México decidió iniciar el 2026 con una pequeña pero simbólica bofetada económica: la pérdida de 8 mil 104 empleos formales en enero, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Nada grave, dirán algunos desde el atril oficial; apenas un “ajuste”, una “transición”, otro de esos conceptos elásticos que sirven para maquillar cualquier tropiezo mientras se repite el mantra del bienestar.

Al 31 de enero de 2026, el IMSS reportó 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo afiliados, una cifra que el propio instituto presume como la más alta para un mes de enero desde que se tiene registro. Porque cuando no hay buenas noticias completas, siempre queda el consuelo estadístico: perder empleos, pero perderlos “desde una base histórica”.

Eso sí, la realidad no se deja domesticar tan fácil. La caída mensual fue de 0.04 por ciento, mientras que en comparación anual el descenso alcanza 3 por ciento, un detalle que suele pasar a segundo plano cuando la narrativa exige optimismo obligatorio.

El dato negativo contrasta brutalmente con diciembre, mes en el que se celebró —con bombo, platillo y conferencia— la creación de 278 mil 697 empleos formales. Pero enero llegó, como suele hacerlo, a recordar que los fuegos artificiales duran menos que los problemas estructurales. Según el IMSS, la pérdida se explica “principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales”, una forma elegante de decir que el nuevo modelo laboral también tiene costos… aunque no siempre los paguen quienes diseñaron la reforma.

El empleo que sí existe… pero no cuenta

Aunque el IMSS sigue siendo el principal termómetro del empleo formal, la mitad del país trabaja fuera de ese sistema. De acuerdo con el Inegi, casi el 55 por ciento de la fuerza laboral es informal, un pequeño detalle que convierte cualquier celebración oficial en un ejercicio de autoengaño institucionalizado.

La tasa de desempleo, eso sí, se mantiene en 2.4 por ciento, cerca de su mínimo histórico. Un número que luce impecable… siempre y cuando se ignore que millones de mexicanos sobreviven sin seguridad social, sin prestaciones y sin estabilidad, pero con mucha resiliencia, esa palabra tan cómoda para los discursos.

Menos patrones, más control

El IMSS también reportó 1.02 millones de patrones registrados, una cifra que representa una reducción anual del 0.6 por ciento. La explicación oficial apunta a la “implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”. Traducido al lenguaje de calle: menos empleadores formales y más trabas burocráticas, pero todo sea por el orden.

En cuanto a los sectores especiales, durante enero se contabilizaron 61 mil 264 personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497.09 pesos, así como 394 mil 187 trabajadores independientes, con un ingreso promedio diario de 360 pesos. Montos que alcanzan para sobrevivir… si se tiene fe, paciencia y cero emergencias.

Plataformas digitales: la reforma que sí presume números

En el sexto mes de la prueba piloto obligatoria para plataformas digitales, el IMSS informó que 1.34 millones de personas fueron beneficiadas por la reforma. De ellas, 139 mil superaron el umbral de ingreso neto mensual, con un salario promedio diario de 435.2 pesos. Una cifra que se vende como éxito, aunque no compense del todo la pérdida de empleos formales ni el crecimiento de la precarización laboral.

El saldo real

Así arranca el año laboral en México: menos empleos, menos patrones y más discursos optimistas. La economía, como siempre, se ajusta; los números se acomodan; la narrativa se pule. Mientras tanto, el ciudadano promedio hace lo que mejor sabe: trabajar como pueda y aguantar como siempre.

La crisis política al interior del Congreso de Campeche suma un nuevo capítulo. De acuerdo con información difundida en redes sociales por el periodista independiente Leandro E. Dzib Reyes, fue rechazada la solicitud de amparo promovida por el diputado local Antonio Jiménez, luego de que —según se expuso— su defensa legal no logró precisar ni motivar adecuadamente las circunstancias que justificaran la necesidad de protección por parte de la justicia federal.

El revés jurídico no quedó ahí. Ante ese escenario, otros cuatro legisladores de Morena —Omar Talango, Ismael López, Gaspar Nah y María Ávalos— habrían optado por sumarse a la misma estrategia, buscando ampararse de manera preventiva frente a un contexto que califican como adverso y de alto riesgo político-legal.

