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MORENA INVESTIGA A SERGIO MAYER POR CAMBIAR LA CURUL POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

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La dirigencia nacional de Morena abrió un procedimiento formal contra el diputado plurinominal Sergio Mayer luego de que solicitara licencia a su cargo para participar en el reality show La Casa de los Famosos, producido por Telemundo.

La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia analiza si el legislador incurrió en una falta de compromiso con sus responsabilidades públicas al abandonar temporalmente su escaño para integrarse a un programa de entretenimiento.

Mayer, quien llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal —es decir, sin el respaldo directo del voto ciudadano— solicitó licencia la semana pasada, desatando una ola de críticas dentro y fuera de su propio partido. La revisión interna busca determinar si su decisión viola los principios y estatutos de Morena, así como el deber de representar a la población desde el Poder Legislativo.

El escándalo adquiere mayor dimensión por los montos que se manejan en el reality. De acuerdo con diversas versiones, los participantes mejor pagados pueden recibir hasta 500 mil pesos semanales, es decir, alrededor de dos millones de pesos mensuales. Una cifra que, para muchos, evidencia que el incentivo económico pesó más que cualquier compromiso político o institucional.

Más allá del procedimiento partidista, el caso ha reavivado el debate sobre la calidad de la representación política en México, especialmente en el sistema de legisladores plurinominales, frecuentemente criticado por permitir que figuras públicas lleguen al Congreso sin trayectoria legislativa ni rendición directa ante el electorado.

Para sus detractores, la decisión de Mayer simboliza el deterioro de la vida pública: un diputado que cambia el trabajo legislativo por un espectáculo televisivo mientras el país enfrenta problemas de seguridad, economía y gobernabilidad. Para sus simpatizantes, en cambio, se trata de un derecho individual que no debería invalidar su carrera política.

DETIENEN A PETER MANDELSON POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON JEFFREY EPSTEIN

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 La política británica enfrenta un nuevo terremoto tras la detención del exministro laborista Peter Mandelson, arrestado por la Policía Metropolitana bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, al presuntamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Scotland Yard confirmó la detención de un hombre de 72 años en su domicilio del barrio londinense de Camden, sin mencionar su identidad. Sin embargo, la BBC transmitió en vivo el momento en que Mandelson salía de su vivienda y abordaba un vehículo policial sin distintivos.

Según la Policía Metropolitana de Londres, el arresto se produjo tras registros efectuados en dos propiedades: una en la capital británica y otra en el condado de Wiltshire. El exfuncionario fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

Mandelson, figura clave de anteriores gobiernos laboristas y excomisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, había sido designado embajador del Reino Unido en Washington en febrero de 2025 por el actual primer ministro Keir Starmer. No obstante, fue destituido siete meses después, cuando salieron a la luz detalles más amplios de sus vínculos con Epstein.

La controversia se intensificó tras la publicación en Estados Unidos de los llamados “papeles Epstein”, que revelaron que en 2009 Mandelson compartió con el empresario información sobre la intención del gobierno encabezado entonces por Gordon Brown de vender activos públicos como respuesta a la crisis crediticia de 2008.

Un año después, en 2010, también habría informado a Epstein sobre los planes de la Unión Europea para diseñar un rescate financiero destinado a evitar que la crisis de deuda de Grecia se propagara al resto de la zona euro.

El caso adquiere una dimensión aún mayor porque la detención de Mandelson ocurre días después de que la Policía del Valle del Támesis arrestara al Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, también bajo sospecha de conducta indebida en cargo público. El exduque de York fue posteriormente liberado mientras continúan las investigaciones.

Las pesquisas reabren el debate en el Reino Unido sobre la cercanía de figuras del poder político y la élite internacional con Epstein, un escándalo que, años después de su muerte, sigue generando consecuencias legales y políticas de alto nivel.

