A poco más de un año de haber iniciado la actual administración estatal, la percepción ciudadana sobre el gobierno morenista muestra señales de desgaste. De acuerdo con la más reciente medición de Consulta Mitofsky correspondiente a enero de 2026, el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena registra más opiniones negativas que positivas entre la población yucateca.

Según el estudio, solo el 47.8% de los encuestados aprueba su gestión, mientras que el 51.7% la desaprueba, una diferencia que marca un balance desfavorable para el mandatario. Un 0.5% declaró no tener opinión.

Caída sostenida y retroceso en el ranking nacional

El informe también ubica a Díaz Mena en el lugar 22 a nivel nacional, lo que representa un descenso respecto a meses anteriores y lo coloca en la zona media-baja del desempeño gubernamental entre las entidades del país.

La serie histórica presentada por la encuestadora muestra fluctuaciones durante 2025, pero con una tendencia reciente a la baja que culmina en el arranque de 2026 con el peor posicionamiento desde que asumió el cargo.

Analistas señalan que este tipo de evaluaciones suelen reflejar factores como percepción de seguridad, desempeño económico, servicios públicos y cumplimiento de promesas de campaña.

Descontento interno y percepción de cambio incumplido

En el ámbito político local, la desaprobación ocurre en medio de críticas de sectores sociales y de bases morenistas que cuestionan decisiones del gobierno estatal, incluyendo nombramientos de perfiles provenientes de partidos tradicionales y ajustes dentro de la administración pública.

Para simpatizantes del movimiento, el resultado podría interpretarse como un desgaste prematuro; para la oposición, como evidencia de que la promesa de transformación no se ha materializado.

Morena enfrenta su primera prueba de popularidad en Yucatán

La encuesta adquiere especial relevancia al tratarse del primer gobierno estatal encabezado por Morena en la entidad. Expertos advierten que una desaprobación mayoritaria a tan corta distancia del inicio del sexenio podría impactar procesos electorales futuros, especialmente si no se revierte la tendencia.

Por ahora, los datos de Mitofsky reflejan un escenario claro: en Yucatán, la percepción ciudadana hacia el gobierno estatal se encuentra dividida, pero con predominio de la inconformidad.

A poco más de un año del relevo político estatal, crece la inconformidad dentro de las bases de Morena ante lo que describen como una “colonización silenciosa” de espacios de poder por parte de políticos con pasado priista, mientras militantes históricos quedan relegados o renuncian ante la falta de oportunidades.

Y es que, en Yucatán, el tiempo para mover las bases de Morena, por la vieja fuerza del PRI, se da tan solo a un año de la administración de Huacho Diaz Mena. Y es que la purga dentro de los “fundadores”, comenzó con la cantante de Kabah y es ex titular de la SDS. Dejando en claro que dentro de Morena, no se sabe cómo actuar, y por eso están recurriendo nuevamente a los viejos corruptos del PRI.

Diversas fuentes internas señalan que el gabinete ampliado, direcciones estratégicas y organismos descentralizados han sido ocupados progresivamente por perfiles provenientes del antiguo régimen, muchos de ellos con trayectorias vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ahora operan bajo las siglas guinda.

Entre los casos que más inconformidad provocan dentro del morenismo yucateco destacan figuras con trayectoria consolidada en el priismo:
• Francisco Torres Rivas, ex funcionario estatal durante gobiernos del PRI y operador político cercano a estructuras tradicionales, hoy señalado como parte de la nueva red de poder.
• Mauricio Sahuí Rivero, ex candidato del PRI a la gubernatura en 2018 y figura emblemática del grupo político que dominó la administración estatal durante años.
• Liborio Vidal Aguilar, con una larga carrera en el PRI, incluyendo diputaciones federales y cargos partidistas relevantes. 

Estos perfiles, según críticos internos, representan exactamente lo que Morena prometió desplazar: las élites políticas tradicionales recicladas en nuevos proyectos.

