Home Blog Page 16

En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados. La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso. La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar. Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano. El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram. Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional. La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado. Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral. En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido. Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.

0

 

En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados.

La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso.

La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar.

Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano.

El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram.

Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional.

La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado.

Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral.

En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido.

Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.

La austeridad se queda sin agua en la Japay

0

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) algo huele raro… y no precisamente a tubería rota. Mientras miles de usuarios padecen baja presión, fugas eternas y cortes de suministro, en las oficinas del organismo parece fluir con abundancia otro recurso: el gusto por lo fifí.

De acuerdo con versiones internas, el controvertido director de la Japay, Pancho Torres, habría decidido empacar escritorio, sello oficial y hasta las “chivas”, para mudarse al norte dorado de Mérida, específicamente a un edificio de oficinas en Altabrisa, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad. Todo, eso sí, con aire acondicionado, elevadores relucientes y una vibra que poco tiene que ver con la “austeridad republicana”.

La pregunta que resuena entre trabajadores del organismo es simple pero incómoda: ¿quién manda realmente en la Japay?

Porque según los propios empleados, esta mudanza no fue resultado de una necesidad técnica ni operativa, sino de la insistencia de altos mandos de la Subdirección de Administración y Finanzas, ante la cual el director habría optado por doblar las manos… no vaya a ser que alguien se incomode.

El asunto resulta todavía más absurdo cuando se recuerda que la Japay es propietaria de un edificio histórico, inmueble que, en lugar de ser aprovechado, habría sido abandonado para rentar oficinas de lujo con recursos públicos. Un capricho caro, innecesario y, para muchos, insultante.

Todo esto contrasta —y de manera grosera— con el discurso que Morena ha enarbolado durante años contra los excesos del pasado. Hoy, un morenista por conveniencia no tiene empacho en despilfarrar el erario en rentas fifís, mientras el servicio que debería justificar su existencia sigue fallando todos los días.

La incongruencia es evidente:

¿Es lógico que un organismo con serios problemas operativos destine millones de pesos a un arrendamiento en una zona exclusiva?

¿Puede el director general justificar abandonar un inmueble propio para satisfacer preferencias administrativas de escritorio?

¿O es que la prioridad ya no es el agua para la gente, sino la comodidad para los funcionarios?

En pleno clima de destapes, suspirantes y acomodos políticos rumbo al próximo proceso electoral, decisiones como esta comienzan a leerse no solo como errores administrativos, sino como mensajes políticos claros: aquí hay quienes no comulgan con la austeridad, pero sí con el confort de primer nivel.

Hasta ahora, nadie dice esta boca es mía. No se ha transparentado el monto total del arrendamiento, ni Pancho Torres ha explicado por qué se prefirió gastar en oficinas privadas en lugar de invertir esos recursos en mejorar la infraestructura hidráulica que tanta falta le hace a Mérida.

Cuando un servidor público se sirve del poder en lugar de servir a la ciudadanía, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una urgencia política. Porque los errores garrafales no solo exhiben incompetencia: ponen en aprietos a toda una institución

Los 51 mil millones del programa de vacunación que “se ahorraron”… mientras la salud esperaba

0

En la Cuarta Transformación hay milagros administrativos dignos de aplauso: tener dinero aprobado para vacunar y no usarlo. Entre 2022 y 2025, el Programa Presupuestario E036 Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud federal acumuló un subejercicio de más de 51 mil millones de pesos, recursos que la Cámara de Diputados autorizó, pero que simplemente no se gastaron. Así, sin drama y sin vacunas.

El dato no proviene de opositores “conservadores” ni de campañas de desprestigio: está documentado en los propios registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, el gobierno se acusa solo.

El E036 no es un programa improvisado ni un experimento reciente. Existe desde 1993, es operado por el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), cuenta con reglas de operación, estructura institucional y más de 30 años de funcionamiento continuo. En otras palabras, no había pretexto técnico, administrativo ni histórico para no ejercer los recursos.

Dinero aprobado… dinero guardado

Durante el periodo 2019–2021, el gasto en vacunación incluso superó lo aprobado, lo que demostraba que cuando había voluntad, el dinero se usaba. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el desplome, coincidentemente cuando el discurso oficial empezó a presumir “austeridad”, aunque fuera a costa de la salud pública.

