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A casi cinco años, familia de Leonardo mantiene la exigencia de justicia por tragedia en parque acuático de la Riviera Maya

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Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una tragedia que continúa generando reclamos de justicia. A casi cinco años del fallecimiento de Leonardo, un adolescente de 13 años que sufrió un accidente en una atracción del parque Xenses, operado por Grupo Xcaret, sus familiares insisten en que el caso no debe quedar impune.

Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2021 en la atracción conocida como “Riolajante”. De acuerdo con la versión de la familia, el menor fue succionado por un sistema de filtración que presuntamente carecía de una tapa de protección, quedando atrapado bajo el agua.

Su padre, médico cardiólogo, intentó rescatarlo de inmediato; sin embargo, según el testimonio familiar, la fuerza de la succión impidió liberarlo a tiempo. Leonardo fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció al día siguiente a consecuencia de un severo daño pulmonar.

Además del accidente, los familiares denunciaron presuntas irregularidades durante las investigaciones. Aseguran que personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo los habría presionado para firmar un perdón legal a favor del parque como condición para entregar el cuerpo del menor, señalamientos que han mantenido vigentes durante su búsqueda de justicia.

El caso volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en parques acuáticos y centros recreativos, especialmente en lo relacionado con los sistemas de filtración de albercas y ríos artificiales. Especialistas en seguridad recomiendan mantener protegidas las rejillas de succión, reportar cualquier anomalía visible y ubicar al personal de emergencia antes de ingresar a una atracción.

La muerte de Leonardo también abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer la supervisión de las instalaciones recreativas y garantizar que los protocolos de seguridad se cumplan de manera estricta para prevenir accidentes similares.

Mientras continúan las exigencias para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, la familia mantiene vivo el recuerdo del adolescente con la esperanza de que su caso contribuya a evitar que otras personas enfrenten una tragedia semejante durante una visita a un parque de diversiones

Morena aprieta las reglas rumbo a 2027 y obliga a aspirantes a dejar sus cargos

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Las definiciones rumbo al próximo proceso electoral comienzan a mover el tablero político al interior de Morena. Una disposición emanada del Comité Nacional del partido establece que quienes aspiren a una candidatura para diputaciones locales, federales o regidurías deberán separarse de sus cargos, a más tardar durante el mes de agosto.

La medida representa un duro golpe para numerosos funcionarios y representantes populares que actualmente perciben salarios públicos y que ahora deberán decidir entre conservar la estabilidad de sus cargos o apostar por una candidatura cuya obtención no está garantizada.

La regla obliga a quienes buscan mantenerse vigentes en la vida política a asumir un riesgo importante: renunciar prácticamente un año antes de las elecciones sin la certeza de ser los candidatos elegidos. Incluso, en caso de obtener la nominación, deberán afrontar los gastos propios de una campaña electoral.

El escenario también abre interrogantes sobre el desgaste que enfrenta Morena en Yucatán. De acuerdo con diversas opiniones dentro del ámbito político, la fuerza del partido ya no genera el mismo impulso electoral que en procesos anteriores, mientras que las elecciones intermedias suelen registrar menor participación ciudadana y un ambiente político menos favorable para quienes confían únicamente en las siglas partidistas.

La situación se complica aún más para aquellos legisladores, alcaldes y regidores que, según las críticas, han mantenido un desempeño discreto o prácticamente inexistente durante sus administraciones. La percepción ciudadana sobre representantes populares alejados de la población y con escasa presencia en sus distritos podría convertirse en un factor determinante al momento de buscar nuevamente el respaldo en las urnas.

También existe la idea de que algunos actores políticos consideran suficiente mantener cercanía con las dirigencias o con personajes de alto nivel para asegurar una candidatura. Sin embargo, la realidad electoral suele ser distinta y el respaldo interno no siempre se traduce en el apoyo de los ciudadanos.

La crítica no se limita a Morena. En distintos sectores se cuestiona el desempeño de representantes populares de diversas fuerzas políticas, particularmente de Morena y del PAN, al considerar que muchos han permanecido alejados de las necesidades de la población pese a ocupar cargos de representación.

Con este nuevo requisito interno, Morena obliga a sus aspirantes a realizar una apuesta política de alto costo: abandonar la seguridad de un cargo público para competir por una candidatura que dependerá tanto de las decisiones partidistas como de la aceptación ciudadana en las urnas.

Denuncian presunto encubrimiento de negligencia y represalias contra enfermero en clínica del ISSSTE Mérida

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Un enfermero adscrito a la Clínica Hospital Susulá del ISSSTE presentó denuncias ante instancias federales en las que señala un presunto caso de negligencia médica, encubrimiento institucional y hostigamiento laboral, hechos que, asegura, comenzaron después de negarse a guardar silencio sobre un incidente ocurrido durante la atención de un paciente.