Militantes fundadores denuncian que varios cuadros cercanos al movimiento han sido empujados a dimitir o marginados mediante cambios administrativos, falta de presupuesto o reestructuraciones internas.

Aunque muchas salidas no se anuncian públicamente como “renuncias políticas”, en la práctica implican pérdida de influencia y sustitución por perfiles externos al movimiento.

El fenómeno es descrito por analistas como una “transición de control”, donde el poder real se reorganiza sin confrontación abierta, pero con efectos profundos en la toma de decisiones.

Expertos señalan que los gobiernos suelen incorporar perfiles experimentados para garantizar gobernabilidad, pero advierten que en Yucatán el fenómeno adquiere tintes políticos delicados.

El argumento oficial suele centrarse en la “capacidad técnica” o la “experiencia administrativa”, pero críticos sostienen que se trata de operadores con redes clientelares consolidadas, útiles para control territorial y electoral.

Dentro de Morena crece la percepción de que el proyecto local se aleja de sus bases sociales y se acerca a acuerdos con grupos tradicionales.

Militantes consultados señalan tres riesgos principales:
• Desmovilización de simpatizantes históricos
• Conflictos internos rumbo a futuras candidaturas
• Pérdida de identidad ideológica del movimiento

“Morena gobierna, pero el PRI opera”

La frase se repite cada vez con mayor frecuencia en círculos políticos locales. Para algunos, describe un pragmatismo necesario; para otros, una traición a la narrativa de transformación.

Lo cierto es que el reacomodo de élites políticas en Yucatán está lejos de terminar. Con procesos electorales en el horizonte, la disputa por posiciones estratégicas apenas comienza.

Y es que a raíz de la renuncia de Geovanna Campos, quien fungía como figura clave dentro de Morena, se suma al de Rogerio Castro Vázquez como delegado federal de Bienestar, también por “motivos personales” y de la directora de los Cines Siglo XXI, Aylin Alcántara.

Esta misma semana presentó su renuncia el Dr. Hilario Leoncio Vélez Merino al cargo de director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

Antes renunció Fanny Caraveo Peralta como titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán (Secogey).
Se recuerda la renuncia de Wendy Aguayo Romero, en la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado; la de
Mario Sánchez Cruz fue destituido como director general del Sistema Tele Yucatán el 3 de diciembre de 2025; Jorge Pérez Zamudio, como asesor de comunicación social; y, de Mario Sánchez, como director de Sistema Tele Yucatán SA de CV.
También renunció Rafael Hernández Kotasek como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), posteriormente la de Marco Antonio González Canto, director de transporte y José Eduardo Rodríguez Acosta, jefe de asuntos foráneos.
Igualmente fue destituida la directora del Instituto Tecnológico Superior Progreso, Gladys Sugely Manzano Alvarado.

Y es que, todavía falta ver si se concreta la “renuncia”, de Juan Balam, titular de SEGEY, así como de Brenda Sanchez, quien funge hasta ahora como titular de IMER, y quien era figura clave dentro de los grupos de morenistas mujeres

Trabajadores y extrabajadores de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas durante la gestión de Marx Arriaga al frente del área.

De acuerdo con una publicación del diario El Universal, los señalamientos involucran al ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, quien habría operado diversos esquemas al interior de la dependencia, supuestamente con respaldo del entonces titular.

Señalamientos sobre depósitos y “moches”

Según los testimonios recabados, los recursos obtenidos mediante presuntas gestiones irregulares no permanecían en la institución, sino que eran depositados en la cuenta bancaria de Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, identificado como pareja sentimental de Loaiza Escalona.

En una solicitud de intervención dirigida a la oficina de Estefanía Chávez Huerta, se expuso la existencia de supuestos “aviadores” —personas que cobraban sin desempeñar funciones— que habrían ingresado por recomendación directa del funcionario señalado.

Tras detectarse depósitos a la cuenta referida, algunas personas fueron señaladas como presuntas cómplices. No obstante, una trabajadora aseguró que actuó con conocimiento y autorización de la Dirección General.

