En la política mexicana hay trayectorias extensas, pero pocas tan prolongadas y continuas como la de Ivonne Ortega Pacheco, quien desde 1998 ha ocupado de manera ininterrumpida distintos cargos públicos y posiciones partidistas. A casi 28 años de su primer encargo, su carrera vuelve a colocarse en el centro del debate público.

La exalcaldesa de Dzemul inició su recorrido en el ámbito municipal para después dar el salto al Congreso local, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y, posteriormente, a la gubernatura de Yucatán (2007-2012). Tras concluir su mandato estatal, continuó activa en la política nacional, ocupando cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político en el que militó durante la mayor parte de su carrera.

En 2019, tras buscar sin éxito la dirigencia nacional del PRI y en medio de desacuerdos internos, Ortega Pacheco anunció su salida del partido tricolor. Después de un periodo fuera de cargos públicos, reapareció en 2021 como candidata plurinominal de Movimiento Ciudadano (MC), partido con el que regresó a la Cámara de Diputados sin necesidad de contender en campaña territorial.

Con esta designación, Ivonne Ortega ha acumulado cuatro periodos como diputada federal, varios de ellos por la vía plurinominal, mecanismo contemplado en la legislación mexicana para garantizar representación proporcional de las fuerzas políticas en el Congreso.

En el actual contexto legislativo, su permanencia ha generado cuestionamientos en sectores críticos que señalan la recurrencia de figuras políticas en cargos de representación sin pasar por procesos de elección directa. También ha sido tema de discusión el hecho de que su pareja, Javier Osante Solís, haya accedido igualmente a una diputación federal por la vía plurinominal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, situación que ha despertado señalamientos sobre concentración de espacios dentro del mismo grupo político.

Simpatizantes de Ortega argumentan que su experiencia acumulada le permite tener peso específico en la agenda legislativa y conocimiento profundo de la administración pública. Sus detractores, en cambio, cuestionan la falta de iniciativas de alto impacto que puedan considerarse parte de un legado legislativo o transformador a nivel nacional.

El caso reabre un debate más amplio sobre la profesionalización de la política en México: ¿la permanencia prolongada en el servicio público es sinónimo de experiencia valiosa o evidencia de una clase política que rota entre cargos sin renovación real?

Mientras tanto, Ivonne Ortega continúa activa en San Lázaro, sumando un capítulo más a una trayectoria que, para bien o para mal, ya forma parte de la historia política contemporánea de Yucatán y del país.

Las movilizaciones y el proceso de organización que en los últimos meses han cobrado fuerza entre trabajadores de la educación indígena en el oriente del estado continúan generando tensión al interior del sector. Integrantes de la Coordinadora Regional del Oriente y de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY) difundieron un posicionamiento en el que denuncian presuntas irregularidades en los recientes nombramientos dentro de la estructura educativa.

De acuerdo con el documento, el nuevo jefe de sector de Educación Indígena en Valladolid, Luis Tamay May, habría sido designado por su cercanía política con el diputado local Wílber Dzul Canul. Los trabajadores inconformes señalan que este nombramiento, así como el de Dulce María Noh Cahum en el sector de Sotuta, respondería a intereses de control político en una región donde —afirman— la organización magisterial ha sido constante y crítica.

En su pronunciamiento, las coordinadoras acusan que dichas designaciones carecen de méritos académicos y trayectoria comprobada en favor de la educación indígena, y sostienen que existirían prácticas de nepotismo, compadrazgo y tráfico de influencias. Asimismo, aseguran contar con pruebas sobre presuntas irregularidades administrativas que, según afirman, obran en su poder.

Uno de los señalamientos centrales es el supuesto hostigamiento laboral hacia docentes del sector. De acuerdo con la denuncia pública, el jefe de sector habría realizado visitas directas a planteles para aplicar sanciones y ejercer presión administrativa sobre trabajadores, lo que consideran un uso indebido del cargo.

Los inconformes también cuestionan el papel del legislador Wílber Dzul Canul, a quien señalan de intervenir en asuntos administrativos del sector educativo indígena pese a ocupar actualmente una curul. Sostienen que, durante su paso previo por cargos relacionados con la educación indígena, no se registraron avances sustanciales en beneficio del subsistema, y advierten que las actuales acciones responderían a intereses políticos rumbo a futuros procesos electorales.

En el documento, las organizaciones magisteriales hacen un llamado a docentes, padres de familia y ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de prepotencia, abuso de autoridad o irregularidad administrativa. También exhortan a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales de la CETEY y de las coordinadoras regionales.

“Los trabajadores de la educación del oriente sabrán tomar las medidas necesarias para que la justicia prevalezca”, advierten en su posicionamiento, reiterando su consigna de unidad y organización.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de las autoridades educativas estatales ni de los señalados en la denuncia. Se espera que en los próximos días pueda emitirse una respuesta que permita esclarecer los hechos y garantizar la estabilidad en el sector de Educación Indígena en la región oriente de Yucatán.

