Con casi cuatro décadas ininterrumpidas dentro del aparato gubernamental, Rolando Zapata Bello se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la clase política profesional que ha hecho del presupuesto público su principal fuente de sustento. A sus 58 años, el actual senador plurinominal del PRI sigue aferrado a los cargos, sin mostrar señales de retiro ni de renovación.

Su carrera en la administración pública comenzó en 1989, cuando apenas tenía 21 años, al obtener un puesto en el Infonavit. Desde entonces, Zapata Bello no ha abandonado la nómina gubernamental, construyendo una trayectoria basada en el acomodo político, el padrinazgo y la lealtad a los grupos de poder.

Dos años después, en 1991, fue designado director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. En 1994 fue colocado como subdelegado de Servicios Sociales en el Isstey, y en 1996, bajo el cobijo de Víctor Cervera Pacheco, fue nombrado oficial mayor del gobierno estatal, consolidando su vínculo con el viejo priismo yucateco.

Carrera impulsada por el sistema

A lo largo de los años, Zapata Bello fue premiado con cargos legislativos y administrativos. Fue diputado local en dos ocasiones, en 1998 y 2004, y posteriormente escaló al primer círculo del poder al convertirse, en 2007, en secretario general de Gobierno durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco.

En 2009 dio el salto a la Cámara de Diputados como legislador federal, y en 2012 alcanzó la gubernatura de Yucatán, el máximo cargo político en el estado, impulsado por la estructura priista que durante décadas controló la vida pública local.

Sin embargo, su gestión como gobernador es recordada por críticos y sectores ciudadanos por el endeudamiento del estado, derivado principalmente del proyecto conocido como “Escudo Yucatán”, una estrategia de seguridad que implicó cientos de millones de pesos en deuda y que, según especialistas, dejó más compromisos financieros que resultados tangibles.

A ello se sumó la construcción de obras calificadas como “elefantes blancos”, que consumieron recursos públicos sin generar beneficios reales para la población, alimentando la percepción de despilfarro y mala planeación.

Derrota, pausa y regreso por la puerta trasera

En 2018, Zapata Bello dejó la gubernatura y entregó el poder al PAN, marcando el fin de una era para el priismo en Yucatán. Durante seis años permaneció alejado de los reflectores, mientras el PRI entraba en una profunda crisis nacional y estatal.

En 2024 intentó regresar al primer plano político al contender por una senaduría, pero fue derrotado en las urnas, incluso por quien fue su ahijada política, Verónica Camino Farjat, acompañada por Jorge Carlos Ramírez Marín.

Pese al revés electoral, Zapata Bello logró llegar al Senado por la vía plurinominal, es decir, sin el respaldo directo del voto ciudadano, lo que para muchos representó un regreso por la puerta trasera al poder.

Un senador sin peso ni protagonismo

Desde su llegada a la Cámara Alta, su desempeño ha sido calificado como discreto y gris. Analistas y observadores señalan que Zapata Bello no ha impulsado reformas relevantes ni ha defendido con fuerza los intereses de Yucatán, limitándose a seguir la línea partidista y levantar la mano en votaciones clave.

“No legisla, no propone y no debate. Solo obedece”, coinciden críticos, quienes consideran que su papel se ha reducido al de un operador disciplinado del PRI, sin liderazgo propio ni agenda clara.

Símbolo del viejo priismo

Para amplios sectores ciudadanos, Rolando Zapata Bello representa la imagen del político de carrera que ha sobrevivido gracias al sistema de cuotas, favores y lealtades internas, más que por resultados concretos o cercanía con la gente.

Su trayectoria, marcada por casi 37 años de cargos públicos consecutivos, contrasta con el discurso de renovación y cambio que exige una sociedad cansada de las mismas figuras de siempre.

1. Mientras miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales, Zapata Bello sigue ocupando posiciones privilegiadas dentro del servicio público, sin rendir cuentas claras sobre su legado.