CONFIRMAN POR ADN LA MUERTE DE “EL MENCHO”: HALLAN ARSENAL DE GUERRA Y ABREN 57 INVESTIGACIONES TRAS LA OPERACIÓN

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El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo en Tapalpa, fue identificado mediante pruebas genéticas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ordenó diligencias de reconocimiento y necropsia no solo al capo, sino también a dos de sus escoltas, quienes resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento con el Ejército y murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

De acuerdo con la FGR, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron los estudios que permitieron confirmar científicamente la identidad del narcotraficante. Paralelamente, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial se desplazó al poblado de Tapalpa para procesar e identificar a otras personas fallecidas durante la operación.

El operativo dejó al descubierto un arsenal de alto poder. Autoridades federales aseguraron fusiles equipados con lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos, granadas y granadas de mortero, lo que evidencia la capacidad bélica del grupo criminal.

Además, dos presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos y puestos a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En paralelo, la violencia desatada en diversas regiones del país tras los hechos obligó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) a iniciar 57 carpetas de investigación en 14 estados, de las cuales 37 corresponden a Jalisco, entidad considerada bastión histórico del cártel.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer el alcance de la operación y las posibles repercusiones en la estructura criminal del CJNG, uno de los grupos delictivos más poderosos del país.

El trofeo más codiciado del planeta llega a Mérida: así podrás verlo GRATIS antes del Mundial 2026

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La capital yucateca se prepara para recibir una visita histórica: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™, el máximo símbolo del fútbol mundial, llegará a la ciudad los próximos 21 y 22 de marzo como parte del Tour rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La gira global, presentada por Coca-Cola y organizada en México junto a su socio embotellador Bepensa, permitirá a los aficionados ver de cerca el trofeo que todos los futbolistas del planeta sueñan levantar. La sede será el Centro Internacional de Congresos de Mérida, donde se instalará una experiencia inmersiva dedicada al torneo más importante del deporte.

México vivirá un momento histórico en 2026 al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, junto con Estados Unidos y Canadá, lo que convierte esta visita en un anticipo simbólico de la fiesta futbolística que se avecina.

Cómo obtener los accesos gratuitos

La entrada será sin costo, pero no abierta al público general: los pases se asignarán mediante registro previo en línea. Los interesados deberán inscribirse en la plataforma oficial, validar su correo electrónico y participar por un pase doble.

Si resultan seleccionados, podrán elegir fecha y horario disponibles para Mérida y recibirán un código QR que funcionará como acceso. En caso de no ganar, podrán intentarlo nuevamente al día siguiente, ya que cada usuario tiene derecho a una participación diaria.

Los pases serán estrictamente válidos para la fecha y hora asignadas.

Una pieza que casi nunca sale de Suiza

Además de la fotografía oficial con el trofeo, los asistentes vivirán una experiencia interactiva centrada en la historia y la emoción del fútbol mundial.

El valor simbólico de esta visita es excepcional: el trofeo original rara vez abandona el Museo de la FIFA en Suiza. Solo viaja durante el Trophy Tour oficial y durante la propia Copa del Mundo, lo que convierte cada exhibición en un acontecimiento único.

Más que fútbol: un evento de alto impacto para la región

La llegada del trofeo a la Península de Yucatán también busca fortalecer la conexión de los aficionados con el Mundial 2026 y generar un momento de convivencia colectiva alrededor del deporte. Para las empresas organizadoras, representa además una oportunidad de reforzar su presencia comunitaria en el sureste mexicano.

Con esta visita, Mérida se suma a la ruta internacional de uno de los objetos deportivos más valiosos y reconocibles del planeta, en una experiencia que promete convocar a miles de aficionados y colocar a la ciudad, aunque sea por dos días, en el centro de la conversación futbolera mundial.

Un veleta más en Morena: ex perredista Eduardo Sobrino se sube al barco guinda rumbo a 2027

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En Yucatán, la promesa de renovación política parece haberse convertido en un reciclaje permanente de figuras que llevan décadas viviendo del erario. El caso más reciente es el de Eduardo Sobrino Sierra, histórico operador del desaparecido PRD, quien ahora encuentra cobijo en Morena, partido que en teoría nació para desterrar las viejas prácticas… pero que en la práctica parece especializarse en adoptarlas.

