La Fiscalía General de la República (FGR) logró la emisión de fichas rojas de Interpol para la localización y captura internacional de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de varios exfuncionarios que formaron parte de su administración estatal.

La medida amplía el alcance de las investigaciones federales y permite que las autoridades de más de 190 países colaboren en la búsqueda de los señalados, con el objetivo de garantizar su comparecencia ante las instancias judiciales correspondientes.

La acción se produce días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al exmandatario y a integrantes de su círculo cercano, en el marco de indagatorias por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del gobierno sinaloense.

Con la activación de la ficha roja, los organismos policiales internacionales quedan facultados para ubicar y, en su caso, detener provisionalmente a las personas requeridas, conforme a la legislación vigente en cada país y a los mecanismos de cooperación internacional.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer las investigaciones y asegurar que los implicados respondan ante la justicia por los cargos que les son imputados. Mientras tanto, el caso continúa generando atención nacional debido al impacto político y judicial que podría tener en los próximos meses.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a la organización criminal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como presunta responsable de la muerte de tres elementos de la Secretaría de Marina y una exservidora pública de la Fiscalía General de la República en Colima, dentro de una investigación relacionada con una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con documentos integrados en la solicitud de órdenes de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y otros delitos, la dependencia federal sostiene que este grupo operaba mediante esquemas de corrupción, contrabando de hidrocarburos y actos de violencia para proteger sus actividades ilícitas.

Las indagatorias refieren que Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano, y Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina mientras enfrenta un proceso de extradición a México, mantenían una estructura capaz de detectar rápidamente denuncias en su contra y anticiparse a acciones de las autoridades, especialmente en aduanas y puertos estratégicos para sus operaciones.

Entre las víctimas mencionadas en el expediente se encuentran el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, quien se desempeñaba como auxiliar adscrita a la delegación de la FGR en Colima; así como los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

Según la investigación federal, el caso más relevante involucra la muerte del contralmirante Guerrero Alcántar, quien presuntamente habría denunciado la existencia y funcionamiento de la red de tráfico ilegal de combustibles atribuida a los hermanos Farías Laguna. La FGR considera que ambos estarían directamente relacionados con ese homicidio.

El expediente también menciona el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, localizado sin vida en septiembre de 2025 dentro de las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Las investigaciones indican que el mando naval mantenía vínculos con la estructura de huachicol fiscal y presuntamente recibía pagos ilícitos para facilitar la llegada y descarga de embarcaciones cargadas con hidrocarburos introducidos de manera irregular al país.

La FGR sostiene que la organización operaba mediante una compleja red de protección y corrupción que permitía el ingreso de combustible ilegal procedente de Estados Unidos, utilizando puertos mexicanos como puntos clave para la distribución del producto.

El caso continúa bajo proceso judicial mientras las autoridades buscan concretar las órdenes de captura pendientes y ampliar las investigaciones sobre la presunta red criminal, considerada una de las estructuras más relevantes relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y la infiltración de instituciones estratégicas del Estado mexicano.

Las investigaciones por la desaparición de una mujer que acudió a realizarse un procedimiento estético en una clínica de Puebla dieron un giro trágico luego de que autoridades localizaran un cuerpo en un río del estado de Tlaxcala que coincide con las características de la víctima reportada como desaparecida.

La mujer fue identificada preliminarmente como Blanca Adriana Vázquez, de 37 años de edad y originaria de Huauchinango, quien fue vista por última vez cuando ingresó a una clínica para someterse a una intervención estética.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, ambos acudieron al establecimiento el día de los hechos. Sin embargo, durante la atención médica, la doctora responsable le habría solicitado salir a comprar una faja necesaria para el procedimiento, por lo que abandonó temporalmente el lugar durante aproximadamente media hora.

Al regresar, encontró la clínica cerrada y sin rastro de su esposa ni del personal médico, situación que derivó en la denuncia por desaparición y el inicio de una investigación por parte de las autoridades.