Órdenes de aprehensión en puerta

Según la versión difundida por Dzib Reyes, la Fiscalía General del Estado de Campeche ya habría librado órdenes de aprehensión, un hecho que eleva considerablemente la tensión en el ámbito legislativo local. Aunque hasta el momento no existe un posicionamiento oficial detallando los delitos o causas específicas, el señalamiento apunta a una escalada judicial con claros efectos políticos.

El periodista sostiene que este movimiento no sería aislado, sino parte de una estrategia para debilitar o incluso “dinamitar” al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, presuntamente impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal.

Ruptura interna y control político

En su publicación, Dzib Reyes sugiere que la intención final sería remover a los legisladores en funciones para dar paso a sus suplentes o, en su defecto, recurrir a quienes siguen en la lista plurinominal, reconfigurando así el equilibrio interno del Congreso y asegurando un mayor control político.

“La terquedad es mala consejera”, advierte el periodista en su análisis, al tiempo que cuestiona quién asumirá la responsabilidad de poner orden en un conflicto que ya trascendió el plano interno de Morena y amenaza con convertirse en un escándalo de alcance nacional.

¿Falló el llamado a la calma?

El conflicto también reaviva el debate sobre la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en días recientes habría llamado a la serenidad, la paciencia y al diálogo ante las disputas internas del partido. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire —planteada por el propio Dzib Reyes— es si ese exhorto resultó infructuoso frente a la dinámica de confrontación que se vive en Campeche.

Mientras tanto, el Congreso local opera bajo un clima de incertidumbre jurídica y fractura política, con legisladores recurriendo a amparos, versiones de órdenes de aprehensión y una lucha interna que exhibe las tensiones de poder dentro de Morena, justo cuando el discurso oficial insiste en la unidad y la transformación institucional.

Por ahora, ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado han emitido una postura detallada que confirme o desmienta los señalamientos. No obstante, el caso ya encendió las alertas y promete seguir generando repercusiones en el tablero político campechano

En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados.

La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso.

La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar.

Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano.

El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram.

Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional.

La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado.

Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral.

En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido.

Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) algo huele raro… y no precisamente a tubería rota. Mientras miles de usuarios padecen baja presión, fugas eternas y cortes de suministro, en las oficinas del organismo parece fluir con abundancia otro recurso: el gusto por lo fifí.

De acuerdo con versiones internas, el controvertido director de la Japay, Pancho Torres, habría decidido empacar escritorio, sello oficial y hasta las “chivas”, para mudarse al norte dorado de Mérida, específicamente a un edificio de oficinas en Altabrisa, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad. Todo, eso sí, con aire acondicionado, elevadores relucientes y una vibra que poco tiene que ver con la “austeridad republicana”.

La pregunta que resuena entre trabajadores del organismo es simple pero incómoda: ¿quién manda realmente en la Japay?

Porque según los propios empleados, esta mudanza no fue resultado de una necesidad técnica ni operativa, sino de la insistencia de altos mandos de la Subdirección de Administración y Finanzas, ante la cual el director habría optado por doblar las manos… no vaya a ser que alguien se incomode.

El asunto resulta todavía más absurdo cuando se recuerda que la Japay es propietaria de un edificio histórico, inmueble que, en lugar de ser aprovechado, habría sido abandonado para rentar oficinas de lujo con recursos públicos. Un capricho caro, innecesario y, para muchos, insultante.

Todo esto contrasta —y de manera grosera— con el discurso que Morena ha enarbolado durante años contra los excesos del pasado. Hoy, un morenista por conveniencia no tiene empacho en despilfarrar el erario en rentas fifís, mientras el servicio que debería justificar su existencia sigue fallando todos los días.

La incongruencia es evidente:

¿Es lógico que un organismo con serios problemas operativos destine millones de pesos a un arrendamiento en una zona exclusiva?

¿Puede el director general justificar abandonar un inmueble propio para satisfacer preferencias administrativas de escritorio?

