Después de casi dos años de inconformidades y constantes reportes ciudadanos, autoridades municipales finalmente colocaron sellos de clausura en una obra residencial ubicada en la colonia San Ramón Norte, al norte de Mérida.

La suspensión fue ejecutada por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en cumplimiento con el Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del municipio, luego de múltiples señalamientos realizados por habitantes de la zona.

Durante meses, vecinos denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto inmobiliario, asegurando que los trabajos de construcción habrían provocado afectaciones en viviendas cercanas, además de representar riesgos por la falta de medidas de seguridad adecuadas.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los residentes destacaban posibles daños estructurales en casas colindantes, así como el peligro para peatones y trabajadores derivado de las condiciones en que operaba la obra.

Los habitantes de San Ramón Norte también acusaron demora en la atención de sus denuncias, pues pese a los constantes reportes, el proyecto continuó avanzando mientras crecían las tensiones entre vecinos y responsables de la construcción.

Hasta ahora, las autoridades municipales no han detallado cuánto tiempo permanecerá vigente la clausura ni si la empresa encargada enfrentará sanciones económicas o administrativas por las presuntas anomalías detectadas.

Para los colonos, la suspensión representa un primer paso en respuesta a sus exigencias, aunque insistieron en la necesidad de que se realicen investigaciones a fondo y se garantice el cumplimiento de la normativa urbana para evitar futuras afectaciones en la zona.

Una mujer identificada como P.I.V.G. fue imputada por el presunto delito de fraude, luego de vender una camioneta que no le pertenecía y no devolver el dinero recibido por la transacción, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación, la ahora denunciante adquirió una camioneta Ford Escape por la cantidad de 290 mil pesos, luego de que la acusada le asegurara que el vehículo había sido heredado por su padre tras su fallecimiento.

Sin embargo, tiempo después de concretar la compra, la afectada acudió a realizar el trámite de cambio de propietario y placas, donde fue notificada de que la unidad contaba con reporte de robo.

Tras enterarse de la situación, la compradora contactó a la mujer que le vendió la camioneta, quien reconoció tener conocimiento del problema y argumentó que pensó que el vehículo formaba parte de la herencia de su padre.

Según la denuncia, la imputada prometió devolver el dinero recibido, aunque finalmente esto no ocurrió, motivo por el cual la afectada decidió proceder legalmente.

En seguimiento a la Causa Penal 658/2025, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso de la acusada.

La autoridad judicial fijó el próximo 10 de junio como fecha para reanudar la audiencia y resolver la situación jurídica de la imputada.

Mientras tanto, se le impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad, permanecer bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial durante todo el tiempo que dure el proceso.