Una ola de inconformidad recorre la Península de Yucatán. Propietarios de tiendas de abarrotes y pequeños comercios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se unirán esta semana en una protesta regional contra el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y saborizadas, que podría elevar su costo hasta un 87 por ciento.

En Yucatán, las tradicionales “tienditas de la esquina” bajarán sus cortinas a partir de las 3 de la tarde como símbolo de protesta, en lo que han denominado una jornada de “brazos caídos”. La medida busca enviar un mensaje claro: el nuevo impuesto no solo castiga el consumo, sino que pone en riesgo miles de pequeños negocios que son sustento de familias enteras.

Mientras tanto, en Quintana Roo los comerciantes irán más allá. Este viernes 3 de octubre, a las 4 de la tarde, realizarán una manifestación frente al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado, en Chetumal. El movimiento, impulsado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), podría extenderse a otros puntos del estado, donde los tenderos advierten un impacto devastador no solo para su economía, sino también para el turismo, principal motor de la región.

“Nos quieren vender la idea de que es una medida por la salud, pero es falso. Lo que buscan es recaudar más dinero. Se sabe cuánto quieren obtener, pero no en qué lo van a usar”, denunció Rocío García Cruz, representante de la ANPEC en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La dirigente calificó el incremento como “una estocada” a los pequeños comerciantes, que ya enfrentan una inflación constante, competencia desleal frente a las grandes cadenas de autoservicio y una canasta básica cada vez más cara.

Según cifras de la ANPEC, el costo promedio de la Canasta Básica Alimentaria alcanzó en agosto los 1,979.15 pesos, con un incremento de más del 33 por ciento desde la pandemia. En miles de hogares del sureste, hasta el 90 por ciento del ingreso familiar se destina a la alimentación, lo que deja a las familias sin margen para soportar más aumentos.

“Un litro de refresco podría subir hasta tres pesos, pero el daño va mucho más allá del bolsillo: se van a cerrar tiendas, se van a perder empleos y se golpeará la economía popular”, añadió García Cruz.

Los tenderos también advirtieron que el aumento al IEPS incentivará el contrabando y el comercio informal, además de generar un desequilibrio en los precios que afectará sobre todo a las comunidades rurales, donde el consumo de estos productos forma parte del ingreso cotidiano de cientos de pequeños negocios.

Aunque el Gobierno Federal defiende el alza como una acción para combatir la obesidad y la diabetes, los comerciantes aseguran que el argumento “de salud” es una cortina de humo.

“Durante el gobierno de Peña Nieto ya se aplicó un impuesto similar y las enfermedades no bajaron; por el contrario, aumentaron”, recordaron representantes de la ANPEC.

La iniciativa aún se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, pero la presión social crece. Los comerciantes del sureste exigen diálogo con los legisladores y la suspensión inmediata del incremento, al que consideran un golpe directo a la economía de los más pobres.

“Si este aumento se aprueba, será un impuesto contra el pueblo y a favor del gran capital”, expresaron en un comunicado conjunto los dirigentes de la ANPEC en la región.

La jornada de protestas en la Península marcará el inicio de una movilización nacional que podría extenderse a todo el país si el gobierno federal no da marcha atrás a lo que los comerciantes llaman “el impuesto disfrazado de salud”.