De acuerdo con la denuncia, el caso se originó el pasado 27 de abril, cuando una enfermera presuntamente abandonó a un paciente que se encontraba en paro cardiorrespiratorio durante la aplicación del protocolo de soporte vital avanzado, conocido como Código Azul.

El denunciante sostiene que existe una Constancia de Hechos oficial relacionada con el incidente, la cual habría sido sellada desde el 3 de junio sin que, hasta el momento, se hayan tomado acciones visibles contra la persona involucrada.

Asimismo, acusa que, tras reportar los hechos, comenzó a ser objeto de represalias laborales por parte de directivos de la Clínica Hospital Mérida (Susulá). Entre ellas, afirma que fue reasignado de área de trabajo, se obstaculizó la continuidad de sus estudios profesionales mediante un trato que califica como discriminatorio y se iniciaron procedimientos administrativos en su contra.

Uno de los episodios que considera parte del presunto hostigamiento ocurrió el pasado 17 de junio, cuando, según su versión, fue citado por el Comité de Ética local con apenas cuatro minutos de anticipación para rendir una declaración, situación que calificó como una “emboscada procesal”.

El trabajador asegura que cuenta con documentación oficial para respaldar sus señalamientos, entre ellos copias del acta relacionada con el presunto abandono del paciente, oficios administrativos, bitácoras de servicio y los acuses de recibo de las denuncias presentadas ante diversas instancias federales.

El caso ya fue turnado al Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el expediente OIC 79160/2026, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Dirección General del ISSSTE en la Ciudad de México.

Según el denunciante, el objetivo es que las autoridades investiguen tanto el presunto acto de negligencia médica como las posibles represalias ejercidas en su contra por haber informado de los hechos.

Añadió que el asunto ya llegó al conocimiento del director general del ISSSTE, Martí Batres, quien, de acuerdo con su versión, manifestó el compromiso de que la denuncia será investigada hasta sus últimas consecuencias.

Hasta el momento, las autoridades de la Clínica Hospital Susulá del ISSSTE no han emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones. Las denuncias continúan en proceso de investigación por las instancias competentes.

Muro se desploma desde edificio en construcción y provoca daños en vivienda de San Ramón Norte

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Un muro de un edificio de ocho niveles en construcción colapsó desde una altura aproximada de un sexto piso y cayó sobre la terraza de una vivienda contigua, ubicada en la calle 36-D por 35 de la colonia San Ramón Norte, dejando cuantiosos daños materiales y generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, los propietarios del inmueble aseguraron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave, ya que horas antes del desplome la dueña de la casa y trabajadores de jardinería realizaban labores de mantenimiento precisamente en el área donde terminaron cayendo los escombros.

De acuerdo con los afectados, este accidente representa la culminación de una serie de incidentes relacionados con la construcción del desarrollo habitacional Yaakun. Desde marzo de este año interpusieron una primera denuncia al señalar que de manera constante caían maderas, herramientas, escombros y otros materiales sobre su propiedad, ocasionando afectaciones a la piscina, el jardín y diversas áreas del domicilio, además de poner en riesgo a quienes habitan el lugar.

Tras el colapso registrado el pasado martes alrededor de las cinco de la tarde, la familia presentó una segunda denuncia para exigir la reparación de los daños y el deslinde de responsabilidades.

Según la versión de los propietarios, el muro que se desprendió no contaba con las columnas de concreto necesarias para reforzar su estructura. Indicaron que un representante de la empresa constructora les explicó que dichos elementos no pudieron ser colocados debido a que la obra fue suspendida.

Sin embargo, la situación ha despertado cuestionamientos, ya que el Ayuntamiento de Mérida, mediante la Dirección de Desarrollo Urbano, había ordenado la suspensión de los trabajos desde el pasado 5 de junio de 2026. Pese a ello, aproximadamente veinte días después ocurrió el desplome del muro.

Los vecinos manifestaron que el riesgo persiste, pues aseguran que existen otras estructuras dentro de la obra que presentan condiciones similares y podrían colapsar en cualquier momento, poniendo en peligro tanto a las familias que viven junto al edificio como a peatones y automovilistas que transitan por la zona.

Asimismo, recordaron que meses atrás una pieza de madera proveniente de la construcción impactó a una de las mujeres que habita la vivienda, causándole lesiones, hecho que también fue reportado como parte de las irregularidades detectadas durante el desarrollo del proyecto.

Ante estos acontecimientos, la familia afectada hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que realicen una investigación exhaustiva sobre las condiciones de seguridad de la obra, determinen si se cumplieron las disposiciones establecidas en materia de construcción y adopten las medidas necesarias para evitar que ocurra una tragedia de mayores dimensiones.

Agentes acusan a la DEA de permitir el ingreso de miles de pastillas de fentanilo para fortalecer investigaciones

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Una investigación de The Associated Press reveló que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habrían permitido que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025 como parte de una estrategia para construir casos de mayor alcance contra organizaciones del narcotráfico.

