Lized Yuridia Juárez Hernández, alias Big Mama, Sofía o La Chofis, identificada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local como presunta operadora de seguridad de Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, líder de una facción de la Unión Tepito, fue detenida esta noche en calles de la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, al ser presunta responsable de comercializar estupefacientes.

Big Mama fue detenida el pasado 3 de agosto, pero “fue liberada por el agente del ministerio público tras no ligarla con algún delito” , recordó la SSC que informó que esta noche durante los recorrridos de seguridad que realizaban los policías capitalinos en la calle Jesús Carranza observaron a la mujer y a un hombre que intercambiaba bolsitas por dinero en efectivo.

En la base de datos de la SSC, Big Mama cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la capital en el año 2005 por delitos contra la vida y en 2013 por resistencia de particulares.

El jefe de la diplomacia estadounidense anunció este viernes la imposición de sanciones económicas contra cuatro empresas chinas y rusas acusadas de haber apoyado el desarrollo del programa nuclear iraní.

“Estados Unidos ha sancionado a cuatro empresas de China y Rusia por apoyar el programa nuclear de Irán”, tuiteó el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo.

Acusadas de “suministrar tecnología y equipos avanzados para el programa de misiles nucleares de Irán”, las compañías enfrentarán restricciones a la ayuda del gobierno estadounidense y sus exportaciones durante dos años, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

“Continuaremos utilizando todas las sanciones a nuestra disposición para evitar que Irán aumente su capacidad nuclear”, enfatizó Pompeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró en 2018 a su país del acuerdo internacional firmado tres años antes con Irán para evitar que adquiriera armas nucleares, por considerar que era insuficiente.

Inmediatamente restableció, y luego endureció, todas las sanciones estadounidenses contra la república islámica en nombre de una política de “máxima presión”.

Desde entonces, Estados Unidos decidió sancionar a cualquier país o empresa extranjera que no cumpla con sus medidas contra Teherán.

Con el aval de la mayor parte de la oposición, el Senado de la República aprobó esta noche la reforma al poder judicial que eleva a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de control constitucional y avanza a la erradicación del nepotismo y la corrupción entre jueces, magistrados y ministros.

La reforma se aprobó en lo general con 83 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, ya que PRI, PRD y la mayoría de los panistas, que hasta un día antes se habían manifestado en contra, se sumaron a Morena y sus aliados, para lograr la mayoría calificada necesaria.

Ello, entre críticas de MC y de tres legisladores de Acción Nacional, que deploraron en tribuna que se hubiera roto el bloque opositor y acusaron presiones y cabildeos de gobernadores y de la Suprema Corte para avalar esa modificación a seis artículos de la Constitución.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma no es suficiente, pero es un avance importante para lograr los cambios trascendentales que se requieren en el ámbito judicial, pero rechazó que se haya otorgado un exceso de control al presidente de la Suprema Corte o que se provoque un desequilibrio de poderes, como lo señalaron el coordinador de MC, Dante Delgado, otros integrantes de esa bancada e incluso el Morenista Germán Martínez.

El ex director del IMSS presentó votó en contra y desde el pleno denunció que la reforma da exceso de poderes al presidente de la Suprema Corte, autor de la iniciativa que presentó el presidente de la república, además de que no acaba con las redes de complicidad y corrupción que persisten al interior del poder judicial.

Monreal respondió desde el pleno que debe tomarse en cuenta que es una reforma al interior del poder judicial, que no implica empoderamiento alguno del titular de la Suprema Corte y lo siguiente es “la reforma hacia afuera, porque quedan intactas las redes institucionales de complicidad, de tráfico de influencias, así como los salarios de los magistrados y ministros, que están colocados en un estatus por encima de los funcionarios del ejecutivo y legislativo”.

Rechazó también los señalamientos del panista Damián Zepeda y del coordinador de MC, Dante Delgado, en el sentido de que la reforma al artículo 105 Constitucional quita a los municipios la posibilidad de presentar controversias constitucionales.

“No se elimina ni desaparece”, se dispone que las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales”.

El senador Martínez advirtió que no es la reforma que el presidente López Obrador habría deseado y adelantó que acudirá al Relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y a la Barra de Abogados, “sobre lo que se me pidió y se me prohibió “ en este proceso legislativo.

