La incertidumbre en la delegación del Bienestar en Yucatán ha abierto la puerta a una ola de rumores y movimientos políticos anticipados, luego de la salida de Rogerio Castro Vázquez del cargo. Aunque oficialmente no se ha confirmado un relevo ni se ha detallado el estatus definitivo del exdelegado, en los pasillos políticos ya comenzaron a “brotar” aspirantes.

En este escenario de desinformación y silencio institucional, aparecen nombres que buscan posicionarse, entre ellos Ermilo Barrera Novelo, conocido como “Milo”, y el llamado “Amigo Libo”, quien —según versiones— podría volver a moverse en el tablero político.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación.

Un cargo estratégico

La delegación del Bienestar no es una oficina menor. Se trata de una estructura con fuerte presencia territorial debido a la operación de programas sociales federales. En muchos municipios, especialmente en comunidades alejadas, la entrega de apoyos se realiza de manera directa y en eventos públicos que, para algunos críticos, tienen tintes más políticos que administrativos.

Por ello, el control de esta dependencia representa una pieza clave dentro del engranaje político estatal.

Con la salida de Rogerio del camino, el escenario parece despejarse para que el gobernador coloque a un perfil de absoluta confianza, consolidando así el manejo político de los programas sociales en el estado.

Antecedentes de una disputa

Desde el inicio de la actual administración, se mencionó que el Ejecutivo estatal buscaba incidir en el nombramiento del titular del Bienestar. En su momento, incluso se habló de que Mauricio Sahuí podría asumir la posición. Sin embargo, Rogerio Castro logró posicionarse gracias a sus movimientos en el centro del país y al respaldo de figuras cercanas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy el panorama luce distinto. La correlación de fuerzas ha cambiado y el margen de maniobra parece más favorable para el grupo en el poder estatal.

Río revuelto, ganancia de pescadores

En ausencia de información oficial clara, no faltan los actores políticos que intentan aprovechar el vacío para “placearse”, enviar señales o presionar desde medios y redes sociales.

La falta de una decisión rápida solo alimenta versiones y fortalece la narrativa de que el Bienestar Yucatán se ha convertido en un espacio de disputa interna.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿quién tomará las riendas de una de las estructuras más relevantes en la operación política del estado?

La capital albanesa fue escenario de nuevos disturbios la noche del martes, cuando miles de simpatizantes de la oposición salieron a las calles para exigir la dimisión del gobierno del primer ministro Edi Rama, en medio de crecientes acusaciones de corrupción dentro de su administración.

La manifestación, realizada en el centro de Tirana, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos que arrojaban bombas molotov, bengalas y piedras contra los agentes y edificios gubernamentales.

Heridos y detenidos

De acuerdo con informes oficiales, 16 manifestantes fueron atendidos en hospitales por quemaduras y diversas lesiones. Además, 13 personas fueron arrestadas durante los disturbios.

Más de 1.300 agentes de policía habían sido desplegados previamente para resguardar la seguridad ante la previsión de posibles actos violentos, ya que se trata de la tercera protesta masiva en los últimos meses con demandas similares.

Protestas anteriores también habían escalado en violencia, con ataques contra instalaciones gubernamentales y una respuesta contundente de las autoridades mediante el uso de fuerza disuasiva.

El centro de la controversia: acusaciones contra la viceprimera ministra

Las movilizaciones se producen en un contexto de presión política por las acusaciones de corrupción que involucran a la viceprimera ministra Belinda Balluku, quien además ocupa la cartera de Energía e Infraestructura.

Fiscales anticorrupción la acusan de presuntamente interferir en procesos de contratación pública relacionados con proyectos de construcción para beneficiar a determinadas empresas. La fiscalía ha solicitado que se le retire la inmunidad parlamentaria para que pueda enfrentar un proceso judicial, decisión que solo puede concretarse mediante votación en el Parlamento.

Sin embargo, el primer ministro Rama se ha resistido a los llamados para destituirla, lo que ha intensificado la tensión política.

— En política, dicen, no hay traiciones, solo acuerdos que se vencen. Y si alguien acaba de comprobar la fecha de caducidad de los compromisos internos es Rogerio Castro Vázquez, quien pasó de operador estrella en la delegación del Bienestar a espectador de lujo en la banca política.

Su salida no solo implica un relevo administrativo: representa el rompimiento definitivo con quien fuera su aliado y beneficiario político en más de una ocasión, el hoy gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿qué pasó con aquella promesa no escrita —pero ampliamente comentada— de que en 2030 tocaría el turno de Rogerio?

