Declaraciones realizadas por la diputada local Clara Rosales durante una visita a la colonia El Roble generaron controversia luego de que asegurara que bastaría reunir firmas vecinales y mostrar “buena voluntad” para que el Ayuntamiento instale luminarias en calles donde actualmente no existen viviendas.

La propuesta fue presentada como una solución inmediata a las peticiones ciudadanas; sin embargo, especialistas y actores políticos señalaron que este tipo de obras públicas se rigen por normativas federales estrictas, particularmente cuando se financian con recursos del Ramo 33.

Recursos federales con reglas claras

El Ramo 33 —principal fuente de financiamiento para infraestructura social municipal— establece lineamientos técnicos y legales que obligan a que las obras beneficien directamente a población identificable y en condiciones de rezago. Entre estos criterios se encuentra la necesidad de acreditar un porcentaje mínimo de habitantes beneficiados para justificar la inversión.

De acuerdo con dichas reglas, la instalación de alumbrado público en zonas sin viviendas o con escasa población difícilmente podría autorizarse, ya que el objetivo del fondo es mejorar la calidad de vida de comunidades existentes y no intervenir en áreas despobladas.

Señalamientos de posible uso discrecional

Analistas locales advirtieron que ignorar estos lineamientos podría derivar en observaciones por parte de órganos fiscalizadores e incluso en sanciones administrativas por uso indebido de recursos públicos.

La polémica también radica en que la legisladora habría exhortado al Ayuntamiento de Mérida a actuar en un sentido que podría contravenir la normativa federal, pese a que regidores de su mismo partido participan en la supervisión y aprobación de dichos fondos bajo los mismos criterios legales.

Contraste con el discurso federal

El episodio adquiere mayor relevancia en el contexto del discurso de austeridad y apego a la legalidad promovido por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que ha insistido en el uso transparente y técnico de los recursos públicos.

Para críticos de la postura de Rosales, prometer soluciones inmediatas a problemáticas complejas sin considerar los requisitos normativos puede generar expectativas difíciles de cumplir y eventual frustración entre la ciudadanía.

Debate sobre cercanía política vs. viabilidad técnica

La discusión reavivó el debate sobre los límites entre la gestión política y la administración pública. Mientras algunos sectores interpretan la propuesta como un intento de atender demandas vecinales, otros consideran que ofrecer soluciones inviables legalmente constituye una práctica que prioriza la exposición mediática sobre la planeación técnica.

Hasta el momento, la diputada no ha emitido una aclaración pública sobre los señalamientos ni sobre la factibilidad real de la propuesta planteada durante su recorrido.

En medio del proceso de entrega-recepción tras su salida de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la ex titular Geovanna Campos Vázquez habría enfrentado un episodio incómodo al no poder ingresar de inmediato al despacho que ocupó durante su gestión para retirar pertenencias personales.

De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas a la dependencia, Campos Vázquez acudió a las oficinas con la intención de acceder a su antiguo espacio de trabajo; sin embargo, personal administrativo le habría solicitado esperar mientras se realizaban revisiones internas vinculadas al proceso de transición y control de bienes.

Más de media hora de espera

Según las versiones consultadas, la ex funcionaria permaneció durante más de 30 minutos fuera del área de oficinas, incluso sentada en el suelo en una zona exterior, antes de que finalmente se le permitiera ingresar al edificio.

Una vez dentro, habría aguardado en la sala de recepción mientras se coordinaba su acceso al despacho, lo que prolongó la espera para recuperar sus objetos personales.

Testigos indicaron que parte de sus pertenencias —entre ellas una bolsa y varias carpetas— permanecieron por un tiempo fuera del despacho, colocadas en un área sombreada del exterior, mientras continuaban las diligencias administrativas.

Contexto de tensión interna

La presencia de la ex titular coincidió con los trabajos formales de entrega-recepción tras el cambio en la dirección de la Secretaría, proceso que suele implicar revisiones documentales, inventarios y control de acceso a áreas estratégicas.

