Esta semana, la comunidad de Sitilpech, pidió a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso que inicio el año pasado contra la granja de cerdos que se instaló a un kilómetro de su territorio y que, según la propia Comisión Nacional del Agua, está contaminando las aguas subterráneas de las que dependen para regar sus cultivos y bañarse.

El caso se suma a una creciente lista de batallas legales emprendidas por comunidades de la península de Yucatán que están sufriendo los estragos de tener una granja industrial de cerdos como vecina.

La lucha de Sitilpech

La lucha de Sitilpech comenzó en julio del año pasado. La granja se había instalado hacía más de cuatro años, pero las alarmas se dispararon cuando las autoridades le otorgaron un permiso para más que duplicar el número de cerdos, desde 22.000 hasta 48.000. Entonces fue cuando los fuertes olores empezaron a invadir el patio de la escuela, a colarse en las casas. Cuando las aguas de los cenotes de la zona se empezaron a tornar oscuras y les empezó a dar miedo regar sus cultivos con ellas. Presentaron una demanda con la ayuda de la organización en defensa de los derechos humanos Kanan y obtuvieron una victoria tras otra: el juez de distrito no solo admitió la demanda, sino que les otorgó una suspensión provisional y después una definitiva.

Pero la empresa no tardó en responder. Productos Pecuarios para Consumo, vinculada a la todopoderosa Kekén – la mayor productora de carne de puerco de México-, interpuso una queja para echar por tierra el juicio de amparo, que ahora ha caído en manos del tribunal colegiado penal y administrativo de Yucatán.

El proceso legal de Sitilpech consiguió que inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tomasen pruebas de las descargas realizadas por la granja y confirmasen que éstas superaban los límites permitidos por la legislación mexicana. “Había elevación de coliformes fecales, que son bacterias que causan infecciones gastrointestinales, había elevación de fósforo, grasas, aceite… varias sustancias que son tóxicas en altas cantidades para las personas”, explicó Medina. A raíz de esas muestras, la Conagua le revocó los permisos de carga y descarga de aguas a la granja.

Pese a la falta de esos permisos y a las suspensiones del juez de distrito, acusan los abogados, la explotación continúa operando. Según Roberto Sánchez, también lo hace bajo el amparo de las autoridades locales y estatales, que han estado apoyando a esta industria en la región.

Según un estudio de 2020 elaborado por la organización ambientalista Greenpeace, en la península de Yucatán hay 257 granjas, pero solamente 22 de ellas cuentan con estudios de impacto ambiental. El Estado de Yucatán es el tercero del país con mayor producción de carne de puerco, solo por detrás de Jalisco y Sonora, y las tasas de crecimiento de esa industria se han disparado en los últimos tiempos: entre 2006 y 2018 el aumento fue casi del 40%. Junto con investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche, la organización también analizó la calidad del agua en cinco pozos y un cenote cercanos a granjas porcícolas en el Estado de Yucatán. Y los resultados no fueron alentadores: todos ellos excedían los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas.

Con información de El País