En un ejercicio de comunicación gubernamental que raya entre lo predecible y lo innecesario, el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena anunció como si se tratara de una gran primicia que el lunes 16 y martes 17 de Carnaval no habrá clases, presentando el asueto como un “apoyo social” para las familias yucatecas.

La revelación fue hecha, por supuesto, durante su ya tradicional Facebook Live, ese espacio donde, cuando no hay resultados que presumir, siempre queda el recurso de anunciar lo obvio. Algo así como informar que mañana saldrá el sol, que en verano lloverá o que después de un norte hará frío.

Lo extraordinario de lo ordinario

Vender como un logro gubernamental el descanso escolar de Carnaval habla menos de sensibilidad social y más de la escasez de resultados reales. El asueto de lunes y martes no es una concesión reciente ni una ocurrencia del actual gobierno: es una práctica que existe desde hace décadas en Yucatán.

De hecho, cuando el Carnaval se celebraba en las calles del Centro Histórico de Mérida, el martes de Batalla de Flores implicaba un descanso prácticamente generalizado. No era un favor del gobernador en turno; era simple lógica social y administrativa.

Pero en 2026, al parecer, respetar el calendario escolar se convirtió en política pública de alto impacto.

El “apoyo” que nadie pidió

Calificar el asueto como “apoyo social” sugiere que el gobernador otorga graciosamente un beneficio, cuando en realidad solo está manteniendo una costumbre largamente establecida. La narrativa oficial intenta convertir la normalidad en mérito y la rutina en logro, como si el Ejecutivo estuviera haciendo un sacrificio extraordinario por permitir algo que siempre ha existido.

Hay que tener, dirían algunos, una mezcla peligrosa de cinismo, insensibilidad y descaro para presentar como novedoso lo que es parte de la vida escolar y cultural de Yucatán desde hace generaciones.

Mucho live, pocos resultados

El problema de fondo no es el asueto, sino el contexto. Cuando un gobierno presume lo que siempre ha ocurrido, es inevitable preguntarse qué pasó con las promesas de transformación, bienestar y resultados tangibles.

Quizá por eso los Facebook Live de los lunes y el podcast dominical se han convertido más en relleno comunicativo que en informes de gobierno. Pocos los ven, pocos los escuchan, pero eso sí, sí cuestan al erario, algo que curiosamente nunca se menciona en esas transmisiones.

Carnaval sin confeti político

El Carnaval merece celebración, no propaganda reciclada. Y los yucatecos merecen políticas públicas reales, no anuncios inflados que intentan disfrazar la falta de avances con confeti retórico.

Tal vez, si ya no hay nada nuevo que informar, sería más honesto cancelar los lives, ahorrar recursos públicos y dejar que el Carnaval siga su curso… como lo ha hecho siempre, con o sin anuncios triunfalistas desde Palacio.

Presentada por el Gobierno Municipal como un hecho “histórico”, la inauguración de la primera “Feminiteca” de México ha generado un intenso debate público. El espacio, diseñado exclusivamente para niñas y equipado con computadoras y tabletas, fue anunciado como una política orientada a promover la igualdad sustantiva, prevenir violencias y fortalecer el bienestar de niñas y adolescentes en el entorno escolar.

Sin embargo, más allá del discurso oficial, la iniciativa ha abierto una discusión incómoda pero necesaria: ¿puede considerarse incluyente una política pública que excluye de manera explícita a los niños varones?

Exclusión bajo el discurso de igualdad

La Feminiteca parte de una premisa que ha sido ampliamente cuestionada: la exclusión preventiva de niños por razón de género, bajo la idea implícita de que su sola presencia podría representar un riesgo. Esta lógica, lejos de erradicar la violencia, normaliza una narrativa que asocia a los niños con una amenaza potencial, no por su conducta individual, sino únicamente por su condición de varones.

Desde esta perspectiva, se restringe el acceso de niños a tecnología, espacios educativos y oportunidades de desarrollo, vulnerando el principio básico de igualdad ante la ley y contradiciendo los fundamentos de una política pública verdaderamente incluyente.