Ambiente laboral bajo presión

El escrito también describe un entorno laboral marcado por intimidación, acoso y presuntas conductas coercitivas para impedir cuestionamientos internos. Se menciona la existencia de folios de investigación, como el 68198/2025, relacionados con conductas violentas atribuidas a Loaiza Escalona.

De acuerdo con los denunciantes, este contexto habría facilitado la práctica de los llamados “moches” dentro del área de Materiales Educativos.

Solicitud de protección e investigación

La petición formal fue presentada por Omar Guadarrama, entonces trabajador de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, quien afirmó haber sido señalado como partícipe en los presuntos cobros irregulares con el objetivo de forzar su salida.

Guadarrama solicitó orientación y medidas de protección para evitar represalias, además de manifestar su disposición para colaborar con la investigación que, en su caso, llevaría a cabo el Órgano Interno de Control de la SEP.

Presuntas órdenes para solicitar recursos

En un segundo documento entregado el 23 de septiembre de 2025 a la Subsecretaría de Educación Básica, el denunciante afirmó que Loaiza Escalona instruía solicitar dinero para supuestos trámites como dictámenes de braille, permisos para un sitio web antiplagio y visitas a escuelas multigrado.

Según el testimonio, estos recursos habrían sido obtenidos de salarios correspondientes a personal que no laboró durante determinados meses, y dichas prácticas —señaló— eran del conocimiento y contaban con la aprobación del entonces titular del área.

La división interna en la fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Mérida se ha intensificado en las últimas semanas, evidenciando una ruptura que, según diversas versiones, ya opera como dos bloques diferenciados dentro del cabildo capitalino.

Tres regidores se desmarcan del resto

El distanciamiento se hizo visible cuando tres ediles —de entre 20 y 30 años— comenzaron a difundir en redes sociales sus actividades de manera independiente, sin coordinación con el resto de sus compañeros de bancada.

Los regidores señalados son Diego Carrera, presunto nuevo coordinador; Adrián Gorocica Rojas y Georgina Piña, quienes incluso crearon una cuenta denominada “Regeneración Yucatán” para comunicar acciones que —según sus publicaciones— realizan en beneficio de la ciudadanía meridana.

Una rueda de prensa que detonó el conflicto

El punto de quiebre habría sido una rueda de prensa convocada a título personal por Gorocica Rojas y sus aliados, a la que no se invitó oficialmente a los demás integrantes de la bancada.

El evento fue ampliamente cuestionado debido a la selección de medios convocados y a la grabación de periodistas sin consentimiento, particularmente de aquellos que formularon preguntas incómodas. Diversos observadores calificaron el acto como desorganizado y políticamente contraproducente.

Regidores experimentados, relegados

La situación ha generado interrogantes sobre el papel de los otros integrantes del grupo morenista en el cabildo, entre ellos Denisse Pérez Rodríguez, conocida como “la regidora del pueblo”; Berenice Rivera y José Peniche Marenco, líder del sindicato CATEM.

Todos ellos —con mayor trayectoria política y edad superior a los 40 años— no habrían sido considerados en decisiones recientes ni en la designación de un eventual nuevo coordinador, lo que alimenta la percepción de exclusión interna.

Falta de diálogo y liderazgo

Fuentes cercanas al partido señalan que el problema central es la ausencia de comunicación efectiva entre los regidores, situación descrita como un “teléfono descompuesto” que se agrava conforme avanza la administración municipal.

A casi la mitad del periodo de gobierno en Mérida, la imagen pública de la bancada aparece debilitada, pese al trabajo individual de algunos de sus integrantes.

Un presunto caso de crueldad animal ha provocado una ola de indignación en redes sociales y ha puesto bajo escrutinio público las condiciones de la cárcel municipal de este municipio yucateco, luego de que una perrita fuera confinada durante varios días en una celda destinada a detenidos.

