La sorpresiva reestructuración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) comenzó a aplicarse este lunes con un cambio que no pasó desapercibido: mientras las áreas administrativas de mayor peso se concentran ahora en nuevas oficinas al norte de Mérida, el histórico edificio de la calle 60 con 65 y 67 operará únicamente como ventanilla de atención y pago.

La apertura del nuevo módulo de atención y autopago en la colonia Vista Alegre, sumado a las oficinas de la Colonia Alemán, consolida la operación estratégica en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, el anuncio fue realizado con escasa anticipación y sin información pública clara sobre el alcance total del proyecto, lo que generó dudas entre usuarios y hasta entre trabajadores del propio organismo.

Empleados señalan que el destino del edificio del Centro fue manejado con versiones contradictorias: primero se informó que cerraría para entrar en remodelación; después se dijo que continuaría funcionando, aunque reducido a una simple ventanilla. Para muchos, el manejo del tema pareció más un “secreto de Estado” que una política administrativa transparente.

Usuarios advierten que la concentración de áreas estratégicas en el norte podría afectar directamente a quienes viven en el sur y otros sectores de Mérida, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que dependen del transporte público. En la práctica, señalan, los módulos externos suelen resolver poco y obligan a los usuarios a peregrinar hasta oficinas centrales para concluir trámites o intentar —sin éxito frecuente— hablar con algún responsable.

El director de la paraestatal, Pancho Torres Rivas, enfrenta ahora el desafío de explicar una decisión que muchos perciben como improvisada. No se trata únicamente de mover escritorios, sino de las implicaciones en tiempos de traslado, costos y flujos de atención para miles de ciudadanos que requieren resolver problemas relacionados con un servicio básico: el agua potable.

La nueva sede fue inaugurada el pasado viernes y, de manera extraoficial, trascendió que en breve abriría otra ventanilla en la colonia Santa Rosa, al sur de la capital yucateca. No obstante, sería también con funciones limitadas, lo que refuerza la percepción de que la descentralización prometida termina siendo, en los hechos, una centralización geográfica hacia la zona con mayor desarrollo urbano.

En un organismo que desde hace años arrastra cuestionamientos sobre eficiencia y rumbo, la reestructura abre más interrogantes que certezas. Para muchos usuarios, la discusión no es si las oficinas son modernas o “fifís”, sino si la Japay logrará garantizar un servicio digno y accesible para todos, o si el norte seguirá concentrando decisiones mientras el resto de la ciudad hace fila.

El estado de Jalisco vivió este domingo una de sus jornadas más tensas en materia de seguridad, luego de que un operativo del Gobierno Federal en el municipio de Tapalpa desatara una violenta reacción de grupos delictivos con enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en múltiples puntos. Ante la magnitud de los hechos, el gobernador Pablo Lemus activó el Código Rojo en toda la entidad.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 08:50 horas, cuando habitantes y turistas de Tapalpa alertaron sobre intensas ráfagas de armas de fuego cerca del fraccionamiento Country Club. Autoridades municipales confirmaron la presencia de fuerzas federales, mientras helicópteros militares sobrevolaban la zona en busca de objetivos. La población civil se resguardó en viviendas y comercios ante el temor de quedar atrapada en medio del fuego cruzado, mientras el Gobierno Federal mantiene hermetismo sobre el objetivo principal del operativo.

Poco después, la violencia se trasladó al Área Metropolitana de Guadalajara, donde unidades de transporte público y vehículos particulares fueron incendiados para bloquear vialidades estratégicas, entre ellas la intersección de Avenida Alcalde y Periférico Norte en Zapopan, así como diversos puntos de Periférico, Calzada Lázaro Cárdenas y avenidas clave para la movilidad urbana.

