Concesionarios del sistema de transporte Va y Ven advirtieron sobre una posible suspensión del servicio en Yucatán debido a un adeudo acumulado de 189 millones de pesos por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), situación que, aseguraron, mantiene al sector en una severa crisis financiera.
Representantes de las 14 empresas concesionarias acudieron este jueves al Palacio de Gobierno para solicitar una reunión urgente con el gobernador Joaquín Díaz Mena, ante la falta de pagos que, según denunciaron, ya afecta la operación diaria del sistema.
Raymundo Vargas León, consejero de la Unión de Camioneros de Yucatán, explicó que el retraso en los depósitos alcanza ya los 45 días, provocando complicaciones para cubrir gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de unidades y pagos a proveedores.
“El incremento del diésel terminó por agravar la situación. Hay talleres detenidos, adeudos pendientes y reservas técnicas paralizadas por falta de recursos”, señaló.
Por su parte, David Quintal Medina, presidente de Circuito Metropolitano, afirmó que la situación financiera de la ATY refleja problemas de insolvencia que vienen arrastrándose desde 2025, año en el que —dijo— quedaron pendientes compromisos por alrededor de 750 millones de pesos.
El empresario también cuestionó las cifras oficiales sobre la demanda del servicio, al asegurar que diariamente el sistema moviliza a más de 450 mil pasajeros, cifra superior a los 110 mil usuarios reportados por autoridades.
Los concesionarios añadieron que la tarifa de 31 pesos por kilómetro recorrido permanece congelada desde hace casi cuatro años, pese al aumento en costos operativos, refacciones y prestaciones laborales.
De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, alrededor de 370 mil usuarios podrían verse afectados en las 105 rutas que actualmente operan con cerca de 550 autobuses del sistema Va y Ven.
Gobierno asegura continuidad del servicio
Tras el encuentro con los transportistas, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo Castro Alcocer, descartó que exista riesgo de suspensión del servicio y aseguró que el Gobierno del Estado trabaja en mecanismos financieros para atender el conflicto.
El funcionario sostuvo que se mantendrá la tarifa social y afirmó que las diferencias técnicas y administrativas serán resueltas sin afectar a la ciudadanía.
Más tarde, la Agencia de Transporte de Yucatán informó mediante un comunicado que continuará privilegiando el diálogo con las empresas concesionarias y adelantó que la próxima semana se instalará una Junta Directiva derivada de la reciente reforma a la Ley de la ATY.