Durante años, Sobrino Sierra fue uno de los dueños de facto del Sol Azteca en Yucatán. No sólo ocupó posiciones plurinominales —dos veces diputado sin hacer campaña— sino que mantuvo bajo control la estructura partidista con un objetivo claro: conservar el registro para seguir recibiendo prerrogativas del INE. La militancia, las causas sociales y la ideología quedaron en segundo plano frente a la administración de recursos públicos.

Lejos de impulsar nuevos liderazgos o cuadros frescos, la dirigencia estatal de Morena opta por abrir la puerta a políticos curtidos en el pragmatismo más crudo. La apuesta parece clara: sumar operadores con experiencia electoral, aunque esa experiencia provenga precisamente de los partidos y prácticas que el discurso oficial dice combatir.

Junto a Sobrino, también aterrizó en la llamada Cuarta Transformación su antiguo aliado —y a veces rival— Alejandro Cuevas Mena, hoy diputado local guinda. Ambos formaron durante años un binomio que manejó al PRD como franquicia personal, decidiendo candidaturas, posiciones y alianzas de facto. Aunque nunca hubo coalición formal con el PRI, en más de una ocasión el perredismo yucateco terminó facilitando el camino al tricolor, fungiendo como oposición dócil o funcional según conviniera.

A ese círculo se suma otro viejo conocido: Bayardo Ojeda Marrufo, también reciclado dentro de la 4T pese a los conflictos internos, disputas por plurinominales y luchas intestinas que marcaron la etapa final del PRD local. Lo que antes eran enemigos por cuotas de poder, hoy aparecen reunidos bajo una misma bandera, unidos no por coincidencias ideológicas sino por la necesidad de sobrevivir políticamente.

La pregunta inevitable es qué mensaje envía esto a la militancia de base y a los ciudadanos que creyeron en un cambio real. Si los mismos actores que durante dos décadas administraron un partido hasta su extinción ahora son premiados con nuevas oportunidades, la narrativa de transformación se diluye y da paso a la sospecha de que el único requisito para entrar al movimiento es seguir teniendo utilidad electoral.

Con 2027 en el horizonte, todo apunta a que Sobrino Sierra está “haciendo méritos” para asegurar una candidatura, previsiblemente por la vía plurinominal que tan buenos dividendos le ha dado. Así, la historia se repite: sin territorio, sin campaña y sin rendición de cuentas, pero con acceso garantizado al presupuesto público.

Fuga masiva tras ataque armado exhibe vulnerabilidad del penal de Puerto Vallarta

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La evasión de 23 personas privadas de la libertad tras un violento ataque armado al penal de Puerto Vallarta volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad del sistema penitenciario en México, especialmente en contextos de violencia vinculada al crimen organizado.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que la fuga ocurrió el domingo durante los bloqueos registrados tras la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el funcionario, el ataque fue ejecutado por un grupo armado que utilizó un vehículo para derribar uno de los portones del centro penitenciario y posteriormente abrió fuego contra las instalaciones, lo que permitió la irrupción de los agresores y generó caos al interior del penal.

“De momento la información que se tiene al realizar el pase de lista es que son 23 los PPL que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las distintas entidades federativas para su captura”, señaló Hernández.

Durante la agresión, un custodio perdió la vida mientras intentaba repeler el ataque, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los trabajadores penitenciarios y la limitada capacidad de respuesta ante incursiones armadas de gran escala. Tras el ingreso de los atacantes, también se reportaron conatos de riña dentro del penal, situación que agravó el desorden y facilitó la fuga.

Las autoridades activaron alertas en todo el país para localizar a los evadidos, mientras personal penitenciario realizó el recuento oficial con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de garantizar transparencia en el proceso.