La ola de ataques se extendió hacia el sur y la costa del estado. En la carretera Acatlán de Juárez–Ciudad Guzmán, a la altura de Sayula, un autobús de pasajeros fue calcinado, mientras que hechos similares se reportaron en Tamazula, Zacoalco de Torres y destinos turísticos como Puerto Vallarta, incluida la delegación de Ixtapa, donde también se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Ante la escalada de violencia, el gobierno estatal instaló una mesa de seguridad permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno y ordenó la suspensión temporal del transporte público en diversas zonas para proteger a la población. Asimismo, eventos masivos previstos para este domingo, como la cabalgata del FICCTlajo 2026 en Tlajomulco de Zúñiga, fueron cancelados de manera inmediata.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse en lugares seguros, evitar circular por carreteras afectadas —como las vías hacia Saltillo, Chapala–Mazamitla y Acatlán–Ciudad Guzmán— y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales, mientras continúan los operativos para restablecer el orden en una entidad que permanece bajo alerta máxima.

La delincuencia parece haberse instalado sin resistencia en Dzidzantún, donde habitantes denuncian que los robos de motocicletas, casas y ranchos se han vuelto parte de la vida cotidiana, mientras —acusan— las autoridades municipales permanecen inmóviles.

Vecinos aseguran que desde el nombramiento de la directora de la Policía Municipal, Virginia Aguirre Jamaica, los atracos se han disparado sin que exista una estrategia visible para frenarlos. La inconformidad crece entre familias que se sienten abandonadas y sin protección.

Las críticas también alcanzan al alcalde Ángel Guerrero Vivas, pues señalan que, pese a presiones dentro del Cabildo para cambios en la corporación, no se han tomado decisiones contundentes. Incluso circulan versiones entre pobladores de que la permanencia de la jefa policial se debe a supuesta información sensible que tendría sobre el edil, lo que alimenta aún más la desconfianza ciudadana.

La indignación volvió a estallar este fin de semana tras un nuevo robo en un rancho local. El ganadero Raúl Lizama G. denunció que delincuentes ingresaron durante la noche y sustrajeron dos motosierras y otros objetos de trabajo. En redes sociales, expresó su frustración al recordar que meses atrás ya había sufrido pérdidas cuando presuntos cazadores dispararon contra una de sus novillonas.

“¿Qué protección tenemos quienes trabajamos honradamente?”, cuestionó, advirtiendo que la desesperación podría empujar a algunos ciudadanos a tomar justicia por su propia mano, una señal alarmante del deterioro en la confianza hacia las instituciones.

Mientras tanto, en Dzidzantún los robos continúan y la sensación de indefensión crece. Para muchos habitantes, la pregunta ya no es si habrá otro atraco, sino cuándo… y si alguien responderá antes de que la paciencia —y la legalidad— se agoten.

Un ataque atribuido a fuerzas ucranianas impactó una instalación industrial clave en el interior de Rusia, en la república de Udmurtia, dejando al menos 11 personas heridas y provocando incendios en lo que sería una importante planta vinculada al complejo militar. El hecho ocurrió cerca de la ciudad de Votkinsk, a más de 1,400 kilómetros de territorio ucraniano, lo que evidencia la creciente capacidad de Kiev para golpear objetivos profundos dentro de territorio ruso.

Inicialmente, autoridades regionales rusas informaron que drones habían alcanzado una instalación industrial no identificada. El ministro de Salud local, Serguéi Bagin, indicó que once personas resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas, mientras que el jefe regional Alexander Brechalov confirmó daños materiales sin revelar detalles sobre el objetivo.

Horas después, el Estado Mayor General de Ucrania aseguró que el ataque no se realizó con drones, sino con misiles de crucero FP-5 “Flamingo”, de fabricación ucraniana, dirigidos contra la denominada Planta de Votkinsk, una empresa clave del complejo militar-industrial ruso. Según Kiev, el impacto provocó un incendio dentro de las instalaciones, cuyos daños aún están siendo evaluados.

Canales rusos no oficiales, como Astra, señalaron que el blanco habría sido la Planta de Construcción de Maquinaria de Votkinsk, una importante fábrica estatal de defensa que produce misiles balísticos Iskander —utilizados frecuentemente en ataques contra Ucrania—, así como misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, armamento para submarinos y misiles hipersónicos Kinzhal. La información se basó en análisis de videos grabados por residentes locales.

Otro canal, SHOT, reportó que habitantes de la zona escucharon al menos tres explosiones durante la noche, además del zumbido de aeronaves no tripuladas, lo que sugiere un ataque complejo y coordinado.