Violencia: un problema social, no biológico

Especialistas en derechos de la infancia han advertido que la violencia no es un rasgo biológico, sino un fenómeno social que se reproduce o se previene a través de la educación, el entorno y la convivencia. Tratar a los niños como agresores en potencia no sólo carece de sustento, sino que puede resultar contraproducente.

Bajo este esquema, se corre el riesgo de estigmatizar desde la infancia, reforzando roles y prejuicios que lejos de disminuir la violencia, pueden alimentar resentimientos, exclusión y fracturas sociales.

El mensaje que se envía a la infancia

La separación de espacios educativos por género transmite un mensaje preocupante: que algunos niños merecen protección y oportunidades, mientras otros deben ser aislados o vigilados por lo que “podrían llegar a ser”. Este tipo de políticas, advierten especialistas, puede afectar el desarrollo emocional y social de los menores, además de debilitar valores fundamentales como la empatía, la corresponsabilidad y el respeto mutuo.

Lejos de fomentar la igualdad, la exclusión temprana puede consolidar una discriminación institucionalizada, ahora validada desde el discurso oficial.

¿Cuál es la alternativa?

Si el objetivo real es prevenir violencias y construir una sociedad más justa, el camino parece claro:

espacios seguros e incluyentes para niñas y niños, programas de educación emocional, formación en igualdad, respeto y resolución pacífica de conflictos, y políticas públicas que promuevan la convivencia, no la segregación.

La protección de las niñas no debería implicar la exclusión de los niños. La igualdad sustantiva no se alcanza separando, sino educando y acompañando a toda la infancia.

El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que en un plazo de 24 horas se quedará sin combustible para aviación, una situación que amenaza con provocar alteraciones en vuelos, rutas y frecuencias, y que se suma a la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país.

De acuerdo con la advertencia oficial, la falta de combustible responde al asedio petrolero ejercido por Estados Unidos, el cual ha limitado de forma severa el acceso de Cuba a crudo y derivados necesarios para sostener operaciones estratégicas, entre ellas la aviación comercial.

Hasta el momento, las aerolíneas afectadas —principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas— no han informado públicamente cómo enfrentarán la escasez, aunque se anticipan ajustes en horarios, reducción de frecuencias o modificaciones en las rutas, al menos en el corto plazo.

La mayoría de los vuelos internacionales que conectan a Cuba con el exterior cubren rutas hacia Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa y Fort Lauderdale); España (Madrid); Panamá (Ciudad de Panamá); y México (Ciudad de México, Mérida y Cancún). Además, la isla mantiene conexiones regulares con Bogotá, Santo Domingo y Caracas, todas potencialmente afectadas por la falta de combustible.

Un problema recurrente en la historia reciente

La escasez de combustible para la aviación no es un fenómeno nuevo en Cuba. En episodios similares ocurridos durante el llamado Período Especial en los años noventa, así como en cuellos de botella registrados en meses recientes, las aerolíneas lograron mantener operaciones mediante reacomodos de rutas y paradas técnicas adicionales para repostar en países como México o República Dominicana.

Sin embargo, el actual contexto económico y político complica la capacidad de respuesta, tanto para las autoridades cubanas como para las compañías aéreas.

Presión de Estados Unidos y escalada energética

La crisis se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, bajo el argumento de que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

Esta decisión reforzó la presión energética iniciada el 3 de enero, cuando Washington anunció el fin del suministro de petróleo venezolano a Cuba, tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump instó a La Habana a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, mientras que el Gobierno cubano ha reiterado que está abierto al diálogo, aunque ha negado que existan conversaciones formales en curso.

Dependencia energética y medidas de emergencia

Cuba produce apenas un tercio de la energía que consume. El resto dependía de importaciones, principalmente de Venezuela, que en 2025 representaron alrededor del 30 % del total, y en menor medida de México y Rusia.

