Señalan vínculos políticos, acaparamiento ilegal de tierras y piden investigaciones en Dzilam de Bravo, Chetumal, Mérida y Motul

La tierra que alimenta, que se hereda, que representa la memoria colectiva de los pueblos mayas, hoy se encuentra bajo amenaza. Ejidatarios de la costa oriente de Yucatán denuncian públicamente una serie de presuntos despojos, fraudes inmobiliarios y amenazas perpetrados por el empresario Ernesto Cuencamé Maurer Chemaly, a quien acusan de actuar con total impunidad bajo la sombra protectora de redes políticas asociadas al exgobernador Mauricio Vila Dosal.

En una carta dirigida a esta redacción, los comuneros de Dzilam de Bravo y Dzidzantún relatan cómo, bajo el pretexto de desarrollar un exclusivo “club de playa” y el complejo turístico Hacienda Chucmichén, Maurer Chemaly habría orquestado un esquema fraudulento para apropiarse de terrenos ejidales sin el consentimiento legal de las asambleas comunales.

Fraude sistemático y múltiples ventas

Los testimonios afirman que Maurer Chemaly ha incurrido en la venta reiterada de los mismos lotes a distintos compradores, utilizando contratos apócrifos y documentación manipulada. “Este cabrón está despojando a todos los ejidatarios de Dzilam. Está comprando gente, paga sicarios y actúa como si fuera dueño de todo. Es parte de una mafia inmobiliaria protegida por gente del exgobernador Vila y otros cabrones del poder”, denunció uno de los afectados, quien pidió permanecer en el anonimato por seguridad.

Uno de los terrenos en disputa fue presuntamente adquirido en una operación irregular con una mujer de nacionalidad paraguaya, cuya identidad está en proceso de verificación. El problema: los registros agrarios indican que el predio pertenece a Dzidzantún, no a Dzilam de Bravo, lo que invalida cualquier transacción sin autorización ejidal. Aun así, el predio ha sido ofertado en más de una ocasión como si fuera de propiedad privada.

Amenazas, presencia de hombres armados

Más allá del engaño legal, los ejidatarios denuncian un entorno de hostigamiento creciente. Señalan la presencia de individuos armados en la zona, presuntamente enviados para intimidar a quienes cuestionan o denuncian públicamente las operaciones de Maurer Chemaly. “Aquí no solo se roban tierras. Nos quieren callar con miedo. Esto ya no es solo un fraude, es una amenaza a nuestra seguridad”, expresaron.

La complicidad institucional es otro punto de alerta. “Lo más grave es que actúa con protección política. Nadie le pone un alto porque tiene respaldo. Nos sentimos desamparados. Ya no se trata solo de tierras, sino de justicia”, enfatizó otro denunciante.

Investigaciones en Chetumal, Mérida y Motul

Los comuneros también exigen que se amplíen las investigaciones más allá de Dzilam de Bravo, ya que existen reportes de denuncias por operaciones similares en Chetumal, Mérida y Motul, donde Maurer Chemaly y sus socios habrían replicado el mismo modelo de despojo y fraude. Piden la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría Agraria, la Comisión de Derechos Humanos y el Registro Agrario Nacional.

“La tierra no se vende: se defiende”

Los ejidatarios afirman que no permitirán que sus tierras, legado ancestral y sustento de vida, sean arrebatadas mediante trampas jurídicas, intimidación y violencia. “Vamos a seguir denunciando. Esto ya no se trata de un club de playa, se trata de defender la dignidad de nuestras comunidades”, sentenciaron.

La historia se repite: el poder económico se impone sobre el derecho comunal, y la tierra —ese símbolo profundo de identidad y resistencia— es tratada como mercancía por quienes creen que todo se compra. Pero esta vez, los pueblos están hablando, y exigen que la justicia escuche.