Las mega granjas de Yucatán cuentan con tecnologías suficientes para hacer posible la cero descarga y evitar la contaminación al agua y el manto freático; sin embargo, estas son entre 15 y 20, pero hay más de 450 micro, pequeñas y medianas granjas que no están siendo vigiladas y podrían estar operando de otras formas que sí contaminan, alertó el químico y activista defensor del agua, Humberto Reyes Montiel, fundador de Ciudadanos Hartos Asociación Civil (Chac).

Desde su visión, es necesario dejar de luchar en contra de la porcicultura que son un impulso a la economía del Yucatán, pero sí requieren vigilar que todas implementen métodos amigables con el ecosistema.

“Aquí lo importante es que dejemos en paz a las 10, 15 o 20 mega granjas que cumplen con la norma al 100 por ciento y nos enfoquemos a las 490 o más que no sabemos si contaminan mucho, poquito o nada”, dijo.

Reconoció que es necesario clausurar aquellas granjas que contaminan o no cumplen con la reglamentación, por lo que pidió a las autoridades correspondientes como la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) vigilar a esas granjas pequeñas que hasta ahora han sido ignoradas, señaló.

A pesar de esto, señaló que la fecalización humana es una problemática mucho mayor en cuanto a la contaminación del acuífero yucateco, pues hasta ahora no hay ningún método de tratamiento de las descargas.

A diferencia de las heces fecales de los cerdos, que están compuestas por nitrógeno y fósforo que pueden convertirse en fertilizante, la excreta humana en una ciudad que continúa en crecimiento “sin plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Hoy en día, Yucatán solamente cuenta con sumideros, fosas séptimas y “malísimos biodigestores de Rotoplass”, cuestionó qué hará el estado con este problema, pues hasta ahora realizan campañas de arborización, pero no atienden esta situación.

Resaltó que es necesario un programa de 10 a 12 años en el que, cada año, construyan entre 10 y 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que representaría una inversión de 300 a 400 millones de pesos por año, estimó.

Abundó que también es necesario implementar biodigestores de calidad y que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ya cuenta con los diseños para ello, así como regularizar las fosas sépticas.

“Un plan inteligente a 12 años […] Son proyectos de trascendencia social, no personal”, dijo y lamentó que no haya acciones para solucionar estas problemáticas hasta ahora.

Advirtió que el uso de pesticidas tiene que atenderse, ya que produce cáncer, lo cual han demostrado investigaciones de la UADY desde hace más de 10 años por Ángel Polanco, así como otras personas, sin que las autoridades actúen al respecto para revertir la problemática.

“Es grave porque un 40 por ciento de la población del Estado de Yucatán toma agua de pozo, envenenada por cáncer”, es así que en la región detectan alrededor de 60 casos diarios de cáncer, entre ellos destacando cervicouterino y de mama.

Pidió que la sociedad yucateca también se sume para que exijan a las autoridades atender estas situaciones que contaminan el agua y el manto freático del estado sin que nadie preste atención hasta ahora.

Ciudadanos Hartos Asociación Civil (Chac) es una organización que tiene como objetivo informar a la población sobre problemáticas entorno al agua y otros temas que la impactan directamente como la basura para concientizar a la población y exigir a las autoridades acciones que contribuyan a solucionar las carencias existentes y disminuir la contaminación.

Con información de La Jornada