Una usuaria de Facebook hizo pública una grave denuncia contra un vecino a quien señala como presunto responsable de actos reiterados de acoso, amenazas y daños a su propiedad, situación que —asegura— la mantiene en estado permanente de miedo dentro de su propio domicilio.

La mujer afirmó que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades, pero decidió visibilizar el caso en redes sociales ante el temor de que no se actúe con la rapidez necesaria para garantizar su seguridad y la de su familia.

Señales que interpreta como amenazas directas

En su testimonio, relató un incidente reciente que considera especialmente alarmante: la destrucción del cristal de su camioneta.

“Me rompieron el cristal de mi camioneta, dejaron el martillo adentro y una bolsa con una calcomanía de calavera y un encendedor”, escribió, calificándolo como “una clara amenaza de muerte”.

Según su versión, el hecho ocurrió durante la madrugada y fue descubierto horas después. La presencia de los objetos dentro del vehículo fue interpretada como un mensaje intimidatorio más que como un simple acto vandálico.

También aseguró que su hermano presenció otro episodio en el que el hombre le habría lanzado un crucifijo desde su balcón.

Vigilancia constante y confrontaciones previas

La denunciante sostiene que el señalado la observa continuamente desde su vivienda, ubicada frente a la suya, y que en ocasiones ha acudido a su puerta para reclamarle supuestas situaciones que ella considera falsas.

Además, lo acusa de conductas agresivas hacia otros residentes del área.

“A un vecino le echó el carro encima, le rompió el timbre y le tiró ropa interior con excremento”, afirmó.

Estas acciones, según su relato, habrían generado un ambiente de tensión y miedo entre algunos habitantes de la zona.

Señalamientos contra familiares del presunto agresor

En una segunda publicación, la mujer identificó a la madre del señalado como Blanca Carlo Santos, a quien acusó de encubrirlo y justificar su comportamiento bajo el argumento de que su hijo pertenece a un grupo vulnerable.

La denunciante considera que esta presunta protección familiar ha contribuido a que la situación se prolongue sin consecuencias legales visibles.

Lo que debía ser la principal fuerza opositora en el Ayuntamiento terminó convertido en un grupo fragmentado, confrontado y políticamente irrelevante. A 17 meses del inicio de la actual administración municipal, la bancada edilicia de Morena en Mérida no solo está rota: prácticamente ha colapsado por disputas internas, falta de liderazgo y decisiones que evidencian inexperiencia política.

De la derrota electoral al reparto de cuotas

El origen del desastre se remonta a la fallida campaña por la alcaldía encabezada por el ex clavadista olímpico Rommel Pacheco Marrufo, quien no logró conquistar la capital yucateca. Tras la derrota —y su posterior salida hacia la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte—, la coordinación del grupo edilicio quedó en manos de su operador político, Adrián Gorocica Rojas.

Lejos de consolidar al equipo, su designación fue vista como una imposición basada en cuotas internas más que en experiencia o capacidad de negociación. Desde entonces, el grupo comenzó a fracturarse.

Ego, improvisación y ruptura

Regidores con trayectoria fueron relegados por un pequeño bloque de jóvenes sin recorrido político, lo que detonó un choque inmediato. El resultado fue una bancada incapaz de operar como equipo, con posturas contradictorias y una agenda inexistente.

La ruptura se volvió pública cuando se convocó a una rueda de prensa sin carácter oficial y excluyendo deliberadamente a tres de los perfiles con mayor experiencia: José Peniche Marenco, Denisse Pérez Rodríguez y Berenice Rivera.

La exclusión confirmó lo que ya era evidente en pasillos políticos: Morena tiene dos bandos enfrentados dentro del Cabildo, uno dominado por la inexperiencia y otro marginado pese a su trayectoria.

Hostilidad hacia la prensa

El episodio más polémico ocurrió cuando, durante ese mismo encuentro, se ordenó fotografiar y grabar a reporteros que formularon preguntas incómodas. La acción fue interpretada como un intento de intimidación y terminó por deteriorar aún más la imagen pública del grupo.