Este jueves, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de un cuerpo abandonado en un río de Tlaxcala. Tras las primeras diligencias, se determinó que presenta características que coinciden con las de Blanca Adriana, entre ellas un tatuaje con forma de beso en la nuca, rasgo distintivo señalado previamente por sus familiares.

Las autoridades continúan con los estudios periciales correspondientes para confirmar oficialmente la identidad de la víctima, mientras avanzan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido dentro de la clínica.

En tanto, la médica que atendió a la mujer, así como su hijo y una enfermera que estuvieron presentes durante las últimas horas en que Blanca Adriana fue vista con vida, permanecen prófugos y son buscados por las autoridades para que rindan declaración sobre los hechos.

El caso ha generado indignación y preocupación entre la ciudadanía, particularmente por las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y por las presuntas irregularidades detectadas en el establecimiento donde se realizó el procedimiento estético. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten involucrados.

La apicultura mexicana vive uno de sus mejores momentos. Durante 2025, el país registró una producción histórica de 60 mil 297 toneladas de miel, la cifra más alta de los últimos años y un crecimiento del 5 por ciento en comparación con las 57 mil 430 toneladas obtenidas en 2024.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio a conocer este resultado en el marco del Día Mundial de las Abejas, destacando que el incremento refleja el esfuerzo conjunto de miles de productores y las estrategias implementadas para fortalecer al sector apícola nacional.

Datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) muestran que la producción de miel ha mantenido una tendencia ascendente de manera constante durante el último lustro. Mientras en 2020 se contabilizaron 54 mil 122 toneladas, cinco años después la cifra superó las 60 mil toneladas, consolidando una etapa de crecimiento sostenido para la actividad.

La dependencia federal resaltó que detrás de estos resultados se encuentra el trabajo de más de 47 mil apicultoras y apicultores distribuidos en distintas regiones del país. Además, el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI identifica la existencia de 45 tipos de abejas productoras de miel en territorio nacional, lo que contribuye a la diversidad y riqueza de la producción mexicana.

Gracias a su calidad, sabor y estándares de inocuidad, la miel mexicana mantiene reconocimiento tanto en el mercado nacional como internacional. Este prestigio ha permitido que México se ubique entre los principales productores del mundo, ocupando actualmente el décimo lugar global entre 115 naciones dedicadas a esta actividad.

Las autoridades federales señalaron que el crecimiento del sector también está ligado a diversas acciones de protección para las abejas y otros insectos polinizadores. Entre ellas destacan campañas de coexistencia entre agricultura y apicultura mediante el uso responsable de plaguicidas, desarrolladas en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ) a través del proyecto POLILAC.

Asimismo, en entidades como Chiapas y Quintana Roo se han puesto en marcha medidas para reducir los casos de intoxicación por agroquímicos, mientras que AGRICULTURA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avanzan en la elaboración de protocolos preventivos destinados a proteger a los polinizadores, incluida la abeja Apis mellifera, una de las especies más importantes para la producción de alimentos.

Otro de los pilares del fortalecimiento apícola son las Escuelas de Campo (ECAs), donde productores reciben capacitación en prácticas agroecológicas, monitoreo de plagas y nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento y la calidad de la miel y sus derivados.

A estas iniciativas se suman las campañas sanitarias impulsadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), enfocadas en prevenir enfermedades y plagas que puedan afectar a las colonias de abejas.

Más allá de la producción de miel, la actividad apícola genera otros productos de alto valor como polen, propóleo, jalea real, cera y veneno de abeja, los cuales representan una fuente importante de ingresos para cientos de comunidades rurales en diversas regiones del país.

En el contexto del Día Mundial de las Abejas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recordó que la conmemoración de este año lleva por lema “Juntos con las abejas, por las personas y el planeta. Una asociación que nos sostiene a todos”, destacando la importancia de proteger a los polinizadores para garantizar la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Con este nuevo récord, México reafirma su posición como una potencia apícola y demuestra que la conservación de las abejas y el fortalecimiento del campo pueden avanzar de la mano para generar beneficios económicos, ambientales y sociales.