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó 36 mil 692 millones de pesos para el programa. Al cierre del ejercicio, Hacienda reportó apenas 9 mil 176 millones pagados. Resultado: 27 mil 515 millones de pesos sin ejercer en un solo año. Ni en la pandemia se había visto algo así.

Para 2023, el patrón continuó. Se autorizaron 16 mil 216 millones, pero el gasto real fue de apenas 3 mil 412 millones, dejando un subejercicio de 12 mil 803 millones. Vacunas aprobadas en papel, pero no aplicadas en la vida real.

En 2024, el Congreso aprobó 15 mil 469 millones, de los cuales solo se pagaron 4 mil 897 millones. Otros 10 mil 572 millones se quedaron guardados, probablemente muy sanos, pero inútiles.

Ya en 2025, con un presupuesto mucho menor, se aprobaron 4 mil 571 millones, se gastaron 3 mil 926 millones y aun así quedaron 645 millones sin ejercer, como para no perder la costumbre.

La suma total del subejercicio entre 2022 y 2025 asciende a 51 mil 537 millones de pesos. Una cifra que, en términos de salud pública, se traduce en millones de vacunas no compradas, no distribuidas o no aplicadas.

Austeridad que no inmuniza

Mientras desde Palacio Nacional se repite que “primero los pobres” y que el sistema de salud “ya es como el de Dinamarca”, los números revelan otra historia: dinero había, autorización también, pero voluntad no. Porque ahorrar en vacunas no es eficiencia, es negligencia presupuestal.

El subejercicio no es una anécdota contable; es una decisión política. Cada peso no gastado en vacunación representa una oportunidad perdida para prevenir enfermedades, fortalecer esquemas de inmunización y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Restaurantes de la costa yucateca, al límite: tradición en riesgo entre recibos de luz y mesas vacías

0

A lo largo de la Costa Yucateca, donde durante décadas el olor a pescado frito y mariscos recién salidos del mar ha sido parte del paisaje cotidiano, hoy se respira una preocupación creciente. Los restaurantes y comedores tradicionales que dan identidad a los puertos atraviesan una de las etapas más críticas de su historia reciente, atrapados entre la baja afluencia de visitantes y el incremento constante de sus costos operativos.

Propietarios y trabajadores coinciden en que la disminución del turismo ha golpeado con fuerza las ventas. Mesas vacías, cocinas funcionando a medias y jornadas cada vez más cortas se han vuelto escenas habituales en negocios que, por generaciones, han sido el sustento de familias porteñas. Lo que antes se compensaba con temporadas altas hoy ya no alcanza para cubrir gastos básicos.

Uno de los factores que más presión ejerce sobre estos establecimientos es el alto costo de la energía eléctrica. Mantener refrigeradores, congeladores, estufas y equipos indispensables para la conservación de productos del mar se ha convertido en un desafío financiero. Restauranteros señalan que los recibos de luz consumen buena parte de sus ingresos, reduciendo al mínimo cualquier margen de ganancia y, en algunos casos, obligándolos a operar con pérdidas.

La situación resulta especialmente alarmante si se considera que estos negocios han demostrado una gran capacidad de resistencia. Han sobrevivido a crisis económicas, fenómenos meteorológicos severos, temporadas bajas prolongadas e incluso a los efectos de la pandemia. Sin embargo, hoy el panorama es distinto: la combinación de menos clientes y mayores costos amenaza con llevar al cierre definitivo a varios restaurantes en el corto plazo.

De concretarse este escenario, el impacto no sería únicamente económico. La desaparición de estos comedores implicaría la pérdida de una parte esencial del atractivo turístico de los puertos yucatecos, cuya identidad está íntimamente ligada a su gastronomía tradicional. Platillos, recetas y formas de preparación que han pasado de generación en generación podrían quedar relegados al recuerdo.

Además, decenas de familias que dependen directamente de la actividad restaurantera verían comprometido su sustento, afectando también la economía local que gira en torno a estos negocios, desde pescadores hasta pequeños proveedores.

Ante este contexto, restauranteros de la costa hacen un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para la implementación de apoyos que les permitan recapitalizarse, enfrentar los altos costos y reactivar la afluencia de visitantes. Advierten que, sin medidas oportunas, la crisis podría volverse irreversible y con ella perderse una de las expresiones culturales y económicas más representativas del litoral yucateco.

