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Exfuncionario de Pemex permanecerá en prisión preventiva mientras avanza proceso por presunta violencia familiar

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Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Rodríguez Padilla, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por ambos delitos.

Durante la diligencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso quedó programada para los próximos días. Mientras tanto, el acusado permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

La detención de Rodríguez Padilla se realizó el martes en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en un operativo conjunto efectuado por elementos de las fiscalías de Morelos y de la capital del país, en cumplimiento de una orden judicial.

El caso cobró relevancia pública luego de que se difundiera un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa.

En entrevistas concedidas a medios de comunicación, María Felicia Jiménez señaló que presuntamente fue víctima durante años de violencia psicológica, económica y física. Según su testimonio, las agresiones físicas comenzaron en 2022, aunque afirmó que no ocurrían de manera permanente.

La denunciante también aseguró que fue ella quien hizo público el video de la presunta agresión y afirmó que, posteriormente, sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas, situación que calificó como un acto de censura. Asimismo, indicó que su línea telefónica fue suspendida, lo que, dijo, incrementó su sensación de vulnerabilidad e incomunicación.

El proceso judicial continúa y será la autoridad competente la que determine, con base en las pruebas presentadas por ambas partes, la situación jurídica del imputado.

Sector turístico de Yucatán fortalece alianza para impulsar la competitividad y el crecimiento del estado

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Representantes del Gobierno del Estado, la iniciativa privada y el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR) reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar a Yucatán como uno de los destinos turísticos más competitivos del país, mediante una agenda conjunta enfocada en el desarrollo sostenible del sector.

Durante un encuentro realizado en el hotel Villa Mercedes, empresarios, dirigentes de organismos empresariales, autoridades estatales y representantes de diversos segmentos de la industria turística coincidieron en que la colaboración entre los sectores público y privado será clave para enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento del turismo en la entidad.

El presidente del CETUR, Jordy Abraham Martínez, destacó que la fortaleza del turismo yucateco radica en la diversidad de su oferta y en la capacidad de sus integrantes para construir acuerdos en beneficio del estado.

“Todos compartimos un mismo objetivo: que Yucatán continúe fortaleciendo su competitividad y que el crecimiento del turismo se traduzca en mayor bienestar, inversión y oportunidades para la población”, señaló.

El encuentro reunió a representantes de la hotelería, gastronomía, agencias de viajes, operadores turísticos, empresas de transporte, organizadores de bodas destino y otros prestadores de servicios, quienes intercambiaron experiencias y plantearon estrategias para fortalecer la industria.

Entre los temas abordados destacaron la evolución de los hábitos de viaje, el incremento de la competencia entre destinos turísticos, así como la necesidad de reforzar la conectividad aérea y terrestre, la promoción del estado, la innovación y la mejora continua en la calidad de los servicios.

En representación del Gobierno del Estado participó el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, quien reconoció la contribución del sector empresarial al posicionamiento de Yucatán como destino nacional e internacional y reiteró la disposición de la administración estatal para mantener el diálogo permanente con los actores de la industria.

Al encuentro también asistió el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, quien participó en las mesas de diálogo sobre las oportunidades que los nuevos proyectos de infraestructura representan para incrementar la llegada de visitantes y ampliar la derrama económica en la región.

Durante la reunión se destacó la importancia de aprovechar la conectividad y las inversiones estratégicas para incrementar la estancia promedio de los turistas y generar mayores beneficios económicos para las comunidades yucatecas.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de un reconocimiento a Jorge Torre Loría, empresario, expresidente del CETUR y exsecretario de Turismo de Yucatán, por su aportación al desarrollo del sector y por impulsar hace más de tres décadas la creación del K’íiwik, la Feria Turística del Mundo Maya. La distinción fue otorgada de manera conjunta por el CETUR y la Secretaría de Fomento Turístico.

El evento contó con la presencia de destacados líderes empresariales como Miguel Quintana Pali, director general de Grupo Xcaret, y José Chapur Zahoul, fundador de The Palace Company, además de representantes de organismos como CANIRAC, CANAPAT, la Asociación de Hoteles de Valladolid, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP), universidades y autoridades municipales.

Al concluir el encuentro, el CETUR reiteró su compromiso de seguir promoviendo el diálogo entre los distintos actores del sector para construir una estrategia común que fortalezca la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible del turismo en Yucatán.

Muere hombre tras ser golpeado por vecinos en Cancún; investigan presunto caso de linchamiento

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Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida la noche del miércoles luego de ser agredido por un grupo de vecinos en el fraccionamiento Villas del Mar, en la Región 248 de Cancún, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría sido sorprendido presuntamente intentando cometer un robo en un domicilio de la zona. Tras ser retenido por varios habitantes, fue amarrado a un poste de energía eléctrica y golpeado en repetidas ocasiones.