En paralelo, el Estado Mayor ucraniano informó que también fue atacada una planta de procesamiento de gas en la región rusa de Samara. Blogs militares rusos habían reportado previamente un incendio en esa instalación, aunque hasta el momento las autoridades rusas no han emitido comentarios oficiales sobre este segundo incidente.

El ataque representa uno de los golpes más profundos dentro del territorio ruso desde el inicio de la guerra, y pone de relieve la intensificación de las operaciones ucranianas contra infraestructuras estratégicas destinadas a la producción de armamento y energía, en un conflicto que continúa escalando más allá de las líneas del frente.

Una llamada al 9-1-1 activó un operativo que culminó con la intervención de un autobús de pasajeros en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, donde fue localizada una menor que presuntamente se había fugado de su domicilio en Playa del Carmen.

De acuerdo con información preliminar, el reporte alertaba sobre la supuesta salida voluntaria de la adolescente de su hogar, por lo que elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en los accesos a la ciudad.

Fue alrededor del mediodía de este sábado cuando los agentes ubicaron un autobús que ingresaba a la cabecera municipal y le marcaron el alto. Tras una revisión al interior de la unidad, identificaron a la menor conforme a las características proporcionadas en el reporte de emergencia.

La adolescente fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para su resguardo y puesta a disposición de las instancias correspondientes, a fin de garantizar su integridad física y dar seguimiento al caso a través de las autoridades de protección a la infancia.

Trascendió que la menor viajaba acompañada de una mujer, quien también fue presentada ante las autoridades para esclarecer su relación con la adolescente y determinar si existe alguna situación irregular.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que se realizó el viaje ni los motivos que habrían llevado a la menor a salir de su domicilio. Las autoridades mantienen hermetismo mientras continúan las investigaciones.

Mientras el discurso oficial insiste en que “todos los días hay buenas noticias” y que el estado avanza hacia la prosperidad, los datos más recientes del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicados por el INEGI, dibujan un panorama muy distinto para la administración de la gobernadora Layda Sansores. Las cifras correspondientes a octubre de 2025 colocan a Campeche entre las entidades con peor desempeño industrial del país, con caídas que difícilmente pueden atribuirse a factores coyunturales o a gobiernos pasados.

El informe revela que la actividad industrial total en el estado se desplomó -15.8% anual en cifras originales, mientras que el sector de la construcción registró una caída de -52.7%, una de las más severas a nivel nacional. En términos desestacionalizados, Campeche también presentó retrocesos de -15.7% anual y -1.6% mensual, confirmando una tendencia negativa sostenida. A ello se suma la contracción en minería (-8.6%) y manufacturas (-15.1%), lo que mantiene a la entidad en los últimos lugares del desempeño industrial del país.

Especialistas coinciden en que no puede haber dinamismo en la construcción si no existe obra pública significativa. Rehabilitar espacios ya existentes, pintar infraestructura heredada o realizar mejoras superficiales no sustituye proyectos de gran escala capaces de generar empleos, cadenas productivas y recaudación. El dato de -52.7% refleja, en términos prácticos, menos contratos, menos trabajo para proveedores locales y menor derrama económica en comercios y servicios.

El panorama se agrava con las cifras de crecimiento económico por entidad federativa, donde Campeche presenta un decrecimiento de -11.7%, ubicándose entre los peores desempeños del país. A pesar de ello, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, señalado como responsable de atraer inversiones, no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre la falta de resultados. La narrativa de nuevas inversiones y generación de empleo contrasta con indicadores que apuntan en sentido contrario.

Además, el propio INEGI ubica a Campeche entre las tres entidades con mayor inflación del país, lo que significa que, mientras la economía se contrae, el costo de la canasta básica continúa aumentando. Para las familias, esto se traduce en una doble presión: menos oportunidades de ingreso y mayor costo de vida, un escenario que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Con más de cuatro años y medio de gobierno, el margen para atribuir los resultados a administraciones anteriores se reduce considerablemente. Diversos analistas señalan que el clima de confrontación política, los conflictos con sectores empresariales y la incertidumbre institucional han afectado la confianza para invertir en la entidad. Mientras tanto, el discurso optimista se mantiene inalterable, pese a que los indicadores oficiales describen una economía en retroceso.