La cocina de la costa, sostienen, no solo alimenta a quienes la visitan: es historia, identidad y sustento para cientos de familias que hoy luchan por mantenerla viva.

Ivonne Ortega revive viejas mañas y perfila en Dzilam al exalcalde “Pepita” Carrillo: la grilla se enciende

0

En un municipio que aún carga con la sombra de la violencia y donde recientemente fue escenario de una triple ejecución atribuida al Cártel de Caborca, la política local decidió no quedarse atrás y encender su propio espectáculo. La carrera por la alcaldía ya arrancó y, como suele ocurrir, los mismos de siempre quieren volver, aunque el expediente les pese más que el cargo.

Entre los aspirantes destaca el exalcalde Cristián Carrillo Baeza, recordado no precisamente por su eficiencia administrativa, sino por un desempeño que muchos dzilameños califican como francamente desastroso. Aun así, en los corrillos políticos se comenta que Carrillo no anda preocupado: presume que Ivonne Ortega Pacheco ya le abrió la puerta para ser candidato de Movimiento Ciudadano. Porque en política, al parecer, la memoria es opcional.

Corrupción con pedigree… y cuentas pendientes

Durante sus dos periodos como presidente municipal (2018-2021 y 2021-2024), Carrillo habría protagonizado un manejo del erario que hoy lo mantiene bajo la lupa. De acuerdo con versiones locales, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) sigue de cerca sus cuentas, muchas de las cuales no fueron comprobadas.

El motivo del boquete financiero, según señalan habitantes del municipio, no fue precisamente la inversión pública. Se habla de gastos desmedidos, compra de vehículos, motocicletas, ranchos y diversas propiedades, todo para sostener un estilo de vida que, dicen, es más caro que cualquier proyecto de obra pública. El dinero del pueblo, al parecer, tuvo destinos mucho más “personales”.

Ivonne Ortega y la política del reciclaje

Que Ivonne Ortega impulse a Carrillo no sorprende a quienes recuerdan su historial político. En Dzilam, la versión más extendida es que el exalcalde estaría “amarrado” políticamente, no por su popularidad, sino porque su expediente lo hace fácilmente manipulable. Nada como un candidato con cuentas pendientes para asegurar disciplina partidista.

Mientras tanto, Morena también mueve sus piezas y deberá definir a su candidato a más tardar a finales de agosto. En el pueblo se menciona que el aspirante guinda sería Edgar “Lero” Lizama, en lo que promete ser otro capítulo del ya clásico enfrentamiento entre proyectos que dicen ser distintos, pero que se parecen cada vez más.

Un historial que no estorba… al contrario

Vale recordar que en las elecciones de 2024, Cristián Carrillo intentó brincar a una diputación local bajo la alianza PRI-PAN, tras haber dejado la alcaldía con una evaluación ciudadana que osciló entre mala y peor. El resultado fue el esperado: no ganó. Pero en la política local, perder no descalifica, al contrario, a veces califica.

La gran pregunta en Dzilam es si la ciudadanía está dispuesta a repetir la historia, apostando nuevamente por un personaje señalado por corrupción y malos manejos. Si así ocurre, quizá no sea por falta de opciones, sino por esa extraña costumbre política de volver con lo que ya se sabe que no funciona.

Por ahora, la grilla está encendida y el mensaje parece claro: en Dzilam, la renovación política sigue siendo una promesa… mientras los mismos nombres siguen apareciendo en la boleta.

La primera dama del fashion arma circo político con Morena y convierte la heladez en pasarela electoral rumbo a 2027

0

En Yucatán, la heladez ya no solo congela madrugadas: también congela la ética pública. Wendy Méndez Naal, presidenta del DIF Yucatán y conocida en círculos críticos como la primera dama del fashion, decidió que la entrega de cobertores era el escenario ideal para montar un espectáculo político con sello Morena, más cercano a un mitin anticipado que a una acción humanitaria.

