l presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que no usa cubrebrocas porque “me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor (Jorge) Alcocer (secretario de Salud), que no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario respondió a una pregunta sobre la declaración que esta semana hizo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a que “llevar cubrebocas es importante”, así como la higiene y la distancia física “y esperamos que los líderes sean ejemplo”.

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia”, preservando la sana distancia, higiene y aseo de las manos, respondió López Obrador.

Esas recomendaciones, añadió, “sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel en las autoridades que quieren mostrarse muy duras, quieren mostrar su mano dura, dictadura, no es lo más importante.

“Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer y no y seguir las recomendaciones. Eso es lo que yo hago.

“Voy a giras y no hay mítines; sí tengo comunicación con la gente, a veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta, pero es parte del cuidado. A ellos no les gusta nada de lo que hacemos, pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida”, sostuvo.

Antes de que termine el año, México podría recibir una primera dotación de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Pfizer y empezar a distribuirla y aplicarla, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Aseguró que avanza el trámite del registro en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en cuanto la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos autorice la utilización de ese biológico, en México comenzará el proceso para su aplicación.

No obstante, reconoció que todavía se desconoce el nivel de eficacia de la vacuna. Además, está el reto de ultracongelar el producto, pues se debe conservar a una temperatura de 70 grados bajo cero. Añadió que el contrato que este miércoles firmará la empresa con la Secretaría de Salud (Ssa) señala que el biológico deberá entregarse en el lugar más cercano al punto de uso.

El funcionario también aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se prepara para tener la suficiencia presupuestal a fin de adquirir las vacunas de Pfizer, la china de CanSino Biologics y la que desarrolla el laboratorio AstraZeneca. También para que México participe en la compra por medio del mecanismo Covax, el cual coordina la Organización Mundial de la Salud.

López-Gatell informó que se inició el ensayo clínico del laboratorio Janssen. Participan nueve países, México entre ellos, y el plan es reclutar a 20 mil personas. Agregó que la investigación se realiza de manera expedita, por lo que se prevé que el 21 de diciembre concluirá la aplicación de las dosis y enseguida se procederá al análisis de la información. Resaltó que México también está considerado como prioritario para adquirir esta vacuna.

Añadió que ya se cuenta con una política nacional de vacunación, que señala el esquema de priorización para su uso con equidad y acceso universal. Los trabajadores de la salud que atienden a los enfermos de Covid-19 serán los primeros en recibirla, confirmó.

Luego de recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó los contactos con los gobiernos y las farmacéuticas que desarrollan las vacunas para que el país las tenga cuando estén listas, e incluso que aquí se realicen los ensayos clínicos de fase 3, aseguró que en el país habrá acceso universal y gratuito a los biológicos y se logrará al ritmo que lo hagan las naciones desarrolladas.

En cuanto al comportamiento de la pandemia, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, informó que entre lunes y martes se confirmaron 8 mil 819 nuevos casos, con lo que el registro acumulado llegó a un millón 122 mil 362. También se agregaron 825 defunciones, para un total, hasta ayer, de 106 mil 765.

No se reducirá el período de la veda del mero como piden los pescadores para el año próximo, pero sí se ampliará la temporada de pesca del pulpo, al menos 16 días más, así que concluirá el día 31 próximo, informó ayer Mauro Cristales Márquez, nuevo coordinador estatal de atención a programas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Yucatán.

Según informó, el viernes pasado se convocó a una reunión extraordinaria del Comité Consultivo de la Pesquería de Pulpo y Mero para atender la solicitud de los pescadores yucatecos en el sentido de que se ampliaran las temporadas de ambas especies marinas, considerando que en ambos casos se avecinan sus respectivas vedas anuales.

Cristales Márquez dijo que basaron su solicitud en las afectaciones que tuvieron este año porque no se les permitió salir a pescar a causa de las tormentas y el huracán.

Veda Período

Los pescadores pedían que se extienda un mes más la captura del mero.

No se aprobó

La veda de esta pesquería será todo febrero y marzo.

El pulpo

La temporada debería terminar el día 15; ahora será el 31. La veda empezará el 1 de enero de 2021.

