El creador de contenido Ángel M. se encuentra bajo escrutinio de autoridades estatales tras difundirse un video de comedia en el que aparece portando un uniforme oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, con insignias y parches exclusivos de la corporación, situación que podría derivar en responsabilidades penales conforme a la legislación vigente en el estado.

El material audiovisual, que circuló ampliamente en redes sociales como contenido humorístico, muestra al influencer utilizando prendas con elementos de identificación propios de la policía estatal, lo que ha llamado la atención de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de especialistas en derecho penal, debido a que dichos símbolos cuentan con protección legal.

Sustento jurídico en la legislación estatal

De acuerdo con el Artículo 290 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro del capítulo relativo a la usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniforme o insignias, se establecen sanciones de tres meses a tres años de prisión, además de multas económicas, para quien utilice sin autorización distintivos oficiales de instituciones de seguridad.

La norma contempla castigo para quienes:

• Se atribuyan carácter de servidor público sin serlo
• Usen credenciales, uniformes, grados o insignias sin derecho
• Simulen funciones oficiales o induzcan a error a la ciudadanía

En ese sentido, el uso no autorizado de prendas policiales auténticas o réplicas fieles puede configurar un delito, independientemente del contexto en que se presenten.

Elementos clave para determinar responsabilidad

Juristas consultados señalan que, para que se configure el tipo penal, las autoridades deberán analizar diversos factores, entre ellos:

• Si el uniforme y los parches eran originales o imitaban fielmente los oficiales
• Si existió intención de atribuirse funciones policiales
• Si el contenido pudo generar confusión en el público
• El contexto humorístico o satírico del video

Aunque el material fue difundido como parodia, la legislación vigente no contempla excepciones automáticas por motivos de comedia, por lo que corresponderá a la autoridad determinar si hubo suplantación o riesgo para la confianza pública.

Debate entre libertad de expresión y protección institucional

El caso ha reactivado la discusión en Yucatán sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales frente a la protección de símbolos oficiales y la credibilidad de las corporaciones de seguridad.

Especialistas y representantes de la sociedad civil coinciden en que la parodia es una forma legítima de expresión; sin embargo, advierten que su ejercicio no debe vulnerar normas diseñadas para evitar la suplantación de autoridad o el uso indebido de emblemas institucionales.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado si existe una denuncia formal ni si se ha iniciado una carpeta de investigación contra el influencer, por lo que se prevé que en los próximos días se defina si procederá una acción penal.

La histórica tenista estadounidense Venus Williams volverá a uno de los escenarios más emblemáticos del circuito tras recibir una invitación oficial para disputar el cuadro individual y de dobles del prestigioso Indian Wells, que se celebrará del 4 al 15 de marzo en el desierto del sur de California.

A sus 45 años, la siete veces campeona de Grand Slam prepara así su retorno a un torneo con el que mantiene una relación tan intensa como compleja. Será su décima participación en este certamen, donde ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, la más reciente en 2018.

El director del torneo, Tommy Haas, destacó el significado de su presencia.

“Es un honor otorgar la primera invitación de este año a Venus Williams. Es una leyenda del tenis y una de las jugadoras más laureadas que nuestro deporte ha visto”.

Un regreso cargado de historia

La participación de Williams no solo despierta expectativa por su legado, sino por el pasado conflictivo que la vinculó al torneo. La estadounidense boicoteó Indian Wells entre 2002 y 2016 tras el controvertido episodio ocurrido en 2001, cuando abandonó su semifinal contra su hermana Serena por lesión minutos antes del partido, lo que derivó en abucheos y acusaciones de arreglo.

Su retorno en 2018 marcó una reconciliación simbólica con el público californiano. Ahora, con una nueva invitación, la veterana jugadora buscará escribir otro capítulo en ese proceso.

En 2024 también fue invitada, pero entonces no aceptó competir. Este año, en cambio, confirmó su presencia y expresó entusiasmo por regresar.

“Indian Wells… no puedo esperar para volver a casa y jugar en California”, declaró la tenista.

Actividad reciente y preparación

Williams llega tras su participación en el Australian Open, donde fue eliminada en primera ronda tanto en individuales como en dobles, resultado que refleja las dificultades competitivas propias de esta etapa final de su carrera, pero que no disminuye su atractivo mediático ni su condición de figura histórica.