No bastó con aparecer enfundada en vestidos de diseñador valuados entre 17 mil, 20 mil, 30 mil y hasta más de 35 mil pesos. La funcionaria convirtió la ayuda invernal en un circo de autopromoción de la 4T, acompañada por una comitiva cuidadosamente seleccionada: el diputado federal Óscar Brito Zapata, la diputada local Clara Rosales Montiel y el regidor meridano Adrián Gorocica Rojas, entre otros militantes morenistas, como si se tratara de una gira proselitista y no de una entrega de apoyos.

El recorrido incluyó las comisarías de Dzityá, San Antonio Hool, Xcunyá, Dzibilchaltún y Sodzil Norte, todas pertenecientes al municipio de Mérida. Zonas donde, casualmente, Morena tiene interés político y donde la pobreza sirve —una vez más— como escenografía electoral.

Servidores de la Nación: operadores de campaña con cargo al erario

De acuerdo con denuncias ciudadanas, los beneficiarios no fueron seleccionados por criterios técnicos del DIF estatal, sino por los ya conocidos Servidores de la Nación, figuras adscritas a un programa federal que, en teoría, nada tienen que ver con apoyos estatales. La línea fue clara: mezclar padrones, confundir programas y capitalizar políticamente la necesidad.

Pero el guion fue todavía más burdo. A los beneficiarios se les habría dicho que los cobertores eran “gracias a los diputados de la 4T”, un mensaje que no solo es falso, sino que podría configurar un delito electoral, al usar recursos públicos con fines de promoción política personalizada y partidista.

El fashion contra la pobreza: prioridades bien claras

Este despliegue político parece una reacción directa a las publicaciones que exhibieron el estilo de vida de alta costura de la presidenta del DIF. Mientras se pide austeridad al ciudadano de a pie, Méndez Naal desfila con ropa de diseñador y administra un equipo con un costo aproximado de 15 millones de pesos al año.

Para ponerlo en términos simples, incluso para quienes gobiernan a base de eslóganes: con ese presupuesto anual se podrían adquirir más de 210 mil cobertores, considerando un precio de 71.50 pesos por pieza al mayoreo, según una compra previa registrada por la empresa WPE Textil en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Pero claro, los cobertores no lucen en Instagram, ni generan fotos con diputados, ni sirven para posicionar nombres rumbo al 2027.

Morena y la vieja escuela que juró combatir

Lo ocurrido deja al descubierto lo que ya es costumbre en la 4T: criticar las prácticas del pasado mientras las replican con mayor cinismo. Uso electoral de programas sociales, operadores federales actuando como promotores partidistas y funcionarios convertidos en influencers del poder.

En Yucatán, la ayuda social se volvió utilería; la pobreza, un fondo para la foto; y la política social, una pasarela donde el mensaje es claro: primero el proyecto político, luego —si sobra tiempo— la gente.

Mientras tanto, Morena seguirá repitiendo que “no son iguales”, aunque cada entrega de cobertores con discursos partidistas y vestidos de lujo se encargue de demostrar exactamente lo contrario.

Identifican a dos mineros zacatecanos localizados sin vida en fosa clandestina en Concordia

0

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la identificación de dos de los mineros que fueron localizados sin vida en fosas clandestinas en el municipio de Concordia, Sinaloa. Se trata de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios de Zacatecas y reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Hernández Vélez era originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, mientras que Salazar Flores provenía de Sombrerete. Ambos formaban parte del grupo de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp que desaparecieron cuando se encontraban en territorio sinaloense.

Los cuerpos fueron localizados en las fosas clandestinas descubiertas la semana pasada en la comunidad de El Verde, también en Concordia, cerca de un rancho de la zona. Tras el hallazgo, el área fue resguardada de inmediato por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano, debido a la magnitud del caso.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que la investigación fue atraída directamente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia de la FGR que mantiene la comunicación directa con los familiares de las víctimas, al tratarse de un asunto de competencia federal.

Camacho detalló que la fiscalía estatal ha colaborado de manera estrecha con las autoridades federales y con la Fiscalía de Sinaloa, principalmente mediante el envío de dictámenes periciales y muestras de ADN de familiares para el cotejo genético que permitió la identificación. Asimismo, subrayó que se ha brindado acompañamiento integral a las familias durante todo el proceso.

Indicó además que personal de la Fiscalía de Zacatecas ya se encuentra en la Ciudad de México para dar seguimiento a los trámites correspondientes y apoyar en el procedimiento de identificación plena y entrega de los cuerpos a sus familiares.