De acuerdo con testimonios de tres agentes y exagentes de la corporación, así como documentos oficiales revisados por la agencia de noticias, las autoridades optaron en diversos casos por monitorear cargamentos del opioide sintético sin decomisarlos de inmediato, con el objetivo de identificar y procesar a líderes de redes criminales.

El agente especial David Howell, quien denunció internamente estas prácticas, aseguró que la estrategia puso en riesgo a la población y pudo contribuir a un mayor número de muertes por sobredosis.

“Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos”, afirmó Howell, al señalar que las autoridades no pueden determinar cuántas de las drogas que dejaron circular terminaron causando fallecimientos.

Entre los casos documentados figura una operación realizada en junio de 2023, cuando los investigadores vigilaron la entrega de aproximadamente 74 mil pastillas de fentanilo en Albuquerque sin intervenir. Según la investigación, también hubo otros cargamentos que fueron observados, pero no asegurados.

Howell sostiene que estas decisiones contravinieron el espíritu de los protocolos establecidos por el Departamento de Justicia, los cuales desde 2017 recomendaban decomisar el fentanilo tan pronto como fuera posible para proteger a la población. Aunque dichas directrices fueron modificadas en 2024 para otorgar mayor discrecionalidad a los investigadores, el agente considera que la estrategia continuó representando un riesgo para la seguridad pública.

Por su parte, la DEA rechazó las acusaciones y aseguró que las decisiones tomadas durante las investigaciones fueron legales y acordes con las políticas del Departamento de Justicia. La agencia sostuvo que las operaciones incluyeron vigilancia permanente, intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y análisis de inteligencia dirigidos a desmantelar organizaciones de narcotráfico de gran escala.

El exfiscal federal Alex Uballez defendió la estrategia al argumentar que, con recursos limitados, concentrar los esfuerzos en capturar a los principales responsables del tráfico de drogas puede salvar más vidas que interceptar cada cargamento individual.

Sin embargo, otros agentes consultados por AP compararon la táctica con la polémica operación “Fast and Furious”, al considerar que permitir el paso de sustancias altamente letales representa un riesgo inaceptable para la población.

La controversia surge en un momento en que Nuevo México continúa siendo uno de los estados más afectados por la crisis del fentanilo. Mientras las muertes por sobredosis disminuyeron a nivel nacional durante el último año, esa entidad registró un incremento del 21 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.

Las revelaciones han reavivado el debate sobre el equilibrio entre las investigaciones de largo alcance contra el crimen organizado y la obligación de impedir que drogas altamente letales lleguen a las calles.

INE da luz verde a dos nuevos partidos rumbo a las elecciones de 2027

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de PAZ y Somos Mx como nuevos partidos políticos nacionales, con lo que ambas fuerzas podrán participar en el proceso electoral federal de 2027 y acceder a financiamiento público a partir del próximo 1 de julio.

La decisión fue avalada por mayoría de votos durante una sesión extraordinaria. En el caso de Somos Mx, el organismo electoral estableció como condición para conservar su registro que modifique su nombre y el uso del color rosa antes de la fecha en que comenzará a recibir recursos públicos.

El partido PAZ representa el tercer intento de integrantes del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), encabezados por el diputado federal Hugo Éric Flores, por regresar a la competencia electoral y alcanzar el porcentaje de votación requerido para mantener el registro nacional.

Por su parte, Somos Mx reúne a diversos actores políticos, entre ellos exintegrantes del extinto PRD, bajo el liderazgo de Guadalupe Acosta Naranjo, con el propósito de consolidarse como una fuerza política de oposición al partido Morena.

Durante la discusión, el INE consideró que la denominación “Somos México” transmite una idea de identificación con la nación, por lo que determinó que deberá ser modificada, al igual que el color distintivo del instituto político.

En contraste, el Consejo General rechazó otorgar el registro como partidos nacionales a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, luego de analizar observaciones presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionadas con presuntas irregularidades financieras y de afiliación.

En el caso de México Tiene Vida, el INE detectó incumplimientos en la realización de asambleas válidas y aportaciones económicas provenientes de personas no autorizadas, algunas por montos de hasta 719 mil pesos.

Respecto a Que Siga la Democracia, los consejeros señalaron 92 irregularidades en el proceso de afiliación, entre ellas presuntas falsificaciones de fotografías y credenciales para votar, además de observaciones de la UIF sobre recursos que representarían cerca del 20 por ciento de los ingresos reportados por la organización.

Con estas resoluciones, el panorama político nacional suma dos nuevos partidos con registro oficial, mientras otras organizaciones deberán esperar un nuevo proceso para intentar obtener su reconocimiento legal.