Los vecinos solicitaron posteriormente el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 9-1-1. Sin embargo, al arribar al sitio, paramédicos de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, presuntamente a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer oficialmente y no se reportan personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables de la agresión y determinar las circunstancias en las que se registró el presunto intento de robo que derivó en el fallecimiento del hombre.

Peritajes concluyen que hombre fallecido en Espita murió por enfermedad, informa la Fiscalía

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 La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las investigaciones realizadas en torno al fallecimiento de José Pat C., de 33 años de edad, determinaron que la causa de su muerte fue una enfermedad, por lo que se descartó que el deceso estuviera relacionado con una agresión o con un hecho delictivo.

De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo), el hombre falleció a consecuencia de una neumonía. Esta conclusión coincide con el certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud, en el que el caso fue clasificado como una muerte por enfermedad.

Con base en los dictámenes periciales, la Fiscalía señaló que no existen elementos que acrediten la comisión de un delito relacionado con el fallecimiento, descartando así las versiones que circularon en redes sociales y que señalaban una presunta agresión por parte de elementos de la Policía Municipal de Espita.

Como parte de las indagatorias, la Policía Estatal de Investigación (PEI) revisó las grabaciones del sistema de videovigilancia instalado en el área de separos de la corporación municipal. El material fue entregado por el Ayuntamiento de Espita para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La FGE reiteró que las conclusiones de la investigación se sustentan en los estudios periciales y en las diligencias realizadas durante el proceso, con lo que dio por descartada la existencia de un hecho violento relacionado con la muerte del hombre.

Mujer que recibió propuesta de matrimonio en concierto fue víctima de presunto feminicidio en Saltillo

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Lo que hace unos meses parecía una escena romántica frente a miles de personas terminó en tragedia. Diana Marina, de 41 años, fue localizada sin vida en el interior de su vivienda en el fraccionamiento Santa Bárbara, en un caso que la Fiscalía General del Estado investiga como un probable feminicidio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer habría sido golpeada y posteriormente asfixiada con una cadena de metal, objeto que fue encontrado junto a su cuerpo. El Servicio Médico Forense estableció como causa del fallecimiento la asfixia por estrangulamiento, mientras continúan los análisis sobre otras lesiones que presentaba.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes, luego de que uno de sus hijos, quien tiene una discapacidad, pidiera ayuda a familiares al no lograr comunicarse con ella. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio, donde únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a Fernando “N”, pareja sentimental de la víctima, con quien habitaba el inmueble. Autoridades desplegaron un operativo para localizarlo y, de acuerdo con reportes oficiales, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

El caso ha generado gran impacto debido a que el pasado 15 de septiembre la pareja protagonizó una propuesta de matrimonio durante las celebraciones del Grito de Independencia en la Plaza de Armas de Saltillo, minutos antes de un concierto del grupo Duelo. En aquel momento, Fernando “N” le entregó un anillo frente al público reunido para el evento.

Sin embargo, familiares de Diana Marina señalaron que esa propuesta nunca fue planeada por ambos y que habría representado una forma de presión pública para que aceptara. También aseguraron que la relación, de aproximadamente diez años, estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica.

La madre de la víctima declaró que Diana había abandonado el Estado de México para refugiarse en Coahuila, intentando alejarse de su agresor, quien posteriormente la encontró. Indicó además que existía una orden de restricción en contra del presunto responsable.

Personas cercanas afirmaron que Fernando “N” ejercía un fuerte control sobre la vida de Diana, incluyendo el manejo de sus redes sociales, además de mantener constantes episodios de celos y agresiones. También aseguraron que la mujer ya había buscado apoyo para denunciar formalmente la violencia que sufría, aunque estos señalamientos aún forman parte de las investigaciones y no han sido confirmados oficialmente.

Vecinos del fraccionamiento declararon que la pareja se había mudado al domicilio hacía aproximadamente tres meses y que las discusiones eran frecuentes. Durante las diligencias participaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación.

Diana Marina deja en la orfandad a tres hijos de 19, 17 y 13 años, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras persisten las fallas en el suministro de agua, trabajadores señalan presuntos gastos en vehículos y equipos para altos mandos de la JAPAY

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Miles de usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) continúan enfrentando problemas por la falta de agua potable, baja presión y retrasos en la atención de fugas, mientras trabajadores de la dependencia denuncian presuntos gastos en el arrendamiento de vehículos, motocicletas y equipos de telefonía destinados a funcionarios de alto nivel.