Dos veces cedió… la tercera no llegó

Castro Vázquez declinó en dos ocasiones sus aspiraciones a la gubernatura para respaldar a Díaz Mena. Hubo abrazos, elogios, discursos de unidad y fotografías que hablaban de lealtad inquebrantable.

Pero en la política local, la gratitud suele durar menos que una campaña electoral.

No hubo tercera oportunidad. Esta vez, al exdelegado no solo le cerraron la puerta, sino que le apagaron la luz de la oficina. La salida del Bienestar lo deja sin estructura territorial, sin operadoras y sin el contacto directo con los beneficiarios de programas sociales que, en términos prácticos, representan músculo político rumbo al 2027 y, claro, al codiciado 2030.

El Bienestar: la joya de la corona

No es un secreto que la delegación del Bienestar es una de las posiciones más estratégicas en cualquier administración federalista. Control territorial, cercanía con comunidades y operación constante. Una plataforma ideal para quien tenga aspiraciones mayores.

Rogerio parecía haber entendido la ruta: seis años de operación social, posicionamiento constante y proyección natural hacia la sucesión. Una fórmula que otros ya recorrieron.

Sin embargo, el libreto cambió. Y rápido.

Fuentes políticas señalan que desde el inicio de la administración estatal existía la intención de colocar en esa dependencia a un perfil de absoluta confianza del gobernador. Pero en su momento, Castro logró quedarse con el espacio.

Hoy, con el “incómodo mariachi” fuera del escenario, el camino queda despejado.

La decisión del Ayuntamiento de Seyé de ordenar el cierre temporal de cantinas y expendios de bebidas alcohólicas ha generado inconformidad entre propietarios de estos negocios, quienes cuestionan la medida al considerar que les ocasiona pérdidas económicas y que podría existir un trato desigual durante los festejos de carnaval.

De acuerdo con una circular enviada a los establecimientos, la alcaldesa instruyó de manera tajante el cierre de estos comercios con el argumento de “mantener el orden público” durante los eventos programados en el municipio, particularmente en el marco de las celebraciones carnestolendas.

Sin embargo, comerciantes señalan que, mientras se les obliga a suspender actividades, en los eventos organizados este martes se contempla la venta de cerveza en puntos ubicados a escasos metros del Palacio Municipal, lo que ha despertado suspicacias y críticas.

Impacto económico

La molestia crece al recordar que hace algunos meses el Cabildo aprobó un incremento superior al 100 por ciento en el impuesto contemplado en la Ley de Ingresos municipal para este tipo de giros comerciales. Ahora, con la orden de cierre temporal, los propietarios afirman enfrentar una doble afectación: mayores cargas fiscales y suspensión de ventas en fechas consideradas de alta demanda.

“Nos suben los impuestos y luego nos obligan a cerrar en uno de los días donde podríamos recuperar lo invertido”, comentaron algunos afectados, quienes pidieron claridad sobre los criterios aplicados.

Debate sobre equidad y orden público

La medida ha abierto el debate en la comunidad: ¿se trata de una acción preventiva legítima para garantizar la seguridad y evitar incidentes, o existe un trato preferencial hacia ciertos puntos de venta vinculados a la organización del evento?

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura ampliada que explique si la restricción aplica de manera general o si existen permisos especiales para la venta controlada dentro del perímetro de los festejos.

A pocos días de la inauguración oficial de la remodelación del distribuidor vial de City Center, ciudadanos y colectivos enfocados en movilidad realizaron un recorrido por la zona para evaluar los avances y condiciones de la obra. El balance, aseguran, genera preocupación por el enfoque predominantemente vehicular del proyecto.

De acuerdo con los señalamientos, a diferencia de intervenciones realizadas en años anteriores que buscaban integrar espacios para peatones y ciclistas, esta remodelación privilegia de manera desproporcionada la circulación automotriz, reduciendo y fragmentando las áreas destinadas a quienes se desplazan a pie.

Las críticas adquieren mayor relevancia si se considera que en junio de 2024 entró en vigor la NOM-004-SEDATU-2023 sobre Estructura y Diseño de Vías Urbanas, norma de observancia obligatoria en todo el país. Esta disposición establece como principio rector la “pirámide de movilidad”, que prioriza la seguridad del usuario más vulnerable: peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público, antes que el automóvil particular.

Según los colectivos, diversos elementos observados en la intersección podrían contravenir tanto la citada norma como los criterios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).