A nueve meses del inicio de la Pandemia de Covid-19 en México, el aumento de casos confirmados se elevó a 12 mil 81, lo que representa un nuevo record en los reportes diarios de contagios confirmados, para un total acumulado de un millón 90 mil 675 casos. Los decesos también se incrementaron en 631, para un registro total de 104 mil 873 fallecimientos.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, también lanzó una alerta, al detectarse un aumento de 8.3 por ciento en el número de casos estimados a nivel nacional entre la semana epidemiológica 46 y 47, cifra que, dijo, podría seguir aumentando, aunque aclaró que no se ha reflejado aún este aumento en la cifra de decesos.

Detalló que la clasificación de casos del 26 al 27 de noviembre se realizó por diversos tipos de prueba, pues 8 mil 87 corresponden a PCR; 4 mil 556 por prueba antigénica; 573 por asociación epidemiológica y 11 por dictaminacion.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, indicó que en camas generales se reporta en 38 por ciento, con ocho entidades con una tasa de ocupación por arriba del 50 por ciento de su disponibilidad, en el caso de las camas con ventilador, indicó que la ocupación es de 32 por ciento en el país, con cuatro estado con más de 50 por ciento de ocupación.

Asociaciones defensoras de la familia advierten que la legalización del uso de la mariguana generalizará el micromenudeo de las drogas, dejará abierta la posibilidad que miles de niños y jóvenes tengan problemas de adicciones y empeorará la situación económica de las familias.

Además, recordaron que el 19 de noviembre pasado la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa de Ley para el Uso Lúdico de la Mariguana con 82 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.

Igual criticaron que los senadores por Yucatán Raúl Paz Alonzo (PAN); Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); y Verónica Camino Farjat (PVEM) votaran a favor del consumo de mariguana, lo cual les decepciona y demuestra que no hay ningún partido político que defienda y dé la cara por la niñez y la juventud yucateca.

“El mensaje que envían a la sociedad con esta ley es verdaderamente inconcebible porque con la legalización de las drogas están promoviendo su uso”, dijo la agrupación en un posicionamiento por escrito.

“Dejan abierta la posibilidad de que miles de jóvenes caigan en adicciones y con ello las familias gasten recursos económicos no solo en el consumo, sino en su rehabilitación”.

“Con esta iniciativa se creará La Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, además del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis, por lo cual el gobierno federal tendrá el control de la distribución y la comercialización dejando millonarias ganancia a la 4T, pero a costa de la vida de cientos de mexicanos”, subrayó.

Llamado

“Señores diputados yucatecos (quienes tendrán la responsabilidad de avalar esta nueva ley ahora), la legalización de la mariguana no era una prioridad ni en el estado ni en todo el país, el hecho de que haya más de 100,000 muertos por el Covid-19 lo confirma”.

“Constatamos una vez más que la agenda de la 4T de ‘democratizar a la familia’ es prioridad en esta administración federal que pretende imponer la ‘cultura de la muerte’ con la legalización de las drogas, la despenalización del aborto y la ideología de género, y para ello al parecer cuenta con los tres senadores por Yucatán”, remata el escrito.

Luego de la lectura del posicionamiento de las agrupaciones pro familia, el doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán; doctor Julio Mendoza Ayora, vicepresidente de la misma; Silvia Cáceres Cervera, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia; psiquiatra Salvador González Gutiérrez, excoordinador de Prevención del Suicidio de la Secretaria de Salud estatal; licenciada Alejandra Yáñez, representante Con Participación Yucatán; y psicoterapeuta Víctor Chan Martín, representante de la Red para la Familia en Yucatán, respondieron preguntas de la prensa.

Ellos coincidieron en que los tres senadores que votaron a favor del uso de la droga no lo hicieron por ignorancia, desconocimiento ni por el sentir de la sociedad yucateca, sino por presiones políticas y quizá por intereses particulares velando por su carrera política futura.

