Mérida, Yucatán.– En un esfuerzo por reforzar la cercanía con la ciudadanía y asegurar un cobro justo del impuesto Predial, el Subdirector de Catastro de Mérida, Efraín Rivero Euan, intensificó la atención extramuros en diversas colonias de la capital yucateca, en cumplimiento de las instrucciones de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

Esta acción se desarrolla en el marco del Buen Fin más largo de la historia, anunciado por la alcaldesa, con el que se otorgará el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en el pago del Predial hasta el último día de noviembre. Además, el Ayuntamiento confirmó que en 2026 no habrá actualización de valores ni incremento en los cobros, una medida que busca proteger la economía familiar ante el contexto nacional de inflación y encarecimiento de servicios.

 Atención casa por casa para resolver conflictos

Para garantizar que ningún ciudadano pague de más, Rivero Euan emprendió recorridos casa por casa en colonias como Brisas, así como en zonas del sur de Mérida y otros puntos donde tradicionalmente se presentan dudas o inconsistencias en los cálculos del Predial. La instrucción es clara: atender, corregir y resolver cualquier conflicto de manera directa.

En sus redes sociales, el funcionario ha documentado los encuentros con vecinas y vecinos, muchos de los cuales han expresado su sorpresa por la atención personalizada y la posibilidad de aclarar dudas sin necesidad de trámites burocráticos.

“Estamos para ayudar y hacer las cosas bien. Si un cobro fue mal calculado en años anteriores, lo revisamos y lo corregimos. El objetivo es simple: un cobro justo para todos los meridanos”, ha expresado Rivero Euan en diversas publicaciones.

Ciudadanía acude ahora de manera voluntaria

El trabajo extramuros ha generado un efecto inmediato. Al difundirse esta labor, más ciudadanos han comenzado a acudir directamente a las oficinas de Catastro en busca de aclaraciones, correcciones o recálculos, lo que ha permitido agilizar la recaudación y evitar conflictos posteriores.

 Una estrategia con doble intención social y política

La administración municipal reafirma con estas acciones su postura de gobernar con cercanía y sensibilidad social. La decisión de no aumentar el Predial para 2026 y las brigadas de atención directa contrastan con la tendencia de otras ciudades del país, donde este impuesto ha sido motivo de inconformidad.

Para la alcaldesa Cecilia Patrón, este programa no solo representa una política de apoyo económico, sino también una estrategia para recuperar la confianza ciudadana mediante la transparencia, la justicia fiscal y la presencia territorial de sus funcionarios.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca enviar un mensaje claro: la recaudación puede ser eficiente sin lastimar la economía de las familias, siempre y cuando haya voluntad política y un enfoque humano en la gestión pública.

Mérida, Yucatán.– En un esfuerzo por reforzar la cercanía con la ciudadanía y asegurar un cobro justo del impuesto Predial, el Subdirector de Catastro de Mérida, Efraín Rivero Euan, intensificó la atención extramuros en diversas colonias de la capital yucateca, en cumplimiento de las instrucciones de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

Esta acción se desarrolla en el marco del Buen Fin más largo de la historia, anunciado por la alcaldesa, con el que se otorgará el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en el pago del Predial hasta el último día de noviembre. Además, el Ayuntamiento confirmó que en 2026 no habrá actualización de valores ni incremento en los cobros, una medida que busca proteger la economía familiar ante el contexto nacional de inflación y encarecimiento de servicios.

 Atención casa por casa para resolver conflictos

Para garantizar que ningún ciudadano pague de más, Rivero Euan emprendió recorridos casa por casa en colonias como Brisas, así como en zonas del sur de Mérida y otros puntos donde tradicionalmente se presentan dudas o inconsistencias en los cálculos del Predial. La instrucción es clara: atender, corregir y resolver cualquier conflicto de manera directa.

En sus redes sociales, el funcionario ha documentado los encuentros con vecinas y vecinos, muchos de los cuales han expresado su sorpresa por la atención personalizada y la posibilidad de aclarar dudas sin necesidad de trámites burocráticos.

“Estamos para ayudar y hacer las cosas bien. Si un cobro fue mal calculado en años anteriores, lo revisamos y lo corregimos. El objetivo es simple: un cobro justo para todos los meridanos”, ha expresado Rivero Euan en diversas publicaciones.

Ciudadanía acude ahora de manera voluntaria

El trabajo extramuros ha generado un efecto inmediato. Al difundirse esta labor, más ciudadanos han comenzado a acudir directamente a las oficinas de Catastro en busca de aclaraciones, correcciones o recálculos, lo que ha permitido agilizar la recaudación y evitar conflictos posteriores.

