La caída de la plataforma de inversión NSI, señalada por presuntas operaciones fraudulentas, continúa generando repercusiones en Yucatán. Ahora, versiones difundidas por personas afectadas apuntan a que una trabajadora de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) habría participado en el reclutamiento de nuevos integrantes dentro de la dependencia.

De acuerdo con los testimonios recabados, la empleada, identificada únicamente como “Lucía”, presuntamente organizaba reuniones informativas para promover la plataforma entre compañeros de trabajo, donde se ofrecían rendimientos semanales de hasta cinco mil pesos y se incentivaba el ingreso de nuevos participantes mediante un esquema de referidos.

Según las versiones de los afectados, las invitaciones seguían un proceso estructurado que consistía en compartir enlaces de registro, integrar a los interesados a grupos de mensajería, orientarlos para realizar depósitos económicos y, posteriormente, incorporarlos como “empleados” o “practicantes” dentro de la plataforma.

El esquema también prometía atractivos rendimientos sobre inversiones. Entre los ejemplos utilizados para convencer a nuevos participantes se aseguraba que una aportación de 10 mil pesos podría multiplicarse considerablemente en un plazo de 150 días gracias a supuestos bonos y tasas diarias de rendimiento.

Asimismo, entre la documentación difundida por afectados aparecen mensajes internos en los que se felicitaba a responsables de centros administrativos por la conformación de equipos en Mérida, lo que, presuntamente, evidenciaría una estructura organizada para ampliar la captación de inversionistas.

Fuentes consultadas señalaron que varias personas adscritas a la Japay habrían invertido recursos en la plataforma y posteriormente perdieron su dinero tras el colapso de NSI.

Este medio buscó la postura de responsables de distintas áreas de la dependencia, quienes manifestaron no tener conocimiento de que trabajadores hubieran promovido este esquema dentro de la institución. No obstante, indicaron que, de confirmarse las acusaciones, corresponderá a las autoridades investigar los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme la participación institucional de la Japay en estas actividades ni se ha informado sobre responsabilidades administrativas o penales contra la empleada señalada. Las investigaciones continúan mientras las personas afectadas buscan recuperar sus recursos y que se deslinden responsabilidades.

Las definiciones rumbo al próximo proceso electoral comienzan a mover el tablero político al interior de Morena. Una disposición emanada del Comité Nacional del partido establece que quienes aspiren a una candidatura para diputaciones locales, federales o regidurías deberán separarse de sus cargos, a más tardar durante el mes de agosto.

La medida representa un duro golpe para numerosos funcionarios y representantes populares que actualmente perciben salarios públicos y que ahora deberán decidir entre conservar la estabilidad de sus cargos o apostar por una candidatura cuya obtención no está garantizada.

La regla obliga a quienes buscan mantenerse vigentes en la vida política a asumir un riesgo importante: renunciar prácticamente un año antes de las elecciones sin la certeza de ser los candidatos elegidos. Incluso, en caso de obtener la nominación, deberán afrontar los gastos propios de una campaña electoral.

El escenario también abre interrogantes sobre el desgaste que enfrenta Morena en Yucatán. De acuerdo con diversas opiniones dentro del ámbito político, la fuerza del partido ya no genera el mismo impulso electoral que en procesos anteriores, mientras que las elecciones intermedias suelen registrar menor participación ciudadana y un ambiente político menos favorable para quienes confían únicamente en las siglas partidistas.

La situación se complica aún más para aquellos legisladores, alcaldes y regidores que, según las críticas, han mantenido un desempeño discreto o prácticamente inexistente durante sus administraciones. La percepción ciudadana sobre representantes populares alejados de la población y con escasa presencia en sus distritos podría convertirse en un factor determinante al momento de buscar nuevamente el respaldo en las urnas.

También existe la idea de que algunos actores políticos consideran suficiente mantener cercanía con las dirigencias o con personajes de alto nivel para asegurar una candidatura. Sin embargo, la realidad electoral suele ser distinta y el respaldo interno no siempre se traduce en el apoyo de los ciudadanos.

La crítica no se limita a Morena. En distintos sectores se cuestiona el desempeño de representantes populares de diversas fuerzas políticas, particularmente de Morena y del PAN, al considerar que muchos han permanecido alejados de las necesidades de la población pese a ocupar cargos de representación.

Con este nuevo requisito interno, Morena obliga a sus aspirantes a realizar una apuesta política de alto costo: abandonar la seguridad de un cargo público para competir por una candidatura que dependerá tanto de las decisiones partidistas como de la aceptación ciudadana en las urnas.