La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta cuestionamientos por difundir que 71% de la ciudadanía considera que protege los derechos humanos, sin que hasta el momento haya hecho públicos los resultados completos ni la metodología de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2025 que sustenta esa cifra.

El porcentaje ha sido utilizado por el organismo en campañas institucionales difundidas en radio, televisión y plataformas digitales. Sin embargo, el estudio íntegro y los detalles metodológicos no se encuentran disponibles para consulta pública, lo que impide verificar los resultados y compararlos con mediciones anteriores.

En contraste, la encuesta correspondiente a 2024 sí fue publicada por la CNDH junto con su metodología. En ese ejercicio, cuatro de cada diez personas evaluaron favorablemente el desempeño de la institución.

De acuerdo con su Informe de Actividades 2025, la propia Comisión señala que el levantamiento de la Encuesta Nacional de Opinión Pública en vivienda se realizó durante el segundo semestre del año, aunque el documento completo continúa sin ser difundido.

Por otra parte, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la presencia del organismo entre la población sigue siendo limitada. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 indica que solo una minoría de las personas adultas ha tenido contacto o una referencia reciente de la CNDH, pese a ser la principal institución pública encargada de la defensa de los derechos humanos en México.

Para Javier Martín Reyes, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la credibilidad de los organismos autónomos no depende únicamente de los resultados que presentan, sino también de la transparencia con la que ponen a disposición del público los estudios y la información técnica que respalda sus afirmaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin no responde a motivos políticos, sino a una investigación sustentada en pruebas relacionadas con el caso Agronitrogenados.

Durante una conferencia de prensa realizada en Morelia, la mandataria explicó que fue informada sobre el arresto por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, una vez que la detención ya se había efectuado.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, existen elementos que vinculan a Gilda Susana Lozoya con el presunto fraude relacionado con la compra de la planta de Agronitrogenados, por lo que rechazó que el procedimiento tenga un trasfondo político.

La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue detenida el jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de Europa. Tras su captura, aseguró que su arresto obedecía a razones políticas.

Sin embargo, una jueza federal determinó que enfrentará el proceso penal en libertad condicional por el presunto delito de lavado de dinero, al considerar que no existen elementos que acrediten un riesgo de fuga.

Como medidas cautelares, deberá permanecer en el país y no podrá salir de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, además de presentarse de manera quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares. También le fue retirado el pasaporte y tendrá que portar un brazalete electrónico en un plazo de diez días.

Durante la audiencia, que se prolongó por cerca de diez horas, Gilda Susana Lozoya reiteró su inocencia y expresó su disposición de acudir a todas las diligencias judiciales, al asegurar que confía en que el proceso demostrará que no cometió los delitos que se le imputan.