La denuncia fue difundida por la usuaria Damaris Gemina Basto, quien solicitó ayuda urgente para visibilizar la situación. En su publicación, aseguró que el animal se encuentra esterilizado, no mostró conducta agresiva al ser capturado y permanece encerrado en un espacio insalubre, rodeado de orina y suciedad acumulada.

“Por favor alguien que me pueda ayudar para una transmisión, a esta perrita la tienen encerrada en una celda… ya se habló con los policías y con el presidente, pero hacen caso omiso. Lleva varios días ahí… ese lugar apesta, hay orina de gente que han encerrado”, escribió.

Celda en condiciones “infrahumanas”

Las imágenes difundidas muestran un espacio reducido, oscuro y con evidentes problemas de higiene, lo que ha generado comparaciones con escenarios carcelarios extremos, similares a los retratados en la película El Conde de Montecristo. Usuarios calificaron el sitio como “indigno” tanto para personas como para animales.

Activistas y ciudadanos señalaron que el confinamiento prolongado del animal podría constituir maltrato, además de evidenciar fallas estructurales en el sistema de detención municipal.

Señalamientos contra autoridades municipales

La situación también ha derivado en críticas hacia el alcalde priísta Pablo Alejandro Cutz Domínguez, a quien denunciantes acusan de ignorar las peticiones para liberar al animal y atender las condiciones del inmueble.

De acuerdo con testimonios difundidos en línea, pese a que vecinos acudieron personalmente a solicitar su liberación, la perrita continúa retenida bajo el argumento de que sería agresiva, versión que los denunciantes rechazan.

Debate sobre derechos animales y condiciones carcelarias

El caso ha reavivado el debate sobre la protección animal en municipios pequeños y sobre la situación de las cárceles municipales en Yucatán, muchas de las cuales operan con recursos limitados y sin supervisión constante.

Organizaciones defensoras de animales señalan que los ayuntamientos tienen la obligación de canalizar a los animales a centros de control canino o refugios adecuados, no a instalaciones penales.

Hasta el momento, autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre el caso, mientras crece la presión social para que la perrita sea liberada y trasladada a un lugar seguro, así como para que se revisen las condiciones de la cárcel local.

La decisión del legislador de Morena, Sergio Mayer, de pedir licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en el programa televisivo La Casa de los Famosos ha provocado una ola de críticas y reavivado el debate sobre la responsabilidad pública de los legisladores plurinominales.

Licencia legal, pero polémica

Mayer, quien ocupa una curul por la vía de representación proporcional —es decir, sin haber ganado una elección directa en las urnas— optó por separarse temporalmente de sus funciones legislativas para integrarse al reality show, una decisión que diversos sectores consideran cuestionable.

Aunque la figura de la licencia está contemplada dentro de la normativa parlamentaria mexicana, críticos señalan que el cargo implica obligaciones públicas que no deberían supeditarse a proyectos de entretenimiento o exposición mediática.

Cuestionamientos por el origen de la curul

El hecho de tratarse de un diputado plurinominal ha intensificado las críticas, pues este tipo de legisladores acceden al Congreso mediante listas partidistas y no por votación directa.

Para analistas y opositores, utilizar una licencia para participar en televisión refuerza la percepción de que algunas posiciones legislativas funcionan como plataformas de proyección personal más que como espacios de trabajo legislativo.

Suplente asumirá funciones

Mientras dure su ausencia, el diputado suplente será quien asuma las responsabilidades en la Cámara de Diputados, garantizando la continuidad formal de las labores parlamentarias.

Sin embargo, el caso ha abierto nuevamente la discusión sobre los alcances éticos del uso de licencias, así como sobre el compromiso que deben mantener los representantes populares —particularmente los plurinominales— frente al mandato ciudadano.

Debate sobre ética y representación

La polémica ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia la clase política y sus decisiones públicas. Para algunos, la participación en un reality show es un asunto personal; para otros, representa una señal de desconexión entre los legisladores y las necesidades del país.