El contraste entre narrativa y realidad estadística ha alimentado el debate público sobre la efectividad de la gestión estatal. Porque, más allá de los posicionamientos políticos, los números reflejan menos crecimiento, menos obra pública, menos empleo y mayor inflación. Y en economía, a diferencia de la retórica, los resultados no dependen de percepciones, sino de datos verificables. Hoy, esos datos sitúan a Campeche en uno de sus momentos económicos más complejos en décadas, lejos del panorama de prosperidad que se promete desde el poder.

El conflicto por el despojo de tierras ejidales vuelve a sacudir al estado. Ejidatarios de la comisaría de Sierra Papacal interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 para solicitar la nulidad de una asamblea realizada el 14 de noviembre de 2010, en la que presuntamente se cambió el destino de tierras de uso común a parcelas individuales, lo que derivó en la adjudicación de 2,868 hectáreas a un grupo de apenas 14 personas.

Los campesinos sostienen que este proceso permitió la concentración de gran parte del territorio ejidal en pocas manos y denuncian que detrás del caso podría operar una presunta red inmobiliaria interesada en urbanizar la zona, ubicada en una de las áreas de mayor crecimiento al norte de Mérida, Yucatán.

La demanda, registrada en el expediente 268/2021, cuenta con el respaldo de aproximadamente 140 ejidatarios, quienes señalan irregularidades graves en el acta de asamblea, entre ellas falta de documentación, posibles inconsistencias en firmas y decisiones tomadas sin consenso pleno de la comunidad.

El litigio no solo busca anular dicha asamblea, sino también la devolución o el pago de las tierras actualmente en poder de terceros que se ostentan como ejidatarios, posesionarios o avecindados. Entre las superficies afectadas se incluyen áreas impactadas por el ramal de carga del Tren Maya que conecta Poxilá, en Umán, con San Ignacio, en Progreso.

Los inconformes aseguran que el grupo beneficiado habría concentrado cerca del 80% del territorio en disputa, presuntamente mediante prestanombres, lo que consideran un despojo sistemático de tierras comunales favorecido por el incremento del valor inmobiliario en la zona.

Actualmente el juicio se encuentra en la etapa de entrega y valoración de pruebas. Como parte del proceso, se realizará un peritaje por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, los ejidatarios denuncian lentitud en el procedimiento e incluso señalan que el propio tribunal ha sancionado al RAN por anomalías durante el desarrollo del caso.

En el marco del litigio fue presentada como titular del RAN en Yucatán Mayra Lorayne Chávez Mayor, quien participará en las acciones institucionales relacionadas con el expediente.

El conflicto también se ha visto agravado por la presencia de empresas inmobiliarias que ofrecieron regularizar las tierras y promover su urbanización, así como por versiones sobre supuestas indemnizaciones vinculadas a expropiaciones realizadas en 1992 para infraestructura hídrica que abastece a la zona costera, y por el paso del tren, lo que —afirman— generó confusión dentro de la comunidad.

El padrón ejidal está integrado por 207 ejidatarios, de los cuales alrededor de 197 permanecen activos. El comisario ejidal, Gilberto Pech Toh (periodo 2025-2027), negó haber recibido recursos provenientes de la Junta de Agua Potable, del proyecto ferroviario o de otras instancias vinculadas al conflicto.

La directiva ejidal solicitó la intervención de autoridades federales y estatales para esclarecer posibles pagos por uso de tierras y establecer un diálogo que permita resolver la disputa.

Para los ejidatarios, el caso de Sierra Papacal refleja un problema estructural en Yucatán: la creciente presión inmobiliaria, los megaproyectos y la expansión urbana sobre territorios ejidales, donde la tierra no solo representa un activo económico, sino la base histórica y social de la comunidad.

— Lo que comenzó como una “reunión privada” terminó convertido en espectáculo viral, operativo preventivo y una cadena de deslindes más rápida que cualquier campaña política en temporada electoral. La llamada “fiesta loca” en la colonia Melitón Salazar reunió a jóvenes —incluidos menores de edad—, alcohol asegurado y, por supuesto, el clásico “yo no fui” institucional.