Más allá del operativo de búsqueda, el episodio deja al descubierto fallas estructurales en la seguridad carcelaria: desde la capacidad de un grupo criminal para penetrar un centro de reclusión con un vehículo hasta la ausencia de protocolos que impidan fugas masivas en escenarios de alto impacto.

Especialistas advierten que este tipo de ataques no solo buscan liberar a integrantes de organizaciones delictivas, sino también enviar mensajes de poder y control territorial. El hecho de que ocurriera en medio de bloqueos coordinados sugiere una operación simultánea destinada a saturar la capacidad de respuesta de las autoridades.

La fuga también plantea interrogantes sobre la clasificación de los internos, los niveles de seguridad del penal y la posible presencia de reos vinculados a estructuras criminales capaces de movilizar comandos armados para su rescate.

Devastación ambiental en Campeche: arrasan 52 hectáreas de selva y clausuran predio tras intervención federal

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Un nuevo golpe a los ecosistemas del sureste mexicano quedó al descubierto en el municipio de Champotón, donde autoridades federales clausuraron de manera total temporal un predio tras confirmar la destrucción de aproximadamente 52 hectáreas de selva mediana subperennifolia en el ejido Dzitbalché Castellot.

La acción fue ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de constatar que en el sitio se realizaron actividades de derribo, arranque y eliminación de vegetación forestal sin contar con la autorización obligatoria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para cualquier cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El operativo tuvo lugar el pasado 13 de febrero, cuando inspectores federales, acompañados por elementos de la Guardia Nacional, realizaron una inspección en la zona. Durante el recorrido confirmaron que la vegetación original había sido removida de forma sistemática en una extensa superficie, dejando un paisaje devastado donde antes existía cobertura forestal con alto valor ecológico.

Ante la ausencia de permisos federales, las autoridades procedieron a colocar sellos de clausura total temporal, con lo que se prohíbe cualquier actividad adicional en el predio mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Profepa informó que iniciará un procedimiento administrativo sancionador y dará vista a las autoridades ministeriales para determinar posibles responsabilidades penales por el daño ambiental ocasionado, que podría derivar en multas millonarias e incluso en procesos judiciales contra los responsables.

Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientalistas han señalado de manera reiterada que este tipo de clausuras suelen llegar cuando el daño ya es irreversible. La pérdida de 52 hectáreas de selva implica la desaparición de hábitat para numerosas especies, la alteración de ciclos hídricos y la liberación de carbono almacenado durante décadas, efectos que no se revierten con sanciones administrativas.

Además, el caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las zonas forestales del sureste frente a actividades ilegales vinculadas a la expansión agrícola, ganadera o inmobiliaria, muchas veces realizadas con maquinaria pesada y bajo esquemas difíciles de rastrear.

Profepa aseguró que mantendrá vigilancia en el área para garantizar el cumplimiento de la clausura; no obstante, comunidades y expertos advierten que sin monitoreo permanente y sanciones ejemplares, la presión sobre los ecosistemas continuará.

La devastación en Dzitbalché Castellot se suma a una creciente lista de afectaciones ambientales en la región, donde la selva —uno de los patrimonios naturales más importantes de México— sigue perdiendo terreno frente a intereses económicos que, en numerosos casos, avanzan más rápido que la capacidad de las autoridades para detectarlos y frenarlos.

DE “RASPADURAS” A RIESGO DE MUERTE: DENUNCIAN CADENA DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS CONTRA PACIENTE EN MÉRIDA

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Lo que comenzó como un accidente en motocicleta terminó convirtiéndose —según familiares— en un caso alarmante de negligencia médica, maltrato institucional y omisiones graves dentro del sistema de salud. La familia de Wilbert Koh Bacab, de 47 años, hizo una denuncia pública contra la Clínica Juárez y el Hospital General Regional No. 1 del IMSS por presuntas fallas que hoy lo mantienen en estado crítico.