Lo que comenzó como una jornada de celebración por el Carnaval terminó en tragedia en Chicxulub Puerto, comisaría del municipio de Progreso, donde una riña entre hermanos dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos habían acudido previamente a los festejos del Carnaval en Progreso y posteriormente continuaron la convivencia en un predio particular ubicado en la calle 19 entre 16 y 18 de Chicxulub Puerto.

Discusión que escaló a violencia

Ya entrada la noche y presuntamente bajo los efectos del alcohol, los hermanos comenzaron una fuerte discusión que derivó en un enfrentamiento físico. En medio del altercado, uno de ellos empujó al otro, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo.

La víctima se golpeó la cabeza de manera severa, quedando inconsciente de inmediato.

Confirman el fallecimiento

Al sitio acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), quienes tras valorar al lesionado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos policiacos acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, mientras personal ministerial inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

Detención del presunto responsable

Tras implementarse un operativo en la zona, trascendió que el presunto responsable fue localizado y detenido por las autoridades, quedando a disposición de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

El caso ha generado consternación entre vecinos de la comunidad costera, donde una noche de celebración terminó marcada por la violencia y el luto.

Organizaciones y colegios de abogados de Sinaloa interpusieron este 17 de febrero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien señalan por la presunta comisión de diversos delitos en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad.

Acusaciones por delitos graves

De acuerdo con los litigantes, agrupados en distintas asociaciones y federaciones de abogados del estado, la denuncia contempla posibles conductas como delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, encubrimiento y otras relacionadas con la administración de justicia.

Los promoventes solicitaron a la autoridad federal integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el mandatario estatal.

Contexto de violencia en la entidad

La acción legal se presenta en un escenario marcado por altos niveles de inseguridad en Sinaloa, situación que —según los denunciantes— evidenciaría presuntas omisiones graves por parte del gobierno estatal en materia de seguridad pública.

Los abogados sostienen que la falta de resultados frente a la violencia ha generado preocupación social y exige una revisión institucional de posibles responsabilidades.

Exigen investigación imparcial

Quienes impulsaron la denuncia subrayaron que su objetivo es que los hechos se esclarezcan conforme a derecho y con apego a la legalidad, sin consideraciones políticas.

Asimismo, advirtieron que darán seguimiento puntual al caso para verificar que las autoridades federales actúen con transparencia y dentro del marco jurídico.

Proceso apenas inicia

Hasta el momento, la presentación de la denuncia no implica culpabilidad, sino el inicio de un proceso de investigación en el que corresponderá a la FGR determinar si existen pruebas suficientes para judicializar el caso.

El desarrollo de esta indagatoria podría tener repercusiones políticas y jurídicas relevantes, en un contexto nacional donde la seguridad pública continúa siendo uno de los principales temas de preocupación ciudadana

Una acción realizada por la Secretaría de Jóvenes de Morena en Yucatán desató críticas en redes sociales y círculos políticos, luego de que difundieran un video donde se les observa pintando mobiliario urbano en un parque de Mérida como parte —según señalaron— de labores de “gestión” ciudadana.

El hecho fue interpretado por detractores como una muestra de “activismo superficial” que, aseguran, ignora problemáticas más urgentes como el desabasto de medicamentos, la falta de cirugías y las largas listas de espera en hospitales.

Señalamientos por “narcisismo digital”

Críticos calificaron la acción como un despliegue de protagonismo mediático, señalando que el grupo juvenil estaría priorizando la visibilidad en redes sociales sobre soluciones estructurales.

Mientras el video muestra a jóvenes pintando bancas y denunciando presunto abandono de espacios públicos, usuarios cuestionaron que el mensaje resulte contradictorio frente a las carencias que enfrentan miles de familias en materia de salud, empleo y bienestar.

“Activismo de utilería”, acusan

Diversas voces sostienen que pintar mobiliario urbano no constituye una política pública ni una solución de fondo, sino una medida simbólica que no atiende problemas estructurales.

Además, se señaló que la frase difundida por los propios participantes —“cuando la política se rige por el ego y no por las necesidades reales”— terminó por volverse en su contra, al considerar que la actividad responde más a una estrategia de posicionamiento que a un programa social concreto.