Alcaldesa de Uruapan lleva a la Suprema Corte defensa de las candidaturas independientes

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito en respaldo a la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano (MC) contra la reforma a las candidaturas independientes impulsada por el gobierno de Michoacán.

Acompañada por el activista Julián LeBaron, legisladores y más de un centenar de integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero, provenientes de diversas entidades del país, la edil acudió al máximo tribunal para entregar un documento bajo la figura jurídica de amicus curiae (amigo de la Corte), en el que expone los argumentos por los que considera que la nueva legislación restringe la participación de aspirantes ciudadanos.

La viuda de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, fue recibida por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Al término del encuentro, sostuvo que las modificaciones legales tienen como objetivo limitar a quienes buscan contender por cargos públicos sin el respaldo de un partido político.

Pese a ello, aseguró que el movimiento continuará participando en la vida política y enfrentará las restricciones impuestas por la reforma.

“Con sombrero, sin sombrero, como sea vamos a dar la batalla”, expresó.

Quiroz afirmó que las nuevas disposiciones afectan directamente al Movimiento Independiente del Sombrero, al impedir que ciudadanos interesados en una candidatura independiente puedan organizarse y vincularse con esta agrupación de cara a futuros procesos electorales.

La acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano y los argumentos presentados por diversos actores serán analizados por la Suprema Corte, que deberá determinar la constitucionalidad de las reformas aprobadas en Michoacán.

Once estados de México endurecen reglas para el uso de celulares en las escuelas

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El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de los planteles escolares comienza a estar sujeto a mayores restricciones en distintas entidades del país. Entre 2025 y 2026, un total de 11 estados aprobaron medidas para limitar su utilización durante la jornada escolar, con el objetivo de favorecer el aprendizaje y fortalecer la convivencia entre los estudiantes.

Las entidades que ya implementaron estas disposiciones son Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero y Morelos.

Las nuevas reglas establecen, en la mayoría de los casos, que los alumnos no podrán utilizar sus teléfonos celulares dentro del salón de clases, salvo cuando el docente autorice su uso con fines académicos. Además, contemplan restricciones para grabar, fotografiar o difundir contenido dentro de las escuelas sin el consentimiento correspondiente y, en algunos estados, los dispositivos deberán permanecer resguardados durante el horario escolar.

De acuerdo con el estudio “El impacto de las pantallas en las Niñas, Niños y Adolescentes en el aprendizaje y sus diversas repercusiones”, elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, ocho entidades realizaron modificaciones a sus leyes educativas para incorporar estas restricciones.

Se trata de Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas, mientras que Querétaro, Guerrero y Morelos optaron por implementar protocolos administrativos para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas.

Las medidas buscan reducir las distracciones en el aula, prevenir situaciones relacionadas con el acoso digital y fomentar un entorno escolar más seguro y enfocado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CAPRO fortalece su presencia en el mercado inmobiliario de Yucatán con más de 600 viviendas construidas

Mérida, Yucatán.- La desarrolladora inmobiliaria CAPRO (Capetillo Proyectos) continúa consolidándose como una de las empresas más importantes del sector inmobiliario en Yucatán, gracias a una trayectoria que supera los 15 años de experiencia y más de 600 viviendas construidas en la entidad.

La empresa ha destacado por desarrollar proyectos habitacionales enfocados en la calidad, funcionalidad y ubicación estratégica, factores que han permitido a cientos de familias acceder a un patrimonio con alta plusvalía y certeza jurídica. Entre sus desarrollos más representativos destacan proyectos residenciales ubicados en zonas de crecimiento como Temozón Norte, Xcanatún y la Zona Country de Mérida.

Actualmente, CAPRO impulsa desarrollos como el proyecto residencial Distrito Country, que contempla 282 departamentos distribuidos en 10 torres, además de espacios comerciales y amenidades diseñadas para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Asimismo, mantiene en comercialización desarrollos como El Origen, una privada residencial ubicada en Xcanatún.

La desarrolladora también ha recibido reconocimientos en el sector de la construcción, incluyendo premios relacionados con proyectos habitacionales en Yucatán, lo que fortalece su reputación dentro del mercado inmobiliario regional.

Especialistas consideran que el crecimiento sostenido de CAPRO refleja la confianza que existe en el mercado inmobiliario yucateco, uno de los más dinámicos del país debido a factores como seguridad, calidad de vida y desarrollo económico.

Suben a 589 los muertos tras los dos terremotos en Venezuela; hay casi 3 mil heridos

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La cifra de personas fallecidas por los dos terremotos que azotaron a Venezuela el miércoles pasado se elevó a 589, mientras que se reportan 2 mil 980 lesionados, informó este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4 mil 300 personas.

Rodríguez destacó que han podido rescatar a “decenas” de personas, sin precisar la cifra.
Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, añadió.

La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.
Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5.

La Guaira fue declarada el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones. (Informador)