Principales observaciones

Entre los puntos señalados durante el recorrido destacan:

• Doble carril de vuelta continua a la derecha, lo que incrementa el riesgo para peatones al permitir giros simultáneos con menor control.
• Camellones con anchos reducidos o diseño inadecuado, sin elementos que garanticen protección física suficiente durante el cruce.
• Aumento en las distancias de cruce peatonal, lo que prolonga el tiempo de exposición de las personas al flujo vehicular.
• Persistencia de retornos extensos y conflictivos sobre la Calle 24, generando puntos de entrecruce con alta carga motorizada.
• Ausencia de banquetas en tramos colindantes con la gasolinera, donde, según denunciaron, incluso fue eliminado un segmento preexistente, dejando a peatones sin infraestructura segura.

Para los observadores, este tipo de diseño envía un mensaje contrario al modelo de ciudad que promueve la legislación federal vigente, centrado en la seguridad vial y la movilidad sostenible.

Preocupación por el modelo urbano

Más allá de esta intersección en particular, la inquietud se extiende a lo que podría convertirse en un precedente para futuras obras en Mérida. Activistas advierten que, de replicarse este esquema, podrían realizarse intervenciones similares en corredores emblemáticos como Paseo de Montejo, donde el equilibrio entre movilidad, patrimonio y seguridad peatonal es especialmente sensible.

En la política mexicana hay trayectorias extensas, pero pocas tan prolongadas y continuas como la de Ivonne Ortega Pacheco, quien desde 1998 ha ocupado de manera ininterrumpida distintos cargos públicos y posiciones partidistas. A casi 28 años de su primer encargo, su carrera vuelve a colocarse en el centro del debate público.

La exalcaldesa de Dzemul inició su recorrido en el ámbito municipal para después dar el salto al Congreso local, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y, posteriormente, a la gubernatura de Yucatán (2007-2012). Tras concluir su mandato estatal, continuó activa en la política nacional, ocupando cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político en el que militó durante la mayor parte de su carrera.

En 2019, tras buscar sin éxito la dirigencia nacional del PRI y en medio de desacuerdos internos, Ortega Pacheco anunció su salida del partido tricolor. Después de un periodo fuera de cargos públicos, reapareció en 2021 como candidata plurinominal de Movimiento Ciudadano (MC), partido con el que regresó a la Cámara de Diputados sin necesidad de contender en campaña territorial.

Con esta designación, Ivonne Ortega ha acumulado cuatro periodos como diputada federal, varios de ellos por la vía plurinominal, mecanismo contemplado en la legislación mexicana para garantizar representación proporcional de las fuerzas políticas en el Congreso.

En el actual contexto legislativo, su permanencia ha generado cuestionamientos en sectores críticos que señalan la recurrencia de figuras políticas en cargos de representación sin pasar por procesos de elección directa. También ha sido tema de discusión el hecho de que su pareja, Javier Osante Solís, haya accedido igualmente a una diputación federal por la vía plurinominal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, situación que ha despertado señalamientos sobre concentración de espacios dentro del mismo grupo político.

Simpatizantes de Ortega argumentan que su experiencia acumulada le permite tener peso específico en la agenda legislativa y conocimiento profundo de la administración pública. Sus detractores, en cambio, cuestionan la falta de iniciativas de alto impacto que puedan considerarse parte de un legado legislativo o transformador a nivel nacional.

El caso reabre un debate más amplio sobre la profesionalización de la política en México: ¿la permanencia prolongada en el servicio público es sinónimo de experiencia valiosa o evidencia de una clase política que rota entre cargos sin renovación real?

Mientras tanto, Ivonne Ortega continúa activa en San Lázaro, sumando un capítulo más a una trayectoria que, para bien o para mal, ya forma parte de la historia política contemporánea de Yucatán y del país.

Las movilizaciones y el proceso de organización que en los últimos meses han cobrado fuerza entre trabajadores de la educación indígena en el oriente del estado continúan generando tensión al interior del sector. Integrantes de la Coordinadora Regional del Oriente y de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY) difundieron un posicionamiento en el que denuncian presuntas irregularidades en los recientes nombramientos dentro de la estructura educativa.

De acuerdo con el documento, el nuevo jefe de sector de Educación Indígena en Valladolid, Luis Tamay May, habría sido designado por su cercanía política con el diputado local Wílber Dzul Canul. Los trabajadores inconformes señalan que este nombramiento, así como el de Dulce María Noh Cahum en el sector de Sotuta, respondería a intereses de control político en una región donde —afirman— la organización magisterial ha sido constante y crítica.