No obstante, el episodio reflejaría un ambiente de tensión al interior de la dependencia, particularmente tras la salida de gran parte del equipo directivo que acompañó a Campos Vázquez durante su administración.

Sorpresa por ocupación del despacho

El hecho generó mayor controversia debido a que, según versiones previas, se había comentado que nadie ingresaría al despacho hasta concluir formalmente el proceso de transición. Sin embargo, la ex funcionaria habría sido informada de que la nueva titular ya se encontraba despachando en ese mismo espacio.

Hasta el momento, la dependencia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre los protocolos aplicados durante el acceso a las instalaciones.

Habitantes y ejidatarios del municipio de Kinchil impidieron la realización de una asamblea ejidal que, según denunciaron, pretendía transferir el control de tierras de uso común a una sociedad inmobiliaria vinculada a intereses externos a la comunidad.

La reunión estaba programada para el domingo 15 de febrero y fue convocada por el Comisariado Ejidal encabezado por José A. Borges Chí. De acuerdo con pobladores, el orden del día incluía otorgar “facultades, poderes y/o mandato” a un grupo de abogados liderado por Carlos Cruz para gestionar la creación o administración de una empresa inmobiliaria propietaria de terrenos del ejido, lo que —señalaron— pondría el futuro del territorio en manos ajenas al pueblo.

Propuestas que encendieron la inconformidad

Entre los puntos que generaron mayor rechazo figuraba el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría adquirir derechos sobre las tierras ejidales, así como la autorización para que el Comisariado dispusiera de aproximadamente 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

Ante estas propuestas, agrupaciones locales como los Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a movilizarse para proteger el patrimonio colectivo. La respuesta fue masiva y logró impedir que la asamblea se llevara a cabo.

Presencia policial y confrontaciones

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión. El Comisariado acudió acompañado por elementos de la policía estatal y granaderos, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal a personas opositoras a la sesión, lo que provocó inconformidad entre los asistentes.

Algunos ejidatarios intentaron ingresar utilizando escaleras tras serles negada la entrada. Según testimonios, durante el intento fueron agredidos por integrantes del Comisariado y personas afines, incluyendo individuos que no pertenecen al ejido. En el altercado, una persona resultó lesionada con traumatismo en el pie derecho y tuvo que ser trasladada para atención médica a una clínica del IMSS en el municipio cercano de Umán.

Pese a los enfrentamientos y empujones registrados, la comunidad logró frenar la realización formal de la asamblea.

Preocupación por solicitud de firmas

Posteriormente, el Comisariado solicitó firmas y huellas en hojas en blanco, lo que generó alarma entre los presentes por el posible uso indebido de dichos documentos.

El Consejo Comunitario advirtió que las tierras de uso común son fundamentales para la subsistencia local, pues sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos forestales. Además, señalaron que numerosas familias sin derechos agrarios formalmente reconocidos dependen de estos espacios para vivir.

Defensa legal y derechos indígenas

La organización comunitaria recordó que el Artículo Segundo de la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la integridad de sus territorios. Con base en este marco jurídico, anunciaron que ya iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos del ejido.

Habitantes también cuestionaron el uso de la fuerza pública en un proceso interno, al considerar que pudo favorecer a una de las partes en conflicto.

Mujeres al frente de la defensa territorial

Durante la movilización destacó la participación activa de mujeres de la comunidad, quienes encabezaron acciones de resistencia en defensa del territorio, evocando luchas históricas por la tierra y la autonomía local.

El Consejo Comunitario reiteró que continuará vigilante ante cualquier intento de privatización o transferencia de las tierras ejidales de uso común, al considerarlas un patrimonio colectivo indispensable para el presente y futuro de las familias de Kinchil.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el robo de una camioneta tipo pick-up ocurrido el pasado domingo 8 de febrero en una plaza comercial ubicada al norte de Mérida, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la investigación, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, lograron ubicar y detener a Jorge Jesús “N”, de 29 años y originario de Campeche; Jesús Antonio “N”, de 28 años, procedente de Quintana Roo; y Rodrigo Airan “N”, de 35 años, originario de Yucatán.