Ante el colapso del suministro, el Gobierno cubano anunció esta semana un severo plan de emergencia, que incluye el fin de la venta de diésel, la reducción de horarios en hospitales y oficinas estatales, así como el cierre temporal de algunos hoteles, en un intento por sostener servicios básicos sin importaciones de crudo.

México decidió iniciar el 2026 con una pequeña pero simbólica bofetada económica: la pérdida de 8 mil 104 empleos formales en enero, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Nada grave, dirán algunos desde el atril oficial; apenas un “ajuste”, una “transición”, otro de esos conceptos elásticos que sirven para maquillar cualquier tropiezo mientras se repite el mantra del bienestar.

Al 31 de enero de 2026, el IMSS reportó 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo afiliados, una cifra que el propio instituto presume como la más alta para un mes de enero desde que se tiene registro. Porque cuando no hay buenas noticias completas, siempre queda el consuelo estadístico: perder empleos, pero perderlos “desde una base histórica”.

Eso sí, la realidad no se deja domesticar tan fácil. La caída mensual fue de 0.04 por ciento, mientras que en comparación anual el descenso alcanza 3 por ciento, un detalle que suele pasar a segundo plano cuando la narrativa exige optimismo obligatorio.

El dato negativo contrasta brutalmente con diciembre, mes en el que se celebró —con bombo, platillo y conferencia— la creación de 278 mil 697 empleos formales. Pero enero llegó, como suele hacerlo, a recordar que los fuegos artificiales duran menos que los problemas estructurales. Según el IMSS, la pérdida se explica “principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales”, una forma elegante de decir que el nuevo modelo laboral también tiene costos… aunque no siempre los paguen quienes diseñaron la reforma.

El empleo que sí existe… pero no cuenta

Aunque el IMSS sigue siendo el principal termómetro del empleo formal, la mitad del país trabaja fuera de ese sistema. De acuerdo con el Inegi, casi el 55 por ciento de la fuerza laboral es informal, un pequeño detalle que convierte cualquier celebración oficial en un ejercicio de autoengaño institucionalizado.

La tasa de desempleo, eso sí, se mantiene en 2.4 por ciento, cerca de su mínimo histórico. Un número que luce impecable… siempre y cuando se ignore que millones de mexicanos sobreviven sin seguridad social, sin prestaciones y sin estabilidad, pero con mucha resiliencia, esa palabra tan cómoda para los discursos.

Menos patrones, más control

El IMSS también reportó 1.02 millones de patrones registrados, una cifra que representa una reducción anual del 0.6 por ciento. La explicación oficial apunta a la “implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”. Traducido al lenguaje de calle: menos empleadores formales y más trabas burocráticas, pero todo sea por el orden.

En cuanto a los sectores especiales, durante enero se contabilizaron 61 mil 264 personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497.09 pesos, así como 394 mil 187 trabajadores independientes, con un ingreso promedio diario de 360 pesos. Montos que alcanzan para sobrevivir… si se tiene fe, paciencia y cero emergencias.

Plataformas digitales: la reforma que sí presume números

En el sexto mes de la prueba piloto obligatoria para plataformas digitales, el IMSS informó que 1.34 millones de personas fueron beneficiadas por la reforma. De ellas, 139 mil superaron el umbral de ingreso neto mensual, con un salario promedio diario de 435.2 pesos. Una cifra que se vende como éxito, aunque no compense del todo la pérdida de empleos formales ni el crecimiento de la precarización laboral.

El saldo real

Así arranca el año laboral en México: menos empleos, menos patrones y más discursos optimistas. La economía, como siempre, se ajusta; los números se acomodan; la narrativa se pule. Mientras tanto, el ciudadano promedio hace lo que mejor sabe: trabajar como pueda y aguantar como siempre.

La crisis política al interior del Congreso de Campeche suma un nuevo capítulo. De acuerdo con información difundida en redes sociales por el periodista independiente Leandro E. Dzib Reyes, fue rechazada la solicitud de amparo promovida por el diputado local Antonio Jiménez, luego de que —según se expuso— su defensa legal no logró precisar ni motivar adecuadamente las circunstancias que justificaran la necesidad de protección por parte de la justicia federal.