A pesar de encabezar una de las administraciones municipales más cuestionadas en la historia reciente de Tizimín, el alcalde Adrián Quiroz Osorio ya comenzó a mover sus piezas para buscar la reelección, en medio de un creciente rechazo ciudadano, malos resultados y un evidente desgaste político.

Con la mira puesta en agosto, mes en el que Morena definirá a sus candidatos rumbo al proceso electoral de 2027, Quiroz pretende mantenerse en el poder, aun cuando su gestión ha sido señalada por la falta de resultados, promesas incumplidas y una administración caracterizada por la improvisación y el abandono de las principales problemáticas del municipio.

De acuerdo con información interna del partido, la dirigencia nacional y estatal reculó en su intención inicial de frenar la reelección de alcaldes, debido a la presión ejercida por ediles en funciones. Sin embargo, se mantuvo abierta la puerta para que familiares de funcionarios y legisladores busquen cargos de elección, reforzando las prácticas de nepotismo que Morena prometió erradicar.

En este contexto, la figura de Lina Fernández, esposa del alcalde y titular del DIF Municipal, también ha sido objeto de críticas. A casi año y medio de administración, su gestión es señalada por la falta de programas sociales efectivos, mientras su presencia pública se ha limitado, según ciudadanos, a eventos protocolarios y apariciones mediáticas sin impacto real en la población vulnerable.

Morena estableció que en agosto de este año deberá contar con sus aspirantes definidos, con el objetivo de “sanar” las fracturas internas antes del arranque formal del proceso electoral. Además, quienes busquen competir en 2027 deberán separarse de sus cargos públicos, lo que coloca a Quiroz ante un dilema: dejar el Ayuntamiento o continuar utilizando la estructura municipal como plataforma política.

Proselitismo disfrazado de convivencia

Una de las primeras señales de la estrategia reeleccionista del alcalde se dio el pasado 2 de enero, en el marco del Día de la Candelaria, cuando encabezó una “tamaliza” en el recinto ferial, a la que fueron convocados empleados del Ayuntamiento y simpatizantes de Morena.

Aunque el evento fue presentado como una convivencia tradicional, en los hechos tuvo un claro tinte proselitista. Para muchos asistentes, se trató de un mitin disfrazado, diseñado para reposicionar la imagen del edil en un momento en el que su popularidad se encuentra en niveles bajos.

Diversos sectores consideraron el acto como el arranque informal de su campaña, utilizando recursos públicos y estructuras oficiales para promover su figura, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el uso indebido del poder con fines electorales.

Hartazgo social y crisis en servicios básicos

Mientras el alcalde reparte tamales y busca reflectores, Tizimín enfrenta serios problemas en servicios públicos, infraestructura y atención social. Colonias enteras continúan con rezagos históricos, calles deterioradas, deficiencias en alumbrado y carencias en el acceso a apoyos básicos.

El malestar social se ha intensificado en los últimos meses debido a las bajas temperaturas que afectan a la región, situación ante la cual la administración municipal ha mostrado una respuesta limitada y tardía.

Habitantes de zonas marginadas han denunciado que, en lugar de destinar recursos a eventos festivos, el Ayuntamiento debió priorizar apoyos emergentes para familias que enfrentan el frío sin condiciones adecuadas de vivienda. Incluso, se reportaron casos de personas intoxicadas por monóxido de carbono al intentar calentarse con métodos improvisados, reflejo de la falta de una política social preventiva.

Un gobierno desconectado de la realidad

Pese al evidente hartazgo ciudadano, Adrián Quiroz mantiene su intención de reelegirse, ignorando las críticas, los señalamientos y las demandas sociales. Para muchos habitantes, su actitud refleja un gobierno sordo y ciego ante la realidad del municipio.

Organizaciones locales y voces ciudadanas advierten que una eventual reelección representaría la continuidad de un modelo de gobierno marcado por el desorden administrativo, la opacidad y el uso político de los programas sociales.