Cambios opacos y sin liderazgo real

Horas después circuló la versión de que el joven regidor Diego Carrera habría sido nombrado nuevo coordinador, pero hasta hoy no existe confirmación oficial ni comunicación interna clara. En otras palabras: ni siquiera dentro del propio grupo saben quién manda.

Mientras tanto, el dirigente estatal Carlos Bojórquez Urzaiz ha guardado silencio absoluto, lo que refuerza la percepción de abandono y falta de conducción política.

Una oposición que fortalece a la alcaldesa

Paradójicamente, la incapacidad de Morena para articular una oposición seria ha beneficiado directamente a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada. Los ataques constantes, desordenados y sin sustento desde un sector del grupo no han debilitado al gobierno municipal; por el contrario, han elevado su presencia mediática y proyectado a la oposición como errática.

Luego de la difusión de un video en redes sociales donde un guardia de seguridad privada agrede físicamente a una mujer y empuja a varios derechohabientes en el Hospital General Regional No. 12 “Lic. Benito Juárez”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informó que el elemento fue retirado de manera inmediata de las instalaciones.

El incidente, que generó indignación pública, ocurrió cuando familiares de pacientes buscaban resguardarse del intenso sol en áreas exteriores del hospital. En las imágenes se observa al vigilante aparentemente alterado, forcejeando con usuarios y desalojándolos a empujones, incluida una mujer que intentaba solicitar información.

IMSS ordena retiro del elemento

Tras el “zafarrancho” que se viralizó rápidamente, la delegación estatal del IMSS confirmó que se notificó a la empresa de seguridad privada responsable para que aplique las sanciones administrativas y legales correspondientes. Asimismo, se indicó que el guardia no podrá volver a prestar servicio en ninguna unidad médica del instituto.

De acuerdo con la institución, también se instruyó a la compañía a realizar los procedimientos internos necesarios, entre ellos evaluaciones y pruebas que permitan esclarecer el comportamiento del trabajador, luego de que ciudadanos cuestionaran su aparente estado emocional durante los hechos.

Indignación entre familiares de pacientes

A pesar del anuncio oficial, usuarios del hospital manifestaron su inconformidad al considerar que la medida resulta insuficiente. Señalaron que no se trata de un hecho aislado y exigieron mayor sensibilidad del personal de vigilancia hacia las personas que acuden a unidades médicas en situaciones de vulnerabilidad.

“Buscábamos sombra y apoyo, no confrontación. Un hospital no es un lugar para este tipo de tratos”, expresó una de las afectadas, quien relató que la agresión ocurrió cuando intentaban protegerse del calor mientras esperaban noticias de sus familiares internados.

Exigen trato digno y protocolos claros

Los inconformes subrayaron que, además de sancionar al elemento involucrado, el IMSS debe reforzar la capacitación del personal de seguridad para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos de los derechohabientes.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones de espera en hospitales públicos, donde familiares suelen permanecer largas horas en el exterior sin espacios adecuados de resguardo.

Declaraciones realizadas por la diputada local Clara Rosales durante una visita a la colonia El Roble generaron controversia luego de que asegurara que bastaría reunir firmas vecinales y mostrar “buena voluntad” para que el Ayuntamiento instale luminarias en calles donde actualmente no existen viviendas.

La propuesta fue presentada como una solución inmediata a las peticiones ciudadanas; sin embargo, especialistas y actores políticos señalaron que este tipo de obras públicas se rigen por normativas federales estrictas, particularmente cuando se financian con recursos del Ramo 33.

Recursos federales con reglas claras

El Ramo 33 —principal fuente de financiamiento para infraestructura social municipal— establece lineamientos técnicos y legales que obligan a que las obras beneficien directamente a población identificable y en condiciones de rezago. Entre estos criterios se encuentra la necesidad de acreditar un porcentaje mínimo de habitantes beneficiados para justificar la inversión.

De acuerdo con dichas reglas, la instalación de alumbrado público en zonas sin viviendas o con escasa población difícilmente podría autorizarse, ya que el objetivo del fondo es mejorar la calidad de vida de comunidades existentes y no intervenir en áreas despobladas.

