El Congreso del Estado de Yucatán aprobó durante su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones un amplio paquete de reformas constitucionales y legales que impactarán la integración de los ayuntamientos, el ejercicio del gasto público, las remuneraciones de los servidores públicos y la atención de delitos vinculados con el uso de inteligencia artificial.

Entre las modificaciones más relevantes destaca la reforma constitucional que establece nuevos criterios para la conformación de los cabildos municipales, fijando un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, además de la presidencia municipal y la sindicatura. La medida busca optimizar la operación de los gobiernos locales, fortalecer la eficiencia administrativa y promover un uso más racional de los recursos públicos.

La reforma también incorpora disposiciones de austeridad para el Poder Legislativo, al fijar que el presupuesto anual del Congreso estatal no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Asimismo, se refuerza el principio de austeridad republicana al prohibir que cualquier servidor público perciba una remuneración superior a la del titular del Poder Ejecutivo Federal y al restringir prestaciones consideradas privilegios injustificados financiadas con recursos públicos.

Durante el debate legislativo, la diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, respaldó la iniciativa, mientras que el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, del PRI, manifestó su desacuerdo con la propuesta.

En la misma sesión, las y los legisladores aprobaron por unanimidad reformas en materia de leyes fiscales municipales para ordenar los tiempos de presentación de iniciativas hacendarias por parte de los ayuntamientos. Con los cambios, las nuevas leyes de hacienda o sus modificaciones deberán entregarse al Congreso antes del 15 de octubre, mientras que las leyes de ingresos tendrán como fecha límite el 15 de noviembre.

El Pleno también avaló modificaciones a diversas leyes secundarias para armonizar el marco jurídico estatal con las reformas constitucionales recientemente aprobadas. Entre ellas se encuentran ajustes relacionados con la integración de los cabildos, la austeridad presupuestal, la eliminación de privilegios y la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Las nuevas disposiciones establecen que, a partir del proceso electoral 2026-2027, los municipios tendrán una integración diferenciada de regidurías según el tamaño de su población. Mérida contará con un máximo de 15 regidores, mientras que los municipios más pequeños tendrán entre tres y nueve integrantes en sus cabildos.

Por otra parte, el Congreso aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal para incorporar el uso de software e inteligencia artificial en la tipificación de delitos relacionados con la violencia digital y la afectación a la intimidad de las personas.

La nueva legislación contempla sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de multas económicas, para quienes utilicen herramientas tecnológicas con fines ilícitos. Las penas podrán incrementarse cuando dichas tecnologías sean empleadas para hostigar, extorsionar o coaccionar a las víctimas.

Asimismo, se endurecen las sanciones para conductas como la violación a la intimidad sexual, la suplantación de identidad, el chantaje, la creación de contenido íntimo falso y la difusión de material manipulado mediante inteligencia artificial con el propósito de causar daño.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, diputado Daniel González Quintal, destacó que la reforma responde a las nuevas formas de violencia digital y retoma propuestas impulsadas por participantes del Parlamento Juvenil Yucatán 2025, quienes advirtieron sobre los riesgos derivados del uso indebido de la inteligencia artificial.

Durante la jornada legislativa también se aprobó una reforma constitucional derivada del cumplimiento de una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La modificación adecua el texto del artículo primero de la Constitución local para armonizarlo con los criterios federales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, el Congreso designó a María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y a Irving Mayén Flores como titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo. Ambos rindieron protesta ante el Pleno antes de que se declarara formalmente la clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones.