Una mujer y un hombre fueron detenidos por elementos de la Policía capitalina y señalados como responsables del homicidio de Enrique “N”, académico de la Universidad La Salle, quien fuera encontrado sin vida dentro de una camioneta la semana pasada, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con autoridades se trata de la esposa del directivo y de un hombre, quien sería su pareja sentimental extramarital.
La SSC-CDMX detalló que en seguimiento a las investigaciones realizadas tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un vehículo, ocurrido el pasado 02 de agosto en la colonia Huichapan, alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las labores de investigación de gabinete y campo.
A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, la recopilación de datos y diversas acciones de vigilancias fijas y móviles, se identificó un vehículo color gris en el que, al parecer, huyeron los probables responsables tras abandonar del cuerpo, al que se dio seguimiento por calles y colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan en el Estado de México y su llegada a un inmueble en la alcaldía Tlalpan.
Los datos de prueba obtenidos fueron presentados por el agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó dos órdenes de cateo y el mismo número de órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, las cuales fueron cumplimentadas la madrugada de este 10 de agosto en un operativo en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
Así, en un despliegue simultáneo en la alcaldía Tlalpan, fueron detenidas dos personas, una mujer identificada como esposa del occiso y un hombre señalado como pareja sentimental y extramarital de la detenida, a quienes se les hizo de conocimiento la orden de aprehensión en su contra y sus derechos de ley, previo a su traslado a los centros de reclusión correspondientes donde quedaron a disposición de la autoridad que los requiere.
