México se adhirió al mecanismo Covax para tener acceso oportuno a 51.6 millones de dosis de vacunas contra el Covid,-19, con lo cual cubrirá a 20 por ciento de la población. Para el resto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud sostienen pláticas con cada una de las empresas y proyectos que tienen en fases clínicas avanzadas el biológico, informó el canciller Marcelo Ebrard.

La firma con Covax dará a México acceso a un portafolio de proyectos internacionales de vacunas, entre los que se encuentran Moderna, CureVac, AstraZeneca-Universidad de Oxford, Universidad de Hong Kong, Novavax y más.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que empezarán a entregar los anticipos para las vacunas, al resaltar que como se tienen finanzas públicas sanas. “Tenemos dinero disponible para dar los anticipos y tener las vacunas desde que se pruebe que funcionan”, anunció.

Resaltó que para tener acceso, México tiene la ventaja  de ser promotor ante la ONU del mecanismo de no acaparamiento a nivel mundial de medicinas y de vacunas contra el coronavirus. “O sea, a México nos tienen consideración especial”.

Ya vamos a entregar todos los anticipos, resaltó, al tiempo que llamó a los legisladores que hoy “van a aprobar lo de la suspensión de fondos y fidecomisos”, que todo ese dinero que “estaba suelto, disperso, sin control, se ahorre y nos van a dar posibilidades de tener recursos suficientes que no falte la atención médica y medicamentos gratuitos en nuestro país”.

Se va a poner orden, subrayó, y “con esos fondos vamos a estar ahora sí que más preparados para que se garantice el derecho a  la salud en nuestro país, como lo hemos venido haciendo”.

Marcelo Ebrard, por su parte, resaltó la adhesión de México al mecanismo Covax, porque se alinea a la propuesta que hizo el presidente López Obrador en marzo, cuando empezó a expandirse la pandemia, de que tenía que haber un esfuerzo multilateral para garantizar el acceso a las vacunas.

“Covax  es la traducción de esto, significa el compromiso de cubrir el 20 por ciento de la población con 51.6 millones de dosis”.

Mencionó que en paralelo se mantiene la atención y protección a los mexicanos en el extranjero, lo cual incluye la vacunación contra la influenza.

Precisó que 2 mil 521 mexicanos fallecieron por Covid en Estados Unidos, de un total de 199 mil 597 fallecidos en el país; y en el resto del mundo murieron 16 connacionales más.

Sostuvo que han sido retornados hasta ahora 17 mil 694 mexicanos.

Los conflictos laborales que terminaron en un estallido de huelga repuntaron 136 por ciento en 2019. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los 76 casos del año pasado representan el mayor número de incidencias en una década.

Tamaulipas fue el estado con el mayor número de huelgas estalladas el año pasado con 38 casos. Esto, luego de que a principios de 2019 entraran en vigor las medidas de estímulo fiscal en la frontera norte y con él un aumento al salario mínimo a 176.72 pesos en 43 municipios. El incremento no se respetó al 100 por ciento, denunciaron los representantes de cerca de 45 mil trabajadores.

El caso contrario, no hay registro de huelgas desde hace siete años en Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, abundó Inegi.

El organismo también informó que en 2019 se dio solución a 61.8 por ciento de las huelgas estalladas durante el mismo año, en 2018 dicha proporción alcanzó 43.8 por ciento.

A la par, los conflictos individuales y colectivos de trabajo registraron en 2019 un aumento de 4.7 por ciento respecto al año previo, al pasar de 227 mil 900 a 238 mil 532.

Mientras los conflictos individuales de trabajo registraron un incremento de 4.49 por ciento respecto al 2018, los colectivos avanzaron 44.48 por ciento.

En cuanto a emplazamientos a huelga, el año pasado se registró un crecimiento de 6.92 por ciento con respecto al año 2018, al pasar de 25 mil 260 a 27 mil 008 casos.

Jalisco y México se mantienen como las entidades federativas con el mayor número de emplazamientos a huelga alcanzando en conjunto 46 por ciento del total nacional.

Hace algunos meses, se requirió de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, admitiera la presencia de casos de Covid19 en el Centro de Reinserción Social de Mérida (CERESO).

La gran pregunta es, ¿Seguridad de qué? o más preocupante, ¿SEGURIDAD DE QUIÉN? ¿Acaso Mauricio Vila Dosal no ha entendido que ante una crisis de esta magnitud lo más dañino es la DESINFORMACIÓN?

Mientras la CCNDH informaba ayer que Yucatán es el Estado con mayor MORTANDAD de la Península en sus Centros Peniteciaros, con al menos 8 fallecimientos por COVID -19 confirmados, 48 contagios y 2 casos sospechosos, cantidad que bien podría ascender a cientos en base a la forma como el Ejecutivo ha ocultado las cifras del progreso de la PANDEMIA hacia el interior de CER y el Gobernador del Estado, mantiene un silencio absoluto respecto esta situación.

Vila Dosal no ha emitido declaración alguna sobre las medidas que se están tomando o prevén tomar ante el aumento de fallecimientos y contagios por COVID-19 al interior del CERESO de Mérida, dejando en estado vulnerable a la población en riesgo que se encuentra recluida en dicho lugar.

También ha guardado silencio, sobre el alto grado de riesgo en el que se encuentran los reos que forman parte de la población con condiciones vulnerables frente a esta enfermedad.