De acuerdo con testimonios recabados entre personal de la paraestatal, la administración encabezada por Francisco “Pancho” Torres habría contratado, bajo un esquema de arrendamiento, camionetas doble cabina, motocicletas y teléfonos celulares de alta gama para integrantes de la cúpula administrativa.

Según las fuentes consultadas, el costo mensual del contrato por las camionetas podría ascender a varios cientos de miles de pesos, sin considerar el arrendamiento de las motocicletas ni del equipo de telefonía. Asimismo, señalaron que las unidades fueron entregadas sin rotulación institucional y ya circulan por distintos puntos de Mérida.

Los denunciantes cuestionan la prioridad que, aseguran, se ha dado a estas adquisiciones frente a las múltiples carencias operativas que enfrenta la dependencia.

“Nos dicen que no hay dinero para reparar fugas, comprar material o enviar cuadrillas, pero sí aparecen camionetas nuevas, motos y celulares para los de arriba”, expresó uno de los trabajadores.

Las declaraciones surgen en medio del creciente descontento ciudadano por las constantes fallas en el servicio de agua potable en diversos sectores de la capital yucateca.

Vecinos de colonias como Vergel 65, Vergel III, Vergel IV, San Antonio Kaua y Fidel Velázquez reportan que llevan aproximadamente tres días sin suministro de agua potable, situación que ha generado una ola de publicaciones y quejas en redes sociales.

A estos reclamos se suman habitantes de otras zonas que denuncian baja presión en el servicio, así como fugas de agua que, aseguran, permanecen durante semanas e incluso meses sin ser reparadas, provocando el desperdicio constante de miles de litros del recurso.

Los usuarios también afirman que resulta complicado levantar reportes debido a que, en diversas ocasiones, las líneas telefónicas del servicio Japaytel no responden, lo que incrementa la frustración entre quienes buscan una solución.

Hace apenas unas horas, la propia JAPAY informó a través de sus redes sociales que personal técnico realizaba trabajos en el sistema San Pablo Oriente para instalar un generador de energía, luego de una falla en el suministro eléctrico que afectó la operación del sistema.

Sin embargo, habitantes de las colonias afectadas sostienen que el servicio aún no se ha restablecido completamente y consideran que, más allá de esta contingencia, la dependencia mantiene un rezago constante en la atención de reportes ciudadanos y en la reparación de fugas.

Mientras la inconformidad continúa creciendo entre los usuarios, trabajadores de la propia JAPAY cuestionan las decisiones administrativas y consideran que los recursos deberían destinarse prioritariamente al mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la reparación de fugas y el fortalecimiento de las cuadrillas operativas, con el objetivo de mejorar un servicio que diariamente genera cientos de quejas en distintos puntos de Mérida.

Trabajadores de la salud se declaran en huelga en pleno brote de ébola en Congo por falta de pagos

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Los esfuerzos para contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo enfrentan un nuevo obstáculo, luego de que trabajadores de la salud que participan en la atención de pacientes y las labores de respuesta decidieran suspender actividades para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasadas.

La protesta ocurre en la provincia de Ituri, la más afectada entre las tres regiones del este del país donde se concentra la emergencia sanitaria. Médicos, enfermeros y otros trabajadores de primera línea denunciaron que no han recibido sus sueldos ni las bonificaciones prometidas desde que el brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo.

Además del retraso en los pagos, los manifestantes señalaron que desempeñan sus funciones con recursos y equipo insuficientes, al tiempo que acusaron un trato desigual por parte de las autoridades y de los equipos encargados de coordinar la respuesta sanitaria.

De acuerdo con los datos más recientes difundidos por el gobierno congoleño, el brote acumula 1,708 casos confirmados y 580 defunciones. Las autoridades también advirtieron que el primer mes de esta epidemia ha sido el más grave registrado para un brote de ébola en el país, mientras la propagación del virus continúa superando la capacidad de respuesta.

La huelga coincide con el inicio del proceso de inscripción para los ensayos clínicos de un tratamiento dirigido contra la variante Bundibugyo del virus del Ébola, responsable de la actual emergencia.

La representante de la Organización Mundial de la Salud en la República Democrática del Congo, la doctora Anne Ancia, alertó que la enfermedad continúa expandiéndose debido al constante desplazamiento de personas y a las condiciones de inseguridad en la región, situación que ha llevado a que algunos centros de tratamiento operen prácticamente al límite de su capacidad.

Los trabajadores inconformes sostienen que la falta de pago no solo afecta su estabilidad económica, sino que también pone en riesgo el bienestar de sus familias. Aseguran que el incumplimiento de las prestaciones compromete sus condiciones de vida y dificulta la continuidad de las labores para enfrentar una de las crisis sanitarias más delicadas que atraviesa el país.

