Un Tribunal Colegiado determinó que las obras del Tren Maya en los tramos 5 y 7 deben suspenderse de manera definitiva tras concluir que sí provocaron afectaciones ambientales y que se ejecutaron sin cumplir plenamente con la normatividad vigente. La resolución obliga además a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a reconocer formalmente los daños ocasionados.
La medida impacta especialmente al Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum a lo largo de 111.3 kilómetros, dividido en las secciones Norte (Cancún–Playa del Carmen) y Sur (Playa del Carmen–Tulum). Asimismo, se suspenden trabajos en el Tramo 7, que enlaza Chetumal con Escárcega en un recorrido aproximado de 256 kilómetros a través de Quintana Roo y Campeche.
Fundamento jurídico: protección ambiental prioritaria
El tribunal sustentó su decisión en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales obligan a aplicar los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura —es decir, ante la duda, privilegiar la protección de la naturaleza.
De acuerdo con la sentencia, las suspensiones obedecen principalmente a:
- Falta de estudios ambientales completos
- Ausencia de permisos definitivos de cambio de uso de suelo
- Riesgo de daño irreversible a cenotes, cavernas y acuíferos
- Violación al derecho constitucional a un medio ambiente sano
- Falta de consulta adecuada a comunidades afectadas
Irregularidades señaladas en las obras
El fallo judicial también documenta diversas irregularidades atribuidas al personal del Ejército Mexicano encargado de la construcción:
Falta de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
Se iniciaron trabajos sin contar con todos los estudios exigidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ni con autorizaciones completas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Daños al subsuelo kárstico.
En el Tramo 5 se documentó afectación directa a ríos subterráneos, cenotes y cavernas debido a la colocación de pilotes para viaductos elevados.
Permisos provisionales insuficientes.
Las autorizaciones temporales no sustituyen evaluaciones técnicas definitivas.
Cambios sustanciales al proyecto original.
El trazo pasó de nivel superficial a estructuras elevadas sin nuevas evaluaciones ambientales integrales.
Derechos indígenas vulnerados.
Comunidades locales promovieron amparos por falta de consulta previa, libre e informada.
También se señalaron tala irregular, fragmentación de ecosistemas y daños a sistemas cavernarios como la zona conocida como Garra de Jaguar, considerada de alta fragilidad ecológica.
Riesgo al sistema kárstico de la península
Especialistas han advertido que la península de Yucatán posee uno de los sistemas kársticos más complejos del planeta, donde el suelo poroso alberga extensas redes de agua subterránea. La perforación y carga estructural en estas áreas podría provocar colapsos, contaminación de acuíferos y pérdida irreversible de biodiversidad.
Estas preocupaciones han sido respaldadas por ambientalistas nacionales e internacionales, quienes previamente denunciaron los posibles impactos. Durante el sexenio anterior, el gobierno federal desestimó dichas críticas.