Antes de aterrizar en California, la estadounidense tiene previsto competir en el ATX Open, torneo que se disputa en Austin, Texas, del 22 de febrero al 1 de marzo, como parte de su preparación inmediata.

Más que un regreso deportivo

La presencia de Venus Williams en Indian Wells trasciende lo estrictamente competitivo. Representa la vigencia de una atleta que redefinió el tenis femenino junto a su hermana Serena, rompió barreras raciales y económicas en el deporte y continúa inspirando a nuevas generaciones incluso fuera del circuito principal.

Lo que debía ser una visita técnica para supervisar una de las obras portuarias más importantes del estado terminó convertido en un episodio que encendió el debate sobre el acceso a la información pública. Un grupo selecto de medios de comunicación fue invitado a un recorrido marítimo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena —conocido popularmente como “Huacho Martín”— para constatar los avances del dragado en el Puerto de Altura de Progreso.

La supervisión se realizó a bordo del buque “Fernando de Magallanes”, desde donde el mandatario informó que la obra presenta un avance cercano al 90%. De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera etapa se han retirado más de 1.3 millones de metros cúbicos de piedra, como parte de un proyecto estatal que contempla una inversión de 1,630 millones de pesos.

El objetivo es ampliar y profundizar el canal de navegación de -11.75 a -13.30 metros, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y fortalecer la conectividad comercial de Yucatán con mercados internacionales.

Sin embargo, más allá de los datos técnicos, la atención pública se centró en un aspecto distinto: la exclusividad de la invitación.

En círculos periodísticos y redes sociales surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para definir qué medios podían participar en el recorrido. Diversas voces señalaron que únicamente fueron convocados medios considerados cercanos a la administración estatal, lo que generó inconformidad entre comunicadores que quedaron fuera.

Mientras el discurso oficial enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas, críticos sostienen que estas prácticas refuerzan la percepción de un trato preferencial hacia medios afines, limitando el acceso equitativo a la información pública.

La polémica revive un debate recurrente en la relación entre gobiernos y prensa: si los recursos públicos financian la obra, ¿la cobertura informativa debería ser abierta a todos los medios?

El recorrido permitió a los asistentes documentar de primera mano el avance del proyecto y difundir imágenes exclusivas desde la draga, material que posteriormente circuló en redes sociales y portales informativos.

Para analistas, este tipo de eventos forma parte de una estrategia de comunicación política orientada a posicionar logros de gobierno mediante contenidos favorables, lo que difumina la línea entre cobertura periodística independiente y material institucional.

La pregunta que comenzó a repetirse entre comunicadores y ciudadanos fue directa: ¿se trató de un ejercicio de transparencia o de un publirreportaje financiado indirectamente con recursos públicos?

Lo que debía ser una visita técnica para supervisar una de las obras portuarias más importantes del estado terminó convertido en un episodio que encendió el debate sobre el acceso a la información pública. Un grupo selecto de medios de comunicación fue invitado a un recorrido marítimo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena —conocido popularmente como “Huacho Martín”— para constatar los avances del dragado en el Puerto de Altura de Progreso.

La supervisión se realizó a bordo del buque “Fernando de Magallanes”, desde donde el mandatario informó que la obra presenta un avance cercano al 90%. De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera etapa se han retirado más de 1.3 millones de metros cúbicos de piedra, como parte de un proyecto estatal que contempla una inversión de 1,630 millones de pesos.

El objetivo es ampliar y profundizar el canal de navegación de -11.75 a -13.30 metros, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y fortalecer la conectividad comercial de Yucatán con mercados internacionales.

Sin embargo, más allá de los datos técnicos, la atención pública se centró en un aspecto distinto: la exclusividad de la invitación.

En círculos periodísticos y redes sociales surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para definir qué medios podían participar en el recorrido. Diversas voces señalaron que únicamente fueron convocados medios considerados cercanos a la administración estatal, lo que generó inconformidad entre comunicadores que quedaron fuera.

Mientras el discurso oficial enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas, críticos sostienen que estas prácticas refuerzan la percepción de un trato preferencial hacia medios afines, limitando el acceso equitativo a la información pública.