El hallazgo de la fosa fue reportado oficialmente el jueves 5 de febrero, sin embargo, colectivos de búsqueda han advertido que la dimensión del sitio podría ser mucho mayor a lo inicialmente informado. Este domingo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora señaló que en el predio podrían encontrarse más de 20 cuerpos, lo que apunta a un escenario de violencia sistemática.

“Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia, y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde. Nos unimos a la pena que embarga a cada una de las familias, porque no eran 10 los cuerpos en la fosa, eran más de 20, y no solamente esas personas estaban sepultadas ahí; hay muchísimos más”, expresó el colectivo a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con las buscadoras, el lugar no correspondería a una fosa aislada, sino a un “cementerio clandestino” con decenas de víctimas, lo que refuerza la exigencia de una investigación a fondo y de acciones urgentes para la identificación de todas las personas localizadas.

Mientras continúan las diligencias, el caso ha vuelto a poner en el centro del debate la crisis de desapariciones y fosas clandestinas que enfrenta el país, así como la urgencia de garantizar verdad, justicia y reparación para las familias de las víctimas.

Despiden a Mario Ávila por no “mocharse”: en Tizimín no se castiga robar, se castiga no compartir

0

En Tizimín la corrupción no se combate, se administra. Y como toda administración eficiente, tiene reglas claras: puedes robar, pero reparte. Quien no entiende el manual, se va. Así habría ocurrido con Mario Ávila Mena, recientemente despedido —junto con Fidelio Chi Che— por no alinearse a la máxima municipal: dividir el botín o abandonar el cargo.

De acuerdo con versiones que circulan en los pasillos del Palacio Municipal, el alcalde Adrián Quiroz Osorio aplica a la perfección la vieja doctrina del “divide y vencerás”. No importa cuánto se lleven, siempre y cuando la mochada llegue a tiempo y completa. El problema con Mario Ávila, cuentan, es que tenía las uñas demasiado largas… y el pastel se lo comió solo.

La historia, que bien podría titularse “A ver quién roba más”, tiene como protagonistas al viejo cascarrabias Mario Ávila y al alcalde, apodado por sus detractores como “Lata de Gas”: explosivo, poco fino y con fama de muy manilargo. En el reparto aparecen personajes secundarios de sobra conocidos: Fidelio Chi Che, inseparable del primero, y Miguel Aguayo, el operador del alcalde, señalado por arrastrar viejas prácticas priistas y acusado en el pasado por irregularidades cuando fue director de feria.

El prólogo del escándalo

Una semana después de concluidos los festejos, Ávila Mena y Chi Che fueron sacados de la Expo Feria de Tizimín, oficialmente por no alinearse y por presuntos malos manejos en la organización. Extraoficialmente, porque ya no eran confiables… en el reparto.

Hay que recordar que en la Feria 2025 salieron a la luz diversas irregularidades administrativas que provocaron el enojo de comerciantes. La situación se le habría salido de control a Ávila, quien —según testigos— respondió con prepotencia y malos tratos. Ante el escándalo, el alcalde decidió retirarles el control de la venta de espacios y centralizar los cobros en la Tesorería Municipal.

La medida sonó a castigo ejemplar, pero en realidad fue un ajuste de cuentas: a Mario solo lo mantenían ahí por compromiso, cortesía del dinero aportado en campaña.

Cambio de manos… pero no de prácticas

Para la edición 2026, la administración de accesos quedó en manos de Miguel Aguayo, un viejo conocido por sus antecedentes y por representar todo lo que supuestamente se quería erradicar. En Tizimín, al parecer, el problema no es la corrupción, sino quién la maneja.

La gota que derramó el vaso llegó en enero, cuando Mario Ávila intentó seguir dando órdenes y sacando provecho del control de espacios, aun con personal de fiscalización presente y cuando su permanencia en el cargo era más por lástima que por confianza.

Cansado —según versiones— de los abusos al personal, el favoritismo, los cobros irregulares, la negativa a rendir cuentas y, sobre todo, de que Mario no se mochara, el alcalde ordenó su salida definitiva del recinto ferial. Hoy, tanto Ávila como Fidelio tienen prohibido volver a pisar la Expo Feria.

