El equipo de campaña del entonces candidato presidencial por el PRI Enrique Peña Nieto utilizó el dinero de los sobornos de Odebrecht para pagar asesores electorales que implantaban estrategias para desacreditar a sus oponentes políticos Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota.
Así lo aseguró el ex director de Pemex Emilio Lozoya en su ampliación de declaración ministerial, la cual consta en la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray. “Videgaray se encargaba de contactar a las empresas proveedoras de estos análisis electorales.
Una vez contactados y acordados los montos en dólares, pesos o euros, él mismo acordaba los términos de ejecución de esos contratos que incluyen la entrega, directamente a él, del producto realizado.
“Si bien los entregables referidos eran reportados directamente a Videgaray, tengo conocimiento de que, básicamente, se trataba de productos tales como encuestas electorales, diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición, con especial referencia a López Obrador, aunque tuve conocimiento de que se incluía a Vázquez Mota”, detalla.
Ante el Ministerio Público de la Federación, Lozoya también aseguró que “escuchó” a Videgaray que otro modus operandi que utilizaba para financiar la campaña de Peña Nieto fue a través de la institución denominada Monex, “sin que hubiere tenido conocimiento de detalles al respecto”.
Una de las entrevistas nuevas en este documento es la de Froylán Gracia Galicia, ex coordinador ejecutivo de la Dirección general de Pemex, quien declaró que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya le pidió a Lozoya “que apoyara con contratos a Felipe de Jesús Cantú” relacionados con la reforma energética.
“A Cantú lo recibí en múltiples ocasiones en la oficina y me llevaba una lista de empresas, refiriéndome que era necesaria su contratación expedita para que Anaya no boicoteara a reforma energética”.
Consideró que Videgaray representa un riesgo para las investigaciones en el caso Odebrecht, en el cual están involucradas autoridades de primer nivel, como el ex presidente Peña Nieto. Argumentó que el secretario de Estado durante el pasado gobierno priista puede “destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”.
El Ministerio Público de la Federación también aseguró que el ex secretario de Hacienda y ex Canciller puede “influir”, a través de amenazas o intimidaciones, en otros acusados, testigos e incluso peritos involucrados en esta indagatoria.
“…al momento existe riesgo de obstaculización al desarrollo de la investigación, esto según lo establece el artículo 169 del ordenamiento legal en cita (Código Nacional de Procedimientos Penales).
“Existe riesgo que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos, o intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los servidores públicos que participan en la investigación”, detalla el documento.
Este es uno de los argumentos que la Fiscalía General de la República dio a un juez federal, con sede en el Reclusorio Norte para solicitar una orden de aprehensión contra Videgaray por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa, y traición a la Patria.
Sin embargo, la FGR decidió reformular la acusación contra el secretario de Estado durante el gobierno de Peña Nieto, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020.
La Fiscalía no tiene certeza del paradero de Videgaray, por lo que, de obtener una orden de aprehensión en su contra, pedirá a Interpol que emita una ficha roja para que sea buscado en 194 países.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), el último registro en el país del ex canciller data del 3 de marzo de este año, cuando abordó el vuelo 394 de American Airlines con destino a Estados Unidos, pero a la fecha no hay reporte de que haya vuelto a México.
Esta situación llamó la atención del Ministerio Público de la Federación, pues a partir de dejar su cargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta antes de esa fecha, Videgaray tenía 30 registros de entrada y salida de México.
“A partir del mes de diciembre de 2018, en que dejó el cargo en la Administración Pública federal a la fecha, presenta 30 registros de entradas y salidas al país, siendo su ausencia más prolongada la correspondiente a su salida el día 3 de marzo de 2020, pues hasta la fecha han pasado más de siete meses sin que se tenga registro de su regreso al país”, detalla.
En esta acusación, la FGR remite a medios de comunicación y redes sociales para revelar que la última pista que tienen del ex secretario de Hacienda es en julio pasado como catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos y que incluso pudo haber huido a Israel.
“Es un hecho notorio, según los medios de comunicación y redes sociales, que el imputado se encontraba residiendo en Estados Unidos de América y laborando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vivir al país de Israel.
“Por lo que al día de hoy no se tenga la certeza del lugar donde puede estar viviendo y por ende, se tenga que realizar gestiones internacionales para lograr su comparecencia ante este centro de justicia penal federal concede en la Ciudad de México”, abunda.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que esta cámara sea coadyuvante con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos que Lozoya entregó a ex legisladores para aprobar las reformas estructurales que promovió el gobierno anterior.
“Pero, creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ni convertirnos en usuarios de la política del avestruz. No culpo a nadie, no adelanto juicios para nadie, no hago acusaciones a priori, pero creo que el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza”, afirmó.
Durante una reunión virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, el presidente de la Jucopo dijo es necesario que el Senado participe en el esclarecimiento de estos hechos, luego de que Rafael Caraveo Opengo ex secretario técnico de la Comisión de Administración de la Cámara alta reveló a la FGR que recibió dinero de funcionarios de la administración pasada para entregarlo a legisladores del PAN.
“…Que sí hubo corrupción, maletas de dinero que se entregaban a legisladores y que toda esta entrega se hacía del gobierno a legisladores para aprobar reformas a leyes o a la Constitución”, señaló.
“Obviamente nos preocupa. Yo estaré planteando en los próximos días a la Jucopo que el Senado pueda constituirse en una parte coadyuvante de la Fiscalía General, dado que la comisión de delitos se dio en el Senado, lamentablemente, me da mucha tristeza, que no puede pasar desapercibida para el Senado, como institución y, en donde están involucrados, incluso, actuales gobernadores, aparentemente, presuntivamente por esta declaración”, subrayó.
Raquel Buenrostro, jefa del SAT, denunció en conferencia de prensa matutina los esquemas de algunas empresas donatarias, los cuales pueden ser muy parecidos a los de las factureras o de lavado de dinero.
Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la servidora pública aseveró que casi nadie reporta estas irregularidades y que, desde que se inventó la figura de donatario se ha abusado de ella.