La polémica revive un debate recurrente en la relación entre gobiernos y prensa: si los recursos públicos financian la obra, ¿la cobertura informativa debería ser abierta a todos los medios?

El recorrido permitió a los asistentes documentar de primera mano el avance del proyecto y difundir imágenes exclusivas desde la draga, material que posteriormente circuló en redes sociales y portales informativos.

Para analistas, este tipo de eventos forma parte de una estrategia de comunicación política orientada a posicionar logros de gobierno mediante contenidos favorables, lo que difumina la línea entre cobertura periodística independiente y material institucional.

La pregunta que comenzó a repetirse entre comunicadores y ciudadanos fue directa: ¿se trató de un ejercicio de transparencia o de un publirreportaje financiado indirectamente con recursos públicos?

El primer viernes de Cuaresma, tradicionalmente considerado el arranque de una de las temporadas más fuertes para la venta de pescados y mariscos, transcurrió sin el repunte esperado en el área de pescaderías del Mercado Lucas de Gálvez, donde comerciantes reportaron ingresos por debajo de sus previsiones.

Durante un recorrido por este centro de abasto del centro histórico se observó una afluencia constante de clientes; sin embargo, locatarios señalaron que la presencia de compradores no se tradujo en mayores ventas, pues predominó la adquisición de pequeñas cantidades.

Para estimular el consumo, los comerciantes mantuvieron precios estables. Entre los productos ofertados destacó el cazón asado, con un costo de 220 pesos por kilo, mientras que el cazón fresco se vendió en 100 pesos por kilo. El filete de pescado osciló entre 140 y 200 pesos, dependiendo de la especie, y el pescado conocido popularmente como “cochinita”, utilizado para asar al carbón, se ofreció en 100 pesos por kilo.

El comerciante Roger Loeza indicó que la jornada fue de baja actividad en su local, pese a contar con un producto distintivo dentro del mercado: cazón asado preparado con una receta familiar heredada de su padre. Además, ofrece tilapias con precios entre 120 y 180 pesos por kilo, así como camarones en distintas presentaciones.

Por su parte, Josué Acosta calificó el día como “normal”, sin el incremento habitual asociado al inicio de la temporada. No obstante, manifestó confianza en que la demanda aumente en las próximas semanas, conforme avance la Cuaresma.

“Les invitamos a que nos visiten en el mercado para que puedan abastecerse; hasta el momento han estado bajas las ventas, no son las que imaginábamos, pero vamos a darle tiempo al tiempo”, expresó.

En redes sociales del propio mercado y entre consumidores locales se ha insistido en la importancia de adquirir productos en los centros tradicionales de abasto, donde aseguran se ofrecen precios competitivos y pescado fresco proveniente del litoral yucateco. Sin embargo, comerciantes reconocen que factores económicos y la competencia de otros establecimientos han modificado los patrones de compra.

Los locatarios confían en que los viernes restantes de Cuaresma y la cercanía de la Semana Santa impulsen las ventas, como ocurre habitualmente cada año en este emblemático mercado de Mérida.

En un estado que presume ser de los más seguros del país, ahora surge un escándalo que, irónicamente, no tiene que ver con delincuencia organizada tradicional… sino con la versión “oficial” de la misma. Señalamientos difundidos en redes y círculos empresariales advierten sobre la presunta operación de una red de cobros irregulares ligada a la Coordinación Estatal de Protección Civil, bautizada con sarcasmo como el “Cártel PROCIVY”.

De acuerdo con la información disponible, funcionarios y colaboradores cercanos habrían participado en un esquema de multas administrativas infladas y dictámenes técnicos cuestionables, en el que los negocios terminaban pagando cifras estratosféricas para poder seguir operando —o para evitar problemas mayores, según denuncias.

Entre los nombres mencionados se encuentra José Luis Pimentel, identificado como funcionario de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Mérida, así como Hernán Hernández, director de un organismo vinculado, además de Ángel Herrera.

💸 Multas de “fantasía”… con ingresos muy reales

Los señalamientos apuntan a que algunos establecimientos habrían sido obligados a pagar hasta 45 mil pesos por sanción administrativa, pero solo alrededor de 10 mil pesos ingresaban oficialmente a las arcas públicas. El resto, presuntamente, desaparecía en un limbo contable bastante conveniente.