Moral de la historia

Aunque ambos personajes son viejos conocidos en el medio ganadero por presuntos robos en administraciones pasadas, esta vez el pecado no fue intentar robar, sino querer robar más que el jefe.

En el Tizimín que dejó de ser “Ciudad de Reyes” para convertirse en “Ranchote”, la lección es clara:

no se castiga la corrupción, se castiga la deslealtad en el reparto.

Diputada de Morena genera polémica por confrontación con ciclista en calles de la CDMX

0

Una diputada local de Morena en la Ciudad de México se encuentra en el centro de la polémica luego de que circulara en redes sociales un video en el que se le observa desplazándose con escolta y una patrulla de apoyo, mientras presiona a un ciclista para que se retire del camino.

En las imágenes, la legisladora realiza un gesto con la mano similar a la llamada “batiseñal”, acción que fue interpretada por usuarios como una forma de intimidación o advertencia, aprovechando la presencia de personal de seguridad. El ciclista, quien se trasladaba en una bicicleta, se encontraba en clara desventaja frente al convoy conformado por una camioneta Lincoln Navigator y una unidad policial.

Tras la difusión del material, la diputada ofreció una explicación pública en la que aseguró haber sido víctima de acoso por parte del ciclista, argumento que generó cuestionamientos debido a la evidente desproporción entre ambas partes. Mientras ella viajaba con escolta y respaldo policial, el otro involucrado no contaba con ningún tipo de protección ni autoridad a su favor.

El caso cobró mayor relevancia al darse a conocer que la legisladora ocupa su cargo por la vía plurinominal, lo que intensificó las críticas sobre el uso de privilegios, el ejercicio del poder y la congruencia entre el discurso político y la conducta en la vía pública.

En redes sociales, usuarios y colectivos ciclistas señalaron que el incidente refleja la vulnerabilidad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte frente a funcionarios con acceso a escoltas, patrullas y vehículos de alta gama. Asimismo, exigieron que se esclarezca el hecho y se establezcan límites claros sobre el uso de recursos públicos para situaciones personales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura de una investigación oficial; sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre la movilidad urbana, el respeto al espacio público y el comportamiento de los representantes populares fuera de los recintos legislativos.

Explota polvorín en Caucel y exhibe prioridades de Procivy: primero la “cuota”, luego la protección

0

Mientras el discurso oficial habla de prevención, bienestar y cero corrupción, en la comisaría de Caucel la realidad explotó —literalmente— antes de que Protección Civil moviera un dedo.

Un polvorín que almacenaba grandes cantidades de pirotecnia estalló en una vivienda ubicada en la calle 23 entre 8 y 10, evidenciando que, al menos en este caso, la estrategia de “protección” consistió en esperar a que todo volara por los aires para entonces sí aparecer con chaleco oficial y cara de preocupación.

Al sitio arribó personal de Protección Civil del Estado encabezado por su director, Hernán Hernández, funcionario que en redes sociales es señalado no precisamente por prevenir riesgos, sino por presuntamente convertir las inspecciones en oportunidades de negocio.

Según múltiples denuncias ciudadanas, el titular de Procivy recorre empresas y comercios en distintas localidades del estado bajo el argumento de supuestas irregularidades en materia de seguridad, pero —siempre de acuerdo con estos señalamientos— la solución no es corregir riesgos, sino pagar. El método sería exigir la contratación de “terceros acreditados” convenientemente designados, previo desembolso de miles de pesos para permitir la operación o evitar clausuras.

Así, mientras los polvorines operan sin supervisión real hasta que explotan, la prioridad parecería estar en otra parte: la caja registradora.

Las críticas también apuntan al estilo de vida del funcionario, quien, según denuncias difundidas en redes, se desplaza en vehículos de lujo, una imagen que contrasta con el mantra de la Cuarta Transformación que presume austeridad, cero privilegios y combate frontal a la corrupción… al menos en el discurso.

El caso de Caucel deja una pregunta incómoda flotando entre los escombros:

¿Protección Civil está para proteger a la población o para cobrar por mirar hacia otro lado hasta que ocurre la tragedia?

Porque cuando la prevención falla, lo único que queda claro es que la corrupción no necesita chispa: sola se enciende.