Sin embargo algunos hombres de mar, consideran que poco o nada se podrá hacer con esta medida, ya que si bien se extiende la temporada igual es verdad que el frio aleja al molusco que busca agua templadas por lo que no se espera un repunte con esta pesquería aunado a que ya se anunció a nivel federal que se espera un repunte para el 2021 por el COVID

El tipo de cambio comenzó la primera sesión de diciembre con una apreciación de 0.40 por ciento u 8 centavos al cotizar a 20.10 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar, con el peso ubicándose como la novena divisa con mayor avance.

Según analistas, la debilidad del dólar es consecuencia de un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales.

El mayor optimismo es debido a que Pfizer y BioNTech solicitaron la aprobación para el uso de su vacuna en Europa.

De acuerdo a la Comisión Europea, es probable que las primeras vacunas estén disponibles a finales de diciembre, ya que cuentan con 2 mil millones de dosis compradas.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.05 y 20.20 pesos por dólar.

En este contexto, la Bolsa Mexicana de Valores abrió con una ganancia de 0.98 por ciento.

Luego de una semana de negociaciones, la iniciativa privada y el gobierno siguen sin alcanzar un acuerdo en materia de subcontratación laboral o outsourcing, por lo que, informó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las pláticas continuarán.

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el líder empresarial detalló que las negociaciones seguirán a lo largo de esta semana y se volverán a reunir con el mandatario este viernes.

“Todavía no estamos listos, aún no hay un acuerdo completo, faltan algunos temas sustanciales que espero estén terminados en la semana. Nos dimos unos días más”, dijo Salazar al salir de la reunión.

Señaló que el sector empresarial está optimista porque hay avances; sin embargo, no quiso detallar los puntos que están trabando las negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno en cuanto a subcontratación laboral.

El 12 de noviembre, el gobierno federal presentó la iniciativa para modificar las leyes de subcontratación, ante lo cual los empresarios se dijeron engañados, pues no se les tomó en cuenta a pesar de que había un acuerdo para analizar el tema de manera conjunta.

El Presidente los citó el lunes de la semana pasada y acordaron que los involucrados llevarían a cabo mesas de trabajo, para que ayer se llegara a una conclusión.

Por su parte, al salir de la reunión de anoche, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, indicó que uno de los puntos acordados es eliminar el insourcing, es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas.

En tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, afirmó que a través de las reuniones con el Presidente se ha ido avanzando en la legislación, “claro que va a salir una nueva ley”, aunque aún falta detallar aspectos.

Ayer por la mañana, el presidente López Obrador anunció que continuarán con la revisión total de la iniciativa y que el gobierno federal predicará con el ejemplo basificando al personal que estaba contratado bajo la figura del outsourcing.

–¿Sí son estos 500 mil trabajadores del gobierno?

–No tengo el dato exacto, porque en el caso de los maestros, en dos años ya llevamos regularizados a cerca de 400 mil. Tenemos el compromiso de hacer lo mismo con los trabajadores de la salud, que hay un poco más de 80 mil empleados eventuales o por contratos.

En la conferencia del mandatario, al presentar un nuevo paquete de inversiones privadas, Salazar confió en alcanzar un acuerdo. Aseguró que el sector está en contra de aquellas compañías que, bajo cualquier fórmula, abusen del trabajador y limiten sus prestaciones. Acotó que el acuerdo debe contener respuestas a las preocupaciones empresariales que pugnan por mantener márgenes de flexibilidad que les permitan mantener la competitividad con otras empresas en el mundo.

La regulación del outsourcing, dijo Salazar, debe “permitirnos tener la capacidad de modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo a la demanda y a la oferta, puedan ser escuchadas, como lo están siendo, y podamos entonces conducir a una solución que evite los problemas”.

–¿Las sanciones que vienen contempladas en la iniciativa de subcontratación le parecen excesivas?

–Siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no nos tenemos que preocupar de las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles, que podrían llevar a una persona hasta la cadena perpetua y no nos preocupamos de eso, porque al final el 99.99 por ciento de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no andamos pensando en la sanción.

El presidente electo, Joe Biden, presentó ayer a su equipo económico, un regreso al futuro con veteranos centroliberales de previas administraciones demócratas pero cuya experiencia tranquiliza a la cúpula económica, mientras el presidente Donald Trump continúa construyendo una realidad paralela en la cual él ganó la elección.

