Bogotá, Colombia – Daniel Oquendo, un colombiano de 33 años, nunca imaginó que su intento por buscar una vida mejor en los Estados Unidos terminaría en una odisea que involucraría no solo su deportación, sino una crisis diplomática entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro.

El 20 de enero, mientras Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos en Washington, Daniel cruzaba la frontera entre Tijuana, México, y San Diego, California, con la esperanza de encontrar trabajo como mecánico. Sin embargo, sus planes cambiaron drásticamente cuando fue detenido por la Patrulla Fronteriza estadounidense.

El comienzo de la odisea

El viaje de Daniel comenzó cuatro días antes en Medellín, Colombia, con el sueño de encontrar mejores oportunidades. Al llegar a la frontera, Daniel se entregó de inmediato a las autoridades de inmigración con la intención de pedir asilo. Sin embargo, un oficial de la Patrulla Fronteriza les dijo a él y a otros 18 colombianos: “La fiesta aquí a ustedes los colombianos se les acabó. Van todos para su país deportados”.

Tras ser detenidos, Daniel pasó cinco días en una celda incomunicado, donde describe el trato como “humillante”. Según él, fue sometido a condiciones que violaban su dignidad: sin acceso a baños, sin comunicación con su familia, y sin saber por qué debía firmar documentos que no entendía.

La cadena humana y el primer vuelo

El sábado siguiente, Daniel y otros deportados fueron esposados y encadenados de pies a cintura, un trato que él compara con el de los narcotraficantes más peligrosos. “Nos trataron como si fuéramos los peores narcotraficantes, equiparables al Chapo Guzmán”, comentó Daniel, visiblemente afectado por la experiencia.

El presidente Gustavo Petro, al enterarse de estas condiciones, reaccionó rápidamente en las redes sociales, anunciando que había ordenado que los vuelos de deportación no aterrizaran en Colombia hasta que se garantizara un trato digno para sus ciudadanos.

El vuelo en el que viajaba Daniel estuvo marcado por la incertidumbre. En lugar de aterrizar en Bogotá, el avión se desvió y, después de 10 horas de vuelo, aterrizó en El Paso, Texas, sin que los deportados recibieran ninguna explicación. Fue allí donde Daniel vivió un cambio en las condiciones de detención, que califica como “mucho mejores que en San Diego”. Sin embargo, tras ser regresados a su país, los deportados fueron sometidos nuevamente a malos tratos en El Paso, donde sus pertenencias fueron confiscadas y arrojadas a la basura.

La discordia diplomática

Lo que Daniel no sabía durante su viaje era que su deportación se había convertido en un punto álgido de una disputa diplomática. El gobierno de Petro había decidido no permitir el aterrizaje de los vuelos de deportación tras las duras condiciones denunciadas por los migrantes, y la respuesta de Trump fue contundente: amenazó con aranceles a Colombia por la decisión de no permitir el aterrizaje.

Para Daniel, todo este proceso fue una sensación de ser utilizado tanto por el gobierno de EE.UU. como por el de Colombia. Aunque aplaude que Petro haya alzado la voz por el trato indigno que recibieron los deportados, critica que la administración colombiana no haya intervenido antes, cuando las deportaciones ya eran una práctica común bajo el mandato de Trump.

Reflexiones finales

Daniel Oquendo, al llegar a Bogotá, aún no sabe qué depara su futuro. “Mis planes de vida se han visto trastocados. Asumir el golpe económico y emocional me va a tomar tiempo”, asegura.

En cuanto a las declaraciones del presidente Trump, quien ha calificado a los deportados como “asesinos, capos de la droga, violadores”, Daniel responde: “Sabemos que cometimos una falla por la forma como entramos, pero no estábamos traficando, ni robando a nadie. Si fuéramos narcotraficantes, no estaríamos en Colombia, sino esperando un juicio en EE.UU.”.