Prioridades bajo debate

Las críticas subrayan que, mientras se realizan este tipo de intervenciones estéticas, persisten dificultades en hospitales federales y estatales, donde pacientes enfrentan demoras prolongadas para consultas y procedimientos quirúrgicos.

Para sectores inconformes, estas problemáticas representan las verdaderas urgencias ciudadanas, muy por encima del mantenimiento cosmético de espacios públicos.

Parques como escenario político

Otro punto señalado es que los mismos espacios catalogados como “abandonados” suelen utilizarse para reuniones, eventos y actos partidistas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia del discurso.

Según analistas locales, si los parques se encontraran en condiciones críticas, difícilmente podrían albergar concentraciones públicas o actividades proselitistas.

El papel de la política juvenil

Especialistas en participación ciudadana consideran que los movimientos juveniles suelen ser semilleros de propuestas innovadoras para enfrentar desafíos como vivienda, empleo y salud. Por ello, advierten que reducir su acción pública a intervenciones simbólicas podría limitar su impacto real.

El debate continúa abierto entre quienes defienden estas acciones como trabajo comunitario válido y quienes las consideran una distracción frente a necesidades urgentes.

El divisionismo al interior de Morena en Campeche se agudiza, luego de que el exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, hiciera públicas severas críticas contra presuntos actos de precampaña adelantada dentro del propio movimiento.

A través de sus redes sociales, el también aspirante a la candidatura morenista por la Alcaldía de Ciudad del Carmen lanzó un mensaje directo y sin matices: cuestionó a quienes —según señaló— realizan promoción anticipada utilizando recursos públicos, y remató con una frase que encendió el debate interno: “Viva la democracia, aunque a algunos les estorbe”.

Señalamientos directos dentro del Gobierno Estatal

El mensaje fue interpretado como una clara alusión a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, y al vocero estatal Walther Patrón Bacab, así como a otros aspirantes que en fechas recientes han incrementado su presencia en actos públicos, incluidos eventos masivos como el Carnaval de Campeche, donde algunos han protagonizado los llamados “baños de pueblo”.

López Gamboa sostuvo que no está en contra de las campañas o precampañas, siempre y cuando se realicen dentro del marco legal. “Lo malo es hacerla antes de tiempo, jugando al ‘yo no fui’ mientras sacan ventaja como si la ley fuera sugerencia y no obligación”, escribió.

Críticas por uso de recursos públicos

Uno de los puntos más duros de su posicionamiento fue el señalamiento sobre el posible uso de recursos públicos con fines político-electorales.

“No se vale hacer precampaña con el dinero que debes administrar. El presupuesto no es caja chica, ni herencia familiar, ni ahorro personal para tus sueños políticos”, expresó, en un mensaje que dejó ver la tensión creciente entre grupos al interior del partido guinda.

“La gente ya no se deja engañar”

El exfuncionario también advirtió que el contexto político ha cambiado y que la ciudadanía es hoy más crítica y vigilante.

“Ya no estamos en los tiempos donde un folleto, una gorrita y una sonrisa falsa compraban conciencias. Hoy la gente piensa, pregunta, compara y exhibe. Y sí, también guarda capturas”, sostuvo, en referencia al escrutinio digital y social que enfrentan los actores políticos.

Asimismo, hizo un llamado a actuar con ética y respeto, y lanzó una crítica hacia quienes —según dijo— utilizan a los medios de comunicación como herramientas de promoción personal. “Los medios no son empleados de campaña, son trabajadores, no porristas ni cargabultos del ego ajeno”, subrayó.

Morena, ante el reto de la unidad

Las declaraciones de López Gamboa evidencian una disputa interna en Morena Campeche que podría escalar conforme se acerquen los tiempos formales del proceso electoral.

Mientras algunos grupos apuestan por fortalecer presencia pública desde ahora, otros exigen piso parejo y respeto a la legalidad.