. Este aplazamiento refleja la intención de evitar el paro, pero también confirma que el conflicto de fondo —principalmente la revisión salarial del Contrato Ley y la incertidumbre regulatoria del sector audiovisual— continúa sin resolverse.

Un antecedente que pesa dentro del sindicato

A la tensión actual se suma un episodio que ha marcado la vida interna de la organización: las acusaciones por presunto fraude vinculadas al ex dirigente Ricardo Acedo Samaniego. El caso generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos sindicales y dejó una huella de desconfianza entre algunos sectores del gremio.

Este antecedente añade presión a la dirigencia actual, que enfrenta la necesidad de demostrar fortaleza y transparencia en medio de una coyuntura nacional compleja.

Lectura política en Yucatán

En el ámbito local, el eventual respaldo a una huelga representaría un momento clave en la relación entre el sindicato y el Gobierno del Estado de Yucatán. Más allá de lo laboral, la decisión tendría implicaciones políticas, al evidenciar que las demandas de los trabajadores podrían prevalecer sobre cualquier alineación institucional.

El mensaje sería contundente: cuando se trata de derechos laborales, las afinidades políticas pasan a segundo plano.

¿Quién pierde en un escenario de paro?

El conflicto plantea un dilema de alto costo para todos los actores involucrados. Para el sindicato, una huelga implica riesgos económicos, desgaste organizativo y posibles fracturas internas. Para los concesionarios, representa pérdidas operativas y comerciales. Para el gobierno, el impacto sería principalmente político, al quedar en entredicho la estabilidad del sector mediático.

Hoy, incluso sin haberse concretado, la sola posibilidad de una huelga ya altera el equilibrio entre trabajadores, empresas y autoridades.

El conflicto del STIRT trasciende lo estrictamente laboral: se ha convertido en una prueba de poder y negociación entre sindicatos, industria y gobierno. Y en ese tablero, cualquier decisión —ya sea el acuerdo o el paro— tendrá consecuencias que irán mucho más allá de las cabinas de radio y los estudios de televisión.