¿O es que la prioridad ya no es el agua para la gente, sino la comodidad para los funcionarios?

En pleno clima de destapes, suspirantes y acomodos políticos rumbo al próximo proceso electoral, decisiones como esta comienzan a leerse no solo como errores administrativos, sino como mensajes políticos claros: aquí hay quienes no comulgan con la austeridad, pero sí con el confort de primer nivel.

Hasta ahora, nadie dice esta boca es mía. No se ha transparentado el monto total del arrendamiento, ni Pancho Torres ha explicado por qué se prefirió gastar en oficinas privadas en lugar de invertir esos recursos en mejorar la infraestructura hidráulica que tanta falta le hace a Mérida.

Cuando un servidor público se sirve del poder en lugar de servir a la ciudadanía, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una urgencia política. Porque los errores garrafales no solo exhiben incompetencia: ponen en aprietos a toda una institución

En la Cuarta Transformación hay milagros administrativos dignos de aplauso: tener dinero aprobado para vacunar y no usarlo. Entre 2022 y 2025, el Programa Presupuestario E036 Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud federal acumuló un subejercicio de más de 51 mil millones de pesos, recursos que la Cámara de Diputados autorizó, pero que simplemente no se gastaron. Así, sin drama y sin vacunas.

El dato no proviene de opositores “conservadores” ni de campañas de desprestigio: está documentado en los propios registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, el gobierno se acusa solo.

El E036 no es un programa improvisado ni un experimento reciente. Existe desde 1993, es operado por el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), cuenta con reglas de operación, estructura institucional y más de 30 años de funcionamiento continuo. En otras palabras, no había pretexto técnico, administrativo ni histórico para no ejercer los recursos.

Dinero aprobado… dinero guardado

Durante el periodo 2019–2021, el gasto en vacunación incluso superó lo aprobado, lo que demostraba que cuando había voluntad, el dinero se usaba. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el desplome, coincidentemente cuando el discurso oficial empezó a presumir “austeridad”, aunque fuera a costa de la salud pública.

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó 36 mil 692 millones de pesos para el programa. Al cierre del ejercicio, Hacienda reportó apenas 9 mil 176 millones pagados. Resultado: 27 mil 515 millones de pesos sin ejercer en un solo año. Ni en la pandemia se había visto algo así.

Para 2023, el patrón continuó. Se autorizaron 16 mil 216 millones, pero el gasto real fue de apenas 3 mil 412 millones, dejando un subejercicio de 12 mil 803 millones. Vacunas aprobadas en papel, pero no aplicadas en la vida real.

En 2024, el Congreso aprobó 15 mil 469 millones, de los cuales solo se pagaron 4 mil 897 millones. Otros 10 mil 572 millones se quedaron guardados, probablemente muy sanos, pero inútiles.

Ya en 2025, con un presupuesto mucho menor, se aprobaron 4 mil 571 millones, se gastaron 3 mil 926 millones y aun así quedaron 645 millones sin ejercer, como para no perder la costumbre.

La suma total del subejercicio entre 2022 y 2025 asciende a 51 mil 537 millones de pesos. Una cifra que, en términos de salud pública, se traduce en millones de vacunas no compradas, no distribuidas o no aplicadas.

Austeridad que no inmuniza

Mientras desde Palacio Nacional se repite que “primero los pobres” y que el sistema de salud “ya es como el de Dinamarca”, los números revelan otra historia: dinero había, autorización también, pero voluntad no. Porque ahorrar en vacunas no es eficiencia, es negligencia presupuestal.

El subejercicio no es una anécdota contable; es una decisión política. Cada peso no gastado en vacunación representa una oportunidad perdida para prevenir enfermedades, fortalecer esquemas de inmunización y proteger a niñas, niños y adolescentes.

A lo largo de la Costa Yucateca, donde durante décadas el olor a pescado frito y mariscos recién salidos del mar ha sido parte del paisaje cotidiano, hoy se respira una preocupación creciente. Los restaurantes y comedores tradicionales que dan identidad a los puertos atraviesan una de las etapas más críticas de su historia reciente, atrapados entre la baja afluencia de visitantes y el incremento constante de sus costos operativos.