Afectación

También argumentaron que médica y científicamente está comprobado que el consumo de drogas afecta la salud física y mental de los consumidores. No creen que con esta ley disminuya el problema de violencia ni de comercialización, al contrario, aumentará masivamente la venta sin ningún control porque aunque haya tiendas certificadas, el adicto la seguirá comprando donde quiera.— Joaquín Chan Caamal

El doctor Julio Mendoza advirtió que la legalización de la mariguana, el aumento del permiso para portar de 5 a 20 gramos de la droga, la permisibilidad de cultivar hasta seis plantas generará un tráfico de semillas, no se podrá controlar que el consumo sea delante de menores de edad y abre la puerta al consumo de drogas más duras que son más dañinas para la salud.

“Este gobierno federal ve la posibilidad de legalizar el consumo de cocaína y otras drogas sintéticas”, señaló.

Víctor Chan también advirtió que esta legalización del consumo de mariguana aumentará las alteraciones emocionales de la gente y las enfermedades respiratorias, habrá más intentos suicidas y todo esto no lo tomaron en cuenta los senadores que aprobaron la ley.

Se preguntó: ¿cómo vamos a depositar nuestro voto en partidos que demuestran irresponsabilidad y no dan confianza de que buscan el beneficio de los ciudadanos?

Alejandra Yáñez Rubio citó un estudio de septiembre de 2020 que revela que en lugares donde se despenalizó el consumo de mariguana aumentaron sustancialmente los problemas en vez de disminuirlos, y eso ocurrirá en México y Yucatán.

También destacaron que el Centro de Integración Juvenil de Mérida, la Policía Municipal de Mérida realizan un importante trabajo de prevención entre la niñez y los jóvenes y el desaparecer el temor que había antes por la prohibición del consumo de la mariguana, ahora favorecerá las adicciones.

“El problema es que si la ley dice que algo es bueno porque lo aprueba, están diciendo que no pasa nada si lo consumimos, si lo probamos y si lo promovemos, están fomentando las adicciones”, señaló.

Los representantes de estas organizaciones informaron que buscarán reuniones con los diputados federales de Yucatán para que no apoyen esta ley, como lo hicieron los tres senadores.

Además de los daños materiales que ocasionó a su paso por Yucatán, la tormenta tropical “Cristóbal” tuvo un impacto directo en la situación política y el trabajo comunitario en Chelem, comisaría de Progreso, con señalamientos que involucran a la autoridad municipal y a un pequeño grupo de estadounidenses que residen en esa localidad y en Chuburná, también comisaría progreseña.

De acuerdo con datos recabados, en el fondo del asunto está una recaudación de apoyos que promovió el grupo extranjero, que supuestamente tenía como destinatarios a la población vulnerable de Chelem, pero el objetivo no se cumplió y con el paso de los días comenzaron a surgir reclamaciones, amenazas y hasta extraños incidentes de los que no se responsabiliza directamente a nadie, pero que pusieron en peligro vidas.

En este inédito caso hay protagonistas bien identificados:

1) El estadounidense Wade Yarchan y otros extranjeros que lo secundan en una campaña contra la autoridad municipal.

2) La comisaria municipal, Bianey Bibiana Chim Pat.

3) De manera indirecta, un grupo de norteamericanos que se ven afectados por el proceder de Yarchan. Incluso, han sido víctimas de intimidaciones y presiones.

Denuncias formales

La situación ha derivado en denuncias ante la Fiscalía General del Estado y en una división de la comunidad norteamericana que reside en Chelem, que en su gran mayoría siempre ha apoyado de manera desinteresada a la comunidad del puerto y en este conflicto respalda a la comisaria Chim Pat.

El grupo mayoritario desaprueba lo realizado por Wade Yarchan, cabeza visible de quienes se han enfrentado a la autoridad por el tema de los apoyos y han desatado una campaña de división en las redes sociales, principalmente.

Hasta ahora el problema se ha manejado en los círculos de la comunidad, aunque el Ayuntamiento de Progreso ya tiene conocimiento. No hay intervención, al menos que se sepa, de la representación diplomática de Estados Unidos en Yucatán, a pesar de que el grupo minoritario ejerce presión sobre otros ciudadanos de ese país y promueve ideas políticas abiertamente, en algunos casos con mensajes de odio y racismo, según se pudo constatar en pruebas que se pusieron a la vista de este periódico.

Primeros indicios

Reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se enteraron del caso hace unos días y confirmaron que el conflicto ya se trasladó a la arena penal, con las denuncias judiciales.