La mañana de este martes, trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron un plantón de protesta en el norte de la ciudad, denunciando el retiro paulatino de sus prestaciones y del servicio médico que, aseguran, se ha agudizado desde el sexenio federal anterior y continúa en la actual administración.

La manifestación tuvo lugar a un costado del Monumento a las Haciendas, en la confluencia de las avenidas Cámara de Comercio y Correa Rachó, donde decenas de personas de la tercera edad, algunas con discapacidades visibles y enfermedades crónicas, exigieron la restitución inmediata de su derecho a la salud.

De acuerdo con los inconformes, en Yucatán existen cerca de 12 mil jubilados derechohabientes de Pemex, quienes anteriormente recibían atención médica en el hospital privado MediMac. Sin embargo, señalaron que debido a una deuda de aproximadamente 47 millones de pesos que la paraestatal mantiene con dicho hospital, los jubilados dejaron de recibir atención médica, encontrándose hoy con las puertas cerradas.

Uno de los manifestantes resumió la situación con crudeza:

“No tenemos especialistas, no tenemos cirugías, no tenemos hospitalización, no tenemos exámenes, ni químicos, ni radiografías; no tenemos nada”, expresó, visiblemente molesto.

Los jubilados advirtieron que el plantón se mantendría hasta la noche y que este miércoles realizarán una nueva manifestación en el Aeropuerto Internacional de Mérida, donde planean cerrar vialidades como medida de presión. No obstante, aclararon que permitirán el paso de los viajeros a pie, con el fin de no afectar a quienes tengan vuelos programados.

Los afectados subrayaron que la problemática no es exclusiva de Yucatán, sino que se replica a nivel nacional, citando casos similares en Tabasco, Campeche, Tamaulipas y otras entidades del país, donde jubilados de Pemex enfrentan la misma falta de atención médica.

Durante la protesta, uno de los ex trabajadores compartió un testimonio que reflejó el sentir general:

“Esto no es posible. Yo trabajé 36 años, 16 de ellos en campamento, abandonando a mi familia; 20 días trabajando y solo 11 de descanso. ¿Cuántos cumpleaños de mis hijos me perdí?, ¿cuántas navidades? Y no es justo que el gobierno federal nos pague dejándonos sin servicio médico, quitándonos el derecho a la salud, después de tantas enfermedades derivadas del contacto con agentes químicos de la industria petrolera”.

Los jubilados recalcaron que no piden privilegios, sino el cumplimiento de un derecho básico: atención médica digna, luego de haber entregado décadas de trabajo en plataformas y en tierra. La protesta, señalaron, es un último recurso ante lo que consideran una deuda histórica del Estado con quienes sostuvieron durante años a la industria petrolera nacional.

La tensión entre los gigantes del entretenimiento y las grandes tecnológicas volvió a escalar. De acuerdo con un reporte de Deadline, Google actualizó las restricciones de sus herramientas de inteligencia artificial para prohibir la creación de prompts que incluyan personajes propiedad de Disney, entre ellos los universos de Marvel y Star Wars, una decisión que marca un precedente en la disputa por los derechos de autor en la era de la IA.

La medida no surge de la nada. En diciembre pasado, Disney envió a Google una carta de “cese y desistimiento”, en la que acusó a sus productos de inteligencia artificial de funcionar como una “máquina expendedora virtual” de propiedades intelectuales ajenas, permitiendo a los usuarios generar imágenes, historias y contenidos basados en personajes protegidos por derechos de autor sin autorización.

Según la queja, esta práctica no solo vulnera la propiedad intelectual de la compañía, sino que abre la puerta a posibles consecuencias legales si no se establecen límites claros sobre el uso de contenidos protegidos dentro de plataformas de IA generativa.

Uno de los ejemplos más visibles del problema fue la oleada de imágenes y videos falsos relacionados con “Avengers: Doomsday”, un supuesto proyecto que nunca fue anunciado oficialmente por Marvel. El contenido generado por inteligencia artificial se viralizó rápidamente en redes sociales y plataformas de video, provocando confusión entre fans y medios, e incluso alimentando rumores sobre una película inexistente.

Para Disney, este tipo de casos evidencia el riesgo de que la IA distorsione marcas consolidadas, afecte estrategias comerciales y erosione el control creativo que los estudios mantienen sobre sus franquicias más valiosas.

La decisión de Google de bloquear estos prompts es interpretada como un intento de evitar un conflicto legal mayor con uno de los conglomerados de entretenimiento más poderosos del mundo, pero también como una señal de que la industria tecnológica comienza a reconocer los límites legales y éticos del uso de la inteligencia artificial.