La movilización se originó tras una alerta ciudadana que advertía sobre una fiesta no autorizada con presencia de estudiantes presuntamente vinculados a la Universidad Autónoma de Yucatán. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron lo evidente: música, bebidas alcohólicas y asistentes de todas las edades… porque nada dice “evento controlado” como mezclar menores con alcohol en un local cerrado.

👮‍♂️ Operativo “preventivo” y rescate familiar de emergencia

Lejos de un escenario de detenciones masivas —algo que habría incomodado a más de una familia influyente—, la intervención priorizó el “resguardo” de los menores, quienes fueron entregados a sus madres, padres o tutores. No hubo arrestos para ellos, solo una visita domiciliaria anticipada… cortesía del Estado.

En el lugar se aseguraron bebidas alcohólicas y se detuvo a tres personas por entorpecer la labor de la autoridad, es decir, por no cooperar con la narrativa oficial de que todo estaba “bajo control”.

🏫 Deslinde académico a velocidad récord

Tras la viralización del caso, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria (UABIC), conocida como Prepa 3, emitió un comunicado para aclarar que no organiza eventos fuera de sus instalaciones y que colaborará con las autoridades. Traducción política: “Si hubo fiesta, no fue nuestra… aunque haya alumnos nuestros”.

El grupo estudiantil INNOVA también negó cualquier participación, completando así el ritual contemporáneo de la responsabilidad difusa: nadie organizó, nadie invitó, nadie sabía… pero la fiesta existió, se llenó y se salió de control.

👨‍👩‍👧 Padres preocupados… y autoridades agradecidas

Madres y padres de familia expresaron inquietud por los riesgos de este tipo de reuniones y pidieron mayor supervisión. También agradecieron la intervención oficial, en un gesto que refleja la paradoja local: preocupación por la falta de control, pero alivio cuando el problema estalla antes de convertirse en tragedia.

🤔 Entre la moral pública y la realidad privada

El episodio deja varias preguntas incómodas:

• ¿Quién renta locales para fiestas con menores y alcohol?
• ¿Dónde estaba la supervisión previa?
• ¿Por qué estas reuniones proliferan hasta que se vuelven tendencia?

En Mérida, ciudad que presume seguridad y orden, los escándalos juveniles parecen resolverse con operativos discretos, comunicados institucionales y un conveniente olvido colectivo… hasta la próxima fiesta.

Hace año y medio, en plena efervescencia electoral, los entonces candidatos a diputados federales de Morena recorrían municipios, estrechaban manos, prometían cercanía permanente y juraban —con solemnidad casi épica— que serían distintos a los legisladores del PRI y del PAN. Hoy, la pregunta que resuena en comunidades urbanas y rurales es tan simple como incómoda: ¿dónde están?

Habitantes de diversos municipios señalan que, tras obtener el triunfo en las urnas, los diputados federales prácticamente desaparecieron del radar ciudadano. Aquellas oficinas de enlace que durante campaña parecían brotar en cada colonia hoy lucen cerradas, mudas o convertidas en espacios fantasma donde nadie sabe informar nada… salvo quizá la próxima elección.

Promesas recicladas, resultados invisibles

Durante las campañas, el discurso fue claro: habría una nueva forma de hacer política, cercana a la gente, austera y distinta a las “viejas prácticas”. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que el resultado ha sido inquietantemente familiar: escasa presencia territorial, poca rendición de cuentas y una comunicación limitada a publicaciones cuidadosamente filtradas en redes sociales.

“Dijeron que serían diferentes, pero se volvieron iguales… o más lejanos”, comenta un vecino del interior del estado, quien recuerda que los ahora legisladores prometieron regresar periódicamente a escuchar a la población. Al parecer, ese calendario de visitas quedó archivado junto con los volantes de campaña.

La cercanía… en modo avión

En comunidades con rezagos en infraestructura, salud o seguridad, la ausencia se percibe con mayor intensidad. Líderes sociales señalan que, cuando se trata de gestionar recursos federales o canalizar demandas, resulta difícil identificar a quién acudir. Paradójicamente, la representación popular —al menos en teoría— consiste justamente en eso: representar.