Buscamos la opinión de la profesora Bianey Chim, quien llegó al comisariado municipal por elección popular en noviembre de 2018. La joven funcionaria confirmó que presentó una demanda contra Wade Yarchan y dijo que no es justo que por la conducta de algunas personas se ponga en entredicho el apoyo que desde hace varios años brindan a la población más de 500 estadounidenses y canadienses que residen en el puerto.

Vendedor de casas

Wade Yarchan es agente inmobiliario, propietario de la firma Yucatán Beach Homes. Reside en territorio de Chuburná, pero decidió participar en campañas de recaudación de apoyos para Chelem desde el paso de “Cristóbal”. Se han sumado a su causa otros residentes extranjeros.

En próxima edición abordaremos la situación que prevalece entre la comunidad norteamericana avecindada en Chelem y Chuburná por este conflicto, que ha saltado también a páginas electrónicas que difunden información de esa parte de la costa yucateca.

Efectos de la tormenta

De acuerdo con el relato de la comisaria, Yarchan ha asumido una actitud de desafío y de enfrentamiento con la autoridad debido a que no pudo manejar a su antojo un esquema de reparto de ayuda a la población afectada por “Cristóbal”.

La funcionaria considera que la actitud del extranjero puede tener su explicación en que no pudo o no ha podido justificar el uso del dinero que aportaron norteamericanos que viven en Yucatán y en su país de origen. Es gente, añade la comisaria, que confió en su palabra de que apoyaría a los damnificados y le hizo donativos en efectivo.

La situación alcanzó dimensiones tales que brincó a las amenazas personales y en las redes sociales, donde se acusó a Bianey Chim, sin pruebas, de ser la culpable y de haberse apoderado de supuestos recursos.

Después de las amenazas, explica la profesora, surgieron coincidentemente incidentes graves: el automóvil familiar tuvo fallas y un mecánico dictaminó que le introdujeron agua al tanque de gasolina; después, al mismo vehículo se le cortó una manguera de los frenos, y al vehículo de traslado de la comisaría le fallaron los frenos también cuando la conducía Bianey Chim (Continuará).

Chelem Conflicto

El problema en la comisaría progreseña surgió después del paso de “Cristóbal”.

¿Cuál es el conflicto?

Wade Yarchan, estadounidense que reside en Chuburná, solicitó donativos a sus compatriotas para apoyar a damnificados de la tormenta en Chelem. No se concretó la estrategia y comenzó una campaña de desprestigio contra la comisaria de ese puerto, Bianey Bibiana Chim Pat.

¿Todos los extranjeros?

Un grupo mayoritario de extranjeros que reside en esa parte de la costa apoya desde hace años en coordinación con la autoridad municipal y nunca ha tenido problemas. Esta parte desaprueba a su compatriota y respalda a la comisaria. También ha sido blanco de intimidaciones.

¿Quién es el promotor?

Wade Yarchan es un agente inmobiliario y tiene a su servicio a otros extranjeros y también a gente de Chelem.

¿Ya hay denuncias?

El caso ya llegó a la Fiscalía General del Estado. Una de las denuncias es de la comisaria Bianey Chim.

Una vaguada sobre la Península, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y Golfo de México, mantendrán hoy viernes la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos aislados en el oriente y sur de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo, así como en el centro y sur de Campeche, indica el Centro Hidrometeorológico de Mérida.

Las temperaturas serán de cálidas a calurosas en el día y de templadas a cálidas al amanecer, con viento dominante de dirección este de 15 a 25 kph y rachas de 40 kph en costas.

El proceso electoral de 2020-2021, el más grande de la historia en el país, es una oportunidad de fortalecer el liderazgo femenino y la paridad de género para que la mitad de las personas electas sean mujeres, señaló Karolina Gilas, académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el curso Prevención y Mecanismos de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México y el Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que la presencia de mujeres en estos procesos suma para que sus agendas puedan avanzar y sus intereses sean visibilizados.

La también investigadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que en este proceso electoral se elegirán a más de 21 mil funcionarios y funcionarias, “vamos a poder ejercer nuestro voto casi 95 millones de personas, lo que va a requerir de un despliegue increíble” de toda una infraestructura electoral. Se tendrán 164 mil casillas que requerirán la participación de un millón 400 mil individuos como funcionarias y funcionarios de casilla.