Dicho de otro modo: la autoridad sancionaba, cobraba y —según las acusaciones— también “administraba” una parte considerable del castigo fuera de cualquier registro. Una especie de impuesto paralelo, pero sin Congreso, sin transparencia y sin recibo fiscal.

🧾 Dictámenes caros… y aparentemente irregulares

El esquema no terminaría ahí. También se señala la participación de un ingeniero de apellido Jiménez, quien habría emitido dictámenes técnicos con costos superiores a los 50 mil pesos, requisito indispensable para regularizar o mantener en funcionamiento ciertos negocios.

El detalle incómodo: el profesionista presuntamente no contaría con cédula profesional ni firma oficial registrada para expedir este tipo de documentos. Es decir, diagnósticos carísimos… firmados por alguien que, en teoría, no estaría autorizado para hacerlo.

Según las versiones difundidas, su incorporación habría sido una forma de retribuir favores previos a funcionarios involucrados, garantizando así beneficios económicos significativos para el grupo.

🏪 Empresarios entre la espada y la multa

Comerciantes afectados describen un panorama donde cumplir con la ley no necesariamente garantizaba tranquilidad, pues siempre podía aparecer una nueva observación técnica, un nuevo requisito o una nueva sanción.

El mensaje implícito —según denunciantes— era claro: pagar rápido y sin hacer preguntas resultaba más sencillo que enfrentarse a cierres, clausuras o trámites interminables.

🗳️ Silencio incómodo en tiempos políticos

El caso ha comenzado a salpicar el ambiente político local, pues ocurre bajo la administración estatal encabezada por Joaquín Díaz Mena y en el contexto del gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre investigaciones formales relacionadas con estos señalamientos.

Mientras tanto, el tema crece en redes sociales, donde usuarios cuestionan si se trata de hechos aislados, una red de corrupción estructurada o simplemente “rumores incómodos” que nadie quiere confirmar ni desmentir.

Llamado a denunciar

Personas que aseguran haber sido afectadas por estas presuntas prácticas han solicitado que otros empresarios presenten denuncias formales o compartan evidencias —como recibos, fotografías o documentos— para dar seguimiento al caso.

Más de $322.6 millones de pesos podrían haber sido “gestionados creativamente” en varios municipios de Yucatán, según el último informe de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). Y, como era de esperarse, los focos rojos se concentran principalmente en gobiernos municipales ligados a Morena.

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASEY detectó posibles daños al erario que ahora están sujetos a revisión, aclaración y seguimiento. Pero lo llamativo no es solo el monto, sino la facilidad con la que algunos ayuntamientos parecen jugar con el dinero público sin que hasta ahora haya consecuencias visibles.

Entre los municipios que destacan por la “creatividad administrativa” se encuentran Telchac Puerto, con un posible perjuicio de 31.88 millones de pesos; Tinum, con 25.23 millones; y Celestún, con 18.66 millones. Les siguen Espita, Tzucacab y la paramunicipal Servilimpia, ligada al Ayuntamiento de Mérida, con 13.40 millones.

El auditor superior, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, destacó que la fiscalización incluyó 204 entidades públicas y 232 auditorías, revisando un total de 11,078.7 millones de pesos, lo que equivale al 62.89% de los recursos públicos sujetos a fiscalización. Como resultado, se emitieron 1,783 observaciones finales y más de 2,100 acciones administrativas y fiscales. Todo esto, en teoría, para que los recursos se utilicen correctamente… aunque algunos ayuntamientos parecen tener otros planes.

El informe de la ASEY no es un secreto de pulso: los hallazgos incluyen inconsistencias financieras, debilidades en el control interno y posibles omisiones en la contratación de obra pública. Sin embargo, las cifras siguen generando dudas: ¿por qué los municipios vinculados a Morena concentran los mayores daños al erario? ¿Será casualidad o hay un patrón que a la política local le cuesta admitir?

Arjona Ortiz recalcó que la entrega del informe al Congreso del Estado representa solo una etapa más del proceso de fiscalización. “La rendición de cuentas es un proceso continuo”, dijo, subrayando que aún queda camino por recorrer antes de que los recursos “creativamente administrados” regresen al erario o sus responsables enfrenten consecuencias.