Este episodio reaviva el debate global sobre hasta dónde puede llegar la IA generativa, quién es responsable del contenido que produce y cómo se protegerán los derechos de autor en un entorno donde crear imágenes, videos o historias falsas es cada vez más sencillo. Mientras tanto, el mensaje es claro: con Disney, Google prefirió no tentar la suerte.

La terminación de un contrato de servicios con el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) habría dejado en el limbo laboral a al menos 24 trabajadores, quienes denuncian haber sido despedidos sin recibir el pago de su salario ni el finiquito correspondiente, situación que hoy los mantiene en una condición de incertidumbre económica y vulnerabilidad.

Uno de los casos es el de Don Florentino, de 64 años de edad, quien asegura que fue separado de su puesto desde el mes de enero sin que hasta la fecha se le haya cubierto el sueldo devengado ni las prestaciones que marca la ley. Su testimonio refleja una problemática que, según los propios afectados, no es aislada, sino parte de un incumplimiento generalizado por parte de la empresa para la que laboraban.

De acuerdo con los trabajadores, la empresa que prestaba servicios al Tecnológico de Mérida dejó de ser contratada para el año 2026, lo que derivó en la conclusión de la relación laboral. No obstante, señalan que, pese a haber cumplido con sus funciones hasta el último día, no se les ha pagado el tiempo ya trabajado, ni se les ha entregado el finiquito correspondiente.

Dos de los empleados afectados explicaron que su exigencia es clara y concreta: el pago inmediato de su salario pendiente y el cumplimiento de las prestaciones laborales, conforme a lo establecido por la ley. Subrayaron que varios de ellos dependen exclusivamente de estos ingresos para cubrir gastos básicos como alimentación, renta, servicios y atención médica, por lo que la falta de pago ha tenido un impacto directo en su calidad de vida.

Los denunciantes identificaron a Alejandra Bautista Ramírez, contadora y presunta responsable de la empresa, como la persona encargada de realizar los pagos; sin embargo, afirman que hasta el momento no han recibido una respuesta clara, ni se les ha informado una fecha concreta para el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes.

Ante este escenario, los trabajadores hicieron un llamado directo al Instituto Tecnológico de Mérida para que intervenga como instancia vinculada a los servicios que ellos prestaron, con el objetivo de que se pueda mediar en el conflicto y garantizar el respeto a los derechos laborales de quienes aseguran haber cumplido cabalmente con su trabajo.

Finalmente, los afectados advirtieron que no descartan acudir a las autoridades laborales correspondientes, en caso de que no se logre una solución pronta. Reiteraron que su demanda no es extraordinaria ni fuera de la ley: exigen únicamente recibir el pago que legalmente les corresponde tras su despido.

La aprobación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continúa a la baja y la coloca entre los mandatarios estatales peor evaluados del país, de acuerdo con la más reciente medición nacional de la encuestadora Consulta Mitofsky dirigida por Roy Campos. El estudio, elaborado para el diario El Economista, advierte además posibles implicaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Según los resultados correspondientes a enero de 2026, Sansores descendió dos posiciones en el ranking nacional: pasó del lugar 27 —con 43.4% de aprobación en diciembre— al sitio 29, con apenas 40.6%. Esta caída la ubica dentro del grupo de gobernadores con menor respaldo ciudadano y entre aquellos cuyos estados tendrán comicios el próximo año.

🧭 Entre los peores evaluados del país

En la medición general, la mandataria campechana forma parte del cuarteto con las calificaciones más bajas a nivel nacional. La lista la encabezan:

• David Monreal (Zacatecas) — 39.7% de aprobación, lugar 30
• Javier May (Tabasco) — 39.3%, posición 31
• Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur) — 38.6%, sitio 32

Junto con ellos, Sansores integra el grupo de mandatarios con evaluaciones más débiles del país, todos por debajo del 41% de aprobación.

🗳️ Riesgo electoral para sus partidos

El análisis subraya que, entre los 17 gobernadores que enfrentarán procesos electorales en 2027, tres destacan por su baja evaluación ciudadana: Layda Sansores, David Monreal y Víctor Castro. Esta situación podría representar un factor de desgaste para sus partidos, particularmente para Morena, que gobierna dichas entidades.

En el caso específico de la región sur-sureste y la península de Yucatán, la gobernadora campechana ocupa el sexto lugar de siete mandatarios evaluados, con 40.6% de aprobación, superando únicamente —con peor calificación— al tabasqueño Javier May.

📊 Tres meses con aprobación nacional por debajo del 50%

El reporte también revela un fenómeno generalizado: por tercer mes consecutivo, el promedio nacional de aprobación de los gobernadores se mantiene por debajo del 50%. En enero de 2026 se ubicó en 49.8%, prácticamente sin cambios respecto a diciembre.