Biden anunció a su equipo económico que tomará las riendas en medio de una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, encabezado por Janet Yellen como próxima secretaria del Tesoro, la primera mujer en ocupar ese puesto. Yellen, cuyo nombre ya había sido anunciado de manera informal, es economista laboral y ex jefa del banco central, la Reserva Federal.

Los otros integrantes encargados de formular la política económica del próximo gobierno incluyen a Cecilia Rouse, economista laboral de la Universidad de Princeton, quien será jefa del Consejo de Asesores Económicos; antes trabajó en los gobiernos de Barack Obama y de Bill Clinton, y será la primera afroestadunidense en ocupar el puesto. Los otros dos integrantes serán Jared Bernstein, asesor de Biden cuando era vicepresidente y antes integrante del centro de investigaciones liberal, Economic Policy Institute, y Heather Boushey, quien fue asesora de Hillary Clinton en 2016.

Otros nombrados son Adewale Adeyemo, asesor de economía internacional en el gobierno de Obama, pero aún más importante, asesor político de BlackRock, la empresa financiera privada más grande del país; Brian Deese, asesor económico del gobierno de Obama, será jefe del Consejo Económico Nacional, y Neera Tanden, ahora jefa del Center for American Progress (fundado por el equipo de Clinton), será directora de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), la primera mujer y persona de color en el puesto, y figura que ha provocado el rechazo tanto de republicanos como de progresistas por sus posiciones.

“Este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el Covid-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía”, declaró Biden.

Aunque el gabinete y los asesores del gobierno en formación (Biden anunció al equipo de política exterior y seguridad la semana pasada con la excepción de Defensa) están haciendo historia por su diversidad –la primera mujer y persona de color como vicepresidenta, el primer latino e inmigrante como secretario de Seguridad Interna, etcétera–, casi todos son veteranos de la cúpula política, o sea, por ahora no hay nadie que provoque gran controversia por ser “externo” y aún menos izquierdista.

Existe una pugna interna en el partido entre “centristas” y progresistas que se ha intensificado durante la época de Trump, y por ahora todo indica que Biden está buscando una ruta supuestamente “segura” y cautelosa al avanzar para enfrentar las múltiples crisis de la pandemia, la economía y las demandas por la justicia racial y abordar el cambio climático, las cuatro prioridades identificadas por Biden y Harris al asumir el Poder Ejecutivo el 20 de enero.

Biden y su equipo continúan con sus tareas de transición, entre ellas recibir por primera vez los informes diarios clasificados sobre seguridad nacional y hablando con mandatarios y otros líderes. Según su equipo de transición, Biden habló ayer por teléfono, por separado, con los presidentes Alberto Fernández, de Argentina; Carlos Alvarado, de Costa Rica, y Uhuro Kenyatta, de Kenya, así como con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quienes agradeció sus felicitaciones.

Por su lado, Trump continúa acusando a casi todos los que no están dispuestos a subordinarse a sus deseos de ser parte del complot para robarle la elección, incluyendo ahora al gobernador y secretario de estado de Georgia, ambos republicanos, por no actuar en contra de un inexistente fraude. El gobernador Brian Kemp declaró ayer que no estaba dispuesto a interferir en el proceso electoral de su estado tal como desea el presidente, en parte porque sería ilegal.

Trump proclamó en tuit: “no estoy luchando por mí, estoy luchando por los 74 millones de personas que votaron por mí”, y reiteró, sin ninguna evidencia, que muchos votos más favorables a él fueron descartados.

Pero cada día hay más derrotas a su estrategia de frenar el conteo y descalificar el voto en estados claves que determinaron esta elección y su derrota. Ayer dos estados más certificaron sus resultados, Arizona (gobernado por republicanos) y Wisconsin.

De hecho, la campaña de Trump ha fracasado en su lucha por frenar la certificación del voto en los seis estados claves en que lo ha intentado. Pero a pesar de ello, ha continuado en su esfuerzo para descarrilar el proceso con todo tipo de acusaciones y fabricaciones.