Según la denuncia, los imputados presuntamente se apoderaron de una camioneta con placas del estado de Chiapas que su propietario dejó estacionada durante la madrugada en una plaza comercial situada sobre Paseo de Montejo, entre las calles 47 y 49, luego de sufrir una ponchadura.

El dueño regresó al día siguiente con la intención de cambiar el neumático, pero el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

Las indagatorias permitieron establecer que ese mismo domingo, alrededor de las 13:30 horas, los tres sujetos habrían acudido al sitio acompañados de un cerrajero y un llantero. Con su ayuda abrieron la unidad, repararon la llanta y posteriormente se retiraron conduciendo la camioneta, simulando una intervención legítima.

Tras diversas labores de inteligencia y localización, los presuntos responsables fueron capturados y puestos a disposición del Juez de Control que había girado la orden de aprehensión correspondiente, con el fin de que continúe el proceso penal en su contra.

Las autoridades recordaron a la población que, en caso de ser víctima de un delito o requerir auxilio, se debe reportar de inmediato al número de emergencias 9-1-1. Asimismo, está disponible la línea 089 para denuncias anónimas.

En un operativo coordinado para frenar el deterioro ambiental en la costa yucateca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó predios previamente clausurados en la comisaría de Chelem, municipio de Progreso, donde repuso sellos de suspensión, aseguró maquinaria pesada y ordenó la clausura temporal total de un nuevo terreno afectado por actividades ilegales.

Las acciones se realizaron con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mediante un doble operativo desplegado en las zonas oriente y poniente de Chelem, área que forma parte de la zona de influencia de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.

Objetivo: frenar ocupaciones ilegales y daños al humedal

De acuerdo con la autoridad ambiental, el operativo tuvo como propósito dimensionar la problemática generada por desarrollos inmobiliarios irregulares, relleno de humedales, ocupación ilegal de terrenos y obras ejecutadas sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El municipio de Progreso se ubica dentro de la Zona Crítica Forestal denominada “Costa Norte”, donde persiste el cambio ilegal de uso de suelo y la degradación de manglares para la expansión urbana y turística.

Cabe recordar que la Profepa ya había intervenido en el área: el pasado 23 de enero clausuró obras ilegales, desmontes y lotificaciones que afectaban más de 18 mil metros cuadrados de manglar.

Operativo simultáneo en Manglar Chelem 1 y 2

El despliegue más reciente se efectuó el 10 de febrero en dos puntos estratégicos: Manglar Chelem 1 y Manglar Chelem 2, con la participación de 10 elementos de la Guardia Nacional, 13 policías estatales y dos brigadas de inspectores federales.

Manglar Chelem 1: retiro de sellos y continuidad de obras

En esta zona se realizaron dos inspecciones derivadas de denuncias ambientales:

• Un depósito de desechos urbanos sobre 262 m²
• Daño al manglar para instalar un taller de fibra de vidrio para lanchas en 400 m²

Además, durante una visita de verificación se detectó que habían sido retirados los sellos de clausura previamente colocados y que las obras continuaban en un desarrollo inmobiliario que afectó una ciénaga en más de 10 mil m².

Ante ello, la Profepa:

• Impuso nuevamente la clausura temporal total
• Aseguró tres equipos de trabajo: una pipa de agua, una aplanadora y una motoconformadora
• Dejó la maquinaria bajo resguardo del responsable del sitio

Manglar Chelem 2: desmontes, rellenos y asentamientos irregulares

En el segundo punto, brigadas recorrieron sectores oriente y poniente para verificar el estado de áreas previamente intervenidas. Se confirmó la existencia de sellos de clausura, pero también se detectaron nuevas afectaciones:

• Remoción de vegetación
• Apertura de caminos
• Acumulación de escombros
• Delimitación de terrenos para ganar superficie al humedal

Con apoyo de un dron, se identificó una zona de 2,986 m² donde se retiraron estructuras improvisadas —maderas, tubos, plásticos y láminas— utilizadas para facilitar asentamientos ilegales.

