El clima de violencia que enfrenta el gremio periodístico en Veracruz encendió nuevamente las alarmas a nivel nacional, luego del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica y la desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Ante estos hechos, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores lanzó un enérgico pronunciamiento en el que exigió la intervención inmediata del Estado mexicano para detener las agresiones contra periodistas y garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión.
El organismo condenó el homicidio de Luis Ángel López Valdez, al considerar que representa “un nuevo agravio contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad mexicana a estar informada”.
“El asesinato de un periodista jamás puede normalizarse ni quedar impune”, señaló el organismo presidido por Jorge Iván Duarte Medina, al tiempo que demandó una investigación profesional, transparente y exhaustiva que contemple como línea prioritaria el trabajo periodístico de la víctima.
Asimismo, el Foro expresó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros del comunicador, y pidió castigo tanto para los responsables materiales como intelectuales del crimen.
En el mismo posicionamiento, la organización exigió la aparición con vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien —según denunciaron— lleva más de una semana desaparecida tras haber sido extraída con violencia de su domicilio.
El caso, advirtieron, agrava aún más la preocupación por las condiciones de inseguridad y riesgo que enfrentan periodistas y comunicadores en Veracruz, uno de los estados con mayores antecedentes de agresiones contra la prensa.
Por ello, exigieron a las autoridades activar todos los protocolos de búsqueda e investigación, además de reforzar la coordinación entre instituciones para localizar a la comunicadora.
“El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores considera que las expresiones de condena ya no son suficientes frente a la violencia que enfrenta el gremio periodístico”, subrayó el organismo.
También convocó a medios de comunicación, universidades, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad civil a cerrar filas en defensa de la libertad de expresión y de la vida de quienes ejercen el periodismo en México.
Finalmente, el organismo advirtió que cada crimen sin resolver debilita el Estado de Derecho, vulnera las libertades democráticas y genera un ambiente de intimidación para toda la sociedad.
“Mientras un asesinato de periodistas permanezca impune, ningún comunicador en México puede sentirse plenamente seguro en el ejercicio de su profesión”, concluyó el posicionamiento.