Vinculan a proceso a hombre acusado de incumplir la pensión alimenticia de sus dos hijos en Valladolid

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Ramón V.M., acusado del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, tras ser señalado por presuntamente dejar de proporcionar la pensión alimenticia correspondiente a sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo con la investigación presentada durante la audiencia inicial, la pareja contrajo matrimonio en febrero de 2006 y tuvo dos hijos. Sin embargo, en abril de 2019 decidieron separarse, acordando que el padre entregaría mil 300 pesos de manera quincenal para contribuir a la manutención de los menores.

La autoridad informó que dicho compromiso no fue cumplido. Posteriormente, el imputado promovió un juicio de pensión alimenticia ante un juzgado de Cancún, Quintana Roo, donde solicitó depositar únicamente mil 200 pesos mensuales, cantidad inferior a la previamente acordada, obligación que también habría incumplido.

Más adelante, en marzo de 2020, inició de forma unilateral el proceso de divorcio, estableciéndose como parte del convenio que aportaría mil 250 pesos mensuales para la alimentación de sus hijos. No obstante, según la denuncia, los pagos continuaron realizándose de manera irregular, motivo por el cual se inició la carpeta de investigación.

Durante la audiencia celebrada ante el Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, con sede en Valladolid, los fiscales presentaron los datos de prueba contenidos en la causa penal 78/2025, los cuales fueron considerados suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.

Como medidas cautelares, el juez ordenó que el imputado firme de manera periódica, le prohibió salir del estado de Yucatán y determinó que permanezca bajo supervisión del Centro Estatal de Medidas Cautelares durante todo el tiempo que dure el proceso penal.

Aseguran más de 10 escopetas y carne de venado y jabalí durante operativo en Ticul

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron el aseguramiento de más de 10 escopetas y varios kilogramos de carne de fauna silvestre durante un operativo de vigilancia efectuado en el municipio de Ticul.

La intervención tuvo lugar sobre la calle 12, entre las calles 21 y 25, donde los agentes localizaron las armas de fuego, así como carne de venado y jabalí, especies cuya caza y aprovechamiento se encuentran regulados por la legislación ambiental.

De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo no se registraron personas detenidas; sin embargo, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades.

Tras el aseguramiento, habitantes de la zona señalaron que la cacería furtiva continúa practicándose en diversos municipios de Yucatán, incluso durante periodos de veda, situación que representa un riesgo para la conservación de la fauna silvestre.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, si el decomiso está relacionado con alguna investigación en curso o si se realizarán nuevos operativos en la región para combatir este tipo de actividades ilícitas.

Cuestionan operativo de alcoholímetro en Campeche; señalan presuntas inconsistencias con el Reglamento de Vialidad

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Críticas al operativo de alcoholímetro implementado en Campeche han cobrado fuerza en redes sociales y entre diversos sectores, luego de que ciudadanos señalaran que el traslado de vehículos mediante grúas, en algunos casos, podría contravenir lo establecido en el Reglamento de Vialidad del estado.

Los señalamientos hacen referencia al artículo 182 del citado reglamento, el cual establece que las grúas del servicio público únicamente deben utilizarse cuando la autoridad de tránsito requiera trasladar vehículos abandonados o involucrados en un accidente cuyas condiciones mecánicas impidan su desplazamiento.

El mismo ordenamiento también señala que la autoridad de tránsito no debe utilizar grúas cuando el vehículo se encuentre en condiciones de circular por sus propios medios y el conductor cuente con las llaves para moverlo.

Con base en esta disposición, críticos del operativo sostienen que, si un automóvil puede desplazarse sin problemas mecánicos, su envío al corralón mediante grúa podría ser objeto de inconformidades administrativas, ya que la propia normativa contempla la posibilidad de presentar una queja ante las instancias competentes cuando se considere que hubo un incumplimiento del procedimiento.

Asimismo, ciudadanos han expresado inconformidad por los costos que enfrentan los conductores sancionados, al señalar que, además de las multas derivadas de presuntas infracciones al Reglamento de Vialidad y a la Ley de Alcoholes del Estado, deben cubrir el servicio de grúa y el resguardo del vehículo en el corralón.

En ese contexto, también han surgido cuestionamientos dirigidos al Gobierno de Campeche y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, dependencia responsable de la operación de estos procedimientos, al considerar que es necesario brindar mayor claridad sobre la aplicación del reglamento y el destino de los recursos obtenidos por estos conceptos.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento sobre los señalamientos relacionados con la interpretación y aplicación del artículo 182 del Reglamento de Vialidad.