Asimismo, acusan que el interés por mantenerse en el cargo responde más a la posibilidad de conservar privilegios y control político que a un verdadero compromiso con el desarrollo de Tizimín.

Morena, ante su propia contradicción

Este escenario coloca a Morena ante una de sus mayores contradicciones: permitir que perfiles cuestionados busquen reelegirse, aun cuando su desempeño contradice el discurso de transformación, honestidad y cercanía con el pueblo.

Lejos de corregir el rumbo, el partido parece dispuesto a apostar por la continuidad, aun a costa del desgaste de su imagen en el oriente del estado.

Luego de concluir un periodo marcado por la polémica y el desorden al frente del Congreso del Estado, el diputado Alejandro Cuevas volvió a colocarse en el centro de la controversia, esta vez por presumir en redes sociales una supuesta donación de sangre que, según críticos y voces ciudadanas, sería más una estrategia mediática que un acto genuino de solidaridad.

A través de sus plataformas digitales, el legislador difundió imágenes y mensajes en los que aparenta participar en una jornada de donación, presentándose como un funcionario comprometido con las causas sociales. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la veracidad y el fondo de esta acción, señalando que podría tratarse únicamente de una “puesta en escena” con fines propagandísticos.

De acuerdo con los protocolos médicos establecidos en los bancos de sangre, uno de los requisitos básicos para donar es no haber consumido bebidas alcohólicas en al menos 48 horas previas al procedimiento, además de mantener hábitos de salud estables. En este contexto, detractores del legislador han señalado públicamente que Cuevas no cumpliría con estos lineamientos, por lo que consideran poco creíble su presunta participación como donador.

Estas versiones han alimentado la percepción de que el diputado estaría recurriendo a acciones mediáticas para recuperar presencia pública, luego de un periodo legislativo calificado por sus críticos como improductivo y conflictivo. Para muchos, el mensaje que intenta proyectar no corresponde con su desempeño real en el Congreso.

“Se trata más de una estrategia de imagen que de un compromiso auténtico con la sociedad”, señalan usuarios en redes sociales, quienes consideran que este tipo de publicaciones buscan desviar la atención de la falta de resultados en materia legislativa.

Analistas políticos coinciden en que este tipo de prácticas son cada vez más frecuentes entre funcionarios que enfrentan desgaste político. En lugar de rendir cuentas con resultados tangibles, optan por acciones simbólicas que generan impacto mediático, pero que no resuelven los problemas de fondo.

En el caso de Alejandro Cuevas, sus detractores recuerdan que durante su gestión al frente del Congreso se acumularon críticas por falta de acuerdos, conflictos internos y escasa producción legislativa. A ello se suma ahora este episodio, que refuerza la narrativa de simulación y oportunismo.

Desde distintos sectores ciudadanos se ha reiterado que los diputados deben concentrarse en cumplir con su labor constitucional: legislar, fiscalizar y representar los intereses de la población, en lugar de recurrir a campañas de autopromoción.

“El verdadero altruismo no se presume, se demuestra con trabajo y resultados”, señalan voces críticas, que exigen mayor seriedad, transparencia y compromiso a quienes ocupan cargos públicos.

Mientras tanto, este nuevo episodio se suma a la lista de polémicas que rodean al legislador, evidenciando el creciente desencanto social hacia una clase política que, para muchos, privilegia la imagen sobre el desempeño real.

Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, el Ayuntamiento de Kanasín continúa impulsando acciones enfocadas en la prevención y atención de la salud mental dentro de los centros educativos del municipio, priorizando la formación temprana y la detección oportuna de posibles riesgos psicológicos.

A través del departamento de Prevención del Delito de la Policía Municipal, se llevó a cabo la plática “Hablemos de la Depresión”, dirigida a estudiantes de sexto grado de primaria de la escuela “Miguel Ángel Salcedo Inzunza”, ubicada en la colonia Santa Isabel, como parte de una estrategia integral de vinculación ciudadana.

