En una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, la Cámara destaca que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Sólo desde principios de 2022 han sido asesinados siete periodistas.
Los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018: según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces.
Agrega que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.
El Parlamento “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”.
Alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
Los eurodiputados advierten de que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes” y pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país.
La Cámara también apunta la existencia de «claros indicios» de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Advierte, asimismo, que las reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera.