Esta cifra refleja un desgaste amplio en los gobiernos estatales, pues 12 mandatarios registran niveles inferiores al 50% e incluso tres se encuentran por debajo del 40%. El rango nacional oscila entre 58% y 39%, evidenciando una brecha significativa en la percepción ciudadana.

Lo que pretendía ser una muestra de supervisión y mantenimiento terminó por exhibir una condición extrema de riesgo sanitario. Un video difundido en las redes sociales de Francisco “Pancho” Torres Rivas, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), revela la existencia de pozos de drenaje abiertos, sin tapas herméticas y ubicados en zonas de terracería del fraccionamiento Cielo Alto, exponiendo de manera directa infraestructura de aguas residuales.

Lejos de reflejar una condición segura, las imágenes muestran una situación insalubre y peligrosa, donde los pozos abiertos permiten el ingreso de lodo, basura, fauna muerta y contaminantes, afectando no solo el funcionamiento del sistema de drenaje, sino representando un foco de infección latente para miles de usuarios del vital líquido.

Un problema documentado, pero no atendido

El material fue difundido de manera oficial como parte de acciones de limpieza y supervisión; sin embargo, documentar públicamente pozos abiertos en una zona sin pavimentación no equivale a resolver el problema, sino a normalizar una condición que amerita atención inmediata y medidas preventivas urgentes.

En el propio video se sugiere que la causa del problema es la basura arrojada por la población, un enfoque que traslada la responsabilidad al ciudadano y omite un punto clave: la infraestructura sanitaria debe estar diseñada, protegida y operada para prevenir precisamente este tipo de riesgos, independientemente de las conductas individuales.

La existencia de pozos de drenaje abiertos no puede justificarse como consecuencia de malas prácticas ciudadanas. Se trata de un asunto técnico y de salud pública que corresponde atender de manera directa a las autoridades responsables.

Tapas robadas, riesgo intacto

Aunque desde el portal del propio director se señala que las tapas son dañadas o robadas, la causa no elimina ni minimiza el riesgo. Existen alternativas técnicas y operativas para evitar que este tipo de infraestructura permanezca abierta y expuesta, especialmente en zonas habitadas.

La omisión de soluciones efectivas deja al descubierto una problemática estructural que no es nueva, pero que continúa sin resolverse.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alertas máximas en Acapulco. Para la Cuenta Pública 2025, el gobierno municipal encabezado por Abelina López Rodríguez será sometido a una auditoría forense, un procedimiento excepcional que no se activa por simple trámite administrativo, sino cuando existen indicios sólidos de posibles irregularidades, desvíos o manejo opaco de recursos públicos.

El dato no es menor ni casual: Acapulco será el único municipio de Guerrero que enfrentará este tipo de fiscalización extrema, lo que coloca a la administración municipal bajo una lupa nacional y deja en evidencia la gravedad de las sospechas que pesan sobre el uso del dinero público.

Auditoría forense: cuando la ASF deja de revisar y empieza a investigar

A diferencia de las auditorías tradicionales, la revisión forense implica un análisis profundo, técnico y minucioso de contratos, transferencias, beneficiarios finales y rutas del gasto. En términos políticos, significa que la ASF ya no solo revisa cuentas: busca responsabilidades.

El contexto no podría ser más delicado. Acapulco sigue siendo el emblema de la reconstrucción tras desastres naturales, un discurso recurrente desde el gobierno municipal, pero también un terreno fértil para el manejo discrecional de recursos extraordinarios, donde la opacidad se vuelve un riesgo constante.

Un pasado blindado, un futuro bajo lupa

Mientras la auditoría forense avanza sobre el ejercicio 2025, el pasado inmediato permanece protegido. Abelina López continúa amparada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha frenado investigaciones relacionadas con la Cuenta Pública 2023.

El contraste es evidente: candado judicial hacia atrás, lupa forense hacia adelante. Una combinación que genera suspicacias y deja la sensación de que el tiempo juega un papel clave en la rendición de cuentas.

El aislamiento político de Acapulco

Que Acapulco sea el único ayuntamiento guerrerense bajo auditoría forense no solo tiene implicaciones técnicas, sino políticas. Envía un mensaje claro desde los órganos de fiscalización: algo no cuadra en el manejo financiero del municipio.

En un escenario nacional donde la narrativa oficial insiste en la austeridad, la honestidad y la transparencia, el caso Acapulco se convierte en un punto incómodo, difícil de explicar y aún más complicado de justificar.

¿Transparencia real o simulación institucional?

Entre promesas de reconstrucción, discursos de transformación y una gestión marcada por la falta de claridad en el uso de recursos, la auditoría forense podría convertirse en el parteaguas que confirme lo que muchos señalan desde hace tiempo y otros prefieren no mirar.

La pregunta ya no es si habrá revisión, sino qué revelará.

Porque cuando la ASF aplica auditoría forense, no busca errores administrativos: busca la verdad financiera.