Ciudad de México. En cumplimiento de su compromiso asumido durante una conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los abogados defensores y al representante de Amatur, quienes entregaron dos misivas detallando la situación legal y de seguridad pública en Chichén Itzá. Este encuentro busca dar seguimiento al diálogo prometido con el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para abordar la problemática.
En los documentos entregados, se denuncian presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, incluyendo acusaciones de abuso de poder, corrupción, fabricación de procesos judiciales, portación de armas y presunto lavado de dinero. Estas acciones habrían derivado en impunidad para un grupo de personas armadas que operan ilegalmente hoteles en la zona.
Un panorama legal y de seguridad crítica
El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ya resolvió que Inmobiliaria R4, liderada por Rodolfo Rosas Moya, no tiene derechos legales sobre los inmuebles en disputa. Sin embargo, la Fiscalía del Estado ha incumplido su obligación de garantizar el cumplimiento de este fallo y reconocer la posesión jurídica a favor de Fernando Barbachano. Esta omisión pone al propietario en una situación de alto riesgo si intenta recuperar los inmuebles sin respaldo institucional.
El contexto de inseguridad se ha agravado, como lo evidenció un reportaje de la periodista Adela Micha, donde se documentaron enfrentamientos violentos relacionados con esta disputa.
Solicitud de intervención federal
En sus misivas, los representantes legales de Amatur hicieron un llamado urgente a la intervención de las fuerzas federales de seguridad pública para garantizar la protección de Fernando Barbachano y prevenir una escalada de la violencia. Asimismo, subrayaron la responsabilidad de la Federación como garante constitucional de la seguridad pública, instando a que se adopten medidas concretas para restaurar la legalidad en Chichén Itzá.
Con este llamado, los abogados esperan que la Presidenta Sheinbaum coordine acciones efectivas que aseguren justicia y paz en la región, restableciendo la confianza en las instituciones y protegiendo a las personas involucradas.