Durante la actividad, participaron 44 alumnos, quienes mostraron un alto nivel de interés, manteniéndose atentos y participativos, lo que permitió un diálogo abierto y la resolución de dudas relacionadas con el bienestar emocional y la salud mental.

El alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, destacó que el cuidado de la salud emocional es una prioridad para su administración, por lo que se trabaja de manera permanente con las instituciones educativas.

“El tema de la salud mental es de vital importancia para esta administración. Estamos trabajando fuerte en la vinculación ciudadana, especialmente con las escuelas, para generar entornos seguros y de confianza para nuestros estudiantes”, señaló.

Asimismo, subrayó que se están realizando esfuerzos importantes para capacitar a docentes y personal educativo en la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.

“Buscamos que dentro de las aulas los maestros tengan herramientas para identificar y prevenir problemas psicológicos desde una etapa temprana, antes de que se conviertan en situaciones más graves”, añadió.

Información, prevención y acompañamiento

La plática fue impartida por agentes especializados en Prevención del Delito, quienes abordaron temas fundamentales como el concepto de la depresión, los grupos más vulnerables, así como los factores de riesgo y detonantes que pueden afectar el equilibrio emocional de niñas, niños y adolescentes.

De manera clara y accesible, se explicó cómo este trastorno puede manifestarse en edades tempranas, haciendo énfasis en la importancia de reconocer señales de alerta como cambios de comportamiento, aislamiento, tristeza prolongada o pérdida de interés en actividades cotidianas.

Uno de los puntos más relevantes fue la sensibilización sobre el “cutting” y otras conductas autolesivas, con el objetivo de informar a los estudiantes sobre la gravedad de estas prácticas y promover una cultura de prevención, respeto y autocuidado.

La crisis interna de Morena en el Cabildo de Mérida se agudiza. Sin anuncio oficial, sin consenso y sin transparencia, Diego Carrera Pérez habría asumido la coordinación de los regidores del partido guinda, en lo que ya es considerado por actores políticos como un auténtico albazo pactado en lo oscurito.

Aunque la dirigencia estatal y municipal de Morena guarda un silencio cómplice, incluso en las filas del PAN ya circula la información de que Carrera es el nuevo coordinador, dejando fuera a Adrián “Goro Fósforo” Gorocica Rojas, quien durante cinco meses se negó a soltar el cargo, pese a que su periodo venció desde septiembre de 2025.

El relevo, lejos de representar una renovación ordenada, exhibe el desaseo político con el que se maneja la bancada morenista en Mérida. Todo apunta a que la maniobra fue acordada únicamente entre Gorocica, Carrera y Georgina Piña, regidora y operadora política cercana al diputado federal Óscar Brito, conformando un pequeño grupo que controla decisiones y margina al resto.

Una muestra clara de esta exclusión fue la reciente rueda de prensa convocada a nombre de la bancada, a la que no fueron invitados Berenice Rivero Silva, Denisse Pérez Rodríguez ni José Manuel Peniche Marenco, evidenciando que dentro del propio Morena hay regidores de primera y de segunda.

Este nuevo episodio confirma la profunda división que desde hace meses atraviesa el partido en el Cabildo. La intolerancia, el autoritarismo y la falta de diálogo de “Goro Fósforo” provocaron la formación de dos bloques irreconciliables, mientras la dirigencia partidista optó por la omisión, permitiendo que el conflicto se pudriera desde dentro.

Con su pasividad, Morena no solo avala el desorden, sino que manda un mensaje político preocupante: prefiere quedarse con tres regidores alineados a un grupo de poder, antes que mantener una bancada plural, cohesionada y funcional. En los hechos, el partido parece dispuesto a sacrificar representación y credibilidad con tal de proteger intereses internos.

La situación resulta todavía más grave si se considera el contexto electoral y político en Mérida, donde Morena no atraviesa su mejor momento. La falta de resultados, los conflictos internos y la ausencia de liderazgo han debilitado su presencia frente a una oposición que observa, toma nota y capitaliza los errores.