El revés jurídico no quedó ahí. Ante ese escenario, otros cuatro legisladores de Morena —Omar Talango, Ismael López, Gaspar Nah y María Ávalos— habrían optado por sumarse a la misma estrategia, buscando ampararse de manera preventiva frente a un contexto que califican como adverso y de alto riesgo político-legal.

Órdenes de aprehensión en puerta

Según la versión difundida por Dzib Reyes, la Fiscalía General del Estado de Campeche ya habría librado órdenes de aprehensión, un hecho que eleva considerablemente la tensión en el ámbito legislativo local. Aunque hasta el momento no existe un posicionamiento oficial detallando los delitos o causas específicas, el señalamiento apunta a una escalada judicial con claros efectos políticos.

El periodista sostiene que este movimiento no sería aislado, sino parte de una estrategia para debilitar o incluso “dinamitar” al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, presuntamente impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal.

Ruptura interna y control político

En su publicación, Dzib Reyes sugiere que la intención final sería remover a los legisladores en funciones para dar paso a sus suplentes o, en su defecto, recurrir a quienes siguen en la lista plurinominal, reconfigurando así el equilibrio interno del Congreso y asegurando un mayor control político.

“La terquedad es mala consejera”, advierte el periodista en su análisis, al tiempo que cuestiona quién asumirá la responsabilidad de poner orden en un conflicto que ya trascendió el plano interno de Morena y amenaza con convertirse en un escándalo de alcance nacional.

¿Falló el llamado a la calma?

El conflicto también reaviva el debate sobre la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en días recientes habría llamado a la serenidad, la paciencia y al diálogo ante las disputas internas del partido. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire —planteada por el propio Dzib Reyes— es si ese exhorto resultó infructuoso frente a la dinámica de confrontación que se vive en Campeche.

Mientras tanto, el Congreso local opera bajo un clima de incertidumbre jurídica y fractura política, con legisladores recurriendo a amparos, versiones de órdenes de aprehensión y una lucha interna que exhibe las tensiones de poder dentro de Morena, justo cuando el discurso oficial insiste en la unidad y la transformación institucional.

Por ahora, ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado han emitido una postura detallada que confirme o desmienta los señalamientos. No obstante, el caso ya encendió las alertas y promete seguir generando repercusiones en el tablero político campechano

En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados.

La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso.

La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar.

Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano.

El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram.

Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional.

La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado.

Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral.

En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido.

Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) algo huele raro… y no precisamente a tubería rota. Mientras miles de usuarios padecen baja presión, fugas eternas y cortes de suministro, en las oficinas del organismo parece fluir con abundancia otro recurso: el gusto por lo fifí.

De acuerdo con versiones internas, el controvertido director de la Japay, Pancho Torres, habría decidido empacar escritorio, sello oficial y hasta las “chivas”, para mudarse al norte dorado de Mérida, específicamente a un edificio de oficinas en Altabrisa, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad. Todo, eso sí, con aire acondicionado, elevadores relucientes y una vibra que poco tiene que ver con la “austeridad republicana”.

La pregunta que resuena entre trabajadores del organismo es simple pero incómoda: ¿quién manda realmente en la Japay?

Porque según los propios empleados, esta mudanza no fue resultado de una necesidad técnica ni operativa, sino de la insistencia de altos mandos de la Subdirección de Administración y Finanzas, ante la cual el director habría optado por doblar las manos… no vaya a ser que alguien se incomode.

El asunto resulta todavía más absurdo cuando se recuerda que la Japay es propietaria de un edificio histórico, inmueble que, en lugar de ser aprovechado, habría sido abandonado para rentar oficinas de lujo con recursos públicos. Un capricho caro, innecesario y, para muchos, insultante.

Todo esto contrasta —y de manera grosera— con el discurso que Morena ha enarbolado durante años contra los excesos del pasado. Hoy, un morenista por conveniencia no tiene empacho en despilfarrar el erario en rentas fifís, mientras el servicio que debería justificar su existencia sigue fallando todos los días.