Asimismo, se desarmaron construcciones rústicas y se inspeccionó un lote de 4,465 m² de manglar donde se observaron:

• Desmonte reciente
• Relleno de suelo
• Construcción de viviendas
• Instalación de corrales para actividades pecuarias

Estas acciones, señaló la dependencia, provocan un severo impacto al ecosistema costero.

La instalación de las nuevas oficinas del director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) en la zona norte de la ciudad ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la accesibilidad ciudadana y las prioridades institucionales en medio de los persistentes problemas de presión y abasto del agua en distintos sectores de la capital yucateca.

El inmueble que ahora alberga al titular del organismo fue durante varios años sede oficial de la ASEY (Auditoría Superior del Estado de Yucatán), lo que añade un componente simbólico al cambio de uso del edificio, anteriormente vinculado a la fiscalización del gasto público.

Señalamientos por renta de oficinas pese a patrimonio propio

Diversas voces han cuestionado la decisión de rentar un espacio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cuando la propia JAPAY dispone de varios inmuebles en operación, principalmente en el centro histórico y en la Colonia Alemán.

La crítica se centra en el posible impacto financiero de la renta, especialmente en un contexto donde usuarios reportan baja presión, cortes intermitentes y deficiencias en el suministro del agua potable en diversas colonias.

“¿Por qué destinar recursos a oficinas de alto costo cuando la infraestructura hidráulica enfrenta rezagos?”, es una de las preguntas que circula entre ciudadanos y observadores del sector.

Prioridades bajo escrutinio

El traslado de las oficinas ocurre en un momento en que el servicio de agua potable se mantiene como una de las principales demandas urbanas. Colonias enteras han denunciado dificultades para contar con presión suficiente, sobre todo en horarios pico o en zonas de crecimiento reciente.

Para críticos de la medida, la inversión en un inmueble de alto perfil proyecta una imagen de desconexión con las necesidades cotidianas de la población.

 A más de 70 horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara su remoción como director general de Materiales Educativos, el funcionario Marx Arriaga Navarro permanece dentro de sus oficinas, negándose a abandonar el puesto hasta recibir una notificación formal de su destitución. La situación ha derivado en un inusual episodio de tensión administrativa al interior de la dependencia federal.

Durante este fin de semana, Arriaga Navarro realizó transmisiones en vivo desde el inmueble, donde aseguró estar encabezando una segunda jornada consecutiva de 24 horas de diálogo y reflexión sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos, proyectos emblemáticos que coordinó durante su gestión.

A través de redes sociales, el funcionario difundió la convocatoria titulada “Protesta con propuesta”, impulsada —según afirmó— por comités de defensa de los materiales educativos.

“Nuestros Comités de Defensa decidieron resistir en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. No lo haremos con los brazos caídos”, publicó.

Asimismo, sostuvo que su permanencia responde a una defensa del proyecto educativo vigente:

“Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la NEM… o luchamos juntos o nos derrotarán por separado”.

La SEP ratifica su salida

Pese a estas acciones, la dependencia federal reiteró públicamente que la remoción es definitiva. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que Arriaga Navarro rechazó las alternativas planteadas tras su cese, entre ellas un cambio de área dentro de la institución o una representación de México en el extranjero.

De acuerdo con Delgado, la intención era facilitar una transición ordenada; sin embargo, el exdirector optó por mantenerse en las oficinas.

Rechaza embajada ofrecida

Posteriormente, el propio Arriaga confirmó que entre las propuestas figuraba un cargo diplomático —presuntamente una embajada— con el objetivo de que dejara la dirección. No obstante, afirmó haber declinado la oferta por lealtad al magisterio.

“Es verdad, la ofrecieron y no la quise tomar porque no iba a traicionar al magisterio”, declaró durante una de sus transmisiones.