Señalamientos de posible uso discrecional

Analistas locales advirtieron que ignorar estos lineamientos podría derivar en observaciones por parte de órganos fiscalizadores e incluso en sanciones administrativas por uso indebido de recursos públicos.

La polémica también radica en que la legisladora habría exhortado al Ayuntamiento de Mérida a actuar en un sentido que podría contravenir la normativa federal, pese a que regidores de su mismo partido participan en la supervisión y aprobación de dichos fondos bajo los mismos criterios legales.

Contraste con el discurso federal

El episodio adquiere mayor relevancia en el contexto del discurso de austeridad y apego a la legalidad promovido por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que ha insistido en el uso transparente y técnico de los recursos públicos.

Para críticos de la postura de Rosales, prometer soluciones inmediatas a problemáticas complejas sin considerar los requisitos normativos puede generar expectativas difíciles de cumplir y eventual frustración entre la ciudadanía.

Debate sobre cercanía política vs. viabilidad técnica

La discusión reavivó el debate sobre los límites entre la gestión política y la administración pública. Mientras algunos sectores interpretan la propuesta como un intento de atender demandas vecinales, otros consideran que ofrecer soluciones inviables legalmente constituye una práctica que prioriza la exposición mediática sobre la planeación técnica.

Hasta el momento, la diputada no ha emitido una aclaración pública sobre los señalamientos ni sobre la factibilidad real de la propuesta planteada durante su recorrido.

En medio del proceso de entrega-recepción tras su salida de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la ex titular Geovanna Campos Vázquez habría enfrentado un episodio incómodo al no poder ingresar de inmediato al despacho que ocupó durante su gestión para retirar pertenencias personales.

De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas a la dependencia, Campos Vázquez acudió a las oficinas con la intención de acceder a su antiguo espacio de trabajo; sin embargo, personal administrativo le habría solicitado esperar mientras se realizaban revisiones internas vinculadas al proceso de transición y control de bienes.

Más de media hora de espera

Según las versiones consultadas, la ex funcionaria permaneció durante más de 30 minutos fuera del área de oficinas, incluso sentada en el suelo en una zona exterior, antes de que finalmente se le permitiera ingresar al edificio.

Una vez dentro, habría aguardado en la sala de recepción mientras se coordinaba su acceso al despacho, lo que prolongó la espera para recuperar sus objetos personales.

Testigos indicaron que parte de sus pertenencias —entre ellas una bolsa y varias carpetas— permanecieron por un tiempo fuera del despacho, colocadas en un área sombreada del exterior, mientras continuaban las diligencias administrativas.

Contexto de tensión interna

La presencia de la ex titular coincidió con los trabajos formales de entrega-recepción tras el cambio en la dirección de la Secretaría, proceso que suele implicar revisiones documentales, inventarios y control de acceso a áreas estratégicas.

No obstante, el episodio reflejaría un ambiente de tensión al interior de la dependencia, particularmente tras la salida de gran parte del equipo directivo que acompañó a Campos Vázquez durante su administración.

Sorpresa por ocupación del despacho

El hecho generó mayor controversia debido a que, según versiones previas, se había comentado que nadie ingresaría al despacho hasta concluir formalmente el proceso de transición. Sin embargo, la ex funcionaria habría sido informada de que la nueva titular ya se encontraba despachando en ese mismo espacio.

Hasta el momento, la dependencia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre los protocolos aplicados durante el acceso a las instalaciones.

Habitantes y ejidatarios del municipio de Kinchil impidieron la realización de una asamblea ejidal que, según denunciaron, pretendía transferir el control de tierras de uso común a una sociedad inmobiliaria vinculada a intereses externos a la comunidad.

La reunión estaba programada para el domingo 15 de febrero y fue convocada por el Comisariado Ejidal encabezado por José A. Borges Chí. De acuerdo con pobladores, el orden del día incluía otorgar “facultades, poderes y/o mandato” a un grupo de abogados liderado por Carlos Cruz para gestionar la creación o administración de una empresa inmobiliaria propietaria de terrenos del ejido, lo que —señalaron— pondría el futuro del territorio en manos ajenas al pueblo.