En un artículo de opinión publicado ayer en el Wall Street Journal, el ejecutivo en jefe de la empresa Dominion, fabricante de las maquinas para votar, respondió con furia a “mentiras y calumnias” de Trump y sus aliados que aseguran que éstas fueron parte del gran operativo del fraude. Denunció que las acusaciones han llevado al hostigamiento de sus empleados, hasta amenazas de muerte, y que “hacen daño real a nuestra democracia al provocar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral”.

Respondiendo a las acusaciones “extrañas” de Trump y sus abogados, afirmó que su empresa es estadunidense y que “Dominion no es ni jamás fue un frente para comunistas. No tiene vínculos con Hugo Chávez… nunca ha estado involucrada en las elecciones venezolanas” y no hay ningún programa para cambiar los votos.

El 14 de diciembre se realizará la votación en el Colegio Electoral. El conteo formal se realizará el 6 de enero por el Congreso federal. Con cada paso, la estrategia de Trump es continuar generando dudas sobre la legitimidad del proceso, incluyendo el gobierno de Biden, todo parte de un intento sin precedente de anular el proceso democrático en este país.

Da miedo cuando los maestros del miedo expresan alarma. “La insistencia de Trump de que ganó es escalofriante. El presidente de Estados Unidos, con acceso a los códigos nucleares, está viviendo en un mundo de fantasía”, tuiteó uno de los maestros de la literatura del horror, Stephen King.

Hasta octubre, los 50 bancos que operan en el país reportaron ganancias por 93 mil millones de pesos, cifra 33.8 por ciento más baja con respecto al mismo mes de 2019, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se trata del décimo mes consecutivo en que las utilidades de los bancos son menores a las del año previo.

De acuerdo con el organismo regulador, hasta el décimo mes del año, el saldo de la cartera de crédito vigente se situó en cinco billones 304 mil millones de pesos, cantidad 1.9 por ciento menor con respecto al mismo periodo del año pasado.

De forma desagregada, el saldo vigente en el segmento de consumo alcanzó un monto de 961 mil millones de pesos, monto 10.9 por ciento menor en comparación a octubre del año previo.

El portafolio de tarjetas de crédito alcanzó un monto de 361 mil millones de pesos, cantidad 12.5 por ciento más baja con respecto a igual mes del año pasado.

A su vez, en créditos personales, el saldo vigente llegó a 168 mil millones, lo que representó una disminución de 19.5 por ciento en comparación con octubre de 2019.

En financiamientos otorgados por la vía de nómina, la cartera llegó a un monto de 253 mil millones de pesos, cantidad 5.8 por ciento menor con respecto al año pasado.

En el segmento de créditos otorgados para la adquisición de bienes de consumo duradero, el saldo vigente de la cartera llegó a 163 mil millones de pesos, monto 1.7 por ciento menor si se compara con octubre del año pasado.

Morosidad en niveles estables

De acuerdo con el organismo regulador, hasta el mes de octubre la morosidad se mantiene en niveles bajos. Con respecto a la cartera total, el índice de morosidad se situó en 2.13 por ciento, lo que representó una disminución de 0.14 puntos porcentuales.

En el segmento de consumo, el índice de impago fue de 4.01 por ciento, 0.47 puntos porcentuales menos con respecto a octubre de 2019. En tarjetas de crédito, el índice de morosidad fue de 4.88 por ciento, baja de 0.39 puntos porcentuales.

El saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se ubicó al cierre de octubre en 206 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 12.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Para el portafolio de consumo, las reservas fueron por 90 mil millones de pesos, cifra 12.3 por ciento menor con relación a igual mes de 2019.

La pandemia de Covid-19 marcó el segundo año de gobierno. La escalada –que aún no termina– de enfermos y fallecidos trastocó sensiblemente la prestación de los servicios médicos que al inicio de 2020 se preparaban para el cambio impulsado con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El objetivo principal es garantizar la atención y medicamentos gratuitos para las personas que están fuera de la seguridad social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a partir del primero de diciembre las personas tendrán este beneficio. Con ese fin, ayer por la tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se determina la exención en el pago de servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud que dependen de esa instancia federal.

Tal exención aplica para los seis niveles socioeconómicos existentes, aunque el documento no menciona nada sobre los medicamentos, que también deberán ser gratuitos.

El resto de centros de salud y hospitales generales que operan en el país continúan bajo la administración de los gobiernos estatales, por lo que la gratuidad de los servicios será cuando se concrete la incorporación de los estados al Insabi.