Entre recomendaciones y posibles aclaraciones, los ciudadanos observan con sarcasmo cómo el dinero público parece moverse más rápido hacia bolsillos selectos que hacia obras y servicios. Y mientras la ASEY cumple con su tarea técnica, la pregunta que circula en redes sociales y en la opinión pública es simple: ¿Hasta cuándo los municipios de Morena seguirán bajo la lupa sin que nadie se rasque?

El informe completo está disponible para consulta pública en el portal de la ASEY: https://asey.gob.mx/web/.

Más terco que una mula, más pesado que un disco rayado y con la habilidad de empeñarse en lo absurdo: así se describe Milo Barrera Novelo, conocido en redes como “Milo Huachicol”, quien insiste en usar su boda como plataforma de campaña para la alcaldía de Mérida. Y ahora, como si faltara espectáculo, involucró a la Iglesia Católica en su farsa política.

A pesar de que las encuestas lo ignoran por completo y su imagen pública deja mucho que desear, Barrera Novelo no pierde la oportunidad de posar en cada foto de su “matrimonio lavanda”, un concepto que, según la cultura popular, se refiere a un matrimonio entre un hombre y una mujer donde al menos uno de los miembros es homosexual o bisexual, y que sirve solo para ocultar la orientación sexual y evitar la estigmatización social.

En su boda civil, por ejemplo, se le vio abrazando a medias a su prometida y con el puño cerrado, un gesto que delata que el enlace es más teatral que real. Ahora, en plena cuaresma, el político difundió una nueva imagen acompañado del padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, figura conocida entre la alta sociedad meridana, asegurando estar “listísimo para la boda”. Entre los feligreses y los internautas, la pregunta surge sola: ¿campaña política o comedia religiosa?

El historial de matrimonios lavanda en México incluye a figuras como Carlos Rivera y Rommel Pacheco, quienes han usado la estrategia para sortear prejuicios sociales. Pero en el caso de “Milo Huachicol”, la estrategia no es para protegerse, sino para intentar ganar votos mediante una farsa que huele a desesperación política.

“Ni hablar, tendremos otro matrimonio lavanda en la política yucateca. Menos mal que no tendremos matrimonio lavanda en la Comuna, porque Milo Huachicol ni en sus sueños más locos llega a la presidencia de Mérida”, concluyen críticos y observadores de la política local.

Entre la ironía, las redes sociales y los confesionarios, la campaña de Barrera Novelo se consolida como un espectáculo digno de análisis: el poder, la imagen pública y la fe usados como escenario de una farsa que algunos califican de ridícula, y otros, de preocupante para la política meridana.

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha documentado de manera contundente el desvío de más de 4 millones de pesos por parte del entonces alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, durante su gestión en 2021. Sin embargo, pese a la evidencia irrefutable, el gobierno federal de la 4T ha actuado como escudo protector del político, generando un nuevo capítulo de impunidad que ha encendido críticas entre la ciudadanía.

Según el reporte de la ASEY, Aguilar Arroyo cobró $4,236,781 pesos por obras que nunca realizó. El cuadro 6.2 de la auditoría detalla no solo el monto exacto, sino también que las denuncias se judicializaron ante un juez. Sin embargo, la protección política de la 4T detuvo el proceso, evitando que el exalcalde enfrentara condena.

Fuentes confiables señalan que la evidencia es clara y contundente: el exedil cometió el robo y el gobierno de Morena lo salvó de la cárcel, además de premiarlo posteriormente con el cargo de director del INDERM, un hecho que ha desatado indignación entre la población.

El informe de la ASEY reveló que de las 15 observaciones realizadas a Aguilar Arroyo, ninguna fue solventada completamente, seis fueron atendidas parcialmente y nueve permanecen sin resolver. Entre las obras que quedaron inconclusas se encuentran calles en Motul, Kiní y Ucí, así como pozos pluviales en comisarías como Tanya, Kaxatah, Kancabchen Rancho, Kopte y Hili.