La incongruencia es evidente:

¿Es lógico que un organismo con serios problemas operativos destine millones de pesos a un arrendamiento en una zona exclusiva?

¿Puede el director general justificar abandonar un inmueble propio para satisfacer preferencias administrativas de escritorio?

¿O es que la prioridad ya no es el agua para la gente, sino la comodidad para los funcionarios?

En pleno clima de destapes, suspirantes y acomodos políticos rumbo al próximo proceso electoral, decisiones como esta comienzan a leerse no solo como errores administrativos, sino como mensajes políticos claros: aquí hay quienes no comulgan con la austeridad, pero sí con el confort de primer nivel.

Hasta ahora, nadie dice esta boca es mía. No se ha transparentado el monto total del arrendamiento, ni Pancho Torres ha explicado por qué se prefirió gastar en oficinas privadas en lugar de invertir esos recursos en mejorar la infraestructura hidráulica que tanta falta le hace a Mérida.

Cuando un servidor público se sirve del poder en lugar de servir a la ciudadanía, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una urgencia política. Porque los errores garrafales no solo exhiben incompetencia: ponen en aprietos a toda una institución

En la Cuarta Transformación hay milagros administrativos dignos de aplauso: tener dinero aprobado para vacunar y no usarlo. Entre 2022 y 2025, el Programa Presupuestario E036 Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud federal acumuló un subejercicio de más de 51 mil millones de pesos, recursos que la Cámara de Diputados autorizó, pero que simplemente no se gastaron. Así, sin drama y sin vacunas.

El dato no proviene de opositores “conservadores” ni de campañas de desprestigio: está documentado en los propios registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, el gobierno se acusa solo.

El E036 no es un programa improvisado ni un experimento reciente. Existe desde 1993, es operado por el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), cuenta con reglas de operación, estructura institucional y más de 30 años de funcionamiento continuo. En otras palabras, no había pretexto técnico, administrativo ni histórico para no ejercer los recursos.

Dinero aprobado… dinero guardado

Durante el periodo 2019–2021, el gasto en vacunación incluso superó lo aprobado, lo que demostraba que cuando había voluntad, el dinero se usaba. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el desplome, coincidentemente cuando el discurso oficial empezó a presumir “austeridad”, aunque fuera a costa de la salud pública.

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó 36 mil 692 millones de pesos para el programa. Al cierre del ejercicio, Hacienda reportó apenas 9 mil 176 millones pagados. Resultado: 27 mil 515 millones de pesos sin ejercer en un solo año. Ni en la pandemia se había visto algo así.

Para 2023, el patrón continuó. Se autorizaron 16 mil 216 millones, pero el gasto real fue de apenas 3 mil 412 millones, dejando un subejercicio de 12 mil 803 millones. Vacunas aprobadas en papel, pero no aplicadas en la vida real.

En 2024, el Congreso aprobó 15 mil 469 millones, de los cuales solo se pagaron 4 mil 897 millones. Otros 10 mil 572 millones se quedaron guardados, probablemente muy sanos, pero inútiles.

Ya en 2025, con un presupuesto mucho menor, se aprobaron 4 mil 571 millones, se gastaron 3 mil 926 millones y aun así quedaron 645 millones sin ejercer, como para no perder la costumbre.

La suma total del subejercicio entre 2022 y 2025 asciende a 51 mil 537 millones de pesos. Una cifra que, en términos de salud pública, se traduce en millones de vacunas no compradas, no distribuidas o no aplicadas.

Austeridad que no inmuniza

Mientras desde Palacio Nacional se repite que “primero los pobres” y que el sistema de salud “ya es como el de Dinamarca”, los números revelan otra historia: dinero había, autorización también, pero voluntad no. Porque ahorrar en vacunas no es eficiencia, es negligencia presupuestal.

El subejercicio no es una anécdota contable; es una decisión política. Cada peso no gastado en vacunación representa una oportunidad perdida para prevenir enfermedades, fortalecer esquemas de inmunización y proteger a niñas, niños y adolescentes.