Un grupo de investigadores e integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 26 funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por presuntas afectaciones al patrimonio arqueológico durante trabajos relacionados con el Tren Maya.

De acuerdo con los denunciantes, las querellas fueron interpuestas los días 7 y 8 de julio y buscan que la autoridad ministerial investigue posibles irregularidades ocurridas en el desarrollo del Parque de la Memoria Balam Tun, ubicado en Chetumal, Quintana Roo.

Durante una conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la comisión, afirmó que al menos 47 estructuras arqueológicas de origen maya habrían sufrido daños durante las obras y señaló que parte del material extraído presuntamente fue reutilizado para la construcción de elementos dentro del parque.

La denuncia incluye al exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández; al responsable del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas; integrantes del Consejo de Arqueología y otros servidores públicos que pudieran resultar responsables conforme avancen las investigaciones.

Los promoventes solicitaron a la FGR indagar la posible comisión de delitos como presunta destrucción y falsificación de monumentos arqueológicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y otras conductas relacionadas con la protección del patrimonio cultural.

Hasta el momento, la denuncia representa señalamientos formulados por los promoventes y no implica que exista una resolución judicial o una determinación de responsabilidad contra las personas mencionadas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia no había fijado una postura pública sobre las acusaciones al cierre de esta información, mientras la Fiscalía será la instancia encargada de determinar si existen elementos para dar seguimiento a las investigaciones.

El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, exigió al Gobierno de Jalisco, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a los municipios metropolitanos implementar medidas inmediatas para atender la crisis del agua que, afirmó, continúa afectando a miles de familias con problemas de suministro de agua turbia, con malos olores y de calidad incierta.

El legislador señaló que, pese a la proyección internacional que tuvo Guadalajara durante los eventos mundialistas, la realidad diaria para muchos habitantes sigue marcada por la falta de certeza sobre el agua que llega a sus hogares.

“El Mundial pasa; el compromiso con la ciudad se queda”, expresó Lomelí, al señalar que la prioridad ahora debe ser garantizar agua limpia y segura para la población.

De acuerdo con el senador, la problemática dejó de ser únicamente un asunto técnico y se convirtió en un tema que impacta directamente la salud y la economía de las familias, principalmente de aquellas con menores ingresos que no cuentan con recursos para comprar agua embotellada, instalar filtros o almacenar grandes cantidades del líquido.

Lomelí atribuyó la situación a deficiencias en la planeación, mantenimiento e inversión en la infraestructura hidráulica, además de cuestionar que las autoridades hayan reaccionado después de las manifestaciones ciudadanas.

“Cambiar funcionarios puede reconocer una crisis, pero no la resuelve. Cambiar nombres no limpia el agua”, afirmó.

Rechaza endeudamiento y privatización del servicio

El senador también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno de Jalisco recurra a financiamiento para atender la problemática del sistema hidráulico, al considerar que una deuda millonaria no debe presentarse como la única alternativa sin estudios públicos que la respalden.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de ampliar la participación privada en la operación del servicio de agua potable, al señalar que este recurso debe mantenerse como un derecho de la población y no convertirse en un negocio.

“No se trata de negar que la infraestructura hidráulica necesita inversión; se trata de exigir fundamentos para concluir que una deuda es la solución y de evitar que un derecho se convierta en negocio de unos cuantos”, sostuvo.

Propone plan de emergencia para atender la crisis

Como parte de su planteamiento, Carlos Lomelí presentó una serie de acciones que, dijo, deben aplicarse de manera inmediata para recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar el servicio.

Entre sus propuestas destacan:

• Publicar diariamente un mapa de las colonias afectadas por agua turbia, malos olores, sedimentos o baja presión.
• Crear un esquema de monitoreo independiente de la calidad del agua con participación de universidades y laboratorios externos.
• Garantizar abastecimiento emergente mediante pipas o puntos de distribución mientras se corrigen las fallas.
• Transparentar las bitácoras de mantenimiento de plantas, pozos y redes hidráulicas.
• Presentar un calendario público de rehabilitación de infraestructura.
• Informar sobre inspecciones y sanciones relacionadas con posibles fuentes de contaminación.
• Emitir reportes semanales sobre los avances en la solución del problema.

Finalmente, el senador llamó a que cualquier decisión sobre el futuro del sistema hidráulico de Guadalajara se tome con transparencia, información pública y participación ciudadana.

“Guadalajara brilló ante el mundo. Ahora tiene que funcionar para su gente”, concluyó.