De acuerdo con el testimonio, el 14 de febrero Wilbert ingresó a la Clínica Juárez tras el accidente, donde —afirman— el personal minimizó sus lesiones argumentando que solo presentaba “raspones”, negándole una valoración adecuada. Ante la falta de atención, la familia acudió a un servicio particular, donde estudios confirmaron fracturas múltiples graves.

Al regresar con las placas, lejos de recibir atención inmediata, el paciente fue mantenido durante horas sentado en una silla, pese a las lesiones en cadera y columna. Posteriormente se informó que el impacto había provocado destrucción muscular severa y liberación de mioglobina, derivando en insuficiencia renal aguda, una condición potencialmente mortal si no se atiende de forma urgente.

La familia denuncia que durante días no recibieron un diagnóstico claro ni un plan de tratamiento. Se les aseguró que el riñón “se desinflamaría” y que sería trasladado al IMSS para cirugía de cadera. Sin embargo, el traslado al hospital T1 —afirman— se realizó sin expediente clínico, ni físico ni digital, pese a que la clínica aseguró que toda la información sería enviada.

Al llegar al hospital, el personal se negó a medicarlo o intervenirlo argumentando precisamente la ausencia de documentación médica. En medio de la desesperación por el dolor del paciente, una familiar intentó grabar la situación, pero denuncia haber sido agredida por una enfermera, quien le arrebató el teléfono y la expulsó del área.

Durante ese lapso ocurrió un hecho aún más grave: Wilbert cayó de la camilla por falta de vigilancia. Según el relato, ingresó consciente y orientado, pero tras la caída y la demora en la atención comenzó a delirar, perdió el reconocimiento de sus familiares y su estado neurológico se deterioró.

La familia responsabiliza directamente a la Clínica Juárez por el traslado negligente y la omisión de información vital, así como al IMSS T1 por la integridad física del paciente tras el accidente intrahospitalario y la negativa de atención oportuna.

Exigen la realización inmediata de estudios como tomografía, tratamiento renal urgente y la cirugía de cadera, advirtiendo que el daño podría volverse irreversible si continúa la demora.

Más allá de este caso, la denuncia expone un problema estructural que rara vez se reconoce abiertamente: hospitales saturados, burocracia que pesa más que la urgencia médica y una cultura institucional donde el paciente termina siendo un expediente incómodo en lugar de una vida en riesgo. En un sistema que presume cobertura universal, la realidad cotidiana para muchas familias es navegar entre ventanillas, excusas y silencios mientras el tiempo —y la salud— se agotan.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones señaladas ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la familia insiste en que no se trata solo de un caso individual, sino de una advertencia: cuando la negligencia se normaliza, cualquier paciente puede convertirse en la siguiente estadística.

OPERATIVOS “DISCRETOS” EN EL ORIENTE DE MÉRIDA: REVISAN A “FUEREÑOS SOSPECHOSOS”… PERO SIN EXPLICAR NADA

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Con un despliegue digno de una situación de alto riesgo —aunque sin información oficial que lo justifique— elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán realizaron operativos simultáneos en el oriente de Mérida, donde al menos dos grupos de hombres, presuntamente “fuereños”, fueron retenidos y sometidos a revisiones exhaustivas.

El primer incidente ocurrió en la calle 63 con avenida Circuito Colonias, en la colonia Emilio Portes Gil. Varias patrullas interceptaron una camioneta con aproximadamente seis hombres a bordo. Policías armados con fusiles acordonaron la zona e inspeccionaron tanto el vehículo como a sus ocupantes, generando inquietud entre vecinos que no sabían si se trataba de un operativo preventivo o de una acción ante una amenaza concreta.

Minutos después, a escasos metros, en la calle 61 con Circuito Colonias de la colonia Esperanza, se desplegó un segundo operativo. En ese punto, otros cinco hombres fueron retenidos y revisados en medio de un ambiente de tensión que atrajo a curiosos y residentes, quienes observaron la escena sin recibir explicación alguna.