Aunque aún no tiene claro qué rumbo tomará, lo único que sabe es que la experiencia de deportación ha dejado una marca en su vida y, como muchos migrantes, su sueño de un futuro mejor en el extranjero se ha visto truncado por la realidad de las políticas migratorias actuales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido una pieza clave en la implementación de las políticas de inmigración de los Estados Unidos desde su creación en 2003. Sin embargo, en los últimos años, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia ha experimentado un cambio significativo en sus prioridades y métodos de actuación, centrando aún más sus esfuerzos en el control de la inmigración ilegal.

Orígenes y estructura del ICE

El ICE fue creado en 2003 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, como parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la seguridad nacional y formar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Antes de la creación del ICE, las funciones relacionadas con la inmigración recaían en el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), una dependencia del Departamento de Justicia.

Con un presupuesto anual de aproximadamente US$ 9,000 millones y más de 20,000 empleados distribuidos en 400 oficinas dentro y fuera de EE.UU., el ICE tiene una estructura compleja que abarca áreas como las Investigaciones de Seguridad Nacional, Operaciones de Cumplimiento y Deportación, y la Oficina del Asesor Jurídico Principal.

Cambio de prioridades bajo la administración de Trump

Uno de los cambios más notables en el ICE durante el mandato de Trump ha sido su enfoque más estricto hacia la inmigración ilegal. Aunque la administración de Biden también prioriza la detención de delincuentes, el gobierno de Trump ha expandido la definición de “delincuente” para incluir a todos los inmigrantes indocumentados. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la prioridad del ICE no solo son los criminales peligrosos como traficantes de drogas o asesinos, sino también aquellos que hayan ingresado ilegalmente al país.

Una de las modificaciones clave ha sido un decreto presidencial que otorga a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración, además de investigar delitos graves como tráfico de personas y pornografía infantil. Este cambio de prioridades ha transformado el enfoque de la agencia, orientándola más hacia el control de la inmigración en lugar de la investigación de crímenes específicos.

El ICE también ha comenzado a llevar a cabo operaciones de deportación en áreas consideradas “sensibles”, como escuelas e iglesias, lo que ha generado controversia debido a la vulnerabilidad de las personas en estas zonas. Bajo la administración de Biden, las autoridades necesitaban obtener una orden judicial antes de realizar arrestos en tales lugares.

Aumento de las deportaciones y arrestos

Desde que Trump asumió nuevamente el cargo, el ICE ha intensificado sus esfuerzos para llevar a cabo arrestos y deportaciones. La agencia se ha enfocado en aumentar su visibilidad y en compartir con frecuencia actualizaciones sobre sus operaciones en las redes sociales, detallando cifras diarias de arrestos, nombres e imágenes de los arrestados. En lo que va del 2025, el ICE ha realizado más de 5,500 arrestos, lo que equivale a casi 800 arrestos diarios, un promedio mucho más alto que los 310 arrestos diarios que la agencia realizó durante el año fiscal 2024.

Colaboración con otras agencias

El ICE trabaja en estrecha colaboración con otras agencias federales, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se centra en la seguridad en la frontera y los puertos de entrada. Además, la administración de Trump ha fortalecido la cooperación con agencias policiales estatales y locales, y ha desplegado más fuerzas militares en la frontera sur para apoyar las operaciones de control migratorio.

El gobierno también ha anunciado que utilizará instalaciones militares, como una base de la Fuerza Espacial en Colorado, para detener y procesar temporalmente a inmigrantes indocumentados, y ha propuesto que la base naval de Guantánamo sea habilitada para albergar a miles de inmigrantes detenidos.

Perspectivas futuras

El ICE continúa desempeñando un papel crucial en la política migratoria de los EE.UU., y bajo la administración de Trump, se espera que sus métodos de control de la inmigración se intensifiquen aún más. Si bien el gobierno insiste en que se concentrará en los delincuentes peligrosos, la definición ampliada de “delincuente” y las nuevas políticas de arresto en áreas sensibles podrían generar un debate continuo sobre la equidad y el respeto de los derechos humanos.

En medio de estos cambios, la situación de los inmigrantes indocumentados en los EE.UU. sigue siendo un tema central de debate y conflicto, tanto dentro como fuera de la administración Trump. La dirección futura del ICE podría depender de los resultados de las políticas implementadas en los próximos meses y de la respuesta de las comunidades afectadas.