Propietarios y trabajadores coinciden en que la disminución del turismo ha golpeado con fuerza las ventas. Mesas vacías, cocinas funcionando a medias y jornadas cada vez más cortas se han vuelto escenas habituales en negocios que, por generaciones, han sido el sustento de familias porteñas. Lo que antes se compensaba con temporadas altas hoy ya no alcanza para cubrir gastos básicos.

Uno de los factores que más presión ejerce sobre estos establecimientos es el alto costo de la energía eléctrica. Mantener refrigeradores, congeladores, estufas y equipos indispensables para la conservación de productos del mar se ha convertido en un desafío financiero. Restauranteros señalan que los recibos de luz consumen buena parte de sus ingresos, reduciendo al mínimo cualquier margen de ganancia y, en algunos casos, obligándolos a operar con pérdidas.

La situación resulta especialmente alarmante si se considera que estos negocios han demostrado una gran capacidad de resistencia. Han sobrevivido a crisis económicas, fenómenos meteorológicos severos, temporadas bajas prolongadas e incluso a los efectos de la pandemia. Sin embargo, hoy el panorama es distinto: la combinación de menos clientes y mayores costos amenaza con llevar al cierre definitivo a varios restaurantes en el corto plazo.

De concretarse este escenario, el impacto no sería únicamente económico. La desaparición de estos comedores implicaría la pérdida de una parte esencial del atractivo turístico de los puertos yucatecos, cuya identidad está íntimamente ligada a su gastronomía tradicional. Platillos, recetas y formas de preparación que han pasado de generación en generación podrían quedar relegados al recuerdo.

Además, decenas de familias que dependen directamente de la actividad restaurantera verían comprometido su sustento, afectando también la economía local que gira en torno a estos negocios, desde pescadores hasta pequeños proveedores.

Ante este contexto, restauranteros de la costa hacen un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para la implementación de apoyos que les permitan recapitalizarse, enfrentar los altos costos y reactivar la afluencia de visitantes. Advierten que, sin medidas oportunas, la crisis podría volverse irreversible y con ella perderse una de las expresiones culturales y económicas más representativas del litoral yucateco.

La cocina de la costa, sostienen, no solo alimenta a quienes la visitan: es historia, identidad y sustento para cientos de familias que hoy luchan por mantenerla viva.

En Yucatán, la heladez ya no solo congela madrugadas: también congela la ética pública. Wendy Méndez Naal, presidenta del DIF Yucatán y conocida en círculos críticos como la primera dama del fashion, decidió que la entrega de cobertores era el escenario ideal para montar un espectáculo político con sello Morena, más cercano a un mitin anticipado que a una acción humanitaria.

No bastó con aparecer enfundada en vestidos de diseñador valuados entre 17 mil, 20 mil, 30 mil y hasta más de 35 mil pesos. La funcionaria convirtió la ayuda invernal en un circo de autopromoción de la 4T, acompañada por una comitiva cuidadosamente seleccionada: el diputado federal Óscar Brito Zapata, la diputada local Clara Rosales Montiel y el regidor meridano Adrián Gorocica Rojas, entre otros militantes morenistas, como si se tratara de una gira proselitista y no de una entrega de apoyos.

El recorrido incluyó las comisarías de Dzityá, San Antonio Hool, Xcunyá, Dzibilchaltún y Sodzil Norte, todas pertenecientes al municipio de Mérida. Zonas donde, casualmente, Morena tiene interés político y donde la pobreza sirve —una vez más— como escenografía electoral.

Servidores de la Nación: operadores de campaña con cargo al erario

De acuerdo con denuncias ciudadanas, los beneficiarios no fueron seleccionados por criterios técnicos del DIF estatal, sino por los ya conocidos Servidores de la Nación, figuras adscritas a un programa federal que, en teoría, nada tienen que ver con apoyos estatales. La línea fue clara: mezclar padrones, confundir programas y capitalizar políticamente la necesidad.

Pero el guion fue todavía más burdo. A los beneficiarios se les habría dicho que los cobertores eran “gracias a los diputados de la 4T”, un mensaje que no solo es falso, sino que podría configurar un delito electoral, al usar recursos públicos con fines de promoción política personalizada y partidista.