En su pronunciamiento, las coordinadoras acusan que dichas designaciones carecen de méritos académicos y trayectoria comprobada en favor de la educación indígena, y sostienen que existirían prácticas de nepotismo, compadrazgo y tráfico de influencias. Asimismo, aseguran contar con pruebas sobre presuntas irregularidades administrativas que, según afirman, obran en su poder.

Uno de los señalamientos centrales es el supuesto hostigamiento laboral hacia docentes del sector. De acuerdo con la denuncia pública, el jefe de sector habría realizado visitas directas a planteles para aplicar sanciones y ejercer presión administrativa sobre trabajadores, lo que consideran un uso indebido del cargo.

Los inconformes también cuestionan el papel del legislador Wílber Dzul Canul, a quien señalan de intervenir en asuntos administrativos del sector educativo indígena pese a ocupar actualmente una curul. Sostienen que, durante su paso previo por cargos relacionados con la educación indígena, no se registraron avances sustanciales en beneficio del subsistema, y advierten que las actuales acciones responderían a intereses políticos rumbo a futuros procesos electorales.

En el documento, las organizaciones magisteriales hacen un llamado a docentes, padres de familia y ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de prepotencia, abuso de autoridad o irregularidad administrativa. También exhortan a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales de la CETEY y de las coordinadoras regionales.

“Los trabajadores de la educación del oriente sabrán tomar las medidas necesarias para que la justicia prevalezca”, advierten en su posicionamiento, reiterando su consigna de unidad y organización.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de las autoridades educativas estatales ni de los señalados en la denuncia. Se espera que en los próximos días pueda emitirse una respuesta que permita esclarecer los hechos y garantizar la estabilidad en el sector de Educación Indígena en la región oriente de Yucatán.

La mañana de este martes, trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron un plantón de protesta en el norte de la ciudad, denunciando el retiro paulatino de sus prestaciones y del servicio médico que, aseguran, se ha agudizado desde el sexenio federal anterior y continúa en la actual administración.

La manifestación tuvo lugar a un costado del Monumento a las Haciendas, en la confluencia de las avenidas Cámara de Comercio y Correa Rachó, donde decenas de personas de la tercera edad, algunas con discapacidades visibles y enfermedades crónicas, exigieron la restitución inmediata de su derecho a la salud.

De acuerdo con los inconformes, en Yucatán existen cerca de 12 mil jubilados derechohabientes de Pemex, quienes anteriormente recibían atención médica en el hospital privado MediMac. Sin embargo, señalaron que debido a una deuda de aproximadamente 47 millones de pesos que la paraestatal mantiene con dicho hospital, los jubilados dejaron de recibir atención médica, encontrándose hoy con las puertas cerradas.

Uno de los manifestantes resumió la situación con crudeza:

“No tenemos especialistas, no tenemos cirugías, no tenemos hospitalización, no tenemos exámenes, ni químicos, ni radiografías; no tenemos nada”, expresó, visiblemente molesto.

Los jubilados advirtieron que el plantón se mantendría hasta la noche y que este miércoles realizarán una nueva manifestación en el Aeropuerto Internacional de Mérida, donde planean cerrar vialidades como medida de presión. No obstante, aclararon que permitirán el paso de los viajeros a pie, con el fin de no afectar a quienes tengan vuelos programados.

Los afectados subrayaron que la problemática no es exclusiva de Yucatán, sino que se replica a nivel nacional, citando casos similares en Tabasco, Campeche, Tamaulipas y otras entidades del país, donde jubilados de Pemex enfrentan la misma falta de atención médica.

Durante la protesta, uno de los ex trabajadores compartió un testimonio que reflejó el sentir general:

“Esto no es posible. Yo trabajé 36 años, 16 de ellos en campamento, abandonando a mi familia; 20 días trabajando y solo 11 de descanso. ¿Cuántos cumpleaños de mis hijos me perdí?, ¿cuántas navidades? Y no es justo que el gobierno federal nos pague dejándonos sin servicio médico, quitándonos el derecho a la salud, después de tantas enfermedades derivadas del contacto con agentes químicos de la industria petrolera”.

Los jubilados recalcaron que no piden privilegios, sino el cumplimiento de un derecho básico: atención médica digna, luego de haber entregado décadas de trabajo en plataformas y en tierra. La protesta, señalaron, es un último recurso ante lo que consideran una deuda histórica del Estado con quienes sostuvieron durante años a la industria petrolera nacional.