El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó su respaldo a la abogada electoral, constitucionalista, analista política y columnista Mónica Calles Miramontes, tras conocer la apertura de una carpeta de investigación en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la imposición de medidas cautelares.
La organización señaló que el caso se originó, según lo expuesto públicamente por la propia abogada, después de que denunciara presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de un proceso de renuncias y despidos dentro del organismo.
El Foro recordó que el pasado 20 de agosto, Calles Miramontes acudió a una diligencia en instalaciones del INE, donde cuestionó a funcionarios sobre su identidad, facultades legales y el procedimiento que sustentaba sus actuaciones.
La diligencia, de acuerdo con el relato de la abogada, se prolongó durante aproximadamente 10 horas. Ante las situaciones que consideró irregulares, decidió documentar lo ocurrido mediante videos y posteriormente compartir el material en redes sociales.
Días después, el 31 de agosto, recibió la notificación sobre la existencia de una carpeta de investigación en la FGR.
Ante estos hechos, el Foro aclaró que no pretende anticipar responsabilidades ni interferir con las atribuciones de las autoridades para investigar posibles delitos. Sin embargo, subrayó que cualquier procedimiento debe desarrollarse bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos fundamentales.
La organización expresó especial preocupación por la cercanía temporal entre las denuncias y críticas realizadas públicamente por Calles Miramontes y las posteriores actuaciones de carácter penal.
Aunque reconoció que esta coincidencia no demuestra por sí misma una relación causal, consideró necesario que el caso sea esclarecido y que se garantice que ningún procedimiento termine generando un efecto de intimidación contra quienes cuestionan o denuncian posibles irregularidades.
El Foro advirtió que permitir que la crítica o la denuncia pública puedan percibirse como factores que desencadenen consecuencias legales podría provocar que periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, trabajadores y ciudadanos decidan guardar silencio ante posibles abusos.
En ese sentido, destacó que las instituciones públicas están sujetas al escrutinio ciudadano y que la libertad de expresión también debe proteger las voces que cuestionan al poder.
La organización puso especial énfasis en el papel del INE de cara al proceso electoral federal 2026-2027, al considerar que, por la relevancia de sus funciones, el organismo debe mantener abiertos los canales de crítica, rendición de cuentas y debate público.
Por ello, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores hizo un llamado al INE y a la FGR para garantizar plenamente los derechos de Mónica Calles Miramontes y asegurar que cualquier actuación en su contra esté debidamente fundada, motivada y sea proporcional.
Finalmente, sostuvo que su postura no busca privilegios para la abogada, sino defender un principio que considera fundamental para la democracia: que cualquier persona pueda denunciar posibles abusos, cuestionar a las instituciones y ejercer su libertad de expresión sin temor a ser criminalizada por sus señalamientos.
El Foro concluyó que el caso trasciende a la propia Mónica Calles, pues, a su consideración, está en juego la posibilidad de que ciudadanos y profesionales continúen ejerciendo libremente su derecho a denunciar y criticar a las instituciones públicas.