Esto es así porque, aunque la mayoría de las entidades suscribieron el acuerdo de adhesión y aceptaron transferir la responsabilidad de la prestación de servicios a la Federación, el proceso se complicó por cuestiones administrativas y con la pandemia de plano se detuvo.

Aparte están los nueve estados de la República cuyos gobernadores rechazaron adherirse al Insabi por considerar que no representaba ningún beneficio para sus ciudadanos. Éstos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

Esa oposición continuó durante la emergencia sanitaria con críticas al manejo que le ha dado la Federación, incluso algunos mandatarios han aplicado medidas diferentes a las que se dictan desde el nivel central. Entre los asuntos que han generado polémica está el uso del cubrebocas, que en algunos estados es obligatorio. Mientras, las autoridades federales han mantenido la postura contraria e incluso de reserva sobre la eficacia del aditamento para controlar la pandemia.

Otra acción criticada desde diversos sectores ha sido lo que se considera un número reducido de pruebas de diagnóstico del virus SARS-CoV-2, pues no se realizan de manera masiva.

En tanto, el Plan Nacional de Salud plantea dar prioridad a la atención primaria, esto es, a nivel comunitario, con la finalidad de que la prevención de enfermedades sea una realidad y de esa manera incidir en el impacto que actualmente tienen males como el sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión.

Por la pandemia, la Ssa puso en marcha una estrategia en comunidades para buscar personas con síntomas de Covid-19 y/o con factores de riesgo para presentar complicaciones graves por la infección. No obstante, sigue pendiente resolver las carencias en los centros de salud, identificadas desde el inicio de la administración, y hasta ahora no se ha informado sobre el presupuesto que se dispondrá para este fin, sobre todo luego de que 40 mil millones de pesos del antiguo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se utilizaron para hacer frente a la pandemia.

Otro asunto que la Cuarta Transformación no ha resuelto es el abasto de medicamentos y material de curación. Debido a las fallas de la compra consolidada realizada en 2019 y luego del veto presidencial a las empresas distribuidoras por considerar que eran monopolios, en este año se optó por recurrir a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

La carencia de medicinas ha sido una constante para los enfermos, aunque los más visibles han sido los padres de niños con cáncer.

Hasta hoy, Unops no ha iniciado la compra formalmente.

La pandemia de Covid-19 en México será larga, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Al menos hasta enero de 2021 tendrá una fase de crecimiento”.

De ahí la necesidad de las acciones comunitarias que se deben realizar en cada entidad y municipio con la finalidad de frenar los contagios.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología informó que entre domingo y lunes se confirmaron 6 mil 472 casos de la enfermedad, con lo cual el registro nacional llegó a un millón 113 mil 543. También se sumaron 285 defunciones para un acumulado de 105 mil 940.

El funcionario resaltó que tal como se anticipó hace unos días, la tendencia de los casos confirmados hasta la semana epidemiológica 47 (del 15 al 21 de noviembre) refleja un incremento de 7 por ciento con respecto a la semana previa.

En tanto, el subsecretario López-Gatell insistió en exhortar a la población a que evite asistir a reuniones y fiestas. La epidemia no ha terminado y las medidas de prevención son las mismas mientras no haya un tratamiento específico o una vacuna contra el virus. Las personas deben mantener la sana distancia, realizar el lavado constante de manos y usar el cubrebocas “particularmente en espacios cerrados donde no es posible que la gente conserve la distancia”.

El funcionario también se refirió al acuerdo de la Secretaría de Salud publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre la gratuidad de servicios en hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud y puntualizó que sólo aplica para los usuarios que carecen de acceso a la seguridad social, quienes hasta hoy han pagado cuotas de recuperación.

Explicó que el acuerdo es resultado del trabajo de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae) y Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quienes concluyeron que para los nosocomios las cuotas de recuperación representan “un ingreso menor”, mientras que para los pacientes puede ser una barrera importante de acceso.

Existen personas sin recursos económicos que no acuden a los hospitales porque no tienen con qué pagar, sostuvo y ratificó que en su momento habrá que cambiar la ley de los institutos de salud con la finalidad de eliminar las cuotas de recuperación.