El caso también evidencia la intervención del Poder Judicial, donde el juez Kenny Martins Burgos Salazar, siguiendo instrucciones del consejero jurídico Gaspar Daniel Alemañy Ortiz y de los magistrados Mario Alberto Castro Alcocer y Mario Israel Correa Ríos, suspendió temporalmente el proceso penal, facilitando que el exalcalde evitara enfrentar la justicia.

La “casa por cárcel” llegó a su fin para el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Un juez de Ejecución Penal ordenó su retorno a un penal federal para continuar cumpliendo la condena de 36 años y nueve meses por delitos contra la salud y delincuencia organizada, reavivando el debate sobre los beneficios penitenciarios a exfuncionarios condenados.

La resolución establece su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, donde originalmente compurgaba la sentencia antes de que en junio de 2020 se le concediera prisión domiciliaria en Chetumal bajo el argumento de la pandemia.

🦠 El fin del argumento sanitario

El juzgado determinó que dicho beneficio quedó sin sustento tras el fin oficial de la emergencia por Covid-19 en mayo de 2023. En otras palabras, lo que comenzó como una medida sanitaria excepcional terminó prolongándose durante años, hasta que la autoridad decidió que debía volver al régimen ordinario de reclusión.

La defensa legal intentó frenar el traslado mediante un amparo, alegando que el exmandatario presenta un estado de salud delicado que requiere atención médica constante. Paralelamente, sus abogados promovieron la libertad condicionada; el trámite fue admitido, pero aún no tiene fecha de audiencia.

⚖️ Un historial marcado por el narcotráfico

Villanueva fue detenido en 2001 y extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Nueva York. Allí recibió una pena de 131 meses de prisión. Tras cumplirla, fue repatriado a México para enfrentar procesos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Juárez, organización asociada a Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”.

🔥 Críticas y percepción pública

El caso vuelve a colocar en el centro del debate la percepción de desigualdad en el sistema de justicia: mientras miles de internos cumplen condenas en condiciones ordinarias, la prisión domiciliaria de figuras políticas condenadas suele interpretarse como un privilegio difícil de justificar socialmente.

Ahora, con la orden de regreso al penal federal, la narrativa cambia: de la protección sanitaria a la exigencia de cumplir íntegramente una sentencia por delitos graves. Sin embargo, el proceso aún podría prolongarse si prosperan los recursos legales pendientes.

 Lo que debería ser un espacio digno para el trabajo administrativo en salud pública se ha convertido —según denuncias del propio personal— en un sitio deteriorado, insalubre y potencialmente peligroso. Trabajadores del Sistema de Información Médico Operativo (SIMO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital General de Zona No. 1 de Campeche, exhibieron el estado crítico de sus oficinas, donde aseguran laboran bajo techos rotos, humedad constante y riesgo de desprendimientos.

La denuncia fue difundida en redes sociales por la trabajadora Ana J. Ríos A., quien describió un panorama que contrasta con la imagen institucional que suele proyectarse del sistema de salud.

“¡De terror! ¡De coraje! ¡De tooodo!, menos de higiene y seguridad en el área laboral”, escribió, al referirse a las condiciones del área donde ella y sus compañeros permanecen más de ocho horas diarias.

Riesgo estructural y sanitario

De acuerdo con la publicación, el plafón presenta daños severos y existe temor de que fragmentos puedan desprenderse en cualquier momento. Además, la humedad y la acumulación de polvo generan un ambiente insalubre que —afirman— afecta directamente la salud del personal.

La trabajadora señaló que, debido a las filtraciones y aberturas, proliferan insectos y roedores, lo que obliga incluso al uso frecuente de insecticidas dentro del área cerrada.

“Respiran humedad, polvo y químicos durante toda la jornada, con el susto de que pueda caer un pedazo de plafón podrido o una rata”, advirtió.

Contraste con áreas “para la foto”

Uno de los señalamientos más duros apunta a la aparente disparidad entre las zonas deterioradas y las áreas remodeladas que suelen mostrarse durante visitas oficiales.

Según la denuncia, mientras directivos recorren espacios “blancos, nuevos y presentables”, el personal operativo permanece en oficinas abandonadas al mantenimiento.

La crítica adquiere un tono irónico al cuestionar los discursos oficiales sobre modernización del sistema de salud, particularmente aquellos que comparan su calidad con la de países desarrollados.