Nuevas líneas de investigación apuntan a que el ahora detenido alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, habría llegado al poder con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que presuntamente financió su campaña electoral y participó en el secuestro de aspirantes rivales para allanar su camino hacia la presidencia municipal.
De acuerdo con información obtenida por el medio nacional MILENIO, el grupo delictivo habría operado a través de Juan Manuel Pérez Sosa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal y fungía como el principal enlace entre Rivera Navarro y la organización criminal.
Las investigaciones señalan que, mediante este vínculo, el CJNG no solo aportó recursos económicos para la campaña del edil, sino que también intervino de manera directa en el proceso electoral, eliminando competencia política mediante actos de intimidación y privación ilegal de la libertad.
Secuestro de candidatos para manipular la elección
Uno de los hechos más graves documentados ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando Guillermo Cordero García y Alejandro García Gutiérrez, aspirantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron privados de la libertad mientras se encontraban en un restaurante del municipio.
Tras ser “levantados” por presuntos integrantes del crimen organizado, ambos políticos renunciaron posteriormente a sus candidaturas, lo que debilitó de manera significativa la contienda electoral y favoreció el camino de Diego Rivera hacia la presidencia municipal.
Las autoridades consideran este episodio como una muestra clara de la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos locales.
Denuncias por abusos y presuntas irregularidades
Además de los presuntos vínculos con el CJNG, Rivera Navarro acumuló diversas denuncias durante su administración. Empresarios del sector hotelero y de la industria tequilera lo acusaron de realizar cobros irregulares, presuntamente a cambio de permisos, protección o facilidades administrativas.
A estas acusaciones se sumaron señalamientos por acoso laboral y violencia de género, presentados por al menos tres regidoras del ayuntamiento, quienes denunciaron hostigamiento, amenazas y un ambiente institucional marcado por prácticas discriminatorias.