Sobre los servicios estatales de salud, recordó que está vigente la descentralización, por lo que son responsabilidad de los gobiernos de los estados y ahí no aplica la gratuidad. Sólo en la Ciudad de México, los usuarios no pagan nada desde hace varios años.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, del Inegi, publicado el 21 de octubre, que reúne toda la información sobre la efectividad de esas dependencias en el país, con información de 2019, no incluye la correspondiente a Yucatán y Morelos.

Estos dos estados fueron los únicos en toda la República que simplemente se negaron a responder a tiempo el cuestionario del Inegi.

Este censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente sobre el número de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación levantada por entidad.

También, las determinaciones y conclusiones efectuadas en esas investigaciones, así como información sobre los delitos registrados en las averiguaciones, el número de las víctimas y de inculpados o imputados en las carpetas de investigación.

No se conocen las causas de por qué la Fiscalía yucateca se abstuvo de entregar la información al Inegi en 2019, aunque, por el contrario, el gobierno del estado intentó esconder estos hechos.

Como se sabe, Cetina Arjona tomó posesión como titular de la Fiscalía el 30 de octubre de 2018 y renunció el 8 de noviembre, en medio de un gran escándalo sobre su presunto apoyo a empresarios acusados de actos delictuosos y de varias grabaciones con su voz, en las que revela su concepción del trabajo de fiscal: “la oportunidad de hacer mucha lana”.

En su momento la Secretaria General de Gobierno, Licda. María Fritz Sierra, afirmó referente al trabajo de la Fiscalía General del Estado: “Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la Fiscalía, como institución, obtuvo la mejor calificación entre las 32 fiscalías estatales de acuerdo con el reporte de la organización Impunidad Cero, lo que la mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional”.

Además, dijo, que “hemos avanzado en transparencia y rendición de cuentas, que son las herramientas que han demostrado ser las más eficaces para combatir los actos de corrupción. El combate a la corrupción es tarea de todos los días, sin tregua, en todo Yucatán”.

Lo que la Licda. Fritz Sierra no precisó es por qué sí se presumía de transparencia en la Fiscalía, Cetina Arjona no entregó la información necesaria al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.

La funcionaria tampoco dijo que el documento de Impunidad Cero —“Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”— se basa en información oficial de 2017 y 2018, es decir, de antes del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

Lo que sí es un dato objetivo es el reportado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2019, del Inegi, según la cual en ese año la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción de las autoridades de seguridad y de justicia en Yucatán en la población de 18 años y más, coloca al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado en el segundo lugar de la lista de entidades peor calificadas, con un porcentaje de 60.8%.

En primer lugar quedaron los jueces, con 64.9% y en tercer lugar la Fiscalía General de la República (antes PGR), con 59.5% de opiniones desfavorables.

Para conocer específicamente estos datos —la percepción de corrupción en las dependencias de seguridad y justicia— el Inegi realizó la encuesta respectiva entre marzo y abril de 2019, es decir, seis meses después del ascenso de Cetina Arjona a la Fiscalía.

En la Envipe de 2018, esta dependencia y el Ministerio Público ocuparon el cuarto lugar entre las oficinas peor evaluadas, con el 59.7% de los encuestados. Ese año, el primer lugar lo ocupó otra vez los jueces (65.3%), el segundo lugar la Policía de Tránsito (62.1% ) y el tercer sitio la policía estatal (59.8%).

Otro hecho incontrovertible respecto al estado de la procuración de justicia en Yucatán es el alto número de delitos que se cometen y que no se denuncian.

De acuerdo con la Envipe de 2019, que maneja datos de 2018, de cada cien delitos que se cometen en el estado, apenas el 10.5% se denuncia. El resto, 89.1%, no llega al escritorio del Ministerio Público. El 0.3% no se conoce la causa.

La principal razón de la no denuncia es el miedo a la extorsión por parte de las autoridades, la desconfianza hacia éstas y la creencia de que denunciar es una pérdida de tiempo y un trámite muy largo.

De ese 10.5% de los delitos que sí se denuncian, solo en el 71% se abre una carpeta de investigación, aunque en la gran mayoría de los casos no pasa nada con esto o la carpeta se mantiene mucho tiempo “en trámite”, sin llegar a algún lado.