El pleno del Senado aprobó ayer una reforma constitucional para que el jefe del Ejecutivo federal pueda ser acusado penalmente por cualquier delito, no solamente traición a la patria.
La reforma, que fue enviada a los congresos locales para su validación, hace realidad la promesa de campaña impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a días de que cumpla dos años en el gobierno.
El dictamen avalado, que requiere del aval de al menos 17 congresos estatales, permitirá que el Presidente de la República sea imputado por todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Para el grupo parlamentario de Morena, la modificación constitucional implica la eliminación de la inmunidad procesal penal, conocida como fuero.
Sin embargo, senadores panistas cuestionaron que la reforma amplíe el catálogo de delitos por los que se puede imputar al Presidente de la República, pero que no establezca que éste tenga que ser acusado ante el Ministerio Público directamente, sino que, primero, deba ser denunciado ante la Cámara de Diputados para que, finalmente, sea la mayoría en el Senado la que decida si la inmunidad desaparece para que el mandatario pueda ser procesado ministerialmente.
El Senado amplió el catálogo de causales que incluyen corrupción y faltas electorales; va a los Congresos la reforma.
Por primera vez, un Presidente de la República en funciones podrá ser acusado penalmente por todo tipo de ilícitos como corrupción y delitos electorales, no sólo por traición a la patria, pues el Senado avaló con 88 votos en favor y 24 en contra, la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue enviada a los Congresos estatales para su validación.
Las y los senadores de Morena aseguraron que este cambio constitucional para ampliar las causales por las cuales un mandatario federal puede ser acusado penalmente, implica una eliminación de la inmunidad procesal penal, conocida popularmente como fuero.
Sin embargo, el PAN aclaró que ampliar el catálogo de delitos no significa eliminar el fuero ni tratar a un Presidente de la República como a cualquier ciudadano, pues un ciudadano es acusado ante el Ministerio Público y va a los juzgados; el Presidente de la República será acusado ante la Cámara de Diputados, ésta lo turnará al Senado y será la mayoría en el Senado la que decida si desaparece o no la inmunidad, para que pueda ser procesado ministerialmente, precisó Damián Zepeda.
“Dice el Presidente que se va a quitar el fuero. Eso es completamente falso y no se vale que engañemos así a la gente. Dice el Presidente, en sus mañaneras, y lo va a decir después de que votemos esto, que se le va a poder procesar como a cualquier ciudadano. Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el Presidente con este dictamen va a ser juzgado como cualquier ciudadano”, retó Damián Zepeda y nadie tomó el reto.
Desde su escaño, Víctor Fuentes, también senador panista, formuló una pregunta a Damián Zepeda, que fue más una participación para reafirmar el discurso panista,
“Entonces, lo que podemos entender es de que el Presidente no va a ser procesado como un ciudadano normal. Que va a ser, en caso de que cometa un delito, que no lo dudamos, un delincuente fifí. Que va a tener un proceso más cómodo; un proceso que va a depender de las mayorías, que la tiene en la Cámara. Entonces, no va a ser procesado como un ciudadano normal. Va a seguir teniendo un marco élite. Un proceso fifí. ¿Es lo que podemos entender?”, planteó. Y Damián Zepeda le contestó que “así es. Respuesta directa es sí”.
Pero para la morenista Bertha Alicia Caraveo esta reforma pondrá fin a la impunidad de la que gozaron los anteriores presidentes y puso de ejemplo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La reforma constitucional, que necesita el voto de 17 Congresos estatales para ser una realidad, se concretó porque Ricardo Monreal, coordinador de Morena, logró que el bloque opositor accediera a emprender una reforma paralela en torno a la inmunidad procesal de los legisladores federales, que también se aprobó ayer.
PLANTEAN TRATO IGUAL A DIPUTADOS Y SENADORES
Con un solo voto en contra, el Senado avaló una reforma constitucional para que los 128 senadores y los 500 diputados federales puedan ser acusados por cualquier delito que cometan, a fin de que su inmunidad procesal penal esté en las mismas condiciones que para el Presidente de la República.
Desde la tribuna, los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PRD aclararon que la reforma permite que los legisladores no sean una excepción en el trato penal, pero no se trata de la eliminación del fuero, dado que deberán ser sometidos al juicio de procedencia para responder ante las autoridades ministeriales.
El verde ecologista Raúl Bolaños, aclaró incluso que esta reforma, que es idéntica a la aprobada para el caso del Presidente, no elimina la inmunidad procesal, conocida como fuero.
“No debemos de prorrogar la discusión y análisis de una nueva reforma constitucional para empatar, ajustar y eliminar cualquier interpretación errónea con relación al fuero”, dijo.
Guadalupe Murguia, del PAN, recordó que la eliminación del fuero es una demanda ciudadana y si bien esta reforma no lo elimina, sí es un paso importante.
Juan Zepeda, de MC, recordó que su partido ha promovido y logrado la eliminación del fuero; los perredistas Juan José Focil y Antonio García Conejo resaltaron que se trata de un avance importante.
Aprobada con 102 votos en favor, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se comprometió con Ricardo Monreal a respaldarla.
