Autoridades federales y estatales mantienen bajo investigación a alcaldes, exfuncionarios y actores políticos de diversos municipios de Morelos por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado, como parte del llamado Operativo Enjambre, desplegado recientemente en la entidad.
De acuerdo con las investigaciones, desde 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos comenzó a dar seguimiento a autoridades municipales y funcionarios que presuntamente mantenían relaciones con grupos delictivos que operan en distintas regiones del estado.
Tras varios meses de indagatorias y recopilación de información, las investigaciones derivaron en acciones coordinadas entre fuerzas federales y corporaciones castrenses para ejecutar el operativo, considerado uno de los más relevantes contra posibles redes de infiltración criminal en gobiernos municipales.
La madrugada del 20 de mayo se realizaron las primeras detenciones en los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan, donde autoridades, empresarios y políticos fueron capturados por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Sin embargo, las investigaciones no concluyen ahí. Reportes señalan que al menos otros 15 municipios continúan bajo observación por posibles nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales.
Entre los municipios señalados en las carpetas de investigación destacan Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, ubicados en la zona oriente de Morelos, donde presuntamente existe una fuerte disputa territorial entre el Cártel del Pacífico y células de La Unión Tepito.
Las indagatorias también contemplan a un grupo de alcaldes, exalcaldes, senadores y diputados federales relacionados presuntamente con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Linos, La Federación Morelense y La Familia Michoacana.
En esta lista aparecen autoridades de municipios como Tlalquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata.
Hasta el momento, las autoridades federales no han revelado el número total de personas investigadas ni los posibles delitos que podrían imputarse, aunque las investigaciones continúan en curso para determinar el alcance de las presuntas redes de colaboración entre funcionarios y grupos criminales.