Sin embargo, ha trascendido, que el desdén a dicho tema tiene su origen en compromisos personales del líder estatal con un determinado grupo empresarial del Estado, al que le conviene que los derechos humanos de los presos en condiciones vulnerables sigan siendo atropellados.

Lo cierto es, que los intereses económicos y políticos del Gobernador están claramente por encima de los derechos humanos de las personas vulnerables, las cifras ahí están: al menos 8 fallecimientos, unos 50 o más contagios, y el Gobierno estatal brilla por su ausencia.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) colocó sellos de suspensión de actividades en la tienda de ropa C&A, en Gran Plaza, en cuyas afueras se detectó una aglomeración de más de 100 personas y, en el interior, ninguna medida de distanciamiento, así como clientes sin cubrebocas.

La dependencia levantó el acta correspondiente por no respetar las disposiciones de la reapertura que, como ha indicado el gobernador Mauricio Vila Dosal, son la garantía para continuar con la reactivación económica de Yucatán de una forma segura para todos, se informa en un comunicado.

El cierre se efectuó a las 14 horas de anteayer martes, en conjunto con personal de las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), y seguirá hasta que este negocio presente sus protocolos para que pueda operar de nuevo.

Durante esa misma jornada también se suspendió actividades en el establecimiento denominado Cross Training, en la calle 81-A número 547 entre 92 y 94 del centro de Mérida, por no respetar el horario laboral con límite a las 21 horas.

Estas acciones son parte de las verificaciones que se llevan al cabo en todas las plazas y centros comerciales del estado, a fin de verificar que se realicen las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 en el marco de la Reapertura Económica Segura, agrega el boletín.

Miles de personas protestaron ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia fincó cargos, pero no criminales, a uno de los tres policías involucrados en el tiroteo en que murió la afroestadunidense Breonna Taylor, quien se ha convertido en emblema del movimiento Black Lives Matter.

Las protestas, que desafiaron un toque de queda vigente desde las 21 horas, se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Washington, Atlanta y Filadelfia.

Al comenzar el toque de queda la mayor parte de los manifestantes había abandonado el centro de la ciudad, pero algunos permanecieron ahí, de manera pacífica, hasta que se escucharon tiroteos en medio de una escaramuza entre activistas y policías, lo que llevó a muchos a correr en busca de refugio.

Horas antes se reportó que dos policías habían sido baleados.

Taylor, paramédica de 26 años, recibió varios disparos de policías de raza blanca que ingresaron el 13 de marzo a su casa en cumplimiento de una orden de allanamiento durante un operativo antidrogas, aunque el fiscal general del estado, Daniel Cameron, reveló ayer que los resultados de la investigación indican que los agentes anunciaron su presencia antes de ingresar. La orden utilizada para inspeccionar su residencia estaba relacionada con un sospechoso que no vivía ahí, y tampoco se encontraron drogas dentro de la vivienda.

Los agentes tenían una orden que les permitía ingresar al domicilio sin avisar, y a su llegada el novio de Tay-lor, Kenneth Walker, les disparó al pensar que eran ladrones; los agentes replicaron y Taylor, que estaba en su cama, fue herida de muerte.

Brett Hankison, uno de los tres agentes involucrados en el tiroteo, fue imputado por poner en peligro la vida de los demás, en referencia a los tiros que impactaron en una casa vecina a la de la víctima, y no por la muerte de la paramédica. Ni Hankison ni los otros dos policías que efectuaron los disparos que mataron a Taylor fueron acusados de homicidio.

Apenas se conoció la decisión, miles salieron a las calles de Louisville, principal ciudad de Kentucky, donde se desplegó un fuerte dispositivo policial integrado por agentes locales con equipo antimotines, a los que el gobernador Andy Beshear añadió a 500 elementos de la Guardia Nacional.

Los policías dispararon balas de goma contra la multitud y detuvieron al menos a 29 manifestantes.

Videos mostraron al personal de la Guardia Nacional por el centro de la ciudad en vehículos blindados y a manifestantes cerca del monumento en memoria de Taylor en el centro de Louisville encendiendo botes de basura. El presidente Donald Trump felicitó la iniciativa de Beshear de desplegar a la Guardia Nacional.

El caso ganó notoriedad tras las masivas manifestaciones contra el racismo que se reportan en Estados Unidos, luego de que el afroestadunidense George Floyd murió asfixiado por un policía a finales de mayo en Minneapolis.

El abogado de la familia Taylor, Ben Crup, rechazó la decisión de la justicia. ¡Esto es escandaloso y ofensivo!, tuiteó.

Esta decisión es una burda negación de la justicia, comentó la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.

La poderosa Unión por las Libertades Civiles denunció a unas fuerzas del orden y un sistema de justicia criminal podridos hasta la médula.

En la primera quincena de septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.16 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior, como resultado, la inflación anual fue de 4.10 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Principalmente el incremento de los costos en la educación llevaron al indicador fuera del objetivo del Banco de México; el cual es de 3 por ciento, con un rango de variación de 1 punto porcentual +/-.

El índice de precios no subyacente –que contiene los insumos más propensos a la volatilidad- creció 0.15 por ciento quincenal y 4.44 por ciento anual. En él los precios de los productos agropecuarios se elevaron 0.17 por ciento quincenal y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.14 por ciento.

El organismo detalló que las bebidas alcohólicas y el tabaco han sido los productos que más se han apreciado, esto en un 8.14 por ciento. Lo mismo los alimentos y otras bebidas no alcohólicas en 7.64 por ciento y los muebles, artículos para el hogar en 5.11 por ciento.