Mientras tanto, los informes legislativos suelen destacar iniciativas, votaciones y posicionamientos en la Cámara de Diputados, pero pocas veces explican cómo esas acciones se traducen en beneficios tangibles para Yucatán. La política nacional avanza; la conexión local, no tanto.

¿Cambio de partido o continuidad de costumbres?

La narrativa de ruptura con el pasado fue uno de los pilares del triunfo electoral. No obstante, para muchos ciudadanos, la experiencia posterior ha reforzado la sensación de que los colores partidistas cambian más rápido que las prácticas políticas.

La crítica recurrente no es solo la ausencia física, sino la percepción de que el contacto con la ciudadanía se activa únicamente cuando se aproximan procesos electorales. Es decir, la política de proximidad funciona… pero con temporizador.

El silencio también comunica

En política, la falta de presencia no es neutral: también envía un mensaje. Para algunos analistas, el vacío territorial puede interpretarse como confianza excesiva en la popularidad de la marca partidista o como cálculo estratégico para evitar desgaste en temas locales complejos.

Sin embargo, para la población, la interpretación es mucho más sencilla: si no se ve al representante, difícilmente se siente representada.

Una pregunta que sigue abierta

A mitad del periodo legislativo, la interrogante inicial permanece sin respuesta clara. Los ciudadanos que escucharon promesas de transformación esperan, al menos, señales de que no fueron solo palabras de campaña.

Porque al final, la política no se mide por discursos del pasado, sino por presencia en el presente. Y en Yucatán, muchos aseguran que esa presencia —la que prometía ser distinta— sigue sin aparecer.

En un episodio que confirma que en la burocracia electoral también se practica el arte de gastar sin usar, consejeros del Instituto Nacional Electoral responsabilizaron a su presidenta, Guadalupe Taddei, por irregularidades administrativas que derivaron en un quebranto estimado en 672 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión del ejercicio 2025.

El hallazgo central resulta difícil de explicar sin ironía: se imprimieron 521 millones de boletas electorales que nunca se utilizaron. Sí, millones de papeletas destinadas a una elección que no las necesitó, pero que sí costaron dinero público.

Fallas de planeación… con precio millonario

De acuerdo con las observaciones de la ASF, las anomalías se originaron en deficiencias de planeación, administración de contratos y toma de decisiones presupuestales dentro del instituto, particularmente en procesos de adjudicación y control interno.

Consejeros electorales sostienen que la Presidencia del INE concentra facultades administrativas clave —nombramientos, supervisión de áreas estratégicas y autorización de contratos—, por lo que atribuyen la responsabilidad directa a Taddei.

El consejero Martín Faz calificó la responsabilidad como “absoluta”, especialmente por el nombramiento de Octavio García, quien pasó de ser proveedor a ocupar una posición vinculada con la administración de recursos del organismo.

“No fue el Consejo, fue quien firmó”

En la misma línea, la consejera Dania Ravel señaló que la supervisión de posibles anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, órgano encabezado por la presidencia del instituto. En consecuencia, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien realizó los nombramientos y autorizaciones, no en el Consejo General en su conjunto.

El señalamiento deja ver una dinámica institucional donde, cuando aparecen irregularidades, cada instancia recuerda con precisión quirúrgica cuáles facultades no le corresponden.

Boletas que nadie pidió, pero todos pagaron

El caso ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos dentro del órgano encargado de organizar las elecciones federales, especialmente en un contexto donde el propio instituto ha defendido reiteradamente la necesidad de presupuestos elevados para garantizar la democracia.

La paradoja resulta inevitable: mientras el discurso institucional insiste en la austeridad responsable, la realidad muestra millones de boletas impresas que terminaron sin uso, como si la planeación electoral se hubiera basado en la lógica de “por si acaso”.

La auditoría que incomoda

Las observaciones de la ASF no implican automáticamente responsabilidades penales, pero sí obligan al INE a aclarar, corregir o solventar las irregularidades detectadas. Dependiendo de las respuestas institucionales, el caso podría escalar a procedimientos administrativos o sanciones.

Por ahora, el episodio deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente político: si un organismo autónomo encargado de organizar elecciones no puede prever cuántas boletas necesita, ¿qué tan sólido es su control interno sobre miles de millones de pesos del erario?