El creador de contenido Ángel M. se encuentra bajo escrutinio de autoridades estatales tras difundirse un video de comedia en el que aparece portando un uniforme oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, con insignias y parches exclusivos de la corporación, situación que podría derivar en responsabilidades penales conforme a la legislación vigente en el estado.
El material audiovisual, que circuló ampliamente en redes sociales como contenido humorístico, muestra al influencer utilizando prendas con elementos de identificación propios de la policía estatal, lo que ha llamado la atención de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de especialistas en derecho penal, debido a que dichos símbolos cuentan con protección legal.
Sustento jurídico en la legislación estatal
De acuerdo con el Artículo 290 del Código Penal del Estado de Yucatán, dentro del capítulo relativo a la usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniforme o insignias, se establecen sanciones de tres meses a tres años de prisión, además de multas económicas, para quien utilice sin autorización distintivos oficiales de instituciones de seguridad.
La norma contempla castigo para quienes:
- Se atribuyan carácter de servidor público sin serlo
- Usen credenciales, uniformes, grados o insignias sin derecho
- Simulen funciones oficiales o induzcan a error a la ciudadanía
En ese sentido, el uso no autorizado de prendas policiales auténticas o réplicas fieles puede configurar un delito, independientemente del contexto en que se presenten.
Elementos clave para determinar responsabilidad
Juristas consultados señalan que, para que se configure el tipo penal, las autoridades deberán analizar diversos factores, entre ellos:
- Si el uniforme y los parches eran originales o imitaban fielmente los oficiales
- Si existió intención de atribuirse funciones policiales
- Si el contenido pudo generar confusión en el público
- El contexto humorístico o satírico del video
Aunque el material fue difundido como parodia, la legislación vigente no contempla excepciones automáticas por motivos de comedia, por lo que corresponderá a la autoridad determinar si hubo suplantación o riesgo para la confianza pública.
Debate entre libertad de expresión y protección institucional
El caso ha reactivado la discusión en Yucatán sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales frente a la protección de símbolos oficiales y la credibilidad de las corporaciones de seguridad.
Especialistas y representantes de la sociedad civil coinciden en que la parodia es una forma legítima de expresión; sin embargo, advierten que su ejercicio no debe vulnerar normas diseñadas para evitar la suplantación de autoridad o el uso indebido de emblemas institucionales.
Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado si existe una denuncia formal ni si se ha iniciado una carpeta de investigación contra el influencer, por lo que se prevé que en los próximos días se defina si procederá una acción penal.