Testigos describieron la movilización como repentina, numerosa y poco clara. Lo único evidente fue el mensaje visual: armas largas, patrullas y calles acordonadas. Lo que no quedó claro —como suele suceder— fue el motivo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo detenciones, decomisos o si se trató simplemente de “revisiones de rutina”, esa categoría flexible que sirve lo mismo para tranquilizar a la población que para evitar dar detalles incómodos.

La zona permanece bajo vigilancia policiaca, mientras crece la incógnita entre los habitantes: si no pasó nada, ¿por qué el despliegue?, y si sí pasó algo, ¿por qué nadie lo explica?

En una ciudad que presume seguridad como carta de presentación nacional, el silencio oficial termina siendo más inquietante que las sirenas. Porque cuando la información no llega por vías institucionales, llega —distorsionada— por rumores. Y en materia de seguridad, el vacío informativo suele ser el combustible perfecto para la incertidumbre.

“Utilidad pública” o despojo legalizado: el Tren Maya suma otra expropiación en Campeche

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Mientras el discurso oficial insiste en que todo avanza “por el bien del pueblo”, el Gobierno federal decretó una nueva expropiación de tierras ejidales en el municipio de Candelaria para el proyecto del Tren Maya, sumando así otro capítulo a la larga lista de terrenos que han cambiado de dueño en nombre del desarrollo.

El decreto, formalizado el 20 de febrero de 2026, afecta al ejido “Lic. Miguel Alemán” con una superficie total de 20.3637 hectáreas a favor de Tren Maya, S.A. de C.V.. La medida se añade a una expropiación previa aplicada en julio de 2025 dentro del mismo núcleo agrario, lo que confirma que el avance del megaproyecto continúa ampliando su huella territorial.

De las tierras afectadas, 11.2592 hectáreas corresponden a uso común y 9.1045 a parcelas individuales. Todas serán destinadas a infraestructura ferroviaria y operación del sistema. Inicialmente se había solicitado ocupar más de 30 hectáreas, pero los estudios técnicos —siempre oportunos cuando se trata de ajustar cifras en documentos oficiales— redujeron el impacto a poco más de 20 hectáreas, clasificadas como tierras de temporal y agostadero.

La indemnización quedó fijada en 10 millones 766 mil 703 pesos con 04 centavos, según avalúo oficial. El decreto establece que la ocupación definitiva solo procederá una vez realizado el pago a ejidatarios y titulares afectados, aunque el expediente revela que desde 2020 y 2021 ya existían convenios de ocupación previa. En otras palabras, las parcelas pudieron utilizarse años antes de que concluyera el procedimiento legal, una práctica que en el papel se llama “anticipada” y en el terreno suele sentirse simplemente como irreversible.

El documento también señala que se otorgó garantía de audiencia y que no hubo inconformidades dentro del plazo establecido, un detalle que suele aparecer en este tipo de resoluciones y que, según especialistas agrarios, no siempre refleja las condiciones reales de información, presión o capacidad de respuesta de las comunidades involucradas.

Asimismo, se establece que, si en un plazo de cinco años no se cumple la causa de utilidad pública o se da a las tierras un destino distinto, podría proceder la reversión conforme a la Ley Agraria. Un recurso legal que, en la práctica, rara vez devuelve a los ejidatarios lo que ya fue transformado por maquinaria pesada, terraplenes y vías férreas.

La nueva expropiación reaviva el debate sobre el impacto acumulado del proyecto en tierras ejidales del sureste mexicano, donde comunidades enteras han visto modificadas sus dinámicas productivas y territoriales en nombre de una obra presentada como motor de desarrollo regional.

Mientras el gobierno defiende que se trata de inversión histórica y progreso, críticos sostienen que el costo social y ambiental sigue sin medirse con la misma precisión que los kilómetros de vía construidos. Entre decretos, avalúos y promesas de prosperidad, la pregunta que queda en el aire es quién termina pagando realmente el precio del tren que —según la narrativa oficial— todos debían esperar con entusiasmo.