El fashion contra la pobreza: prioridades bien claras

Este despliegue político parece una reacción directa a las publicaciones que exhibieron el estilo de vida de alta costura de la presidenta del DIF. Mientras se pide austeridad al ciudadano de a pie, Méndez Naal desfila con ropa de diseñador y administra un equipo con un costo aproximado de 15 millones de pesos al año.

Para ponerlo en términos simples, incluso para quienes gobiernan a base de eslóganes: con ese presupuesto anual se podrían adquirir más de 210 mil cobertores, considerando un precio de 71.50 pesos por pieza al mayoreo, según una compra previa registrada por la empresa WPE Textil en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Pero claro, los cobertores no lucen en Instagram, ni generan fotos con diputados, ni sirven para posicionar nombres rumbo al 2027.

Morena y la vieja escuela que juró combatir

Lo ocurrido deja al descubierto lo que ya es costumbre en la 4T: criticar las prácticas del pasado mientras las replican con mayor cinismo. Uso electoral de programas sociales, operadores federales actuando como promotores partidistas y funcionarios convertidos en influencers del poder.

En Yucatán, la ayuda social se volvió utilería; la pobreza, un fondo para la foto; y la política social, una pasarela donde el mensaje es claro: primero el proyecto político, luego —si sobra tiempo— la gente.

Mientras tanto, Morena seguirá repitiendo que “no son iguales”, aunque cada entrega de cobertores con discursos partidistas y vestidos de lujo se encargue de demostrar exactamente lo contrario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la identificación de dos de los mineros que fueron localizados sin vida en fosas clandestinas en el municipio de Concordia, Sinaloa. Se trata de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios de Zacatecas y reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Hernández Vélez era originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, mientras que Salazar Flores provenía de Sombrerete. Ambos formaban parte del grupo de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp que desaparecieron cuando se encontraban en territorio sinaloense.

Los cuerpos fueron localizados en las fosas clandestinas descubiertas la semana pasada en la comunidad de El Verde, también en Concordia, cerca de un rancho de la zona. Tras el hallazgo, el área fue resguardada de inmediato por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano, debido a la magnitud del caso.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que la investigación fue atraída directamente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia de la FGR que mantiene la comunicación directa con los familiares de las víctimas, al tratarse de un asunto de competencia federal.

Camacho detalló que la fiscalía estatal ha colaborado de manera estrecha con las autoridades federales y con la Fiscalía de Sinaloa, principalmente mediante el envío de dictámenes periciales y muestras de ADN de familiares para el cotejo genético que permitió la identificación. Asimismo, subrayó que se ha brindado acompañamiento integral a las familias durante todo el proceso.

Indicó además que personal de la Fiscalía de Zacatecas ya se encuentra en la Ciudad de México para dar seguimiento a los trámites correspondientes y apoyar en el procedimiento de identificación plena y entrega de los cuerpos a sus familiares.

El hallazgo de la fosa fue reportado oficialmente el jueves 5 de febrero, sin embargo, colectivos de búsqueda han advertido que la dimensión del sitio podría ser mucho mayor a lo inicialmente informado. Este domingo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora señaló que en el predio podrían encontrarse más de 20 cuerpos, lo que apunta a un escenario de violencia sistemática.

“Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia, y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde. Nos unimos a la pena que embarga a cada una de las familias, porque no eran 10 los cuerpos en la fosa, eran más de 20, y no solamente esas personas estaban sepultadas ahí; hay muchísimos más”, expresó el colectivo a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con las buscadoras, el lugar no correspondería a una fosa aislada, sino a un “cementerio clandestino” con decenas de víctimas, lo que refuerza la exigencia de una investigación a fondo y de acciones urgentes para la identificación de todas las personas localizadas.

Mientras continúan las diligencias, el caso ha vuelto a poner en el centro del debate la crisis de desapariciones y fosas clandestinas que enfrenta el país, así como la urgencia de garantizar verdad, justicia y reparación para las familias de las víctimas.