El funcionario incluso reconoció que su decisión podría parecer irracional para algunos, ya que implicaba renunciar a un puesto diplomático con mejores condiciones salariales y fuera de las restricciones de austeridad republicana.

Defensa de los libros de texto y la NEM

Arriaga Navarro ha sido una de las figuras más visibles en la elaboración de los libros de texto gratuitos y en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, proyectos que han generado respaldo entre sectores del magisterio, pero también fuertes críticas políticas, académicas y sociales.

Su permanencia en las oficinas —convertida en una especie de protesta interna— busca, según sus declaraciones, defender ese modelo educativo y evitar lo que considera un retroceso.

Incertidumbre institucional

Mientras tanto, la SEP mantiene su postura de que el funcionario ya no forma parte de la estructura directiva, lo que abre un escenario inédito en el que un exfuncionario continúa ocupando físicamente un espacio administrativo tras su cese.

Hasta el momento, no se ha informado si se recurrirá a mecanismos legales o administrativos para concretar la entrega-recepción del cargo ni cuándo se nombrará a su sustituto definitivo.

Lejos de los estereotipos de ciudad tradicional, jarana y guayaberas, la capital yucateca también alberga subculturas juveniles y creativas que pasan desapercibidas para la mayoría. Entre ellas destacan los llamados furries y therians, comunidades distintas pero a menudo confundidas, que han encontrado en Yucatán un espacio para convivir, expresarse y construir identidad.

Uno de los colectivos más visibles es Mayafur, integrado por jóvenes —y también adultos— que adoptan personajes animales antropomorfos como forma de expresión artística y recreativa. Su dinámica es sencilla pero llamativa: diseñan su propia “fursona” (personaje animal que los representa), confeccionan o adquieren un “fursuit” (traje completo) y organizan reuniones para convivir, tomar fotografías y compartir contenido en redes sociales.

Para sus integrantes, se trata de un pasatiempo creativo que mezcla ilustración, diseño, actuación y comunidad. No hay, aseguran, ninguna intención de escandalizar ni de romper normas sociales: simplemente buscan un espacio donde puedan “ser algo más” por unas horas.

Furry vs. Therian: dos mundos distintos

Aunque a menudo se meten en el mismo saco, especialistas en cultura digital y miembros de estas comunidades subrayan que furry y therian no son lo mismo.

• Furry: participación lúdica y artística. Se trata de interpretar o encarnar personajes animales ficticios, similar a un cosplay enfocado en criaturas antropomorfas.
• Therian: vivencia identitaria. Las personas therian afirman sentir una conexión interna profunda —psicológica, espiritual o identitaria— con un animal específico. No lo consideran un juego ni un disfraz.

Mientras el furry “interpreta” a un lobo, zorro o dragón por diversión o creatividad, el therian sostiene que esa animalidad forma parte de su identidad personal. Muchos no usan trajes ni buscan visibilidad pública; su vivencia suele ser privada o compartida solo en círculos de confianza.

Presencia discreta en espacios públicos

En parques, plazas o eventos alternativos de la ciudad no es raro encontrar pequeños grupos con orejas, colas o accesorios inspirados en animales. Sin embargo, la mayoría opta por mantener un perfil bajo para evitar burlas, estigmatización o malentendidos.

Sociólogos locales señalan que este tipo de subculturas florecen especialmente en ciudades con población estudiantil y acceso a internet, donde las comunidades globales encuentran eco a nivel local. Las redes sociales han sido clave para que jóvenes meridanos descubran que no están solos en sus intereses.

Más allá del estereotipo

Contrario a ideas difundidas en línea, no todos los furries poseen trajes completos —que pueden costar miles de pesos— ni todos los therians realizan conductas “animales” en público. Para muchos, la participación se limita al arte digital, la escritura, los videojuegos o la convivencia.

Además, expertos en psicología advierten que no se trata de trastornos ni de fenómenos peligrosos por sí mismos, sino de formas contemporáneas de identidad y pertenencia que surgen en la era digital.