El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, exigió al Gobierno de Jalisco, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a los municipios metropolitanos implementar medidas inmediatas para atender la crisis del agua que, afirmó, continúa afectando a miles de familias con problemas de suministro de agua turbia, con malos olores y de calidad incierta.

El legislador señaló que, pese a la proyección internacional que tuvo Guadalajara durante los eventos mundialistas, la realidad diaria para muchos habitantes sigue marcada por la falta de certeza sobre el agua que llega a sus hogares.

“El Mundial pasa; el compromiso con la ciudad se queda”, expresó Lomelí, al señalar que la prioridad ahora debe ser garantizar agua limpia y segura para la población.

De acuerdo con el senador, la problemática dejó de ser únicamente un asunto técnico y se convirtió en un tema que impacta directamente la salud y la economía de las familias, principalmente de aquellas con menores ingresos que no cuentan con recursos para comprar agua embotellada, instalar filtros o almacenar grandes cantidades del líquido.

Lomelí atribuyó la situación a deficiencias en la planeación, mantenimiento e inversión en la infraestructura hidráulica, además de cuestionar que las autoridades hayan reaccionado después de las manifestaciones ciudadanas.

“Cambiar funcionarios puede reconocer una crisis, pero no la resuelve. Cambiar nombres no limpia el agua”, afirmó.

Rechaza endeudamiento y privatización del servicio

El senador también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno de Jalisco recurra a financiamiento para atender la problemática del sistema hidráulico, al considerar que una deuda millonaria no debe presentarse como la única alternativa sin estudios públicos que la respalden.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de ampliar la participación privada en la operación del servicio de agua potable, al señalar que este recurso debe mantenerse como un derecho de la población y no convertirse en un negocio.

“No se trata de negar que la infraestructura hidráulica necesita inversión; se trata de exigir fundamentos para concluir que una deuda es la solución y de evitar que un derecho se convierta en negocio de unos cuantos”, sostuvo.

Propone plan de emergencia para atender la crisis

Como parte de su planteamiento, Carlos Lomelí presentó una serie de acciones que, dijo, deben aplicarse de manera inmediata para recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar el servicio.

Entre sus propuestas destacan:

• Publicar diariamente un mapa de las colonias afectadas por agua turbia, malos olores, sedimentos o baja presión.
• Crear un esquema de monitoreo independiente de la calidad del agua con participación de universidades y laboratorios externos.
• Garantizar abastecimiento emergente mediante pipas o puntos de distribución mientras se corrigen las fallas.
• Transparentar las bitácoras de mantenimiento de plantas, pozos y redes hidráulicas.
• Presentar un calendario público de rehabilitación de infraestructura.
• Informar sobre inspecciones y sanciones relacionadas con posibles fuentes de contaminación.
• Emitir reportes semanales sobre los avances en la solución del problema.

Finalmente, el senador llamó a que cualquier decisión sobre el futuro del sistema hidráulico de Guadalajara se tome con transparencia, información pública y participación ciudadana.

“Guadalajara brilló ante el mundo. Ahora tiene que funcionar para su gente”, concluyó.

México debe buscar que las próximas negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) garanticen reglas claras y certidumbre para la industria automotriz, ya que la incertidumbre regulatoria podría poner en riesgo la competitividad de la región en los próximos años.

Así lo señaló Gerardo San Román, director comercial de la consultora Nyvus México, quien advirtió que la cadena de suministro automotriz de Norteamérica ha requerido más de tres décadas para consolidarse, por lo que modificaciones importantes en materia de aranceles o reglas de contenido regional podrían tener consecuencias de largo alcance.

El especialista explicó que, aunque los efectos no serían inmediatos, en un plazo de dos a tres años la región podría comenzar a perder competitividad frente a otros mercados si persiste la falta de claridad en las políticas comerciales.

San Román afirmó que uno de los principales riesgos actualmente no son únicamente los posibles cambios en las reglas del tratado, sino el ambiente de incertidumbre generado por el debate político y las constantes discusiones en torno al futuro del sector automotriz.

Indicó que las empresas requieren estabilidad para planear inversiones y mantener el funcionamiento de una cadena de producción altamente integrada, en la que numerosos componentes cruzan varias veces las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá antes de convertirse en un vehículo terminado.

En ese sentido, consideró que México debe plantear durante las negociaciones del T-MEC la necesidad de establecer procedimientos precisos y reglas transparentes que permitan identificar con claridad cómo se aplican los criterios de contenido regional en cada etapa del proceso productivo.

El directivo destacó que la falta de certeza puede generar dificultades operativas y aumentar los costos para las empresas, afectando la competitividad de una industria considerada estratégica para las economías de los tres países.

Finalmente, subrayó que preservar la integración de la cadena automotriz será fundamental para mantener el liderazgo de Norteamérica en el mercado global, evitando que las barreras comerciales y la incertidumbre frenen nuevas inversiones y el crecimiento del sector.