 Una estrategia con doble intención social y política

La administración municipal reafirma con estas acciones su postura de gobernar con cercanía y sensibilidad social. La decisión de no aumentar el Predial para 2026 y las brigadas de atención directa contrastan con la tendencia de otras ciudades del país, donde este impuesto ha sido motivo de inconformidad.

Para la alcaldesa Cecilia Patrón, este programa no solo representa una política de apoyo económico, sino también una estrategia para recuperar la confianza ciudadana mediante la transparencia, la justicia fiscal y la presencia territorial de sus funcionarios.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca enviar un mensaje claro: la recaudación puede ser eficiente sin lastimar la economía de las familias, siempre y cuando haya voluntad política y un enfoque humano en la gestión pública.

Nolo, Tixkokob, Yucatán.— Ejidatarios del poblado de Nolo denunciaron un presunto intento de despojo de 396 hectáreas de tierras de uso común, que atribuyen al Grupo GEA, empresa inmobiliaria dedicada a la construcción de viviendas. Según los testimonios, la compañía habría intentado validar asambleas irregulares, compras de voluntades y el apoyo de exautoridades ejidales y personas vinculadas a dependencias gubernamentales para avanzar con el proyecto.

Las tierras en disputa pertenecen al núcleo agrario de Nolo, donde participan 246 ejidatarios reconocidos, quienes aseguran que el grupo privado pretende levantar un fraccionamiento habitacional ya trazado en planos y dividido en más de doscientas parcelas.

Asamblea de 2016: el origen del conflicto

Los ejidatarios señalan que el conflicto se remonta a una asamblea realizada en 2016, durante la gestión del entonces comisario ejidal Felipe Puch Aké, a quien identifican como el facilitador inicial para que el grupo empresarial se enganchara en el ejido.

De acuerdo con sus testimonios, durante aquella reunión no se presentó acta formal ni documentación clara. Los asistentes habrían recibido 200 pesos para firmar una lista cuya finalidad real desconocían, y que posteriormente fue utilizada para intentar registrar acuerdos ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

El supuesto acuerdo fue rechazado en su momento debido a anomalías, pero en 2024, el caso resurgió cuando el grupo inmobiliario volvió a intentar validar los documentos de 2016 mediante recolección dispersa de firmas, sin convocar a una asamblea formal.

Señalan intervención de funcionaria vinculada al gobierno

Ejidatarios mencionan la intervención de Sandra Piña, presuntamente funcionaria vinculada al INSEJUPY, quien habría asesorado al grupo empresarial para volver a inscribir los documentos y lograr que fueran aceptados.

“Ella lo inscribió, los ayudó… ahora ya se los aceptaron”, denunciaron los ejidatarios, sugiriendo una posible colusión entre actores privados y personas con conocimiento del aparato agrario.

Acusan al operador del proyecto: Ricardo José Martínez Peón

Según los testimonios, el principal operador del proyecto sería Ricardo José Martínez Peón, señalado de repartir dinero entre algunos ejidatarios para desplazar al comisario ejidal actual, José Rossi Canché Pareja, quien se opone al proyecto y respalda la defensa legal del ejido.

El caso llega al Tribunal Agrario

Ante el avance silencioso del proceso, los habitantes interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, bajo el expediente TUA 34/136/2025, con lo cual la disputa se encuentra judicializada.

Los ejidatarios argumentan que no se respetó el debido proceso, pues no se convocó ni informó correctamente al núcleo agrario, y las firmas utilizadas para avalar el proyecto fueron obtenidas mediante engaños y pagos mínimos.

Oferta por debajo del valor real y presión económica

Además de las irregularidades, los ejidatarios aseguran que el grupo inmobiliario está ofreciendo 30 mil pesos por hectárea, una cifra considerada muy por debajo del valor real de la tierra.

“Le están dando un poco a la gente y ya les dijeron que lo tienen que agarrar porque si no, de todas maneras, les van a quitar las tierras”, denunciaron, describiendo un entorno de presión económica directa.

El ejido exige detener el fraccionamiento

Los ejidatarios de Nolo piden al Tribunal Agrario y a las autoridades federales y estatales revisar a fondo:

• Las irregularidades de la asamblea de 2016

• Las maniobras de recolección de firmas en 2024

• La intervención de personas vinculadas a instituciones públicas

• La participación del Grupo GEA y de Ricardo José Martínez Peón

• La situación de los 396 hectáreas de tierras de uso común

Documentos, padrones del RAN y copias del expediente forman parte de la evidencia entregada por los pobladores para detener lo que consideran un intento de despojo del ejido.