Propuestas que encendieron la inconformidad

Entre los puntos que generaron mayor rechazo figuraba el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría adquirir derechos sobre las tierras ejidales, así como la autorización para que el Comisariado dispusiera de aproximadamente 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

Ante estas propuestas, agrupaciones locales como los Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a movilizarse para proteger el patrimonio colectivo. La respuesta fue masiva y logró impedir que la asamblea se llevara a cabo.

Presencia policial y confrontaciones

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión. El Comisariado acudió acompañado por elementos de la policía estatal y granaderos, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal a personas opositoras a la sesión, lo que provocó inconformidad entre los asistentes.

Algunos ejidatarios intentaron ingresar utilizando escaleras tras serles negada la entrada. Según testimonios, durante el intento fueron agredidos por integrantes del Comisariado y personas afines, incluyendo individuos que no pertenecen al ejido. En el altercado, una persona resultó lesionada con traumatismo en el pie derecho y tuvo que ser trasladada para atención médica a una clínica del IMSS en el municipio cercano de Umán.

Pese a los enfrentamientos y empujones registrados, la comunidad logró frenar la realización formal de la asamblea.

Preocupación por solicitud de firmas

Posteriormente, el Comisariado solicitó firmas y huellas en hojas en blanco, lo que generó alarma entre los presentes por el posible uso indebido de dichos documentos.

El Consejo Comunitario advirtió que las tierras de uso común son fundamentales para la subsistencia local, pues sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos forestales. Además, señalaron que numerosas familias sin derechos agrarios formalmente reconocidos dependen de estos espacios para vivir.

Defensa legal y derechos indígenas

La organización comunitaria recordó que el Artículo Segundo de la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la integridad de sus territorios. Con base en este marco jurídico, anunciaron que ya iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos del ejido.

Habitantes también cuestionaron el uso de la fuerza pública en un proceso interno, al considerar que pudo favorecer a una de las partes en conflicto.

Mujeres al frente de la defensa territorial

Durante la movilización destacó la participación activa de mujeres de la comunidad, quienes encabezaron acciones de resistencia en defensa del territorio, evocando luchas históricas por la tierra y la autonomía local.

El Consejo Comunitario reiteró que continuará vigilante ante cualquier intento de privatización o transferencia de las tierras ejidales de uso común, al considerarlas un patrimonio colectivo indispensable para el presente y futuro de las familias de Kinchil.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el robo de una camioneta tipo pick-up ocurrido el pasado domingo 8 de febrero en una plaza comercial ubicada al norte de Mérida, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la investigación, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, lograron ubicar y detener a Jorge Jesús “N”, de 29 años y originario de Campeche; Jesús Antonio “N”, de 28 años, procedente de Quintana Roo; y Rodrigo Airan “N”, de 35 años, originario de Yucatán.

Según la denuncia, los imputados presuntamente se apoderaron de una camioneta con placas del estado de Chiapas que su propietario dejó estacionada durante la madrugada en una plaza comercial situada sobre Paseo de Montejo, entre las calles 47 y 49, luego de sufrir una ponchadura.

El dueño regresó al día siguiente con la intención de cambiar el neumático, pero el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

Las indagatorias permitieron establecer que ese mismo domingo, alrededor de las 13:30 horas, los tres sujetos habrían acudido al sitio acompañados de un cerrajero y un llantero. Con su ayuda abrieron la unidad, repararon la llanta y posteriormente se retiraron conduciendo la camioneta, simulando una intervención legítima.

Tras diversas labores de inteligencia y localización, los presuntos responsables fueron capturados y puestos a disposición del Juez de Control que había girado la orden de aprehensión correspondiente, con el fin de que continúe el proceso penal en su contra.

Las autoridades recordaron a la población que, en caso de ser víctima de un delito o requerir auxilio, se debe reportar de inmediato al número de emergencias 9-1-1. Asimismo, está disponible la línea 089 para denuncias anónimas.