Mientras otros partidos imponen disciplina y corrigen desviaciones internas, en Morena reina la impunidad política. En cualquier organización con un mínimo de control, ya se habría puesto un alto a Gorocica y a su círculo cercano. Aquí, en cambio, sus prácticas son toleradas y, en los hechos, premiadas.

El “albazo” que coloca a Diego Carrera al frente de la bancada no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estructura fragmentada, dominada por cuotas, egos y pactos personales. Lejos de fortalecer al movimiento, estas maniobras lo debilitan ante la ciudadanía, que observa cómo un partido que prometía transformación reproduce los vicios del pasado.

Si la dirigencia no interviene de inmediato, Morena corre el riesgo de consolidar su fractura interna en Mérida, reduciendo su peso político y convirtiendo su bancada en un instrumento al servicio de unos cuantos, en lugar de una verdadera representación popular.

Un nuevo incremento en las tarifas del agua potable, así como en multas y servicios administrativos, comienza a generar indignación entre miles de usuarios en Yucatán, en medio de señalamientos por la deficiente gestión de funcionarios provenientes del viejo aparato político del partido tricolor, hoy “reciclados” en cargos estratégicos sin resultados visibles para la ciudadanía.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial, las tarifas publicadas en el portal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) reflejan un aumento aproximado de entre el 3 y el 4 por ciento en el cobro por consumo del vital líquido. Este ajuste se verá reflejado en los recibos correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026, lo que representa un nuevo golpe directo al bolsillo de las familias y de los pequeños negocios.

El incremento llega en un contexto marcado por el creciente descontento social, alimentado por años de mala administración, improvisación y falta de planeación. De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en medios, redes sociales, grupos de Facebook y en espacios vinculados al propio Pancho Torres, el malestar es permanente y se expresa diariamente.

Más de 40 mil cuentas han manifestado inconformidades por problemas como fugas constantes, baja presión y falta de suministro en colonias de Mérida y en la comisaría de Caucel, donde la crisis del agua se ha convertido en una constante. Mientras el servicio se deteriora, el costo continúa aumentando sin ofrecer soluciones reales.

A este panorama se suma el reciente incremento en diversos trámites y servicios administrativos, como reconexiones, gestiones y otros conceptos, lo que representa una carga adicional para las economías familiares y para el sector comercial, ya golpeado por la inflación y el encarecimiento de servicios básicos.

Aunque la Japay justifica el ajuste bajo el argumento de la actualización anual ligada a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), usuarios cuestionan que el aumento se aplique sin mejoras sustanciales en la infraestructura ni en la calidad del servicio. En muchas zonas, el agua apenas fluye desde la toma principal, evidenciando un sistema rebasado y mal atendido.

En el trasfondo de esta crisis se encuentra, señalan ciudadanos y analistas políticos, la permanencia de viejas prácticas priistas en organismos públicos, donde funcionarios reciclados continúan ocupando cargos sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades. Lejos de modernizar el servicio, su presencia ha perpetuado la ineficiencia y la falta de sensibilidad social.

El desempeño de Pancho Torres al frente de la Japay se ha convertido en un problema político de alto costo para los representantes de Morena, quienes ahora enfrentan el descontento ciudadano derivado de una administración que no controlan plenamente, pero cuyos efectos sí terminan pagando en las urnas y en la calle.

De esta manera, el actual director de la paraestatal se ha transformado en un dolor de cabeza tanto para su propio entorno político como para miles de usuarios, cansados de escuchar excusas como fallas técnicas, cortes de energía, incidentes fortuitos o pretextos que ya no convencen a nadie.

El mensaje ciudadano es contundente: no se puede cobrar más por un servicio que no mejora. Tarifas más altas deben ir acompañadas de eficiencia, continuidad y transparencia. Mientras eso no ocurra, la Japay seguirá siendo símbolo del fracaso administrativo y del alto costo que pagan los yucatecos por decisiones políticas equivocadas.